December 7, 2020
De parte de Oiradilos
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residencias ancianos

鈥淟as violaciones de derechos humanos no solo han pasado durante la primera ola, sino que en esta segunda sigue vigente el protocolo que no ordenaba las no derivaciones a las instalaciones hospitalarias, los reg铆menes de visita siguen dependiendo de las residencias y sigue sin saberse c贸mo suplir el tema de las bajas de personal que tuvieron las residencias durante la primera ola鈥, explica Ignacio Jovtis, investigador para este informe de Amnist铆a Internacional.

Hasta el 15 de noviembre, hab铆an fallecido por COVID-19 en Espa帽a 40.749 personas, seg煤n datos del Ministerio de Sanidad. Se estima que, durante la primera ola de contagios, un 70% de ellas hab铆an tenido lugar en las residencias de personas mayores. Seg煤n Amnist铆a, el Gobierno publicar谩 en breve un nuevo informe que, se prev茅, situar铆a ese porcentaje entre el 50 y el 47%.

Como documentamos los medios de comunicaci贸n durante la primera ola, los residentes de geri谩tricos vivieron un aut茅ntico infierno durante aquellos meses. Ahora, Amnist铆a Internacional publica una investigaci贸n que explica desde el punto de vista jur铆dico nacional e internacional las ilegalidades cometidas. Y lo hace, poniendo el foco en los dos territorios con mayor incidencia de la pandemia en las residencias: en la Comunidad de Madrid y en Catalunya donde, denuncia la ONG, siguen vigentes los protocolos que limitan el traslado a los hospitales de las personas enfermas mayores.

Seg煤n AI, los residentes de los gerit谩tricos vieron violados su derecho a la salud, ya que no recibieron una atenci贸n m茅dica adecuada; consecuentemente, el derecho a la vida, en los casos en los que la perdieron por esta causa; el derecho a la no discriminaci贸n, puesto que se les neg贸 la atenci贸n m茅dica; a recibir visitas y a una muerte digna por raz贸n de edad; el derecho a una vida familiar y privada, ais谩ndolas del mundo exterior; y el derecho a una muerte digna, que lleg贸 al extremo de que hubo personas que murieron tras d铆as o semanas aislados, deshidratadas, malnutridas, sin bombonas de ox铆geno ni cuidados paliativos. Un extremo que habr谩 que investigar en el futuro, cuando se puedan reunir m谩s pruebas, si puede considerarse tortura o trato inhumano o degradante.

Amnist铆a Internacional insta a las Administraciones a que garanticen el derecho de las personas residentes a recibir visitas de sus familiares y conocidos, que las decisiones sobre la atenci贸n m茅dica en las residencias se realicen 鈥渃on base en evaluaciones individualizadas鈥 y urge al Gobierno de Espa帽a a impulsar 鈥渓a tramitaci贸n de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado鈥.

En el informe, titulado Abandonadas a su suerte: La desprotecci贸n y discriminaci贸n de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en Espa帽a, AI vincula esta situaci贸n con 鈥渓as medidas de austeridad y la infrafinanciaci贸n de la sanidad en Espa帽a. La d茅cada de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud p煤blico, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atenci贸n sanitaria鈥.

Su presidente Esteban Beltr谩n recuerda que 鈥渦na emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos鈥.

residencias ancianos

Nueve meses despu茅s de que se decretara el estado de alarma, AI critica que no se hayan tomado 鈥渕edidas de refuerzo de personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presi贸n asistencial existentes鈥.

Como publicamos en La Marea, la falta de personal por las bajas fue tan aguda que deriv贸 en una parad贸jica situaci贸n: mujeres migrantes, negras y trans consiguieron ser contratadas por primera vez para el cuidado de personas mayores en residencias.

La ONG recoge en su informe la cr铆tica de la Sociedad Espa帽ola de Geriatr铆a y Gerontolog铆a (SEGG): 鈥淣o nos preparamos suficientemente, creemos que hab铆a informaci贸n cient铆fica proveniente de otros pa铆ses como para intuir la importancia y gravedad de la situaci贸n (鈥) creemos que de haber tomado medidas antes hubieran permitido evitar la irrupci贸n del virus en muchas residencias tan r谩pidamente. Tendr铆amos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de alg煤n modo haber estado m谩s prevenidos y preparados鈥.

La falta de transparencia por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat es otro de los aspectos a los que m谩s atenci贸n presta el informe: 鈥淭omaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervenci贸n o del 茅xito de las mismas y fracasaron en su implementaci贸n禄.

鈥淎dem谩s, ambas administraciones no adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria m茅dica adecuada de las personas mayores residentes鈥. Y a帽ade que en ambos territorios, hubo periodos en los que no se ingresaban a personas mayores en los hospitales: 鈥淵 las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepci贸n y en ocasiones ya de forma fatalmente tard铆a. Esta discriminaci贸n atenta gravemente contra sus derechos鈥.

Asimismo, Amnist铆a Internacional ha recogido diversos testimonios que daban cuenta de los obst谩culos que tambi茅n exist铆an por parte de los servicios de emergencia para el transporte sanitario (SUMMA y SEM). Amnist铆a tambi茅n critica la falta de 鈥渟upervisi贸n eficaz por parte de las autoridades estatales (Fiscal铆a) y auton贸micas (servicios de inspecci贸n)鈥.

Fuente: Patricia Sim贸n (La Marea)

Autor: fargov

Interesado en temas sociales y m谩s concretamente en la solidaridad, el apoyo mutuo, los derechos humanos y todo aquello que represente una mejora para la sociedad.




Fuente: Oiradilos.wordpress.com