February 22, 2022
De parte de Indymedia Argentina
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El viernes 12 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, 15 estudiantes secundarios de entre 14 y 18 a帽os -que se trasladaban a sus domicilios en un colectivo escolar- fueron v铆ctimas de un procedimiento policial que seg煤n el juez de garant铆as Daniel de Marco result贸 鈥渋rrazonable e injustificado鈥 donde 鈥渓os l铆mites de la ley interna no fueron observados y se gener贸 una situaci贸n de vejamen y miedo para esos adolescentes鈥. La resoluci贸n se dict贸 en el marco de un habeas corpus colectivo correctivo presentado por la defensora oficial Mar铆a Fernanda Saumell y al que adhiri贸 en forma independiente la CPM en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires. El juez se帽al贸 que el Estado tiene la obligaci贸n de 鈥渁doptar medidas y acciones positivas para revertir y evitar este clase episodios鈥.

El pasado 12 de noviembre, alrededor de las 17:40, un grupo de alumnas y alumnos de la escuela secundaria 42 de Mar del Plata se trasladaban en un colectivo de la l铆nea 511 cuando, a la altura del barrio privado Rumenc贸 al 4500, el transporte debi贸 detener la marcha por un ret茅n policial.

Subi贸 un efectivo y, sin identificarse, orden贸 bajar a 鈥渓os masculinos鈥 que en su mayor铆a eran los estudiantes menores de edad que regresaban a sus casas.

Dos auxiliares de la instituci贸n junto al propio chofer del colectivo intentaron explicar al polic铆a que los j贸venes eran alumnos de la escuela, que no pod铆a hacerlos bajar del veh铆culo y mucho menos revisar sus ropas y pertenencias privadas.

No obstante, el agente reafirm贸 su orden y quince estudiantes varones de entre 14 y 18 a帽os tuvieron que bajar y fueron palpados en todo el cuerpo, revisados sus bolsillos y debajo de la ropa as铆 como el interior de sus mochilas y cartucheras.

Toda la secuencia hasta el permiso para retomar el recorrido en el colectivo ocurri贸 de forma amenazante y con un alto nivel de maltrato, mientras una mujer polic铆a filmaba la escena.

Por este episodio intervino la titular de la Defensor铆a del Fuero Penal Juvenil 1 de Mar del Plata, Mar铆a Fernanda Saumell, quien present贸 un habeas corpus correctivo colectivo a favor de ni帽as, ni帽os y adolescentes menores de 18 a帽os de aquella ciudad con el objeto de que se declare la ilegalidad del operativo del 12 de noviembre y que no se reiteren ese tipo de acciones de restricci贸n o amenaza a la libertad ambulatoria.

Inmediatamente la CPM intervino y adhiri贸 al habeas corpus, en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, y solicit贸 la declaraci贸n de inconstitucionalidad del inciso 5 del art铆culo 294 del C贸digo Procesal Penal de la provincia, as铆 como del art铆culo 15, inciso 鈥渃鈥 de la ley 13482.

El primero de los art铆culos ampli贸 las atribuciones policiales al se帽alar que 鈥溾uando se trate de un operativo p煤blico de control motivado en pol铆ticas tendientes a la prevenci贸n de los delitos, podr谩n proceder a la revisi贸n de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder o de otra manera o tengan en los veh铆culos en que se movilicen, procediendo al secuestro en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden p煤blico, de todo aquello que constituya elemento del delito o instrumento de un delito o sea producto de 茅l鈥.

En cuanto al segundo inciso sobre el que la CPM pidi贸 la declaraci贸n de  inconstitucionalidad establece que 鈥渆l personal policial est谩 facultado para limitar la libertad de las personas 煤nicamente en los siguientes casos: (鈥) c) cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentaci贸n que la acredita鈥.

Si bien el juez de Garant铆as 1 Daniel de Marco consider贸 que esas normas se encuentran en una suerte de l铆mite o dudosa constitucionalidad, no las declar贸 violatorias de la Constituci贸n sino que 鈥渄ebe analizarse caso por caso, esto es, en el caso concreto, habida cuenta que en las mismas subyace la racionalidad que todo acto de gobierno debe poseer como fundamentaci贸n de los mismos鈥.

