Palestina. Juana Ruiz: El calvario judicial de la cooperante española presa en Israel amenaza alargarse

August 10, 2021 –
De parte de Arrezafe

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RESUMEN
LATINOAMERICANO – 09/08/2021

Juan Carlos Sanz

El juicio a Juana Ruiz se
reanuda tras cuatro meses detenida. La defensa impugnará las
acusaciones. Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una
persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible
trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde
hace 54 años a los residentes en los territorios ocupados
palestinos.

El juicio ante un
tribunal militar de Israel a la cooperante
española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, se reanuda este
martes tras más de dos meses de suspensión. Desde su detención, en
la que una veintena de soldados irrumpieron en la madrugada del 13 de
abril en su casa de las afueras de Belén, la trabajadora humanitaria
en una ONG sanitaria palestina permanece entre rejas por un calvario
judicial que amenaza con alargarse. La justicia castrense la acusa de
pertenencia
a una “organización ilegal” que desvió fondos de la
cooperación internacional a un grupo palestino calificado como
terrorista. Su defensa prevé impugnar ahora los cargos y pedir su
inmediata excarcelación, o al menos su pase a la situación de
arresto domiciliario. Pero, tras el relevo en su equipo de abogados,
el proceso
puede prolongarse a causa de la detención de otros miembros de
su ONG.

Juana Ruiz se encuentra
internada en el vetusto
penal de Damon, en las montañas boscosas que rodean Haifa (en la
costa norte de Israel) junto a decenas de presas palestinas “de
seguridad” (nacionalistas). Atrás quedaron las semanas de
aislamiento en la celda en una cárcel próxima a Tel Aviv y los
largos interrogatorios por los agentes del Shin Bet (servicio de
seguridad interior). “Juana se encuentra mejor, al menos no está
sola”, aseguran fuentes diplomáticas conocedoras de la asistencia
consular a la cooperante española. “Pero las recientes detenciones
en el seno de su organización pueden originar nuevas acusaciones”,
advierten las fuentes citadas, que temen que no se le permita salir
de prisión mientras los servicios de seguridad no completen las
investigaciones.

Hace un mes fue detenida
también la palestina Shatha
Odeh, directora ejecutiva de Comités de Trabajo para la Salud (HWC,
por sus siglas en inglés), ONG en la que trabajaba Ruiz desde hace
más de tres décadas en el área de cooperación internacional. En
la misma redada fueron arrestadas por fuerzas militares otras 10
personas de la organización. A todas ellas se les acusa de
participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los
territorios palestinos”, que fueron desviados hacia el Frente
Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado
terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude,
falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.

“El martes voy a
impugnar todos los cargos. No hay ninguna evidencia consistente,
ninguna prueba”, ha adelantado Avigdor Feldman, actual letrado de
la cooperante española. “Todo forma parte de una operación de
Israel para acusar sin base a asociaciones de la sociedad civil que
realizan tareas humanitarias en los territorios palestinos”,
subraya Feldman, fundador de la Asociación de Derechos Civiles de
Israel y que fue letrado de Mordejai
Vanunu, el técnico nuclear que desveló la existencia del
programa secreto de armas atómicas de Israel.

Feldman ha relevado al
frente de la defensa de Juana Ruiz a la abogada Gabriela Laski, quien
representó hace tres años ante la justicia militar a la adolescente
palestina Ahed Tamimi, convertida en icono de su pueblo tras
haber abofeteado a un soldado que había irrumpido en su casa en
Cisjordania. Laski dejó la defensa tras resultar elegida diputada
por el partido Meretz (izquierda pacifista).

“La familia ha tenido
que abrir una cuenta
de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la
defensa jurídica”, precisa un comunicado difundido el domingo por
la plataforma de apoyo a Juana Ruiz, integrada por 140 organizaciones
en España. “Gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas
y organizaciones se ha logrado obtener ya el 60% del total
necesario”. “Esperamos que el juicio sirva para demostrar que las
acusaciones son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de
encarcelamiento injusto y arbitrario”, resalta el comunicado.

En una situación que
fuentes diplomáticas calificaron de “presión
psicológica y psíquica”, Ruiz tardó más de dos semanas en
recibir sus efectos personales tras su detención, como las gafas de
lectura, y no se pudo cambiar de ropa con vestimentas propias. La
cooperante española debe tomar medicación a causa de una enfermedad
crónica y estuvo sumida en un estado depresivo durante varias
semanas por el permanente aislamiento al principio de su detención.
También tuvo que firmar documentos en hebreo, lengua que no conoce,
sin la presencia de un intérprete. Se trata de la primera vez en
tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española
recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica
sistemáticamente desde hace 54 años a los residentes en los
territorios ocupados palestinos.

Implicación del
Gobierno español

El relevo en el equipo de
defensa de la cooperante presa ha coincidido también con el cambio
de titular de Exteriores en España. En su primer
contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el
nuevo ministro, José Manuel Albares, se interesó el mes pasado por
la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares
precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a
implicar personalmente en el asunto.

