July 7, 2021
De parte de CGT-LKN Euskal Herria
311 puntos de vista


El cap铆tulo de las pensiones implica una dificultad t茅cnica que es preciso discernir para abordar su comprensi贸n. Es un asunto de suma importancia para buena parte de la poblaci贸n. Cerca de 9 millones de personas mayores, hombres y mujeres, dependen de su existencia. Tanto se trate de las contributivas (v铆a transferencia intergeneracional) como de las asistenciales (sin financiaci贸n directa por cotizaci贸n). Afecta a un sector de la ciudadan铆a que por pura biolog铆a no solo se encuentra en situaci贸n de vulnerabilidad sino que debido a ese statu quo sobrevenido tiene negado optimizar su capacidad renta. Est谩 m谩s all谩 de la vida laboral, y un porcentaje considerable depende de esa asignaci贸n para cubrir sus principales necesidades. Los trabajadores y profesionales en activo, por el contrario, en teor铆a pueden prosperar, salarial y profesionalmente, porque est谩n en el mercado. De constatar esa limitaci贸n procede el esp铆ritu que anima el art铆culo 50 de la Constituci贸n al hablar con calculada imprecisi贸n de que las pensiones deben ser <<adecuadas>>, <<peri贸dicamente actualizadas>> y garantizar <<la suficiencia econ贸mica de los ciudadanos de la tercera edad>>.

El problema es que algo tan objetivo en apariencia, el <<facto humano>>, se complica y problematiza por el notable peso que la partida de las prestaciones representa en el conjunto de la contabilidad nacional. Millones de votantes a los que conviene atender porque a malas pueden dar al traste en las urnas con cualquier gobierno. Pero, por otra parte, est谩 la econom铆a-verit茅 a la que esos mismos poderes e instituciones se disciplinan. Un 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, seg煤n la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el organismo que dirigi贸 el actual ministro del ramo, Jos茅 Luis Escriv谩, antes de entrar en el gobierno de coalici贸n de izquierdas. De este ser o no ser surge el misterio envuelto en un enigma en que economistas, actuarios y <<agentes sociales>> han convertido al laberinto de las pensiones.

Pero de la misma forma que no hay que ser lechuga para ser ecologista, tampoco es necesario ir a Salamanca para balizar lo esencial de lo que supone el Sistema P煤blico de Pensiones (SPP) vigente en Espa帽a. Como su propio nombre indica, por <<sistema>> y por <<p煤blico>>, se trata de un modelo de protecci贸n social de reparto, tanto intergeneracional como intrageneracional (contributivas y no contributivas). Y uno de los m茅todos para bien auditar todo lo que el concepto <<sostenibilidad de las pensiones>>> encierra (equilibrio financiero entre ingresos y gastos) consiste en abordar esa categor铆a en conexi贸n e interdependencia con el resto de la riqueza nacional. El Capital con may煤scula generado por el Capital Humano de trabajadores y profesionales presentes y pasados (empleados y jubilados). Aislar el apartado <<pensiones>> en la abstracci贸n de su propia burbuja supone entregarla al dominio arbitrario de <<taumaturgos>> y expertos por cuenta ajena.

Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos est谩n siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo (y la parte correspondiente al empleador). De ah铆 la eticidad del ecosistema de las pensiones p煤blicas en la modalidad de reparto ahora tensionada por la 煤ltima reforma. Cada generaci贸n asiste con su esfuerzo a la precedente para que el v铆nculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad. Lo que, en buena l贸gica, deber铆a servir para instar una reciprocidad altruista entre ambas orillas. Todo un reto, porque ese esp铆ritu <<cooperativo>> se ve constre帽ido por otro impulso de signo opuesto y car谩cter <<competitivo>> inserto en el gradiente econ贸mico contenido en las pensiones.

