Los discursos en torno a la seguridad y a la policialización de lo
social generan marcos culturales clasistas y xenófobos de cara a los
conflictos derivados de la precarización de la vida.
Nunca antes nuestras ciudades estuvieron tan gentrificadas. Nunca
antes los policías que las vigilan condujeron coches tan modernos y
brillantes, ni tuvieron a su disposición cámaras de videovigilancia y
herramientas para el reconocimiento facial, ni se armaron hasta los
dientes con material de última generación de origen israelí. El combate contra el crimen es el pretexto interminable para seguir abultando las partidas presupuestarias de Seguridad
en nuestros municipios, diputaciones y gobiernos. Mientras, la
exclusión y la miseria se cronifican (y no paran de crecer) en las zonas
segregadas y marginadas de los entornos urbanos.
La gestión securitaria de la pandemia supuso un punto de inflexión:
más de un millón de multas durante el primer estado de alarma en España
y 20.000 en Euskal Herria. Entre tanto, la derogación de la Ley Mordaza
con la que los partidos del Gobierno de coalición hicieron campaña en
2019 quedó en noviembre del año pasado en una «modificación de algunos
artículos» todavía sin concretar. En este contexto, el estado de
emergencia sanitaria ha dado paso a un nuevo estado de guerra, como
nueva forma de acumulación capitalista en Europa. Y lo previsible es
que, en el futuro inmediato, el sistema de equilibrios de la democracia
liberal representativa se escore todavía más hacia el poder policial.
Ante esta realidad, los medios de comunicación cierran filas con las
políticas de endurecimiento disciplinario. Sirvan como ejemplo las
fiestas mayores de la Capital del Mundo:
durante la pasada Aste Nagusia de Bilbao, la portada de uno de los
periódicos más leídos se llenó de noticias esencialmente basadas en
fuentes policiales que no serían aprobadas por ningún libro de estilo,
código ético o manual deontológico mínimamente independiente y
democrático. La cloaca mediática criminaliza a los sectores que se van
descolgando del pacto social: «a esos sujetos peligrosos, enemigos de la
ley y el orden, que atemorizan a las personas de bien, las fuerzas
policiales deben hacerles frente sin descanso».
Porque si la propaganda securitaria es en líneas generales una farsa,
con las estadísticas sobre criminalidad actuales en la Zona Especial
Norte en la mano, es lo más parecido a una estafa. Los datos no dejan
lugar a dudas: Euskal Herria es uno de los territorios con menores
índices de criminalidad de Europa y, al mismo tiempo, Nafarroa
tiene la mayor tasa de policías por habitante de toda la Unión Europea,
con 1.100 Policías Forales, 650 Policías Municipales, 1.820 Guardia
Civiles y 739 Policías Nacionales para 650.000 personas, o sea, un
policía por cada 150 habitantes. Por eso, no hay que olvidar que los
discursos en torno a la seguridad y a la policialización de lo social
cumplen una función fundamental: generar marcos culturales clasistas y
xenófobos para que los conflictos derivados de la precarización de la
vida y del racismo estructural se aborden con más racismo, aporafobia y mucha policía.
https://www.elsaltodiario.com/autor/hordago-el-salto
Fuente: Culturayanarquismo.blogspot.com