May 13, 2021
De parte de Indymedia Argentina
266 puntos de vista


Comunidades y organizaciones Quechua y Rapa Nui, presentaron una demanda internacional para que la Comisi贸n y la Corte Interamericana ordenen al estado de Chile consultar a los Pueblos Originarios el Acuerdo Transpac铆fico de Cooperaci贸n Econ贸mica, conocido como TPP/11 (ingl茅s: Trans-Pacific Partnership), y en subsidio, que ordene al estado de Chile a denunciar o salirse del mismo Tratado en caso de aprobarlo.

El fundamento es que el TPP 11, tendr铆a un fuerte impacto y una grave afectaci贸n a la forma de vida de los pueblos originarios al incentivar y asegurar un capitalismo extractivista en Chile, raz贸n por la cual debi贸 ser consultado a los pueblos originarios de acuerdo a las obligaciones estatales establecidas por normas internacionales de derechos ind铆genas.

Las representaciones de las organizaciones, se帽alan: 鈥淧resentamos esta demanda en favor de la Pachamama, de la Kainga, de la Madre Tierra, pues no queremos que sea destruida por el capital extranjero, por la miner铆a, por las salmoneras, por las transnacionales. El TPP facilitara la inversi贸n extranjera, ser谩 un tap贸n al aumento de las protecciones ambientales, crear谩 m谩s zonas de sacrificio, pobreza, y esto no solo a los pueblos originarios, sino que a todo Chile. Nosotros requer铆mos que se nos restituyan las aguas y tierras robadas, las semillas, que se respete nuestra propiedad y bienes soberanos. El TPP facilitara el robo, el saqueo en favor del capital extranjero. Nosotros queremos autodeterminaci贸n, no un tratado que cede soberan铆a鈥.

Los demandantes asegura que No es necesario agotar recursos internos para interponer esta demanda pues en Chile no existen acciones judiciales efectivas para cuestionar proyectos de ley o tratados en tramite legislativo que no han sido consultados con los pueblos originarios. Todos los Recursos de Protecci贸n presentados contra proyectos de ley en tr谩mite en el Congreso (lo que incluye a los tratados internacionales de acuerdo a las normas constitucionales ya citadas) que no han sido objeto de una consulta ind铆gena previa, han sido declarados inadmisibles.

Agregan a su argumentaci贸n: 鈥淎simismo, ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, que junto con requerir un cuarto del senado o de la C谩mara de Diputados para poder demandar, en diversos fallos ha dictaminado que la consulta ind铆gena, al estar contenida en un tratado internacional de derechos humanos, no es de rango constitucional. Como el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo al TC, no tiene rango constitucional, su omisi贸n por parte del Estado, no puede ser revisada ni castigada por el mismo Tribunal Constitucional鈥.

Por tanto, aseveran, que ni por recurso de protecci贸n ni por la acci贸n de cuesti贸n de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que son las 煤nicas dos acciones aparentemente adecuadas para pedir la consulta ind铆gena de un proyecto de ley en tr谩mite, es posible tener amparo judicial de tal pretensi贸n.

鈥淓llo equivale a decir que en caso de que se tramite un proyecto de ley o de reforma constitucional que deba ser consultado con los pueblos originarios, de acuerdo al Derecho Internacional, sin que dicha consulta se verifique, habr谩 impunidad asegurada para el Estado ante el ordenamiento jur铆dico interno鈥, sentencian.

