January 12, 2023 –
De parte de ANRed
200 puntos de vista

Mientras, hoy se vive otra jornada de protestas en varias regiones del país con bloqueos de ruta y marchas para pedir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. También se conoce las primeras repercusiones de la Masacre perpetuada en Puno el día de ayer en donde fueron asesinados 17 civiles.  El jefe de medicos del hospital ayer había informado que muchas de las víctimas tenían impactos expansivos y alerto sobre el uso de munición prohibido contra los manifestantes. Por ANRed.

En la ciudad de Juliaca fue el escenario en donde las fuerzas de la Policía y las FFAA se lanzaron a un operativo que dejo este saldo mortal y en donde el Gobierno parece redoblar la apuesta con el anunció del toque de queda por tres días y la judicialización de los heridos vinculándolos al crimen organizado, como está sucediendo en estos momentos en Juliaca. “Fiscales han comenzado a imputar a los heridos y detenidos de las movilizaciones en Juliaca. A todos los heridos se les exige que acepten los cargos a cambio de atención médica. Las organizaciones sociales están pidiendo que eviten ir a los hospitales para no ser judicializados y que muchos heridos están yendo a postas de salud y se están automedicando”, comento una activista.

Mientras la prensa hegemónica y las fuerzas políticas del establishment hacen eje en la culpabilidad de la protesta para amortiguar los escandalosos números de fallecidos que ascienden a 47 en 35 días de gobierno. “Contra el terruqueo” dicen los manifestantes haciendo referencia a la utilización la estigmatización del “terrorismo” de los sectores de derecha para legitimar la represión contra la protesta social. Algo habitual utilizado por el fujimorismo.

Por su parte, la justica comenzó las investigaciones  y la red de organizaciones de Derechos Humanos del país (CNDDH) salió a exigir que no sea la fiscalía de crimen organizado la que investigue la masacre en Juliaca “Exigimos a la fiscal de la Nación que se asigne de inmediato al subsistema de Derechos Humanos, único que ofrece garantías de investigación conforme a estándares internacionales”.

Pero alarmante fue la denuncia realizada por el jefe de médicos Enrique Sotomayor del hospital Carlos Mongue en Juliaca señalando que los impactos de bala podrían ser “expansivas” . Es decir, munición de guerra que incluso podría estar prohibida por la convención de Ginebra y que fue utilizada para disparar contra los manifestantes.

El portavoz de Alto Comisionada de Naciones Unidas por los DDHH (OACNUDH) manifiesto preocupación por aumento de violencia y reiteró que las manifestaciones se deben desarrollar de manera pacífica. Instó a las autoridades garantizar acceso a justicia y reparación, y asegurar respeto de Derechos Humanos en aplicación del uso de la fuerza.

Mientras Alberto Otárola, jefe de Gabinete dictaminó toque de queda en la región de Puno por tres días ante las convocatorias de las organizaciones sociales y políticas a seguir movilizados. Lo cual el Gobierno redobla la apuesta contra las protestas a la par que el malvisto Congreso Nacional otorgó el voto de confianza al gabinete con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones.




Fuente: Anred.org

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