April 2, 2022
De parte de ANRed
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“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años. Las instituciones jugaron con nosotros, nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial en donde se comprometían a entregar toda la información que hubiese sobre el Caso Ayotzinapa. Nos hicieron sacarnos la fotografía con el encargado de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional). ¿Cómo no estar enojado si a tres años salió una información que tuvo que ser entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si en los momentos en que sabíamos que nada se movía por falta de información, los padres en la comisión la pedíamos? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, cuestiona Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos hace siete años y medio, durante la conferencia de prensa ofrecida en respuesta al tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en el que se fincan diversas responsabilidades al ejército y a la Marina de México, entre otras instituciones. Por Gloria Muñoz Ramírez.


Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, es igual de contundente: “Seguimos viviendo con un gobierno que en palabras dice a todo que sí, pero en los hechos no pasa absolutamente nada. Vamos a tener que seguir batallando porque no es nada fácil. No hay avances, al contrario, hay mucho ocultamiento de información, pero no vamos a rendirnos, como padres y madres, de luchar hasta saber la verdad. Ellos les robaron la juventud”.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, dan su postura luego de que el GIEI ofreció nuevos datos de la investigación sobre el paradero de sus hijos. Entre ellos se confirma que la Sedena siempre tuvo en sus manos toda la información sobre los estudiantes, desde su desplazamiento hasta su desaparición, y que la Marina participó en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula. El espionaje a normalistas de Ayotzinapa, señala el informe, fue ordenado desde el batallón 27 con sede en Iguala desde diez años antes.

“No tenemos verdad ni justicia, tenemos todo lo contrario”, dice don Emiliano, y añade: “viendo el informe del GIEI, llegando al punto del basurero, viendo a la Marina, como padre puedo decir por mis hijos, por los 43, que mirar esas imágenes y ese video me llena de coraje, la sangre se calienta. Mirar con qué maldad el gobierno federal manipuló el lugar para después presentarlo, cómo es posible hacer tanta maldad con jóvenes que pudieron haber sido sus hijos y querer ocultar para siempre su identidad”. Y continúa con preguntas directas: “¿Cómo es posible que la Sedena siempre ocultó información? Teníamos motivos para señalar al ejército mexicano porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos”.

El padre de José Ángel se refiere también al dron que sobrevoló la zona: “en ese tiempo sólo podía recibir órdenes de dos personas para que despegara, el expresidente y el secretario de la Defensa. Desde el día de hoy queremos decirle a este nuevo gobierno que vea las formas legales para que Peña Nieto sea llamado a declarar y sea investigado qué tanto tuvo que ver en la desaparición de nuestros hijos”, dice Emiliano, quien lamenta que el actual gobierno “obstruye a todas las instituciones que está en su poder. Nunca hicieron caso porque nuestros representantes legales tenían que tocar puertas para llegar a la documentación requerida, cosa que les fue negada. Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse en los compromisos que ha tenido con el pueblo”.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, inicia su participación saludando en su lengua natal, con lo que recuerda que la mayor parte de los 43 es de origen indígena. “Pedimos a AMLO una reunión, porque no hemos tenido una desde septiembre del año pasado. Pedimos que nos dé la fecha para saber cuándo nos va a recibir, porque tenemos muchas cosas que hablar. El informe que nos presentaron es muy importante y debe abrirse una carpeta de investigación al ejército mexicano”, dice quien no ha descansado un segundo en la búsqueda que lleva ya 90 meses.

La primera en participar, luego de la presentación del director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinosa, fue María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindo Guerrero: “Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos todavía información del paradero de nuestros hijos, pero sí reconocemos un avance que nos puede llevar a saber la verdad, se haga justicia y se castigue a los responsables”, dice en su breve mensaje.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, continúa señalando al ejército y a las autoridades del actual gobierno: “No estoy hablando de las instituciones pasadas ni de los mandos pasados. Estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, de estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía. ¿Por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video? Señor presidente, le quiero decir que usted tiene toda la voluntad, pero sus instituciones no le hacen caso. Es incongruente que por un lado haya voluntad y por el otro cerrazón. ¿A qué estamos jugando?”.

“Ya estamos enojados, encabronados, decepcionados, cansados de tanta mentira. Nunca nos vamos a vender, nunca se puede vender un hijo, nunca podremos recibir un solo centavo, porque para nosotros la reparación del daño es verdad, justicia y el paradero de los muchachos”, finaliza don Mario.

La conferencia es organizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en coadyuvancia con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Fundar y Serapaz. En su intervención, Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, señala que los padres identifican “sobre todo obstáculos respecto de las fuerzas armadas y de la fiscalía en las áreas que deberían apoyar”, y advierte que “la carga de responsabilidad no es tanto de las jueces, sino de las instituciones”.





Fuente: Anred.org