October 18, 2020
De parte de Briega
151 puntos de vista


Cada a帽o son v铆ctimas de la violencia institucional varios miles de ni帽os y ni帽as que son retirados a sus familiares por supuestas negligencias en su cuidado. Esto es lo que afirma una lista de asociaciones y personas comprometidas con los derechos de la infancia.

 

El pasado mes de septiembre, Aprodeme, junto al resto de estas asociaciones, presentaron una serie de propuestas de enmiendas por extensi贸n a la Ley de Protecci贸n a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, para ser presentada ante el Congreso de cara a su posterior debate, para reclamar que la ley ampare esta cuesti贸n de la violencia institucional.

 

Estas asociaciones llevan a帽os recogiendo las quejas de cientos de madres y padres que se ven completamente indefensas, sin informaci贸n sobre los porqu茅s de las retiradas de sus hijos por parte de los Servicios Sociales, ni sobre c贸mo recurrir y reclamar sus derechos m谩s b谩sicos siguiendo el procedimiento adecuado para ello. La ley Rhodes aprobada el pasado Junio de 2020 no mejora esta situaci贸n. Permanecen mecanismos institucionales que dificultan la defensa de las familias frente a una maquinaria de la intervenci贸n social que no necesita de orden judicial para arrebatar chavales de sus familias y que pasen a un centro de menores o a una familia de acogida, frente a madres y padres que s铆 necesitan que un juez dictamine el retorno de los menores a su entorno familiar. Un hecho que no sucede en muchas ocasiones.

 

Seg煤n se帽alan dichas asociaciones, una de las causas que explicar铆an todo este atropello administrativo es el negocio que genera cada menor declarado en desamparo. La administraci贸n recibe de la Uni贸n Europea cantidades de dinero por ni帽o tutelado. La rapidez que lleva a la administraci贸n a actuar en estos casos es especialmente visible cuando muchos de los pasos que vienen recogidos en los planes de actuaci贸n y normativas de los Servicios Sociales se saltan y no se cumplen. Por ejemplo, las elaboraciones de 鈥減lan de caso鈥 que deben hacerse para perseguir que el reencuentro de las menores con sus familias sea un objetivo alcanzable paulatinamente y que muchas veces no se lleva a cabo, o la b煤squeda de la familia extensa que pueda encargarse de acompa帽ar a los ni帽os en casos de negligencia o maltrato por parte de sus progenitores. Los centros de menores en d贸nde acaban estas personas tienen muchas complicaciones que a nivel te贸rico resultan obvias; espacios despersonalizados, relaciones forzadas entre personas apartadas de sus entornos etc.

 

A otros niveles existe copiosa documentaci贸n sobre denuncias de malos tratos por parte de los profesionales que trabajan en dichos centros. Hay que tener en cuenta, y este es otro h谩ndicap a帽adido, la privatizaci贸n de todo este proceso. La administraci贸n delega funciones en empresas privadas que gestionan algunos de estos centros a cambio de m谩s de 4000 euros mensuales por menor, como viene recogido en el documento 芦驴Por qu茅 hay que cambiar el sistema de protecci贸n de la infancia y la adolescencia?禄 Colaboraci贸n p煤blico-privada que necesita satisfacer su oferta a pesar de que estemos hablando de ni帽os.

 

Cuando los chavales acaban en familias de acogida, que son una minor铆a respecto a los que permanecen en centros, los servicios sociales no se caracterizan por hacer de mediadores entre ambas familias, sino por todo lo contrario. La demonizaci贸n de las madres y padres desde que la 鈥渁larma鈥 suena en la administraci贸n, queda en forma de poso y estigma, no s贸lo de cara al entorno que les rodea, sino tambi茅n a la informaci贸n que las familias adoptivas tienen de los padres biol贸gicos. Generalizar siempre conlleva un margen de error, pero muchos testimonios de familias afectadas as铆 lo demuestran.

 

芦Made in Spain, Made in Cantabria禄

 

Aprodeme, la marea turquesa, as铆 como peque帽os proyectos de barrio que forjan redes informales de apoyo mutuo y que desde sus diferentes realidades; afectadas, familiares, amigas, activistas, educadores, abogadas etc se organizan juntos, suponen una especie de oasis en el desierto para quienes se encuentran en una espiral de indefensi贸n jur铆dica, econ贸mica, emocional y social.

 

El pasado noviembre de 2009 W fue apartado de sus padres por el servicio de protecci贸n del menor del gobierno de Cantabria. Fueron acusados de presuntos malos tratos a causa de varias visitas al hospital en cuesti贸n de un a帽o, aunque judicialmente todo fue desmentido. Desde entonces hasta ahora los padres han luchado sin descanso por volver a ver a su hijo. En todo este proceso que pod茅is conocer mejor en otros art铆culos de este y otros medios, las irregularidades llevadas a cabo por parte del ICASS en base a sus propias normativas fueron m煤ltiples. La asamblea por la libertad de W formada como grupo de apoyo a la familia unos a帽os m谩s tarde, encontr贸 en su pr谩ctica otros testimonios, otras familias, otras situaciones de hijos arrebatados con arrogancia y sin ning煤n tipo de cuidado. Este es el primer paso para las madres y/o padres que se encaminan a la protesta social. El darse cuenta de que su problema no es una excepci贸n ni una anomal铆a, sino una realidad compartida por otras muchas personas, no s贸lo en Cantabria sino en todo el estado.