鈥淒e tal modo, respecto de la declaraci贸n de inconstitucionalidad planteada, considero que no puede prosperar en t茅rminos abstractos, sino que m谩s bien que lo cuestionable es el uso desviado e ilegal efectuado por las fuerzas de seguridad. No encuentro motivos suficientes para determinar que las normas puestas en crisis resulten en abstracto repugnantes de las normas legales superiores ni del bloque constitucional invocado鈥, agreg贸 en sus considerandos.

Sin embargo, el magistrado s铆 adhiere a los fundamentos del fallo dictado el 1 de septiembre de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fern谩ndez Prieto y Tumbeiro vs. Argentina en la que se conden贸 al Estado Argentino encontr谩ndolo responsable de la violaci贸n de derechos humanos en detenciones ilegales y arbitrarias efectuadas en el marco de la v铆a p煤blica, as铆 como por la falta de un control adecuado por parte de las autoridades judiciales intervinientes.

Presentada por la CPM como antecedente para merituar el pedido de inconstitucionalidad de los incisos mencionados m谩s arriba, la sentencia de la CIDH fue valorado positivamente por el juez Daniel de Marco lo que dejar铆a abierta una posibilidad para retomar el planteo de esta CPM en instancia de la justicia nacional con el objeto de que se declare finalmente la inconstitucionalidad del inciso 5 del art铆culo 294 del C贸digo Procesal Penal de la provincia, as铆 como del art铆culo 15, inciso 鈥渃鈥 de la ley 13482, o al menos se reformen en sinton铆a con la demanda de la CIDH.

En efecto, el titular del Juzgado de Garant铆as 1 destaca, por ejemplo, que el empleo de razonamientos estereotipados por parte de las fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias y, por consiguiente, arbitrarias. El hecho de que la detenci贸n no obedeciera a criterios objetivos, sino a la aplicaci贸n por parte de los agentes policiales de estereotipos sobre la apariencia de la persona en cuesti贸n y su presunta falta de correlaci贸n con el entorno por el que transitaba, hacen de la intervenci贸n policial una actuaci贸n discriminatoria y, por ende, arbitraria.

Tambi茅n describe que las pertenencias que una persona lleva consigo en la v铆a p煤blica, incluso cuando la persona se encuentra dentro de un autom贸vil, son bienes que, al igual que aquellos que se encuentran dentro de su domicilio, est谩n incluidos dentro del 谩mbito de protecci贸n del derecho a la vida privada y la intimidad. Por esta raz贸n, no pueden ser objeto de interferencias arbitrarias por parte de terceros o las autoridades.

鈥淓ntiendo que los l铆mites de la ley interna no fueron observados. Menos a煤n las pautas fundamentales que limitan esta actividad de intromisi贸n (excesiva en este supuesto de hecho ya que no solo se quiso identificar, se gener贸 una situaci贸n de vejamen y miedo para esos adolescentes, y por otro lado, fueron requisados en su f铆sico, ropas y, m谩s a煤n, en sus pertenencias) que el Estado tiene no solo obligaci贸n de atender, sino que tambi茅n adoptar medidas y acciones positivas para revertir y evitar este clase episodios鈥, concluye de Marco respecto al control policial del 12 de noviembre del a帽o pasado.

M谩s all谩 de no haber declarado las inconstitucionalidades referidas, el juez resolvi贸 hacer lugar al habeas corpus presentado por la Defensora Oficial Mar铆a Fernanda Saumell y por la Comisi贸n Provincial por la Memoria, requiriendo a Jefatura Departamental de Polic铆a que su accionar debe ajustarse indefectiblemente a las normas vigentes teniendo en consideraci贸n, adem谩s, la resoluci贸n del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires 2002-2021 sobre 鈥淧autas de actuaci贸n Policial respecto de Ni帽as, Ni帽os y Adolescentes presunto/as infractores/as de la Ley Penal鈥.


Fuente: https://www.andaragencia.org/otra-vez-la-policia-bonaerense-actuando-fuera-de-la-ley/




Fuente: Argentina.indymedia.org