May 8, 2021
De parte de Indymedia Argentina
250 puntos de vista


Siete a帽os de demora de la Corte Suprema para una conquista hist贸rica de la comunidad ind铆gena neuquina.

Enorme logro de la comunidad mapuche neuquina. Foto Oscar Virginillo.

02/05/2021

Con una resoluci贸n favorable y por mayor铆a, la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n puso fin el 8 de abril a un reclamo de casi dos d茅cadas por la creaci贸n del municipio neuquino de Villa Pehuenia en el territorio ancestral habitado por las comunidades mapuches Catal谩n, Puel y Pl谩cido Puel, que no fueron consultadas como mandan la Constituci贸n Nacional y tratados internacionales con igual jerarqu铆a.

Como inform贸 Susana Lara en la 煤ltima edici贸n de El Cohete, el de la Corte Suprema fue uno de los cinco recientes fallos con que distintos tribunales del pa铆s hicieron propia 鈥渦na l铆nea de pensamiento que reconoce que el conflicto territorial con el pueblo mapuche-tehuelche debe resolverlo el Estado a trav茅s del di谩logo y con las herramientas institucionales que ya dispone, en cumplimiento a la Constituci贸n Nacional y los convenios internacionales鈥.

Esos fueron, en efecto, los elementos centrales del voto de mayor铆a encabezado por Horacio Rosatti y acompa帽ado por Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que en once p谩ginas tomaron algunos de los argumentos que la entonces procuradora general Alejandra Gils Carb贸 hab铆a desarrollado en diecisiete. En septiembre de 2014, casi siete a帽os antes.

Sesenta d铆as, siete a帽os

En 2003, la ley provincial 2.439 cre贸 el municipio de Villa Pehuenia sobre tierras especialmente atractivas al turismo, lo que increment贸 su valor inmobiliario y llev贸 a un aumento de la poblaci贸n que diluy贸 el protagonismo de las comunidades ind铆genas en territorios habitados por ellas ancestralmente. Pocos meses despu茅s un decreto del Ejecutivo neuquino convoc贸 a elecciones para conformar la comisi贸n correspondiente a una entidad municipal de tercera categor铆a.

La comunidad mapuche Catal谩n y la Confederaci贸n Ind铆gena Neuquina interpusieron una acci贸n judicial por la inconstitucionalidad de los procedimientos, que no contemplaban la instancia previa de consulta ni la posterior disposici贸n de mecanismos de participaci贸n. El Tribunal Superior de Justicia de Neuqu茅n rechaz贸 el planteo y la apelaci贸n deriv贸 a la Corte Suprema de la Naci贸n.

El 8 de septiembre de 2014, Gils Carb贸 firm贸 el dictamen de la Procuraci贸n General. En sus p谩ginas evalu贸 el caso desde los tratados internacionales y la Constituci贸n Nacional, recuperando adem谩s conceptos vertidos en los debates de la Convenci贸n Constituyente que la reform贸 en 1994, dejando atr谩s 鈥渁proximaciones asimilacionistas e integracionistas hacia los pueblos ind铆genas y tribales鈥 y asentando 鈥渦n nuevo paradigma de protecci贸n de la diversidad cultural鈥. Particularmente, el inciso 17 del art铆culo 75 asegura la participaci贸n de los pueblos ind铆genas 鈥渆n la gesti贸n referida a sus recursos naturales y a los dem谩s intereses que los afecten鈥.

Por su parte, el sexto art铆culo del Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacionales del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Ind铆genas y Tribales marca dos dimensiones de ese derecho: la consulta previa 鈥渃ada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente鈥, y la participaci贸n libre y 鈥減or lo menos en la misma medida que otros sectores de la poblaci贸n鈥 en la adopci贸n de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos. En similares t茅rminos se expresa el art铆culo 19 de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas.

La cuesti贸n central, de ese modo, consist铆a en dilucidar si la creaci贸n del municipio de Villa Pehuenia hab铆a afectado o podr铆a derivar en una afectaci贸n de los derechos de las comunidades originarias que tornara indispensable asegurar la consulta previa y la participaci贸n posterior.

Gils Carb贸 respondi贸 afirmativamente. En principio, porque la demarcaci贸n geogr谩fica podr铆a colocar a los territorios ancestrales bajo jurisdicciones municipales diversas. Por otra parte, la adopci贸n de un modelo de organizaci贸n municipal, ajena a la cosmovisi贸n ind铆gena, repercute en derechos pol铆ticos 鈥渋ndispensables para la protecci贸n de sus intereses econ贸micos, culturales y sociales鈥. Finalmente, la atribuci贸n inconsulta de facultades y funciones al nuevo 贸rgano municipal afecta la autodeterminaci贸n de las comunidades ind铆genas, que de hecho ejerc铆an algunas de las conferidas al municipio creado.