Quienes demandan, son las siguientes representaciones: Wilfredo Baci谩n Delgado, presidente Comunidad Ind铆gena Quechua de Quipisca; Thelma Yobana Ramos Mamani, presidenta de la Comunidad Ind铆gena quechua de Ollag眉e; Rafael Tuki Tepano, Consejero Conadi electo por voto popular Rapa Nui, y Ariel Le贸n Bacian, Quechua 鈥 Aymara domiciliado en Santiago y redactor del recurso, interpuesto a favor de la Comunidad Ind铆gena Quechua de Quipisca; Comunidad Ind铆gena Quechua de Huatacondo; Comunidad Ind铆gena Quechua de Mami帽a; Comunidad Ind铆gena Quechua de Iquiuca; Asociaci贸n Ind铆gena Quechua de la Comuna de Pica (Matilla-Pica-Quisma); Comunidad Ind铆gena de Macaya; Consejo Territorial Quechua de Pica, de la Regi贸n de Tarapac谩, as铆 como por la Asociaci贸n Ind铆gena de Progreso Desarrollo y Cultura del Pueblo de Kosca; Comunidad Ind铆gena Quechua de Ollag眉e; y Comunidad Quechua del pueblo de Cebollar Ascot谩n, de la Regi贸n de Antofagasta.

En abril, el gobierno de Sebasti谩n Pi帽era instal贸 por cuarta vez, la Suma Urgencia en lo que va del 2021 para llamar a que sea discutido y votado en el Senado el denominado TPP 11 con el prop贸sito de forzar una ratificaci贸n, situaci贸n que ha generado que dos presidentas del senado aclaren que no tiene prioridad en tabla. Asimismo, tal medida ha generado la inmediata reacci贸n de diversas organizaciones que se oponen a este tratado comercial internacional que es considerado un atentado a las soberan铆as internas y una mayor intervenci贸n de corporaciones transnacionales.

Anexo

Sobre los efectos del TPP y los PPOO

Informe Iwgia:

Este tema tambi茅n se abarca en el libro 鈥淓l TPP y los derechos de los pueblos ind铆genas en Am茅rica Latina鈥, se帽alando 鈥揺ntre otras cosas- que:

鈥淟a Relatora Especial sobre los derechos de os pueblos ind铆genas, Victoria Tauli-Corpuz, en su informe A/70/301 (2015) considera que los acuerdos internacionales de inversi贸n tienen efectos directos sobre los derechos de los pueblos ind铆genas, tales como el derecho a las tierras, los territorios y los recursos, el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), el derecho a la libre determinaci贸n y los derechos culturales.

En el referido informe, Tauli-Corpuz afirma que las 鈥渃lausulas de no discriminaci贸n y expropiaci贸n鈥 de los TBI y TLC pueden afectar los derechos de los pueblos ind铆genas a la tierra y otros derechos relacionados con la tierra, y considera que, si los derechos de los pueblos ind铆genas no est谩n incluidos como excepciones en los TBI y TLC, la normatividad nacional que otorga protecci贸n a sus derechos territoriales 鈥減odr铆a quedar obsoleta en el 谩mbito de las inversiones鈥 (p谩rr. 23). Por otra parte, se帽ala que las 鈥渃lausulas de expropiaci贸n鈥 pueden ser un obst谩culo para las reclamaciones de tierras por parte de los pueblos ind铆genas, puesto que los Estados que tienen suscrito TBI y TLC no pueden adoptar medidas para devolver las tierras ocupadas por inversionistas extranjeros. Ello, debido que al expropiar dichas tierras para restituirlas a los pueblos ind铆genas, se ver铆an obligados a pagar indemnizaciones a precios de mercado (p谩rr. 24). A帽ade que los TBI y TLC tambi茅n pueden afectar los derechos culturales de los pueblos ind铆genas, a partir de efectos sobre el derecho a la tierra. Por ejemplo, los derechos al agua y a la identidad pueden verse afectados, as铆 como la integridad cultural que puede ser afectada por el desplazamiento causado por la p茅rdida de tierras (p谩rr. 35).

