Artículo publicado originalmente en ElDiario.es

Ignacio J. Domingo

Mark Bou Mansour, investigador de Tax Justice Network, puso cifras al órdago de Rutte e ironizó sobre el veto de una jurisdicción impositiva como la holandesa que “ha hecho perder más de 10.000 millones de dólares de promedio anual a sus socios por su baja fiscalidad corporativa y por las ventajas de tributar en Países Bajos” en los últimos dos decenios.

Este think-tank, que se identifica como una coalición independiente de analistas contrarios a los efectos perjudiciales de las evasiones tributarias, reclama reiteradamente a Bruselas que cierre la “escotilla” holandesa por motivos evidentes: “En 2017, uno de los años de bonanza previos a la crisis sanitaria, firmas estadounidenses trasladaron 44.000 millones de dólares de beneficios labrados en otras latitudes de la UE al paraíso holandés, donde su tributación es inferior al 5%”.

El modus operandi de Países Bajos deja palpables daños a las arcas de los cuatro grandes socios del euro, alerta Bou Mansour. Por el calibre de estas fugas y por el número de casos, Francia fue la gran damnificada en ese ejercicio, con 74.000 salidas fiscales y un agujero de 2.700 millones de dólares. Seguido de Italia (132.000 operaciones y 1.500 millones de ingresos perdidos), de Alemania, con 99.000 supuestos y otros 1.500 millones sin recaudar y de España, con 135.000 contribuyentes, que decidieron destinar a Holanda un cheque cifrado en casi 1.000 millones.

¿Es Holanda un paraíso fiscal?

Países Bajos es el auténtico vergel tributario de las empresas en Europa. El último ranking de Tax Justice Network (2021) así lo clasifica tras evaluar dos bloques de marcadores. El Haven Score, compuesto por 20 índices que miden el grado de permisividad o abuso de los sistemas fiscales y financieros, y el Global Scale Weight, que califica la actividad financiera de cada compañía en una jurisdicción fiscal concreta. Así, Holanda se coloca en el cuarto puesto sólo por detrás de Islas Vírgenes Británicas, que alcanza el 6,4% en su indicador general CTHI, las Caimán (6%) y Bermudas (5,7%).

Este triángulo caribeño recibe el pleno -el 100%- del Haven Score. O, dicho de otra forma, de sus evaluaciones se deduce que sus legislaciones son propias de paraísos fiscales. Frente al 80% que el estudio otorga a Países Bajos, con una nota de 5,5%.

El destino impositivo elegido por Rafael del Pino para Ferrovial está rodeado de los sospechosos habituales. Suiza (5,1%); Luxemburgo (4,1%); Hong-Kong (4,1%); Jersey (3,9%); Singapur (3,9%) y Emiratos Árabes Unidos (3,8%) completan el top-ten. España se instala en el vigésimo segundo peldaño, detrás de socios europeos como Irlanda, Reino Unido, Chipre, Bélgica, Francia y Malta.

El de Tax Justice Network no es el único informe que identifica la mano invisible de Holanda para captar huidas tributarias transnacionales. Otro de Oxfam –Tax Battles-, situó en 2016 al cuarteto que forman Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Chipre entre los “peores 15 paraísos fiscales”, a los que tildó de “enemigos en el combate contra la pobreza y contra la desigualdad globales”. Sin embaro, la ONG enfatizó que el país de los tulipanes era, según datos de la Comisión Europea, la mayor fuerza tractora de multinacionales al usar 17 de las 33 prácticas tributarias perjudiciales identificadas por Bruselas; entre otras, la denominada caja de patentes, que permite a las firmas canalizar sus beneficios mediante un régimen especial que reduce sus presiones tributarias del 25% al 5%.

Desde entonces, se han producido ciertos movimientos multilaterales encaminados a contener estos ingenios financieros. El de mayor enjundia, sin duda, es el auspiciado por la Administración Biden, tejido primero en el G-7 e hilvanado luego en el G-20, y que concede a la OCDE el papel de brazo ejecutor del adecuado establecimiento del mínimo impositivo del 15% en Sociedades a nivel global.

Este acuerdo, suscrito ya por 135 países -entre ellos Holanda- que superan el 90% del PIB global, no parece haber pasado factura al Gobierno de Rutte que ha realizado una maniobra cosmética al elevar del 25% al 25,8% el tipo del impuesto holandés desde el pasado ejercicio fiscal, resaltan en KPMG. Otra cosa es que el Gobierno holandés se resiste a cerrar “sus lagunas fiscales o a suprimir sus trucos tributarios”, como enfatiza The Economist en un reportaje sobre las esperadas reformas en transparencia y homologación impositiva con Europa. A pesar del discurso colaborador del ex secretario de Finanzas holandés hasta 2022 Hans Vijbrief de “no obstruir el pacto del G-20” -que sigue siendo la versión oficial de Ámsterdam- porque “nuestro propósito como país es no volver a estar en listas de paraísos fiscales”.

El doble sándwich Irlanda-Holanda

La operación de absorción de la matriz de Ferrovial por su filial neerlandesa que justifica, según Del Pino, el traslado de sede corporativa de la multinacional española está detrás del juego de ventajas fiscales que opera en Holanda. Un sistema tributario que logró atraer más de 5,2 billones de dólares de capital extranjero en 2017 a una economía de 836.000 millones de dólares. De ellos, unos 4,3 billones procedían de compañías fantasmas, aquéllas que sirven como vehículos financieros sin disponer de activos significativos u operaciones propias, o de firmas subsidiarias.

Países Bajos lleva, de hecho, usando este señuelo desde 1893, con la denominada “exención por participación” que garantizaba que los beneficios transferidos desde una subsidiaria a sus entes matrices no recibirían doble tributación. Originariamente, se concibió como regla de protección hacia firmas holandesas que hacían negocios internacionales y cuyas rentas exteriores estaban sujetas a la fiscalidad de otros países.

A su juicio, el “hecho crucial” de su transformación en refugio fiscal es que ha obtenido el doble respaldo, internacional, por un lado, y del espectro político y académico del país, por otro, bajo el argumento de que es “la única opción factible” para que Holanda tenga un “papel competente en la economía mundial”, según destacan Johan Langerock, analista en Oxfam Novib, y Maarten Hietland, del Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) en Foreign Policy.

De este contexto nacen operaciones de ingeniería financiera y fiscal como la del doble sándwich: un truco que se ampara en lagunas fiscales para aligerar las cargas tributarias por transferencias de derechos de propiedad intelectual por gastos deducibles en Irlanda entre empresas de este país a través de filiales con nacionalidad fiscal en Holanda, pero con tributación nula en paraísos impositivos elegidos en función de los convenios internacionales de los Países Bajos. La OCDE reconoce que con estas artimañas se han perdido entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales -entre el 4% y el 10% de los ingresos fiscales por Sociedades en todo el mundo- en las últimas décadas.