La ley provincial tampoco previ贸 mecanismo alguno para una participaci贸n permanente de esas comunidades en el gobierno municipal, que 鈥揺nfatiz贸 la entonces procuradora鈥 no queda garantizada con las elecciones regulares. Apoy谩ndose en la interpretaci贸n que la Corte Interamericana realiz贸 del art铆culo 23 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, Gils Carb贸 subray贸 que en estos casos la igualdad debe considerarse desde la situaci贸n de vulnerabilidad de los pueblos ind铆genas, que demanda crear mecanismos espec铆ficos de participaci贸n.

Frente a tal escenario, el dictamen recomend贸 a la Corte que otorgase a la provincia de Neuqu茅n sesenta d铆as para llevar a cabo la consulta omitida y 鈥渆n un plazo razonable, dise帽e, en conjunto con las comunidades ind铆genas, los mecanismos permanentes de participaci贸n institucional鈥.

Gils Carb贸 recomend贸 a la Corte en 2014 darle 60 d铆as a Neuqu茅n para realizar la consulta omitida.

Siete a帽os despu茅s, el voto mayoritario de la Corte repiti贸 la mayor parte de los argumentos de la Procuraci贸n General y dio aval a lo dictaminado, aunque omiti贸 imponer l铆mite temporal al primer punto, que qued贸 con plazo indefinido.

En cambio, el m谩ximo tribunal dej贸 expresamente aclarado que no compart铆a el pen煤ltimo p谩rrafo del texto de Gils Carb贸, que entend铆a que la misma Corte deb铆a establecer un mecanismo de supervisi贸n, con intervenci贸n de la propia Procuraci贸n. Contrariamente a la recomendado, esa funci贸n fue encargada al Tribunal Superior de Justicia neuquino, el mismo que respondi贸 negativamente al reclamo.

Tiempos modernos

Los siete a帽os transcurridos entre ambos escritos habilitan a preguntarse por la oportunidad en que la Corte emiti贸 su resoluci贸n, sin restar legitimidad a la conquista de la comunidad mapuche que motoriz贸 y sostuvo el reclamo en las sucesivas instancias judiciales y a lo largo de casi dieciocho a帽os.

La Corte tiene potestad de administrar los tiempos de sus resoluciones, pero ni en Buenos Aires ni en Neuqu茅n terminan de creer que s贸lo la minuciosa ponderaci贸n del reclamo explique la oportunidad con que el voto mayoritario recuper贸 los conceptos de Gils Carb贸. Tampoco que la demora obedezca 煤nicamente al n煤mero de expedientes que debe resolver la Corte, una problem谩tica cierta para cuya soluci贸n se han propuesto diversas alternativas. La m谩s reciente, la creaci贸n de un tribunal arbitral intermedio, a propuesta del Consejo Consultivo para la reforma de la Justicia federal.

En el norte de la Patagonia deducen que la temporalidad del fallo puede deberse al intento de evitar una visita de los organismos internacionales cuyas normativas se estaban incumpliendo por la dilaci贸n de una resoluci贸n de fondo.

M谩s cerca del palacio de la porte帽a calle Talcahuano se preguntan por otras posibilidades, no excluyentes:

  • la necesidad de la Corte de afianzarse como el resorte 煤ltimo del sistema republicano, sin estar sometida directamente a la voluntad popular, y al mismo tiempo recrearse como un cuerpo con despachos abiertos a la escucha de opiniones y demandas.
  • su bandeja de pendientes, que incluye el debate por la actual distribuci贸n de la coparticipaci贸n federal. El gobierno nacional primero y el Congreso despu茅s decidieron recuperar parte del incremento que el entonces presidente Mauricio Macri hab铆a obsequiado a su sucesor en la alcald铆a porte帽a, Horacio Rodr铆guez Larreta. Sin recorrer instancias previas, el gobierno de la CABA recurri贸 directamente a la Corte, que insiste en equiparar a la Capital Federal a una provincia pese a lo escrito en la Constituci贸n Nacional. Quienes marcan este punto temen que el fallo del 8 de abril sea la medida de cal que precede a la de arena, una mezcla habitual en las construcciones de la Corte y de su ex presidente Lorenzetti. A ello se a帽ade el planteo porte帽o contra la suspensi贸n de las clases presenciales, una controversia nueva pero previsible en el escenario de pandemia.
  • la velada pero incontenible necesidad del ministro rafaelino de volver a la presidencia formal del tribunal, que todav铆a es capaz de ejercer parcialmente en la pr谩ctica. El voto retrogrado pero sincero de su sucesor Carlos Rosenkrantz podr铆a ser su mejor publicidad, tras el 1-4.


