June 16, 2022
De parte de ANRed
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D铆as atr谩s los grandes medios de comunicaci贸n y algunos funcionarios arremetieron contra el Polo Obrero por percibir un aporte del 2% de sus integrantes para costear los gastos que no cubre el Estado, ya sea equipamiento para los comedores y fletes, entre otros. La discusi贸n no es nueva y desde el macrismo a esta parte se han impulsado un sinn煤mero de causas contra las organizaciones intentando mostrarlas como asociaciones il铆citas que se quedan con el dinero de la gente. 驴Qu茅 tiene que ver esta situaci贸n con la masacre del puente Pueyrred贸n, de la que el pr贸ximo 26 de junio se cumplen 20 a帽os? El Estado, los grandes medios de comunicaci贸n y operadores de todo tipo y pelaje vuelven a la carga para desarticular a las organizaciones piqueteras, principalmente aquellas que se mantienen en la calle cuestionando las pol铆ticas de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tanto consenso genera entre la casta pol铆tica, los empresarios y los grandes medios de comunicaci贸n, tanto oficialistas como opositores. Por Nicol谩s Salas, para ANRed.


Dos d茅cadas atr谩s, el ex presidente Eduardo Duhalde llev贸 a cabo la principal ofensiva que las clases dominantes argentinas realizaron en su historia para terminar con las organizaciones piqueteras. Los asesinatos de Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki buscaban responsabilizar y encarcelar a las direcciones de las organizaciones sociales seg煤n los pautado en la causa 鈥渃omplot鈥, iniciada desde el ejecutivo nacional antes, durante y despu茅s de la masacre[1]. Toda la estrategia se derrumb贸 con la aparici贸n de las fotos que mostraban a la misma polic铆a fusilando a los militantes de la CTD An铆bal Ver贸n.

Pasaron los a帽os y el crecimiento econ贸mico generado por la recomposici贸n institucional y el crecimiento a tasas chinas fue quitando centralidad al sector desocupado y precarizado, hasta que una nueva crisis econ贸mica volvi贸 a darle centralidad en la agenda p煤blica. As铆 llegamos a los 煤ltimos a帽os del gobierno de Cristina Fern谩ndez y el per铆odo de Mauricio Macri como presidente. Sea cual fuera el poder de turno, desde las altas esferas del poder estatal se hab铆a comprendido que represiones a lo 芦duhaldista禄 pod铆an convertirse en un boomerang que, en el caso del dirigente oriundo de Lomas de Zamora, le cost贸 el adelantamiento de las elecciones, la imposibilidad de una candidatura y una crisis de legitimidad al grueso de la conducci贸n estatal.

As铆 es que se fueron ensayando diversas iniciativas para desarticular a las organizaciones, las cuales iban desde las cl谩sicas judicializaciones contra dirigentes y represiones, hasta los m煤ltiples intentos por correr a los movimientos en la intermediaci贸n con el Estado [2]. Todo esto ser铆a combinado y acompa帽ado por una nueva (vieja) estrategia que apuntaba a judicializar a los dirigentes sociales por presuntas asociaciones il铆citas a partir del aporte que lxs trabajadorxs de las cooperativas realizaban a sus respectivas organizaciones. As铆 se llevaron a cabo una serie de denuncia y detenciones contra activistas y 芦do帽as禄 de barrios que se encargaban de juntar el dinero para la compra de ollas, de verduras, para la recarga de garrafas o el pago de los fletes para la mercader铆a que se distribu铆a en los comedores.

Estos aportes permiten a las organizaciones y a cada espacio en el territorio romper la l贸gica clientelar planteada desde el Estado, en el sentido que logran autofinanciarse sin necesidad de pedir a intendentes, punteros o gobiernos de turnos que, como se sabe, exigen una devoluci贸n de 芦favores禄 que implica la supeditaci贸n pol铆tica de los movimientos a los gobiernos, lo cual se expresa en la participaci贸n en actos pol铆ticos, fiscalizaci贸n en elecciones o cualquier tipo de exigencia vertida por el que 鈥減one la plata鈥. Como en una casa, familia o sociedad de fomento, la autonom铆a econ贸mica es la garante de la independencia en las decisiones, y as铆 lo entienden el grueso de los movimientos.

Este hostigamiento estatal no es nuevo y ya hab铆a sido impulsado por Hilda 芦Chiche禄 Duhalde. El 12 de abril de 2002, el ejecutivo de entonces hab铆a enviado al Congreso un proyecto de ley que buscaba penalizar a quienes administraran planes y subsidios. El mismo contemplaba la modificaci贸n del C贸digo Penal para tipificar como 鈥渄elito agravado a toda acci贸n que interfiera en la correcta distribuci贸n de los planes sociales para jefes y jefas de hogar desocupados鈥.

En uno de sus boletines informativos ANRed, en di谩logo con periodistas que hac铆an las coberturas desde Casa Rosada, reconstru铆a la perspectiva que trazaba el gobierno de Duhalde: 芦a las seis de la tarde del 4 de febrero la primera dama Hilda 芦Chiche禄 Duhalde exigi贸 estricta reserva a los periodistas destacados en la Casa Rosada. A pesar de que se hab铆a cuidado en ocasiones anteriores, esa vez no pudo evitar referirse a los m谩s de diez piquetes que cortaban el acceso a la Capital Federal. 鈥楢 esos sinverg眉enzas no hay que darles nada, son ellos los que se enriquecen con la administraci贸n de los Planes Trabajar鈥, espet贸 la mujer enfurecida por el plan de lucha que la Coordinadora An铆bal Ver贸n hab铆a resuelto poner en marcha ese d铆a junto al MIJD, conducido por Ra煤l Castells [3].

