January 25, 2021
De parte de La Haine
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A pesar de los grandilocuentes titulares y lo rimbobante de su descripci贸n, los decretos del gobierno del PSOE y Podemos no han suspendido los desahucios, ya que s贸lo se han suspendido en contados supuestos, que adem谩s quedar谩n a valoraci贸n del cuerpo de jueces y fiscales.

El decreto no lo conocen ni los jueces

El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 谩mbito social y econ贸mico para hacer frente al COVID-19, en vigor desde el 2 de abril de 2020, introduce, en materia de desahucios, la suspensi贸n del procedimiento de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Esta norma, en vigor desde marzo del a帽o pasado, ha sido modificada hasta en cuatro ocasiones, introduciendo algunos supuestos que no estaban contemplados cuando se public贸.

La base de toda esta regulaci贸n es que la familia que quiera evitar el desahucio por pocos meses, tiene que acreditar su condici贸n de pobreza mediante la entrega de una serie de documentos, que deber谩n ser valorados por los servicios sociales, para luego ser nuevamente valorados por el juez de turno, es decir, un triple filtro que no es nada f谩cil de superar.

Lo que se ha vendido como una 芦suspensi贸n autom谩tica禄 no es tal, e introduce una hipot茅tica suspensi贸n del desahucio de corta duraci贸n mediante un tr谩mite agravado y complejo, que ni siquiera los abogados del turno de oficio conocen.

Tr谩mites imposibles

En la 煤ltima reforma del decreto de marzo de 2020, publicado el 19 de enero de este a帽o, se incluye como supuesto de acceso a esta moratoria a aquellas personas cuyo desahucio se haya ordenado tras un juicio penal, normalmente por un delito leve de usurpaci贸n.

Para acceder a esta moratoria se exige a las familias afectadas la aportaci贸n de una serie de documentos que no son f谩ciles de obtener, y menos en las actuales circunstancias, donde todas las administraciones exigen una cita previa que en la mayor铆a de los casos se encuentra suspendida.

El gobierno podr铆a haber optado por un tr谩mite habitual en el pago de impuestos o solicitud de subvenciones, que consiste en autorizar a la Administraci贸n a consultar los datos econ贸micos de los solicitantes, pero no ha sido as铆. En este caso se ha continuado con el modelo implantado por Mariano Rajoy de imponer a las familias la carga administrativa.

Los servicios sociales, segundo filtro

Una vez superado este filtro, cuya gesti贸n puede conllevar una media de 20 d铆as naturales en total, toca el filtro de los servicios sociales, que deber谩n valorar la situaci贸n y, sobre todo, deber谩n comprobar los documentos que han sido reunidos. Si falta alg煤n documento y la fecha de desahucio es pr贸xima, el acceso a la moratoria ser谩 rechazado sin m谩s tr谩mite.

Pero una vez emitido informe por los servicios sociales, la 煤ltima palabra la tienen los juzgados, que deber谩 valorar si la situaci贸n econ贸mica de la familia es consecuencia de haber pasado a una situaci贸n de desempleo, Expediente Temporal de Regulaci贸n de Empleo (ERTE), o haber reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una p茅rdida sustancial de ingresos, y que hayan transcurrido durante el Estado de Alarma.

Tercer filtro: los juzgados

Esto quiere decir, que las situaciones preexistentes o de personas que vivan de la econom铆a informal ni siquiera est谩n contemplados, y va a ser el 贸rgano judicial quien tendr谩 la 煤ltima palabra para decidir si las circunstancias familiares se deben a la situaci贸n creada por el Estado de Alarma.

Es decir, que ni se han suspendido los desahucios ni la okupaci贸n de viviendas. Es literalmente falso tanto una cosa como la otra, y el llamado 芦escudo social禄 del gobierno del PSOE y de Podemos es m谩s bien un 芦escudo del capital禄, ya que para colmo, en el caso de los grandes tenedores de vivienda, se contemplan compensaciones econ贸micas que pueden llegar a ser superiores a las p茅rdidas que ten铆an previstas, y m谩s en el caso de las okupaciones de viviendas que pertenecen a su stock de vivienda vac铆a y que no ten铆an prevista su salida al mercado.

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Fuente: Lahaine.org