Todo esto y mucho m谩s constituye el rev茅s de la trama del acuerdo a tres bandas suscrito el pasado uno de julio por el gobierno de coalici贸n de izquierdas y los autodenominados <<agentes sociales>> (la nueva troika: CEOE, CCOO y UGT). Fruto del cacareado <<di谩logo social>>, los figurantes pactaron una bater铆a de medidas como primera fase de lo que ser谩 un ajuste m谩s ambicioso en adelante: revalorizar las pensiones con el 铆ndice de Precios al Consumo (IPC); sustituir el Factor de Sostenibilidad (FS) que impuso en 2013 Mariano Rajoy por un a煤n ignoto Factor de Equidad Intergeneracional; penalizar las jubilaciones anticipadas de mayor cuant铆a; y premiar las que se prolonguen superando la edad de corte oficial. En honor a la verdad, hay que decir que la primera congelaci贸n plena de la pensiones la realiz贸 el PSOE de Rodr铆guez Zapatero en 2011, junto al recorte salarial de los funcionarios; que la siguiente arremetida del PP, coyuntural y en 茅poca deflaci贸n (hoy la inflaci贸n est谩 en puertas), solo limitaba la revalorizaci贸n a un m铆nimo del 0,25%; que en 2018 esta rebaja fue eliminada en las negociaciones con otros grupos a fin de ganar apoyos para asegurar los Presupuestos; y que la iniciativa de ligar la cuant铆a de las prestaciones a la esperanza de vida no hab铆a entrado en vigor (se desplaz贸 al 2023). Los siguientes cuestiones, aparentemente en disputa (penalizar el adelanto e incentivar el retraso), buscan lograr una mayor bolsa de cotizantes para reducir el actual d茅ficit del sistema (para 2022 el desfase se cifra en 22.000 millones de euros).

El acuerdo tripartito tuvo lugar el mismo d铆a en que medio pa铆s estaba absorto en la Operaci贸n Salida, y la v铆spera de anunciarse por todo lo alto los mejores datos de empleo en a帽os (un rebote espectacular despu茅s de una ca铆da de 贸rdago que a煤n est谩 lejos de recuperar los niveles prepandemia). Podr铆a interpretarse que esta coincidencia era intencionada y cautelar. Y que  pillando a la gente desmovilizada camino de las vacaciones se evitaba cualquier conato de protesta por parte de unas asociaciones de pensionistas a las que se ha mantenido al margen de las negociaciones pero no existe motivo para la sorpresa. Lo ahora firmado ya figuraba en el programa de gobierno PSOE-Unidas Podemos (en lo referente a la eliminaci贸n de las variantes <<m谩s lesivas>> introducidas en la reforma del PP de 2013). Lo que pocos pod铆an prever esa jornada era que simult谩neamente, aunque en otra pista, CCOO y UGT esgrimieran tambi茅n el <<di谩logo social>> para sentenciar la mayor destrucci贸n de empleo de la reciente historia financiera. Un diario pr贸ximo al Ejecutivo titulaba as铆 el desprop贸sito: <<Caixabank y los sindicatos acuerdan en el ERE despedir a 6.541 empleados>> (El Pa铆s, 01/07/2021). Por cierto, el macrodespido se ha producido en una corporaci贸n donde el Estado posee el mayor paquete accionarial.

Nadie puede ignorar que el sistema p煤blico de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misi贸n constitucional en el Estado social y democr谩tico de derecho (Art. 1潞 C.E.). Pero una cosa muy distinta es aprovechar las crisis para aplicar la doctrina del shock, y manipular el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Existe un innegable problema demogr谩fico, que se traduce en un crecimiento vegetativo negativo (m谩s fallecidos que nacimientos) y una muy baja tasa de fecundidad, que incide de lleno en el descuadre. Pero econom铆a y demograf铆a son vasos comunicantes. Los ingresos de las cuotas que financian las pensiones se han visto reducidos precisamente cuando la gente vive m谩s a帽os y con mejor salud gracias a los progresos m茅dicos, cient铆ficos, higi茅nicos, alimenticios, econ贸micos y sociales, pero no por eso debemos replegarnos en la escala civilizatoria.

Antes del harakiri que algunos pregonan como salida al atasco, ser铆a necesario tratar de que el pa铆s cambie hacia un modelo productivo m谩s justo y de mayor valor a帽adido; que buscara el pleno empleo con mejores retribuciones; que aumentara la productividad y las inversiones para dotar al tejido empresarial de m煤sculo competitivo; que el sector p煤blico prosperara en eficiencia; que acabara la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la Uni贸n Europea, poblaci贸n de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda p煤blica que roza el 130% del PIB); que se combatiera el fraude fiscal, la econom铆a sumergida y la corrupci贸n que provoca inseguridad jur铆dica; que se destoparan al alza las cotizaciones de las carreras salariales VIPS; que se favoreciera una inmigraci贸n formada y cualificada en vez de dar <<pasaportes de oro>> a grandes tenedores inmobiliarios; etc. Es surrealista tratar de motivar a las parejas por la emancipaci贸n y el arraigo familiar ofreci茅ndolas precariedad laboral y un m谩s que problem谩tico, costoso y tard铆o acceso a la vivienda.