La iniciativa no avanz贸 y qued贸 cajoneada. 驴Por qu茅? Ninguna respuesta oficial puede confirmar el motivo pero si se puede decir que la potencial ley era una amenaza para el propio gobierno y su estructura de poder en los territorios, lo cual qued贸 demostrado en las 800 denuncias que existieron por irregularidades en los manejos de los planes entre abril de 2002 y octubre de 2003. Lo parad贸jico es que las presentaciones judiciales no apuntaban a lxs piqueterxs sino que recaigan en su totalidad contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de consejos consultivos impulsados por el propio gobierno [4].

La actualidad del debate

A principio del gobierno de Alberto Fern谩ndez hubo sectores de los movimientos oficialistas que le plantearon al ejecutivo nacional la necesidad de legalizar los aportes de manera similar a como ocurre en los sindicatos de cara a transparentar una pr谩ctica que suele ser definida en asamblea por los y las mismas integrantes de las cooperativas, y que garantiza que las actividades en los barrios se lleven a cabo. Hasta el momento, no hubo avance ni propuesta p煤blica sobre las que las organizaciones pudieran expedirse. Tampoco desde el Estado se plantea asumir los gastos que demandan hacer llegar las pol铆ticas sociales a las familias m谩s empobrecidas.

Ante la embestida medi谩tica, a la que se sumaron funcionarios como el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andr茅s Larroque, la mesa de conducci贸n del Partido Obrero emiti贸 un comunicado volviendo a explicar su posici贸n: 芦la base de este ataque es sostener que existen cobros compulsivos en el Polo Obrero para alimentar 鈥榗ajas鈥 pol铆ticas. Lo que en realidad ocurre es que las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento aut贸nomo para las necesidades de la lucha y de los barrios. El movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del Estado, miles de comedores populares en todo el pa铆s. Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar donde hacer la olla popular y, por lo tanto, pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor si no en un dep贸sito Central. Gastos que debiera financiar el Estado pero que terminan financiando las familias que concurren a los comedores. Adem谩s, el movimiento piquetero sostiene medidas de lucha y campa帽as nacionales de lucha por trabajo genuino y todos los reclamos de los barrios禄.

En el texto, titulado 芦Respondemos una campa帽a sucia contra el Polo Obrero, funcional al ajuste del gobierno禄, la organizaci贸n social afirma que 芦financia su actuaci贸n del mismo modo que un club, que una sociedad de fomento, un sindicato o cualquier otra organizaci贸n popular禄, con la 芦diferencia que, por ejemplo, los sindicatos producen descuento obligatorio por planillas, cosa que ninguna organizaci贸n social puede ni debe hacer禄.

M谩s all谩 de la situaci贸n concreta observada en los 煤ltimos d铆as en los medios masivos de comunicaci贸n, este tipo de acciones parecieran ser el as bajo la manga de las clases dominantes para 芦apretar禄, subordinar o atacar a aquellas organizaciones que pongan en discusi贸n las pol铆ticas de ajustes llevadas a cabo desde las m谩s altas esferas del poder local. Una apuesta m谩s en el objetivo perseguido desde la masacre del Puente Pueyrred贸n e incluso antes de la misma: desarticular a las organizaciones piqueteras.


[1] Esta causa y la masacre est谩n perfectamente relatas en el libro 鈥淒ar铆o y Maxi, dignidad piquetera鈥, editado por los MTD An铆bal Ver贸n, un a帽o despu茅s de sucedidos los cr铆menes.

[2] Durante la gesti贸n de Carolina Stanley en el gobierno de Mauricio Macri se quit贸 el car谩cter de contraprestaci贸n al 鈥淎rgentina Trabaja鈥 transform谩ndolo en 鈥淗acemos Futuro鈥, programa por el cual lxs trabajadorxs pod铆an dejar desarrollar tareas y actividades en las organizaciones pasando a asumirlas en instituciones educativas o culturales cortando todo tipo de lazo con aquellas organizaciones que hab铆an luchado para que pudieran acceder al programa. Se buscaba correr del medio la representaci贸n pol铆tica y sociales de las organizaciones as铆 como quitar la identidad de trabajadorxs a quienes cobraban un plan social. Esta perspectiva gubernamental fracasar铆a y el grueso de las personas organizadas en los movimientos se mantendr铆an all铆 reconociendo, en parte, el rol que los movimientos sociales cumplen ante el Estado en la defensa por el mantenimiento del programa de empleo.

[3] [80] 鈥淓scoba (I) 鈥 El plan del gobierno para penalizar y perseguir a las organizaciones de desocupados鈥, ANRed. Mayo de 2002.

[4] Eduardo Duhalde, Memorias del incendio. Los primeros 120 d铆as de mi presidencia. Editorial Sudamericana, 2007, Buenos Aires. Pp. 181.





Fuente: Anred.org