El interés oficial topa,
sin embargo, con la lenta marcha del proceso en Israel, entre otras
razones, por el paréntesis en el cambio de letrados.
Previsiblemente, el juez militar no dictará este martes en el
tribunal
militar de Ofer (Cisjordania) una resolución tras haber
escuchado la impugnación de la defensa y los eventuales nuevos
cargos presentados por la Fiscalía. Si la vista queda aplazada para
septiembre, alertan fuentes diplomáticas, corre el riesgo de
coincidir con las vacaciones judiciales del Año Nuevo judío. El
Gobierno israelí está barajando también la hipótesis de un nuevo
confinamiento general durante ese periodo festivo de tres semanas de
duración a causa del auge de los contagios por la covid-19. En los
anteriores confinamientos la actividad de los tribunales quedó
reducida a los casos más urgentes.

●

La
detención de Juana

Teresa Aranguren

Israel trata de dar
envoltura legal a lo que es un atropello de los derechos humanos y
una presunta justificación jurídica a las prácticas atroces de la
ocupación. Hay todo un entramado legislativo diseñado para
justificar lo injustificable, desde la tortura hasta el robo de la
tierra.

Si no hay un nuevo
aplazamiento, que ya van tres, Juana Ruiz irá a juicio este 10 de
agosto. Ante un tribunal militar israelí. Al igual que a toda la
población palestina de los territorios ocupados, a Juana se le
aplica la legislación militar, no así a los colonos para los
que rige la justicia ordinaria. Es una de las manifestaciones del
régimen de apartheid que Israel ha impuesto en
territorio palestino. Y conviene recordar que las colonias, todas,
son una violación flagrante de la legislación internacional y,
según los términos de la Convención de Ginebra, al ser acciones
que buscan “trasformar la demografía” del territorio ocupado en
beneficio de la potencia ocupante, pueden ser consideradas “crímenes
de guerra”. Pero esa es otra historia o quizá no.

A Juana la detuvieron
bajo una figura supuestamente legal: “Detención con propósito de
interrogatorio” por la que se puede arrestar a una persona sin
comunicarle los cargos de los que se le acusa durante un periodo
máximo de 75 días, lo cual es ya una aberración jurídica
aunque no tan escandalosa como la fórmula de la detención
administrativa que Israel aplica a la población palestina bajo
ocupación militar y que supone una detención sin cargos
prorrogable de seis en seis meses, indefinidamente. Hay casos en
que esta prórroga ha durado años.

De cualquier modo, de lo
que se trata es de dar envoltura legal a lo que es un atropello de
los derechos humanos y una presunta justificación jurídica a
las prácticas atroces de la ocupación. Hay todo un entramado
legislativo diseñado para justificar lo injustificable, desde la
tortura hasta el robo de la tierra. Por poner un ejemplo recordaré
la llamada “ley de la propiedad de los dueños ausentes”
dictada al poco de la creación de Israel que permitió al nuevo
Estado quedarse con las propiedades de todo palestino que estuviera
fuera de su vivienda en la fecha en la que se proclamó el Estado, 15
de mayo de 1948. Esto afectó a los bienes de todos aquellos que
habían sido expulsados de sus hogares en las operaciones de “vaciado
de población palestina” llevadas a cabo por milicias sionistas,
luego ejército israelí, en los meses previos y posteriores a la
creación del Estado de Israel y a quienes, sin salir de Palestina,
huyeron de las zonas de combate hacia lugares más seguros en casas
de parientes o en una segunda residencia en el campo. Desde humildes
labranzas a grandes mansiones, todo pasó a manos del recién creado
Israel. Sus dueños nunca han podido recuperarlas. La ley de la
propiedad de los dueños ausentes nunca ha sido derogada. Una ley
para cubrir la limpieza étnica y el robo de la tierra.

De entonces hasta ahora
los métodos quizás se han refinado, pero el objetivo
sustancialmente sigue siendo el mismo: eliminar o cuando menos
reducir al mínimo la presencia palestina, la del pasado y la del
presente, la que existió y la que existe y resiste en tierra
palestina.

La detención de Juana
tuvo lugar en la madrugada del 13 de abril. 20 soldados israelíes
armados hasta los dientes irrumpieron en su casa en Beit Sahur en el
distrito de Belén y se la llevaron. Ni siquiera tuvo tiempo de
recoger sus gafas. Durante tres semanas estuvo detenida sin cargos y
sin que nadie de su familia pudiera visitarla. Su marido, Elías
Rishmawi, médico palestino de Belén, se presentó cada día a las
puertas de todas las prisiones en las que estuvo detenida sin saber
aún de qué se le acusaba.