El doctor No

Rosenkrantz efectu贸 una lectura restrictiva de las normativas citadas, entendi贸 que la conformaci贸n inconsulta del municipio no resultaba en una afectaci贸n directa de los derechos de las comunidades ind铆genas y aleg贸 que abrirles canales espec铆ficos de consulta y participaci贸n las conferir铆a 鈥渄erechos pol铆ticos que ning煤n colectivo diferente al pueblo de la Naci贸n y de las provincias tiene ni podr铆a aspirar a tener鈥. En su opini贸n, la Constituci贸n Nacional 鈥渘o establece lo que necesitar铆an las actoras para que su reclamo pudiese prosperar, m谩s precisamente, que los pueblos ind铆genas tienen, adem谩s, superioridad pol铆tica sobre el resto de la Naci贸n鈥.

En el mismo sentido, sobrevuelan su escrito los fantasmas de la secesi贸n y la p茅rdida de soberan铆a, conceptos que se tornan dif铆ciles de comprender cuando emergen de un fallo de la Corte Suprema a partir de una acci贸n de peticionarios que recorrieron el camino judicial previsto en la Rep煤blica Argentina.

Un ejemplo claro de los temores de Rosenkrantz surge del apartado en que evalu贸 el caso a partir de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, sobre la que aclar贸 que 鈥渆n modo alguno impone a los estados una restricci贸n a su soberan铆a ni condiciona su unidad pol铆tica鈥. Lo mismo se verifica en el criterio de selecci贸n de Rosenkrantz para las citas del Diario de Sesiones de la Convenci贸n Constituyente de 1994, a las que 27 a帽os despu茅s pretende hacer decir lo que no dicen: m谩s que advertir un riesgo, lo descartan.

La abogada y docente Silvina Ram铆rez, doctora en Derecho e integrante de la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas de Derecho Ind铆gena (AADI), apunt贸 en sus comentarios al fallo que los argumentos de Ronsenkrantz 鈥渢raducen desconocimiento de los derechos ind铆genas y sus impactos en las estructuras estatales, y vuelven sobre consideraciones que los debates de las 煤ltimas d茅cadas han superado鈥.

鈥淚deas tales como soberan铆a, unidad y fragmentaci贸n estatal, o la autodeterminaci贸n ind铆gena como una amenaza que se cierne sobre los Estados, conforman m谩s un entramado ideol贸gico que uno jur铆dico鈥, indic贸 la especialista, que calific贸 a esta visi贸n como 鈥渞egresiva鈥.

En el mismo sentido opin贸 su colega Micaela Gomiz, electa en 2020 presidenta de la AADI y abogada del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas. 鈥淟ibre determinaci贸n no quiere decir separatismo. Quiere decir que las comunidades ind铆genas tienen el derecho a determinarse libremente en t茅rminos econ贸micos, pol铆ticos y de proyectos de vida. De ah铆 se derivan, entre otras cuestiones, la necesidad de que se los tenga en cuenta al momento de decidir鈥, remarc贸, consultada por El Cohete a la Luna.

鈥淟o que su voto est谩 negando es que generar un organismo de poder de esta naturaleza en un territorio donde hay autoridades mapuches, sin disponer ning煤n mecanismo de participaci贸n espec铆fica, es considerar que hay una sola cultura con derecho de ejercer el poder institucional del Estado鈥, marc贸 Gomiz, que adem谩s es docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Comahue.

Esta historia continuar谩

Por los derechos y obligaciones generados por el municipio de Villa Pehuenia en casi dos d茅cadas de existencia, el fallo de la Corte no invalid贸 su creaci贸n ni los actos jur铆dicos celebrados o a celebrarse hasta la adecuaci贸n de la ley que lo cre贸, a la que 鈥揳 diferencia de lo sugerido por el dictamen de la Procuraci贸n鈥 no fij贸 plazo concreto.

Al cierre de esta nota, el bloque del Frente de Todos (FdT) en la legislatura neuquina estaba abocado a la redacci贸n de un proyecto para adaptar la ley 2.439 a los est谩ndares constitucionales omitidos casi dos d茅cadas atr谩s.

El texto en elaboraci贸n buscar谩 garantizar que se contemple el reconocimiento a la propiedad comunitaria de las comunidades mapuches y se dispongan partidas presupuestarias para el cumplimiento de su participaci贸n permanente en el gobierno municipal.

Del debate y la correlaci贸n de fuerzas en la legislatura depender谩 que se logre tambi茅n dar publicidad a la distribuci贸n de tierras que en las 煤ltimas d茅cadas favoreci贸 el Movimiento Popular Neuquino (MPN) sobre la zona de Villa Pehuenia. Gobernante desde 1983, el MPN cuenta con quince bancas propias o aliadas sobre 35, lo que obligar铆a a reunir los votos del FdT, el macrismo, el Frente de Izquierda y el Partido Dem贸crata Cristiano.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/por-que-ahora-villa-pehuenia/




Fuente: Argentina.indymedia.org