 

En la actualidad, m谩s de dos meses lleva plantada Blanca Ortiz para exigir explicaciones sobre la retirada de sus hijos. Lo hace en la calle General D谩vila frente al edificio del ICASS con el apoyo de su madre y de su hermana, as铆 como con el 谩nimo de personas del barrio que se acercan a charlar con ellas. Aguantan cada d铆a junto a su coche aparcado con una pancarta que dice 鈥淪ervicios sociales elige a las familias, no a los menores. Las decisiones del ICASS no est谩n pensadas para el inter茅s de los menores, sino para recaudar dinero鈥 En este mismo coche han recibido cartas por parte de la administraci贸n, como si de su domicilio se tratara, d贸nde se les citaba para el d铆a siguiente y con el riesgo de que cualquiera las cogiera o se mojaran.

Son s贸lo un par de ejemplos de personas afectadas por esta situaci贸n que dieron el paso a sacar su problema al terreno de lo com煤n y a la b煤squeda de apoyos y alianzas. La existencia de estructuras organizativas de apoyo permitir铆a que m谩s familias, madres o padres, pudieran visibilizar sus problem谩ticas personales.

 

 

驴S贸lo por dinero? Tiene que haber algo m谩s鈥

 

cap铆tulo 19 del Evangelio de San Mateo: 鈥Al que tiene se le dar谩 y, al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le quitar谩鈥.

 

El efecto Mateo es un concepto acu帽ado inicialmente por el soci贸logo Robert K. Merton que todo estudiante de la intervenci贸n social suele conocer en su formaci贸n. Aplicado al tema que nos confiere, dir铆amos que la mejor manera de una maquinaria para preservar sus privilegios es poner trabas en la capacidad de defensa de quienes tienen muy poco. Quienes s铆 tienen, tienen m谩s capacidad de leer el lenguaje de la burocracia, de la legalidad, de la jurisdicci贸n que quienes no tienen. Hist贸ricamente, la ayuda social, mutando por diversos modelos (caridad, asistencialismo etc) siempre ha cumplido la funci贸n de intervenir en la vida de los pobres, de fracturar sus condiciones de vida para apaciguar su capacidad de respuesta ante las desigualdades.

 

En ese sentido, si bien es cierto que no todas las personas afectadas provienen necesariamente de contextos pobres, tambi茅n lo es que una gran mayor铆a s铆. En un art铆culo de El salto de 2017 la marea turquesa cuenta como el 90% de los casos que tienen son familias vulnerables, sobre todo econ贸micamente, o v铆ctimas de violencia de g茅nero.

 

La pol铆tica social actual tiene un se帽alado car谩cter neoliberal que no trata de reducir la desigualdad sino de gestionarla. Es por ello que la intervenci贸n social y sus protagonistas toman el modelo empresarial como forma de actuar. Si hoy en d铆a necesidades b谩sicas como la vivienda son una mercanc铆a, es obvio que el lucro tambi茅n forme parte de sistema de protecci贸n de menores y este, por tanto, no puede ser la 煤nica explicaci贸n. Gestionar la pobreza, individualizar sus problemas, controlar sus pasos, rentabilizar sus existencias es tambi茅n otro motivo importante.

 

En el caso concreto de la retirada de chavales de sus familias, gestionar la pobreza conlleva otro tipo de cuestiones relacionadas con la normalidad, el patriarcado y el racismo. Por ejemplo, entre todos los casos de familias que solicitan ayuda ante la retirada de la tutela de sus ni帽os, en contadas ocasiones son madres que se enfrentan solas a esta situaci贸n, puesto que ya no tienen v铆nculo alguno con el padre, por razones de violencia de g茅nero y/o abuso sobre las crias. Muchas veces se ponen en tela de juicio sus testimonios y entran en juego aspectos muy ligados a la moral patriarcal que dice c贸mo tiene que comportarse una mujer para ser una buena madre. Un mecanismo que pone en juego la administraci贸n son los antecedentes psiqui谩tricos como pretextos negativos para el retorno con ellas. Otro, que tiene que ver m谩s con componentes colonialistas y racistas de los servicios sociales, son las diferencias culturales de muchas familias migrantes en el comportamiento con sus hijos. Recordemos otra vez el caso de W y la acusaci贸n de envenenamiento a su hijo con aceite de Palma. Ejemplo de no entender lo que supone este aceite como elemento alimenticio y terap茅utico b谩sico en Camer煤n.

 

 

 

El famoso dicho de 鈥渜uien hace la ley hace la trampa鈥 es oportuno. Madres y familiares guardan an茅cdotas terror铆ficas cuando cuentan las cosas que les dicen los profesionales; 鈥淣o volver谩s a ver a tus hijas鈥 鈥淓l plan de actuaci贸n es desvincularos de los menores鈥 鈥淎h, pues entonces yo no se le devolver铆a. No hasta que encuentren trabajo鈥 Son s贸lo unas pocas que incluso descontextualizadas, pueden entenderse como evitables s铆 o s铆. Pero al fin y al cabo son an茅cdotas y no son desmostrables. Tampoco las amenazas. Tampoco los chantajes. Son cicatrices que quedan grabadas en los recuerdos de las personas afectadas, siempre en tela de juicio. Pero, 驴Qu茅 hay de las irregularidades dentro de las normativas? 驴Son errores del sistema de protecci贸n de menores? 驴Son los errores evitables siempre? 驴O es la capacidad de saltarse las propias normas el funcionamiento normalizado de, en este caso, el sistema de protecci贸n de menores y las pr谩cticas de los profesionales de la intervenci贸n social?

 




Fuente: Briega.org