Rubén
Hernández

La
pandemia
por
COVID-19
ha
representado
el
marco
ideal
para
que
la
administración
de
Maduro
haya 
consolidado
en
buena
medida
un
proyecto
neoliberal
que
venía
cocinándose
en
Venezuela
desde
hace
varios
años.
Tanta
crítica
de
las
autoridades
dizque
socialistas
al
puntofijismo,
al
imperialismo,
y
en
general
al
capitalismo,
para
nada,
considerando
que
las
medidas
económicasprocapitalistas
adoptadas
por
la
“revolución”
de
Maduro
ya
superaron
con
creces,
por
ejemplo,
a
las
ejecutadas
por
el
tristemente
célebre
Carlos
Andrés
Pérez
en
su
segundo
mandato.Aquí
es
clara
la
reciente
Ley
Constitucional
Antibloqueo
para
elDesarrollo
Nacional(10-2020),
planteando
la
menor
intromisión
posible
del
Estado
en
la
economía:
“Artículo
15.
Se
creará
el
Centro
Internacional
de
Inversión
Productiva,
como
ente
encargado
del
registro,
estudio
y
seguimiento
de
las
medidas
coercitivas
unilaterales
y
otras
medidas
restrictivas
o
punitivas,
así
como
de
la
evaluación,
aprobación
y
promoción
de
los
proyectos
productivos
derivados
de
la
aplicación
de
esta
Ley
Constitucional
y
la
gestión
de
la
Marca
País,
como
estrategia
orientada
a
la
promoción
de
inversiones
y
el
comercio
exterior”.

De
manera
que
usando
como
excusaslos
bloqueos
y
sanciones
cortesía
del
Imperio
estadounidense
y
sus
aliados,
la
cada
vez
menor
disponibilidad
de
recursos
financieros,
la
casi
quiebra
de
PDVSA
y
la
emergencia
sanitaria
del
presente
año
(2020),
que
ciertamente
son
situaciones
reales,
el
nefasto
Gobierno
“revolucionario”
ha
actuado
inequívocamente
en
favor
del
gran
capital
local
y
foráneo,
y
por
obviedad
en
perjuicio
de
las
masas,
afectandode
forma
notable
a
los
asalariadosgracias
a
medidas
y
acciones
como:

1.-
La 
brutal
y
progresiva
liberación
de
precios,
que
incluyóla
eliminación
del
precio
justo,
antiguo
PVP
(precio
de
venta
al
público),
y
PMVP
(precio
máximo
de
venta
al
público).En
este
sentido
se
dio
vía
libre
desde
el
Ejecutivo,
para
que
numerosos
empresarios-comerciantes
hayan
producido
ydistribuido
sus
mercancías
y
prestado
diversos
servicios
a
los
costos
que
les
ha
venido
en
gana,
sin
ningúncontrol
gubernamental
(dejar
hacer,
dejar
pasar).
De
esta
forma
se
ha
estimulado
la
delincuencia
económica
de
todo
tipo,
siendo
protagonista
la
élite
industrial,
comercial
y
financiera,
que
en
corresponsabilidad
con
los
gobiernos
nacional,
estadales
y
locales,
sumieron
a
buena
parte
del
pueblo
venezolano
en
un
total
estado
de
indefensión.

2.-
La
megadevaluación
cambiaria,
factor
responsable
en
buena
medida
de
la
hiperinflación
que
azota
con
más
dureza
a
los
pobres.
El
dólar,
a
pesar
de
que
su
liderazgo-referencia
en
el
mundo
parece
tener
sus
días
contados,
ha
hecho
estragos
en
la
vida
de
millones
de
ciudadanos
en
Venezuela,
cuya
moneda
nacional
prácticamente
no
tiene
ningún
valor.

3.-La
generación
de
condiciones
más
que
favorables
para
el
alto
capital
privado
nacional,
y
la
profundización
de
la
megadependencia
y
la
sumisión
a
los
intereses
de
corporaciones
globales,
ya
no
sólo
respecto
a
la
menguada
economía
petrolera,
sino
en
cuanto
a
la
extracción
de
las
riquezas
del
llamado
arco
minero
del
Orinoco:

Artículo
29.
El
Ejecutivo
Nacional
podrá
autorizar
e
implementar
medidas
que
estimulen
y
favorezcan
la
participación,
gestión
y
operación
parcial
o
integral
del
sector
privado
nacional
e
internacional
en
el
desarrollo
de
la
economía
nacional”
(Ley
Constitucional
Antibloqueo…).