Partido a partido est谩 confirm谩ndose la hoja de ruta trazada en la 煤ltima reuni贸n del Pacto de Toledo del pasado octubre. Cuando se aprobaron 21 recomendaciones que luego, el 19 de noviembre, ratific贸 el Congreso por 262 votos a favor, 78 abstenciones y los 煤nicos 2 votos refractarios de la CUP. Adversarios en casi todo lo dem谩s, el bloque gubernamental PSOE-Unidos Podemos se amancebaba con el Partido Popular y Ciudadanos para dar v铆a libre al pensionazo. Solo el cameo del titular de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones desluci贸 la fiesta estival de los <<agentes sociales>>. En un intento de anticiparse a la voracidad propagand铆stica de UP, Escriv谩 revel贸 la desagradable propina que vendr谩 pasado el verano. Cobrar menos o trabajar m谩s es lo que espera a los jubilados del Baby Boom (BB): los aproximadamente 8 millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975 que se aproximan a la reserva de la tercera edad. Justamente la cohorte de edad que en gran medida viene asumiendo el <<rescate>> de las prestaciones actuales.

En realidad el ministro no hab铆a sido v铆ctima de un lapsus ni de un problema de comunicaci贸n. Simplemente expuso las mismas propuestas que abanderaba la AIReF cuando estaba bajo su direcci贸n. La separaci贸n de fuentes de financiaci贸n de las pensiones y la apertura a planes de empleo en el marco de la negociaci贸n colectiva son otros puntos del acuerdo a concretar en una segunda entrega. En suma, el horizonte de un sistema de pensiones de gesti贸n p煤blico-privada, en la tradici贸n de lo ya dise帽ado para la Sanidad y la Educaci贸n, sectores que padecen un 铆ndice de temporalidad doble que la eurozona. La dualidad laboral que diezma nuestro mercado laboral trae causa de la modificaci贸n del Estatuto de los Trabajadores (ET) introducida en 1984 por el PSOE.

Porque todo (reformas con <<di谩logo social>> y contrarreformas por decreto) confluye en un cambio de paradigma al introducir elementos que ponen en riesgo el car谩cter de reparto y solidaridad de las prestaciones. Al menos eso es lo que gravita en el hecho de pasar a financiar v铆a impuestos parte del d茅ficit de la Seguridad Social. En lo sucesivo se debilitara la trabaz贸n cotizaciones-prestaciones sin que los jubilados, en tanto contribuyentes, queden liberados de la carga al铆cuota tributaria. El mecanismo de transferencia de esa partida, por su car谩cter estructural, predispone a un cambio de orientaci贸n en la estructura de corresponsabilidad tradicional entre trabajadores y jubilados.

Aunque llov铆a sobre mojado. La pol铆tica discriminatoria con que gobierno, fuerzas pol铆ticas y <<agentes sociales>> han enfocado las modificaciones normativas de 2011 y 2013 ha allanado el camino para la mutaci贸n en marcha. Cuestionar solo las reformas que impuso el PP de Rajoy (脥ndice de Revalorizaci贸n y Factor de Sostenibilidad) ha permitido a la sedicente izquierda en el poder un cierto rearme ideol贸gico mientras serv铆a para blanquear otros cambios m谩s estructurales ejecutados bajo la batuta del PSOE de Zapatero (alargar la edad legal de jubilaci贸n de 65 a 67 a帽os; exceder el c贸mputo para tener derecho a pensi贸n de 15 a 25 a帽os cotizados; y requerir 37 a帽os en lugar de 35 para una jubilaci贸n plena).Un hachazo en toda regla que en su d铆a cont贸 con la complicidad clientelar de CCOO y UGT y el rechazo parlamentario de todas las fuerzas pol铆ticas excepto la Convergencia i Uni贸 (CiU) pujolista. Seg煤n recog铆an las cr贸nicas <<los portavoces de PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD recalcaron en sus intervenciones el rechazo a una reforma que, seg煤n dijeron, recorta las pensiones y los derechos de los trabajadores, sin garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social鈥.

Hoy ni Izquierda Unida (IU) ni la antigua Podemos, entonces en fase de gestaci贸n subrogada, se acuerdan de la maldita hemeroteca. Al contrario, la entente Unidas Podemos (UP) ahora en el poder institucional rechaza lo que al respecto todav铆a se puede leer en sus respectivos programas (en 2015 la apuesta de Pablo Iglesias estaba por la jubilaci贸n a los 62 a帽os). Incluso, la oscarizada ministra de Trabajo ha girado en redondo al <<no es no>> argumentado para romper la baraja en la pen煤ltima sesi贸n del Pacto de Toledo antes de su reciente <<si es s铆>>. <<Nuestro grupo es el 煤nico que habla claro, no vamos a estar en un pacto en el que se quiere recortar las pensiones. Quien quiera estar que est茅>> (eldiario.es 19/02/2019), justificaba la comunista Yolanda D铆az. En pol铆tica soplar y sorber al mismo tiempo es casi un endemismo cuando se trisca desde la ardiente oposici贸n al confort gubernamental.

