November 18, 2022
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Tras la reducci贸n de penas por abuso sexual por parte de algunos jueces y la acusaci贸n a estos de machistas por parte del legislativo, las v铆ctimas y su reparaci贸n pasan a un segundo plano

Madrid, 16 nov. 22. AmecoPress.- Este martes 15 de noviembre, se conoc铆a la decisi贸n de varios jueces sobre la reducci贸n de condena impuesta a casos de abusadores sexuales tras su revisi贸n conforme a la nueva Ley de Garant铆a de Libertad Sexual. Esto ha desencadenado 鈥渦na avalancha鈥 鈥搇a famosa avalancha- de denuncias y acusaciones al Ministerio de Igualdad, por parte de representantes pol铆ticos y medios de comunicaci贸n. Seg煤n la delegada del Gobierno contra la Violencia de G茅nero, Victoria Rosell, 鈥渓o que no puede ser es que estemos creando inseguridad en una ley que pretende todo lo contrario, dar seguridad a las mujeres como nunca antes la hab铆amos tenido鈥. Sin embargo, es cierta la responsabilidad del legislativo de conocer y prever el contexto de las estructuras pol铆ticas y judiciales actuales.

Lo evidente es que esta batalla desatada sobre materias legislativas tan concretas, como el n煤mero exacto de a帽os en penas m铆nimas, tiene como trama la revictimizaci贸n de mujeres y ni帽as que han sufrido abuso sexual. En este sentido, 驴qu茅 es de la reparaci贸n real que se les debe brindar, tanto desde el sistema legislativo como judicial, a dichas v铆ctimas de Violencia de G茅nero?

En los 煤ltimos d铆as, una compleja cuesti贸n ha copado titulares, ruedas de prensa y debates en lo que parece una batalla pol铆tica y medi谩tica. Tras la entrada en vigor el pasado 7 de septiembre de la ya nombrada Ley 鈥榮olo s铆 es s铆鈥, son varias las resoluciones judiciales que, con car谩cter retroactivo, se disponen a reducir las condenas impuestas en casos de violadores. Esto es posible debido a que el art铆culo 2.2 del C贸digo Penal expone que 鈥渢endr谩n efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera reca铆do sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. Esto no quiere decir que sea obligatorio imponer la pena m铆nima, hay que examinar caso por caso y tener en cuenta las normas completas.

Seg煤n Pino de la Nuez Ruiz, presidenta de la Asociaci贸n de Mujeres Juristas Themis, 鈥測a lo hab铆amos advertido en el informe preceptivo, cuando el mismo texto legislativo se encontraba en la fase de redacci贸n鈥. En este sentido, 鈥渃ierto es que solo habr铆a posibilidad de rebaja (de condena) en el caso de que la sentencia diga expl铆citamente que se le condene (al violador) a la pena m铆nima prevista鈥, aclara De la Nuez. As铆, mediante la interpretaci贸n que el magistrado en cuesti贸n hace de este texto y la aplicaci贸n del art铆culo penal anteriormente expuesto, se han establecido reducciones de condena para los mismos delitos de abuso.

Por otro lado, la Ley Integral de Garant铆a de la Libertad Sexual tiene como objetivo, en 煤ltima instancia, la ampliaci贸n del marco de acci贸n contra las violencias de g茅nero. As铆, lo que antes contemplaba como tal en casos de violencia f铆sica e intimidaci贸n, ahora tambi茅n lo hace en casos de vulnerabilidad de la v铆ctima y, sobre todo, en casos de superioridad del agresor, como es el caso del hombre que abus贸 de su hijastra menor de edad. Sin embargo, desde el legislativo han sido varias las acusaciones directas hacia jueces y magistrados de una mala praxis deontol贸gica. Son acciones 鈥渄eliberadamente en contra de los avances del feminismo. El problema no es la ley鈥, denuncia Rosell.