Asimismo, en el informe se reconoce que los pueblos ind铆genas est谩n ausentes de las negociaciones de los TBI y TLC, considerando Tauli-Corpuz que siendo estos 鈥渇ormalmente vinculantes en todos los niveles del gobierno鈥, esta situaci贸n constituye 鈥減or s铆 sola, una violaci贸n a los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participaci贸n, consulta libre determinaci贸n鈥 de los pueblos ind铆genas (p谩rr. 31). Sugiere tambi茅n que la aplicaci贸n del principio de CLPI a los TBI y TLC 鈥渙frece la oportunidad de incluir perspectivas y necesidades de los pueblos ind铆genas鈥, en estos acuerdos y evitar futuros abusos contra los derechos humanos (p谩rr. 34).

La no participaci贸n de los pueblos ind铆genas en las negociaciones de los TBI y TLC, que se ha identificado previamente, para Tauli-Corpuz 鈥渃onstituye una violaci贸n del derecho de los pueblos ind铆genas a la libre determinaci贸n鈥 (p谩rr. 37). Esta situaci贸n lleva a su vez a la vulneraci贸n de otros derechos, como el derecho al desarrollo, al autogobierno y a la autonom铆a (p谩rr. 39). Finalmente, la Relatora Especial observa la situaci贸n de pobreza de los pueblos ind铆genas pese a que en muchos casos se extraen recursos de sus tierras y considera que esta situaci贸n 鈥渆s una violaci贸n del derecho de los pueblos ind铆genas al desarrollo, as铆 como de sus derechos econ贸micos y sociales, a un niel de vida adecuado, a la vida, a la alimentaci贸n, al agua, la salud y la educaci贸n鈥 (p谩rr. 40).

Por su parte, el Experto Independiente sobre la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo, Alfred-Maurice De Zayas, en su informe A/HRC/30/44 (2015) refiere que existe un #extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos鈥 que deben ser tomado en cuenta cuando un Estado firme un acuerdo con otros Estados (p谩rr. 34) e identifica los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (art铆culos 1, 2, 6, 9, 12, 17, 25, 26 y 27) y del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (art铆culos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13) que los Estados deben garantizar (p谩rr. 35). De Zayas destaca que se debe asegurar la participaci贸n de todos los interesados en la negociaci贸n y la aprobaci贸n de los TBI y TLC, conforme al articulo 25 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (p谩rr. 36), y que las negociaciones llevadas en secreto y sin la participaci贸n de los interesados constituye una violaci贸n a los art铆culos 19 y 25 del mismo Pacto (p谩rr. 37).

El Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud f铆sica y mental, Anand Grover, tambi茅n se ha referido al tema en su informe A/69/299 (2014) al se帽alar que 鈥渆l derecho a la informaci贸n y a participar en el proceso de adopci贸n de decisiones son fundamentales para el disfrute del derecho a la salud鈥, pero estos elementos 鈥渆 ven menoscabados cuando los acuerdos internacionales de inversi贸n se negocian y concluyen en secreto鈥 (p谩rr. 50). Grover considera que 鈥渓a capacidad de las personas para disfrutar su derecho a la salud no puede estar sujeta a los derechos contractuales de los inversores, ya que el derecho a la salud es fundamental para la dignidad de las personas鈥 (p谩rr. 58)鈥9.

Las comunidades ind铆genas han luchado por siglos por la recuperaci贸n de sus tierras. Nosotros mismos hemos establecido reclamaciones, peticiones de restituci贸n a distintos Ministerios. El camino siempre ha sido dif铆cil para nosotros, pero con el TPP, esta labor ser谩 m谩s dif铆cil a煤n, sin o imposible. Lo mismo ocurrir谩 con nuestras aguas, semillas, y otros denominados 篓recursos naturales篓. El TPP ser谩 una mordaza a nuestra autodeterminaci贸n, y un acto expropiatorio, que servir谩 de l铆mite a la restituci贸n de tierras y aguas a que est谩 obligado el Estado de Chile por los diversos tratados que ha ratificado. Nos parece incre铆ble que a pesar de ello, no se nos haya consultado el TPP-11.




Fuente: Argentina.indymedia.org