October 25, 2022
De parte de ANRed
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Imagen de las mujeres mapuches detenidas tras el operativo represivo de desalojo del Comando Unificado de Seguridad en Villa Mascardi, que actuó por orden de Aníbal Fernández. Foto: Eugenia Neme (Télam).

El Servicio Paz y Justicia, la Liga por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y las académicas Karina Bidaseca y Jessica Visotsky presentaron un amicus curiae ante el Juzgado Federal de Bariloche, en la causa iniciada contra integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tras el violento desalojo que sufrieron el 4 de octubre en el marco del operativo represivo del Comando Unificado de Seguridad en Villa Mascardi, que actuó por orden de Aníbal Fernández. Por la causa se encuentran privadas de su libertad, con prisión domiciliaria, Betiana Collhuan (Machi, autoridad espiritual de la Lof), Martha Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas; mientras que Florencia Melo y Débora Vera se encuentran presas en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche. Los organismos solicitaron a la jueza a cargo de la causa, Silvina Domínguez, que disponga la libertad de las imputadas, que se les permita ingresar a su territorio comunitario, y que «se gestione un marco de diálogo intercultural entre las autoridades estatales y la comunidad». Por ANRed.


Así lo anunciaron: «el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presentó conjuntamente con La Liga por los Derechos Humanos, la APDH, y las académicas Dra. Karina Bidaseca y P.h. Dra. Jessica Visotsky, un amicus curiae ante el Juzgado Federal de Bariloche, en la causa iniciada contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, perteneciente al Pueblo Mapuche. Como producto de esta causa, se encuentran privadas de la libertad Betiana Collhuan (Machi), Martha Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas con detención domiciliaria. Florencia Melo y Débora Vera se encuentran privadas de la libertad en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche.», informaron en un comunicado.

Los amici curiae son escritos que terceros – ajenos a una causa – pueden presentar en determinados procesos judiciales para ofrecer una opinión basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico, a los fines de ilustrar a los o las magistradas en cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.

Imagen del desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, el 4 de octubre de 2022. Foto: Télam.

En ese sentido, los organismos de derechos humanos y académicas en cuestión, expresan: «en el mencionado documento legal se exponen los argumentos técnicos por los cuales se ha vulnerado los derechos humanos de esta comunidad indígena y sus miembros, además de exponer que la obligación de los funcionarios judiciales intervinientes en el caso es que deben analizar la situación desde una perspectiva de género e intercultural, dada la intersección de derechos que les asiste a las mujeres mapuches privadas de la libertad, como así también los derechos específicos de los Pueblos Indígenas que rigen en la materia».

Asimismo, ante las circunstancias de la causa contra las mujeres mapuches, solicitan a Silvina Domínguez, jueeza a cargo de la causa, «que a los efectos de no profundizar las violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad y de las mujeres privadas de la libertad en particular, que se disponga la libertad de las imputadas. Pero además, que permita a los integrantes ingresar a su territorio comunitario. Y que se gestione un marco de diálogo intercultural entre las autoridades estatales y la comunidad a los fines de que se efectivicen los derechos que les asiste a los integrantes de esta comunidad por pertenecer al Pueblo Mapuche, el que goza del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural, por ser un Pueblo Indígena que se hallaba en el territorio que hoy denominamos Argentina, antes de la colonización», finaliza el comunicado.

 Â«La fiscal María Cándida Etchepare y la jueza Silvina Domínguez son antimapuche»

En tanto, desde Familiares y amigxs de las presas politicas mapuche, espacio que comparte y centraliza información sobre la causa, informaron: «el lunes 24 de octubre la jueza Silvina Domínguez, que lleva la causa contra la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, debía resolver sobre la situación de las seis detenidas, dos de ellas en la PSA de Bariloche, con 20 días de huelga de hambre, y las cuatro restantes detenidas con prisión domiciliaria junto a sus hijxs, entre ellxs, bebé de días. El plazo se cumplió y ni noticias, un silencio de muerte. ¿Cuál es el regodeo detrás de esto? ¿Que tipo de aleccionamiento nos quieren mostrar?», se preguntan.

Imagen de Silvina Domínguez, jueza a cargo de la causa e integrante del Juzgado Federal de Bariloche. Foto: La Nación.

La conclusión es clara para el espacio: «es indudable que tanto la fiscal María Cándida Etchepare y la jueza Silvina Domínguez son antimapuche. Desde las indagatorias sus movimientos fueron tendenciosos y buscaron estirar esta situación de encierro y mantener alejadas entre sí a pu lamien y de su territorio, de su rewe. El secreto de sumario continúa, y el plazo para conocer el procesamiento de todas era hasta ayer, lunes 24 de octubre«, remarcan.

Ante esta situación, que ya lleva 20 días, exigen a la jueza que defina esta situación ya, la «libertad y sobreseimiento de las presas políticas mapuche», la «desmilitarización del territorio», y reclaman «basta de persecusión al pueblo mapuche».

La jueza Domínguez llegó al Juzgado Federal de Bariloche en agosto de 2021, luego de haber sido designada de forma provisoria como subrogante, en el marco de la ley que establece el régimen de subrogancias en tribunales y juzgados federales, que permite la designación de «un juez de la jurisdicción territorial más próxima». Sin un titular formal desde 2019, el juzgado de Bariloche lleva adelante causas de gran interés político y social vinculados al conflicto mapuche, como la muerte de Rafael Nahuel Yem o la recuperación de tierras en Villa Mascardi.

«Seguimos firmes en el territorio»

En tanto, desde el territorio de la Lof en Villa Mascardi, informaron en audios que enviaron a la prensa: «seguimos firmes en el territorio. Somos una comunidad autónoma que ejerce el derecho ancestral de vivir en nuestro territorio, reconocidos por el 90 por ciento de las comunidades del Puel Mapu. Así, aclaramos también que no fuimos ni somos partícipes de ninguna organización como RAM o MAP ni ninguna organización estatal. Hoy sigue militarizado nuestro territorio, seguimos siendo perseguidos. La machi y demás lamien siguen encarceladas y en huelga de hambre, como consecuencia de una campaña de criminalización hacia nuestra comunidad por parte de Diego Frutos, quien es financiado por grandes terratenientes y apoyado por el poder económico, político y judicial, quienes han generado mentiras y montajes para instalar un mensaje racista hacia nuestro pueblo y comunidad a través de los medios hegemónicos de comunicación».

Finalmente, sostienen: «reafirmaron la presencia de pu kona y pu lamien dispersos en el territorio, a pesar de los escasos alimentos y la falta de abrigo. Seguiremos nuestro Lew Fun, esperando el retorno al territorio de nuestra Machi, de pu lamien, como de pichikiché anay. Hacemos un llamado a nuestra gente, a la sociedad en general, a seguir movilizándose, y a seguir visibilizando».





Fuente: Anred.org