La cuesti贸n que da lugar a la reducci贸n de las penas y genera esta problem谩tica entre el legislativo y el judicial reside en la unificaci贸n del abuso y la agresi贸n sexual en el marco de la jurisprudencia, introduciendo nuevos agravantes de los castigos pero, a su vez, alterando el rango de las penas m铆nimas, que pasan de seis a cuatro a帽os. 鈥淐uando a un juez le das a elegir, normalmente se inclina por uno de los tramos inferiores鈥, reconoc铆a Manuela Torres; integrante de Themis, a fuentes de RTVE, haciendo referencia al anteriormente nombrado Art铆culo 2.2 del C贸digo Penal.

Entre todo este conflicto, la Asociaci贸n de Mujeres Juezas de Espa帽a (AMJE) 鈥渉ace un llamamiento a la calma鈥. Es un hecho que la aplicaci贸n de una legislaci贸n tan concreta y matizada no se puede abordar de una manera general ni intentar equiparar todos los casos entre s铆. Sobre todo, porque estamos tratando situaciones de abusos y violencias de g茅nero, en muchos casos a menores de edad, con complejas particularidades. Adem谩s, la ley en cuesti贸n 鈥渉a entrado en vigor muy recientemente y ha supuesto importantes cambios de planteamiento, por lo que hemos de darnos tiempo para que los juzgados y tribunales vayan resolviendo los casos planteados y estableciendo criterios unitarios de aplicaci贸n en aquellos aspectos que puedan dar lugar a distintas interpretaciones, tambi茅n en el caso de las revisiones鈥, defienden desde AMJE y concluye, 鈥淣o es razonable instar la reforma de una ley que a煤n no ha tenido un m铆nimo recorrido pr谩ctico鈥.

Por parte de esta organizaci贸n, como componentes de notoria importancia en el entramado del poder judicial espa帽ol, apelan directamente a una 鈥渃ontenci贸n del poder ejecutivo y que no se precipite culpando a los jueces y juezas de una situaci贸n de transitoriedad normativa que era esperable y que forma parte de la normalidad democr谩tica鈥. No obstante, creen igualmente importante 鈥渢rasladar a la opini贸n p煤blica que la reforma de los delitos sexuales ha colmado la necesidad de aplicar la perspectiva de g茅nero en una materia tan sensible como 茅sta, dot谩ndonos de un sistema racional y moderno que pone el foco en la protecci贸n de la v铆ctima鈥.

Contexto institucional y envejecimiento del poder judicial

Son diversas las ocasiones en las que organismos supranacionales, como el Comit茅 Antidiscriminaci贸n contra las Mujeres de la Organizaci贸n de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en ingl茅s), denuncian y advierten al Estado Espa帽ol por su mala praxis en la ejecuci贸n de sentencias en casos de Violencia de G茅nero. Adem谩s, ha reiterado la necesidad de una continua formaci贸n por parte de las instituciones p煤blicas y judiciales en las nuevas materias que, por demanda de la sociedad, se exponen en los textos legislativos. Por su parte, desde el poder judicial se hace continua referencia a la cl谩usula de Margen de Interpretaci贸n, por la cual cada juez y jueza puede realizar las conclusiones que crea convenientes en base a la interpretaci贸n que realiza de dichos textos.

No obstante, varias de las denuncias expuestas sobre veredictos realizados en casos de violencias y abusos sexuales ponen el foco en una levedad que no se corresponder铆a, en 煤ltima instancia, con la gravedad de los hechos juzgados. Uno de los claros ejemplos de esta cuesti贸n es el caso de los dos polic铆as de Estepona que, tras violar a una joven de 18 a帽os que presentaba signos de ebriedad y estando ellos de servicio, evitaron los 30 a帽os de condena que ped铆a la Fiscal铆a y, posteriormente, evadir por completo la pena de c谩rcel realizando un curso formativo en materia de g茅nero e igualdad. El caso m谩s popular, por la respuesta en forma de protesta social que obtuvo, fue la sentencia judicial que defin铆a la violaci贸n en grupo a una joven de 鈥淟a Manada de Manresa鈥, como 鈥渦n jolgorio鈥.

En este sentido, desde el legislativo reconocen y aceptan el margen de interpretaci贸n de los jueces. 鈥淔altar铆a m谩s. Para eso hay separaci贸n de poderes鈥, expone 脕ngela Rodr铆guez; secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de G茅nero, pero defiende: 鈥淟o que hay que hacer es cumplir con los art铆culos que hablan de la formaci贸n de los operadores jur铆dicos, y eso lo tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial鈥. Con esto, Rodr铆guez habla de las secciones de la norma que exigen una instrucci贸n continua de jueces y juezas en lo respectivo a las nuevas normas aprobadas, sobre todo en lo referente a igualdad y perspectiva de g茅nero.

