June 30, 2022
De parte de ANRed
54 puntos de vista

Foto: Juan Ignacio Roncoroni (EFE).

Pr谩cticamente desde su nacimiento, en 1996, el movimiento piquetero viene sufriendo un sinn煤mero de acusaciones y ataques propinados desde el Estado y amplificados a trav茅s de los grandes medios de comunicaci贸n. Como un deja vu鈥 recurrente, las organizaciones sociales se ven expuestas a todo tipo de operaciones medi谩ticas que buscan deslegitimar y estigmatizar a los sectores desocupados o precarizados que se vienen organizando y luchando contra los altos niveles de exclusi贸n y marginaci贸n a los que se los somete. Repasamos ocho mitos que, tras el discurso de la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de la semana pasada, volvieron a aflorar en la dirigencia pol铆tica y las grandes empresas de la comunicaci贸n que construyen la agenda pol铆tica local. Opina: Nicol谩s Salas, para ANRed.


Mito 1: 鈥淟os piqueteros no trabajan, son vagos鈥

Las primeras puebladas que dieron surgimiento a las organizaciones sociales eran claras en su demanda: se le exig铆a al Estado trabajo genuino. El mismo que se les hab铆a arrebatado a partir de las privatizaciones y el desguace de las empresas p煤blicas. La respuesta de los distintos gobiernos ser谩 otorgar programas de empleo, los cuales carec铆an de gran parte de los derechos fijados en los convenios colectivos de trabajo, as铆 como salarios ubicados muy por debajo de la l铆nea de pobreza.

Con esos planes y a lo largo de estos a帽os, las organizaciones han puesto de pie cuadrillas de trabajo y productivos de todo tipo (herrer铆as, carpinter铆as, bloqueras y costuras, entre otros). Estos emprendimientos no solo han garantizado un empleo a cientos de miles de familias sino que adem谩s logran prestar servicios a barrios, villas y asentamientos donde el Estado solo se hace presente con la polic铆a. Todas estas iniciativas se llevan a cabo sin bajar las banderas de trabajo genuino.

El reporte de agosto del a帽o pasado del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (ReNaTEP) mostr贸 una radiograf铆a de los oficios, g茅nero y tipo de organizaci贸n que asumen unas 2.830.520 de personas que se inscribieron entre julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021.  El relevamiento segmenta los oficios en varias categor铆as que engloban distintas actividades. La m谩s preponderante que se refleja con precisi贸n es la concerniente a trabajador/a de comedores y merenderos comunitarios que contiene a 444.440 personas, de las cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% varones. 鈥淪ervicios de limpieza鈥 es otra de las actividades relevantes con 177.887 (el 88% son mujeres y 12% varones) y el tercero del podio es 鈥渁gricultor/a鈥 con 111.618(repartido en 46,9% mujeres y 53,1% varones) [1].

Foto: T茅lam.

Mito 2: 鈥淟es pagan por movilizar鈥

Este mito de anta帽o cae bajo su propio peso si se analiza, por ejemplo, la cantidad de personas que vienen movilizando el 煤ltimo tiempo. Solo la Unidad Piquetera ha movilizado a 300 mil personas en la 煤ltima marcha federal.

Hagamos un ejercicio pr谩ctico, si a cada persona se le pagara $5000 para marchar estar铆amos hablando de un gasto por movilizaci贸n de $1500.000.000, cifra imposible de manejar para los movimientos y m谩s a煤n si se la multiplica por la decena de marchas y concentraciones que se viene haciendo en el a帽o.

Adem谩s, se niega una situaci贸n fundacional de las organizaciones y que tiene que ver que la gente se moviliza y lucha no solo por su situaci贸n de pobreza o desempleo sino tambi茅n porque sabe que solo a trav茅s de la lucha puede llegar a percibir al menos un plan social. Desde los inicios de los programas de empleo, el Estado neg贸 la universalizaci贸n de dicho recurso ya que se utiliza como contenci贸n de conflictos puntuales. Dif铆cilmente una persona de manera individual vaya a un ministerio, golpee una puerta y le den un beneficio solo por estar desocupada o ser pobre.

Mito 3: 芦Le sacan plata a la gente禄

Al igual que lo hizo el gobierno de Eduardo Duhalde, la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez y La C谩mpora han montado una ofensiva aduciendo que las organizaciones se quedan con plata de la gente.

Se refieren a los aportes voluntarios que cada familia da al interior de la organizaci贸n para sostener lo que el Estado no sostiene, como son los fletes, alquileres de locales, mantenimiento de las cooperativas, verduras para los comedores, ropa de trabajo y herramientas, entre otros elementos.

驴C贸mo pretende Cristina que lleguen los alimentos a los barrios si no es con el pago de un flete? 驴Si el Estado solo manda polenta y salsa de tomate, como se piensa que debe garantizarse el servicio de los comedores populares? El mismo Estado que deja a la deriva a las personas, les cuestiona que se organicen para resolver sus problemas.

A su vez, existe en este planteo una connotaci贸n clasista, ya que dicha objeci贸n no corre la misma suerte para con los militantes de La C谩mpora que aportan un porcentaje de su salario por trabajar en el Estado o no pone en cuesti贸n el diezmo de las iglesias. Cualquier organizaci贸n de la sociedad civil que pretenda tener autonom铆a en sus decisiones debe tener autonom铆a financiera. Negar eso es ir contra la historia organizativa de la clase obrera.

