September 1, 2022
De parte de Nodo50
223 puntos de vista

<br /> «No guardaron las armas con fines asimilables al terrorismo, sino en búsqueda de la paz» | Euskal Herria | Naiz<br />

Bienvenido a las noticias de suscriptor/a

Has accedido a una noticia de pago y has consumido un clic de tu cuenta personal.

01 SET. 2022 – 14:55h

Maite Ubiria

Dos jornadas en el Tribunal Correccional de París deberán dilucidar la suerte de los dos procesados en relación al depósito de armas de ETA localizado en 2015 en una villa de Biarritz. La defensa asegura que «no se sostiene la tesis de que actuaran con objetivos asimilables al terrorismo».

Enrike Lopez, en los pasillos del Tribunal Correccional, esta tarde.
Enrike Lopez, en los pasillos del Tribunal Correccional, esta tarde. (Naiz)

Siete años han pasado desde que la Policía francesa, con colaboración con la Guardia Civil española, entrada en la vivienda Cambarre de Biarritz, propiedad de la familia de Nathalie Chasseriaux. En su interior las fuerzas policiales se incautaron de armas y explosivos.

De ahí que ella, y también el refugiado Enrike Lopez, detenido al día siguiente, deban responder en el proceso que se abre esta tarde en el Tribunal Correccional de París por su presunta relación con «organización terrorista» y por «tenencia, transporte y depósito de explosivos».

Acuden de propio pie al juicio ya que tras pasar, a raíz de la operación judicial, un tiempo en prisión ambos quedaron en libertad bajo medidas de control judicial.

«No negamos los hechos, sí la tesis de la Fiscalía de que actuaran con objetivos calificables de terrorismo», ha aclarado a la emisora France Bleu Pays Basque, Xantiana Cachenaut, que llevará la defensa de Enrike Lopez, apoyada en la vista por Serge Portelli, expresidente de la Corte de Apelación de Versailles e integrante del Sindicato de la Magistratura.

Cachenaut ha remarcado que, «como se ha demostrado por el devenir posterior» del proceso de desarme de ETA «lo ocurrido en Biarritz tuvo que ver con la búsqueda de la paz».

Durante el juicio, fijado para hoy y mañana, la letrada Yolanda Molina ejercerá, por su parte, la defensa de Nathalie Chasseriaux.

Armas inventariadas

Las propias publicaciones de prensa de la época ya dejaron entrever que la operación policial del 28 y 29 de mayo de 2015 podía ser una intromisión en el proceso de sellado de arsenales que, a falta de colaboración de los estados, ETA ya había puesto en marcha bajo la supervisión de la Comisisión Internacional de Verificación (CIV), liderada por Ram Manikkalingam.

La propia ETA remitió una nota a GARA en la que aludía a esa operación como un «ataque grave» al proceso de sellado de armas.

Ayer, Bake Bidea, cuya presidenta, Anaiz Funosas, asiste al juicio en París, redundó en la cuestión.

Tras recordar que esa operación se produjo poco después de que, en la Conferencia Humanitaria por la paz celebrada en junio de 2015 en París, 110 personalidades emplazaran al Estado francés a que «asumiera sus responsabilidades respecto al desarme, la situación de los presos y la construcción de la convivencia»,  la asociación ponía por escrito en su comunicado que en la operación en Villa Cambarre la Policía gala se incautó de «armas inventariadas por ETA».

Ese inventariado de arsenales se desarrolló, añadía Bake Bidea, bajo la égida de la CIV «y sin participación ni securización del proceso por parte de los estados español y francés».

Jokin Etxebarria, que ha acudido a la audiencia en París en representación de EH Bai ha censurado igualmente la realización de ese juicio como «uno más de los muchos obstáculos que ha debido superar un proceso de resolución» en el que, ha recordado, «se produjo un hecho paradójico de que una organización armada quisiera desarmarse y dos estados obstruyeran esa decisión» y en el que se dieron episodios como el que llevó a la Audiencia Nacional española a convocar en febrero de 2014 a los integrantes de la CIV «para interrogarles sobre su labor».

Ha denostado «las pretensiones de criminalizar incluso a los observadores internacionales con tal de tratar de sabotear un proceso de desarme» de las que hizo gala el Gobierno español y «la senda similar andada por París», mediante operaciones como la de Biarritz, que siete años después es objeto de «un juicio anacrónico», en París.

Sin juicio sobre Luhuso, el «caso Ortzaize» ya juzgado

La de Biarritz no fue la única interferencia en el proceso hacia el desarme de ETA.

Sin salir de Ipar Euskal Herria, la Policía actuó también contra personas que participaban -o ayudaban- en labores de sellado de arsenales, en julio del mismo año en Ortzaize y, ya en la operación más sonada, la que se desarrolló en diciembre de 2016 en Luhuso.

La segunda operación, en que fueron detenidas cinco personas referenciales de Ipar Euskal Herria ejerció de catalizadora del proceso de desarme con implicación de la sociedad civil que cristalizó en la Jornada de Desarme del 8 de abril en Baiona.

Las personas que actuaron en Luhuso no han sido juzgadas. Cabe recordar, no obstante, que varias de ellas han fallecido ya. Es el caso de los artesanos Mixel Berhokoirigoin y Mixel Bergouinan, presentes en el acto para inutilizar un lote de armas, y también del artesano Michel Tubiana, expresidente de honor de la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH) que antes de fallecer reconocería que quiso estar pero no llegó a tiempo a esa cita en Luhuso.

En el caso de la operación de Ortzaize, durante el juicio, celebrado en diciembre de 2018 también en el Tribunal Correccional parisino, la Fiscalía pidió para la dueña de la vivienda, Grazi Etxebehere 18 meses de prisión, 12 de ellos exentos de cumplimiento y para sus vecinos Jeff Mateo y Terexa Lekunberri, 12 meses, exentos de cumplimiento. Para los militantes de ETA Xabier Goienetxea e Iñaki Reta pidió 9 y 8 años de cárcel respectivamente.

Finalmente el Tribunal condenó a 18 meses de prisión a Grazi Etxebehere, exentos de cumplimiento -sin obligación de ingresar en prisión-; a seis meses a Jeff Mateo y Terexa Lekunberri, que tampoco fueron a prisión, mientras que a Iñaki Reta y Xabier Goienetxea les impuso siete años de cárcel a cada uno, con obligación de cumplir al menos dos tercios.




Fuente: Naiz.eus