Finalmente, ya en
mayo, se formalizaron los cargos: tener vínculos con una
organización ilegal y desvío de fondos para financiar dicha
organización. Se trata del Frente Popular para la liberación de
Palestina (FPLP), un partido político de raíz marxista fundado por
el médico cristiano George Habash en los años 60, cuando la lucha
armada para recuperar la tierra de la que habían sido expulsados
formaba parte sustancial de la estrategia de las organizaciones
palestinas. El Frente, así se le conoce popularmente, es, junto a
FATAH, la formación política más antigua de la resistencia
palestina y tuvo entre sus filas figuras tan relevantes como el gran
escritor Gassan Kanafani asesinado por el Mossad en Beirut en 1972.
En la actualidad, el FPLP que, al igual que el resto de los partidos
políticos palestinos, ha ido evolucionando con el tiempo, es una
formación de izquierdas con representación parlamentaria más bien
escasa pero con un notable prestigio social. El hecho de que, a
instancias de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea hayan
incluido al FPLP en su listado de organizaciones terroristas, lo
ha convertido en excusa perfecta para criminalizar toda actividad
social, humanitaria, asistencial o política de carácter
progresista.

Israel siempre ha
preferido a las organizaciones islamistas frente a las formaciones
tradicionales del movimiento nacional palestino de carácter laico y
modernizador; esgrimir la amenaza islámica es un método muy
eficaz para acallar críticas, queda mejor decir que se está en
guerra contra Hamás que contra una población indefensa y atrapada,
mientras una lluvia de bombas cae sobre Gaza. Además, los términos
político-religiosos están en sintonía con la ideología que
sustenta el Estado que se proclama “Estado judío” y cuyas leyes
establecen una clara diferencia entre ciudadanos judíos y no judíos
porque solo los primeros pueden ser considerados miembros de “la
nación judía”.

No son las mezquitas
lo que inquieta a las autoridades israelíes, sino las asociaciones
de mujeres, los centros culturales, las fundaciones que fomentan la
investigación, las bibliotecas, los grupos de teatro, los
círculos de escritores, los sindicatos de campesinos y pescadores,
las agrupaciones de abogados y juristas, las asociaciones de
periodistas, las ONG que trabajan en proyectos educativos o
sanitarios…En los últimos meses varias organizaciones de
carácter humanitario y social han sido intervenidas por el ejército
israelí en Cisjordania, entre ellas la Asociación de mujeres de
Ramala, la ONG ADAMER que atiende a los presos palestinos en cárceles
israelíes, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro
para la Investigación y el Desarrollo de Bisan, la DCI una ONG en
Defensa de la Infancia y los Comités de Trabajadores de la Salud
(HWC ) donde desde hace décadas trabaja Juana Ruiz. En plena
pandemia y en pleno proceso de vacunación, las 14 clínicas que HWC
regentaba y que estaban llevando a cabo ese trabajo en Cisjordania
han sido cerradas por el ejército israelí. Todo aquello que
promueve el desarrollo y la cohesión de la sociedad palestina
termina resultando sospechoso para las autoridades israelíes. La
estrategia es acabar con todo aquello que permite a la población
palestina resistir la atrocidad cotidiana de la ocupación, quebrar
las redes de solidaridad interna que, pese a todo y frente a todo,
hacen que la sociedad palestina no se hunda en la desesperanza. Y
también, minar los vínculos de cooperación entre la sociedad
palestina y Europa, ya que los fondos supuestamente desviados por la
organización HWC y los de la mayoría de ONG palestinas provienen
básicamente de la UE.

A este respecto y en
respuesta a una pregunta de la europarlamentaria Soraya Rodríguez,
el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado que “no ha
encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de
fondos en Palestina”. La respuesta de Borrell, pronunciada
apenas tres días antes de la fecha fijada para el juicio, parece
echar por tierra las acusaciones israelíes o cuando menos indica que
la UE no se las traga. Lo cual es reconfortante en tanto que europeos
pero escasamente eficaz a la hora de cambiar la estrategia de la
ocupación israelí.

Juana Ruiz es ciudadana
española y por tanto europea y es de suponer que tanto el Gobierno
de España como las instituciones de la UE están realizando
gestiones que el lenguaje diplomático suele calificar de discretas,
por no decir secretas, ante el Gobierno israelí. No dudo de la
buena fe de quienes llevan a cabo esas hipotéticas y discretas
gestiones, pero eso no basta. Esta no es una cuestión de
soberanía y respeto a las leyes de otro país porque las leyes que
Israel aplica en los territorios palestinos ocupados, las que está
aplicando en el caso de Juana Ruiz, no son respetables, son leyes
coloniales, leyes que avalan el apartheid, el castigo colectivo y en
muchos casos el crimen de guerra. Esta es una cuestión de derechos
humanos y frente a eso no cabe la discreción ni el silencio.

Juana Ruiz está a
punto de cumplir 63 años y, desde hace más de 30, vive con su
familia en Beit Sahur, en el distrito de Belén, en la
Cisjordania ocupada; esta española de Palestina o palestina de
España es una persona muy querida por sus vecinos y por todos
aquellos, sean cooperantes, periodistas o simples viajeros, que han
pasado por Belén y por su casa. Porque su casa, hospitalidad
árabe o hispana o ambas a la vez, siempre está abierta al visitante
y al amigo.

Esta mujer afable y
solidaria lleva encarcelada cuatro meses y va a ser juzgada por un
tribunal militar israelí en virtud de una legislación colonial
diseñada no para impartir justicia, sino para aplastar todo indicio
de resistencia a la ocupación militar de Palestina.