Foto: Franco Fafasuli.

Mito 4: 芦Un beneficiario de un programa de trabajo cobra m谩s de 100 mil pesos禄

Este mito cae por su propio peso con los datos objetivos de los programas de empleo. En el caso del Potenciar Trabajo, que es la referencia principal de los planes, el monto que se cobra es de $19.000, cuesti贸n que se rige en base a c贸mo evoluciona las definiciones del Consejo del Salario.

Incluso sum谩ndole los ingresos por otras prestaciones sociales (como puede ser la Asignaci贸n Universal por Hijo), lo montos no llegan ni al 50% de lo que se plantea en el imaginario social.

Mito 5: 芦Nadie controla los recursos de las organizaciones sociales禄

Esto es una mentira abierta e injustificable. Cada recurso que reciben las cooperativas de las organizaciones sociales deben ser justificados y rendidos en tiempo y forma.

En la actualidad, y a lo largo de la historia, el Estado tiene la plena potestad de hacer auditor铆as (y de hecho las ha hecho) que confirmen el destino de los recursos que transfiere a movimientos, municipios o asociaciones civiles.

Mito 6: 芦El programa de empleo es un subsidio y no un trabajo禄

Este planteo surgi贸 en las 煤ltimas semanas  a partir de la arremetida de un sector del gobierno contra las organizaciones. Es falso y queda demostrado al calor de las distintas experiencias laborales que surgieron en las organizaciones sociales y de la contraprestaci贸n misma que se exige para percibir dicha remuneraci贸n.

Tal planteo adem谩s es realizado por los mismos funcionarios que avalan e impulsan que en las mediciones de los 铆ndices de desocupaci贸n se contabilicen los planes como empleo. De hecho, tal perspectiva le permiti贸 al gobierno de Cristina Fern谩ndez en 2015 afirmar que Resistencia, Chaco, gozaba de pleno empleo.

Imagen: T茅lam.

Mito 7: 芦Los pobres, y m谩s a煤n las mujeres, son usadas y explotadas en las organizaciones禄

La vicepresidenta Cristina Fern谩ndez se refiri贸  en estos t茅rminos a las personas que habitan las organizaciones. Desconoce, o prefiere omitir, que fueron las mismas mujeres las que pusieron de pie de las organizaciones, las que las sostienen y se ponen a la cabeza de la lucha.

Hist贸ricamente las asambleas barriales de las organizaciones han dado voz y lugar que las instituciones del Estado les niegan. De todas formas, no se puede negar la existencia de pr谩cticas patriarcales en el seno de las organizaciones, las cuales no difieren de las existentes en todo tipo de organizaci贸n de la sociedad civil.

El planteo realizado por Cristina Fern谩ndez niega la historia de construcci贸n de un feminismo piquetero que tuvo uno de sus hitos en las asambleas de mujeres del Puente Pueyrred贸n en 2003, la existencia de comisiones de g茅nero en el grueso de los movimientos, o las cuadrillas de g茅nero que abordan a diario las situaciones de violencias, esas que el Estado define omitir.

Mito 8: 芦Con la intervenci贸n de la Anses y los intendentes se garantiza la transparencia禄

El cobro del salario que implica el programa de empleo se hace a trav茅s de una tarjeta directamente a las personas 鈥渂eneficiarias鈥, por lo que no hay mediaci贸n de las organizaciones en dichos fondos. El planteo que se pague a trav茅s de la Anses no modifica en nada la situaci贸n metodol贸gica del cobro y lo que se expresa en definitiva es una disputa de la caja en cuesti贸n.

En paralelo, se intenta 鈥渢ransparentar鈥 la situaci贸n transfiriendo la organizaci贸n del trabajo a los intendentes y gobernadores.  Vayamos a un ejemplo concreto. Durante el gobierno de Duhalde existieron unas 800 denuncias penales por irregularidades en los manejos de los planes 鈥淛efes y jefas de Hogar鈥 entre abril de 2002 y octubre de 2003. Lo parad贸jico es que las presentaciones judiciales no apuntaban a las organizaciones sociales sino que reca铆an en su totalidad contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de consejos consultivos impulsados por el propio gobierno. Tal situaci贸n ser谩 admitida por el propio Duhalde a帽os despu茅s.

La implementaci贸n del plan 鈥淎rgentina Trabaja鈥, durante el gobierno de Cristina Fern谩ndez, result贸 ser otra muestra de este tipo de irregularidades ya que afloraron denuncias por doquier contra intendentes y punteros ligados al aparato municipal. Los jefes comunales sobreexplotaban a las personas 鈥渂eneficiarias鈥 y desviaban constantemente los fondos correspondientes a la compra de herramientas e insumos para garantizar dichos trabajos.

Detr谩s de esta propuesta se encuentra la intenci贸n de devolverle poder territorial a los punteros y al aparato del Partido Justicialista que fueron perdiendo en la disputa con las organizaciones sociales desde 1996 a esta parte.  Adem谩s se busca que los municipios realicen un fraude laboral disponiendo de mano de obra precarizada por fuera de los convenios municipales.


[1] 鈥淟a econom铆a precarizada: 驴qui茅nes, d贸nde y de qu茅 trabajan las casi tres millones de familias inscriptas en el ReNaTEP?鈥, Anred. Edici贸n del 30/09/2021.





Fuente: Anred.org