Controversia y diferentes posturas

Dentro del Gobierno han sido evidentes algunas contradicciones a la hora de abordar esta problem谩tica. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, Mar铆a Jes煤s Montero, ha afirmado en el Senado que el Ejecutivo no descarta cambios en la normativa. 鈥淐reo que despu茅s de alguna sentencia que al parecer se ha dictado al amparo de la ley se requiere estudiar esta cuesti贸n. Estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas de abuso a menores. Todo lo contrario. Habr铆a que estudiar las sentencias para ver en qu茅 cuestiones se ampara, y el propio texto legal鈥, ha admitido.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de G茅nero; Victoria Rosell, declara en el programa La Cafetera que 鈥渆st谩n creando alarma social e inseguridad jur铆dica en las mujeres focaliz谩ndola en errores inexistentes鈥. 鈥淓stamos viendo sentencias incre铆bles de las que los medios de comunicaci贸n no responsabilizan a los que las dictan, sino al gobierno que dict贸 una ley que no prev茅 reducci贸n de las penas m谩ximas y, adem谩s, est谩n diciendo 鈥Os lo advirti贸 el Consejo General del Poder Judicial鈥. Es simple y llanamente mentira鈥, defiende rotundamente Rosell, y concluye: 鈥淒e verdad que lo est谩n aplicando deliberadamente en contra de los avances del feminismo. El problema no es la ley鈥.

Tras acusaciones, por parte de titulares medi谩ticos y partidos pol铆ticos, de desprotecci贸n e irresponsabilidad frente a las v铆ctimas de abuso, culpando al Ministerio de Igualdad, la delegada defiende que la Ley de Garant铆a de Libertad Sexual 鈥渆s un proyecto del Gobierno en el que somos proponentes Igualdad, Justicia, Interior, Inclusi贸n y Funci贸n P煤blica y Pol铆tica Territorial; cuatro Ministerios del PSOE e Igualdad, de Unidas Podemos, con una revisi贸n exhaustiva por parte de todos los expertos鈥, y recalca: 鈥淎dem谩s (la ley) ha pasado por todos los 贸rganos constitucionales y todos los grupos parlamentarios鈥.

Pedro S谩nchez, en una breve declaraci贸n al respecto de esta cuesti贸n, desde la celebraci贸n del G20 ha respaldado de alguna manera la nueva norma. 鈥淟a voluntad del poder ejecutivo y del poder legislativo (al aprobar esta ley) fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres, ese es el objetivo. Y, por tanto, lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresi贸n sexual, para que haya penas m谩s agravadas鈥, ha dicho el presidente, antes de calificar la ley de 鈥済ran conquista del movimiento feminista鈥. 鈥淓s una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido鈥

Seguimiento

Con motivo de la Inauguraci贸n del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Dom茅stica y de G茅nero en el Senado, 脕lvaro Garc铆a Ortiz; fiscal general del Estado, se ha pronunciado al respecto de la pol茅mica sobre la reducci贸n de las penas. El magistrado alega que, 鈥渉uyendo de automatismos y con prioridad y vocaci贸n de amparo a las v铆ctimas鈥, se revisar谩n aquellas condenas afectadas por la entrada en vigor de la ley de Libertad Sexual. Esto coincide con la l铆nea de opiniones que defienden y exigen un an谩lisis exhaustivo de cada caso, otorg谩ndoles as铆 la particularidad e importancia que requiere cada uno. La ministra de Igualdad, Irene Montero; presente en el acto, ha aplaudido que la Fiscal铆a se pronunciase al respecto.


Fotos: 1) y 2) Archivo AmecoPress. 3) Cedida por el Ministerio del Interior.


Estado Espa帽ol – Legislaci贸n y g茅nero – Violencia sexual – Violencia de g茅nero. Madrid, 16 nov. 22. AmecoPress.




Fuente: Amecopress.net