Silenciosamente, partido a partido, se compra la paz social de los jubilados presentes para consolidar la parte del pensionazo socialista que empobrecer谩 a los jubilados futuros. Es mucho m谩s que un juego de suma cero. Los que pagan las pensiones actuales a escote ser谩n los grandes damnificados cuando les llegue la hora del retiro. Pero en ellos el sentimiento de p茅rdida no es tan acuciante como el que destilan los otros 9 millones de jubilados que vigilan de cerca los manejos de la troika social (gobierno, patronal y el t谩ndem sindical habilitado). Para los que a煤n est谩n en el tajo el cambio queda en un largo me lo fiais. O al menos eso es lo que esperan los depredadores inoculando su relato. Fuego amigo, y a quien Dios se la d茅 san Pedro se la bendiga. De esta forma, un sistema que era de reparto y solidario, intergeneracional e intrageneracional, deviene disruptivo y segregacionista. A un lado, los pensionistas con conciencia de tales y capacidad de expresarla contundentemente en las urnas, ven satisfechas sus posiciones end贸genas. Al otro, distintos, distantes y expropiados, los abnegados cotizantes de esa gran masa de jubilados que el gobierno quiere ego铆stamente acr铆tica. El modelo de negocio del poder respecto al bot铆n del SPP pasa por impedir que unos y otros fraternicen en comunidad, y de momento est谩n logr谩ndolo con la ayuda de los <<agentes sociales>>. La eterna canci贸n del olvido. Ya en 2010 CCOO y UGT apadrinaron una huelga general contra la reforma laboral de Zapatero con la que ahora conviven tan a gusto.

Cumplido todos los tramites que llevan a la <<nueva normalidad>> en el sistema p煤blico de pensiones, a uno le queda la duda de hasta qu茅 punto los <<representantes>> de cabecera est谩n legitimados para romper el vigente contrato social en nombre de los afectados. Que se sepa, al menos en lo que respecta a Comisiones Obreras y UGT, su legitimaci贸n franquiciada se circunscribe al 谩mbito de los trabajadores. Que ya es mucho decir. Dadas las paup茅rrimas tasas de afiliaci贸n que ostentan las centrales en Espa帽a, con lo que el calificativo de <<mayoritarias>> con se las engalana es una estafa de trabuco. En el momento en que se constituya un aut茅ntico sindicato de pensionistas las tornas cambiaran. Pero hasta que llegue ese hipot茅tico el d铆a de la marmota, ellos y solo ellos seguir谩n arrog谩ndose el derecho a decidir (nos).

Aqu铆 y ahora campan por sus respetos. Pueden ser arte y parte en unos cambios que abren la puerta a la ruptura del sistema p煤blico, sin contar con las asociaciones de jubilados y pensionistas. Mientras se desmontan los elementos m谩s nocivos de la reforma de las pensiones perpetrada por la derecha (esa es la traca oficial establecida) para que lo dem谩s siga igual, las c煤pulas de CCOO y UGT pueden predicar y no dar trigo. Comisiones ofrece en su cartera de servicios un plan de pensiones asociado, denominado Fondo 16 y gestionado por el BBVA, con miles de part铆cipes y un patrimonio de m谩s de 11 millones de euros. La Uni贸n General de Trabajadores, menos codiciosa o m谩s torpe, posee otro con cientos de part铆cipes y unos 4 millones de patrimonio. Eso en el plano org谩nico, porque en el personal tampoco brilla la coherencia y la ejemplaridad. Valgan unos datos sobre la Declaraci贸n de Bienes de nuestros gobernantes obtenidos del Portal de Transparencia. El dinero invertido en seguros y planes de pensiones por algunos miembros del gobierno de coalici贸n izquierdas es el siguiente: Pedro S谩nchez 86.875 euros; Pablo Iglesias 187.500 euros; y Jos茅 Luis Escriv谩 255.522 euros. Parece que a los llamados a garantizar la sostenibilidad el sistema p煤blico de pensiones tambi茅n les seduce lo privado鈥n la intimidad. Partido a partido hasta la derrota final.

Rafael Cid

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Fuente: Cgt-lkn.org