April 2, 2021
De parte de La Haine
393 puntos de vista


El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisi贸n de Concordia y Pacificaci贸n, present茅 una demanda, en la entonces Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetr贸 la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en pr谩ctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campa帽a Chiapas 94, y la aplicaci贸n de una t谩ctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas act煤an como contenci贸n pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa met谩fora para explicar la funci贸n de estos grupos paramilitares, aduciendo que no s贸lo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces m谩s bravos.

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relaci贸n directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano P茅rez Ruiz, quien, en junio de 1998, declar贸 ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y l铆deres del PRI son responsables de contratar militares y polic铆as para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades ind铆genas de Chenalh贸, pero, agreg贸 una aclaraci贸n significativa: Es cierto que declar茅 en ese sentido, fue debido a que elementos de la Polic铆a Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hac铆a me iban a desaparecer; adem谩s, todav铆a era militar activo y ten铆a que acatar las 贸rdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscal铆a Especializada en Delitos Cometidos en la Procuraci贸n y Administraci贸n de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, se帽alaron, sin lugar a duda, que en Acteal se hab铆a perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n dej贸 en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, c贸mplices y encubridores, por omisi贸n o comisi贸n, jam谩s fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos d茅cadas despu茅s de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y polic铆as estatales.

A partir de informaci贸n directa de la Comisi贸n Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes 鈥渄e puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalh贸, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (鈥) en un contexto de terror, donde la ni帽ez, las mujeres y la poblaci贸n en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la poblaci贸n鈥. Cabe se帽alar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros d铆as de la rebeli贸n zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misi贸n Civil de Observaci贸n, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompa帽adas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones cr铆ticas de vulneraci贸n de derechos b谩sicos, 鈥渃on una preocupante falta de voluntad y empat铆a de las autoridades (鈥). La Misi贸n Civil de Observaci贸n tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Mois茅s Gandhi, Chil贸n y Tonal谩, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalizaci贸n, entre otras agresiones. (鈥) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposici贸n para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades鈥.

驴Se prepara otro crimen de Estado?

La Jornada




Fuente: Lahaine.org