Y
aunque
Venezuela
esté
casi
en
la
ruina,
con
una
gigantesca
deuda
externa
a
cuestas
y
con
escasa
posibilidad
de
salir
adelante
en
medio
de
la
confrontación
de
los
intereses
de
potencias
como
Estados
Unidos,
China,
Rusia
e
Irán,
su
Gobierno
“revolucionario”
continúa
priorizando
los
negocios
poco
provechosos
con
las
naciones
poderosas,
que
al
fin
y
al
cabo
solo
negocian
en
favor
de
sus
propios
beneficios
llámense
como
se
llamen.

4.-
La
drásticareducción
de
los
históricamente
limitados
beneficios
salariales
y
laborales,
hasta
el
punto
de
que
el
sueldo
mínimo
no
llega
a
los
2
dólares
mensuales,
o
unos
cuantos
centavos
diarios,
y
de
que
la
flexibilización
está
a
la
orden
del
día
(despidos
injustificados)A
estas
alturas
ya
los
trabajadores
no
tienen
derecho
ni
a
aprovechar
los
seguros
por
hospitalización.
Y
lo
peor
de
todo
es
que
no
se
pretende,
desde
el
Ejecutivo,
solventar
esta
lamentable
situación,
sino
aplicar
medidas
coyunturales
“compensatorias”:

“Artículo
18.
Los
ingresos
adicionales
que
se
generen
con
ocasión
de
la
aplicación
de
las
disposiciones
de
esta
Ley
Constitucional,
luego
de
costos,
gastos,
inversiones
y
recursos
atados
a
la
administración
de
pasivos,
se
registrarán
separadamente
dentro
de
las
disponibilidades
del
tesoro
nacional
y
se
destinarán
a
la
satisfacción
de
los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales
del
pueblo
venezolano,
así
como
a
la
recuperación
de
su
calidad
de
vida
y
la
generación
de
oportunidades
a
través
del
impulso
de
sus
capacidades
y
potencialidades.
El
uso
de
los
recursos
estará
orientado
de
manera
preferente
a
los
siguientes
objetivos:

1.
Desarrollar
sistemas
compensatorios
del
salario
o
del
ingreso
real
de
los
trabajadores
y
trabajadoras
(…)”.

Queda
claro,
de
acuerdo
a
lo
señalado
en
el
artículo
anterior,
que
el
Gobierno
“revolucionario”
no
va
a
establecer
unos
salarios
dignos,
para
no
perjudicar
las
ganancias
del 
gran
sector
económico
público
y
del
privado,
y
para
que
las
élitescontinúen
apropiándose
indebidamente
de
los
fondos
estatales.
Se
seguirán
repartiendo
los
míseros
bonos
vía
carnet
de
la
patria,
como
uno
de
los
sistemas
“compensatorios”.

5.-
Los
progresivos
recortes
estatales
en
materia
sanitaria,
educativa,
alimentariay
social.
En
consecuencia
se
han
eliminado
parcialmente
algunos
subsidios,
generando,
por
ejemplo,
una
desmejora
notable
en
la
salud
pública,
en
la
distribución
de
alimentos
vía
CLAP
y
en
la
formación
educativa
y
calidad
de
la
educación
pública.
En
general
la
inversión
social
día
tras
día
se
reduce,
abriendo
una
gran
brecha
para
la
posible
privatización
de
absolutamente
todo.

6.-La
cada
vez
menor
inversión
del
Estado
en
los
servicios
básicos,
trayendo
como
consecuencias,
entre
otras,
la
notable
mala
calidad
en
la
prestación
de
algunos
de
aquellos
(electricidad,
agua
potable
y
comunicaciones)
y
la
privatización
en
buena
parte
de
ciertos
servicios,
como
la
recolección
de
desechos
y
la
distribución
de
gas
doméstico,
combustible
que
por
cierto
ha
sido
vendido
por
los
empresarios-delincuentes
encargados
del
ramo
a
como
les
ha
dado
la
gana,
y
con
gran
ineficiencia.
Se
incluye
aquí
la
casi
eliminación
de
los
subsidios
a
la
venta
de
la
gasolina
y
a
la
prestación
del
servicio
de
transporte
público
ofrecido
por
el
Estado
y
por
particulares;
en
este
contexto
el
aumento
brutal
en
los
pasajes
del
transporte
urbano
y
extraurbano
no
se
hizo
esperar,
para
desgracia
de
quienes
solamente
por
movilizarse
han
tenido
que
gastar
más
de
lo
que
perciben.

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