April 20, 2021
De parte de Nodo50
310 puntos de vista


El Gobierno est谩 preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda; de hecho, parece que el borrador de la ley entrar谩 en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitir谩 de inmediato al Congreso para su debate y aprobaci贸n. 

Tras 42 a帽os de absoluta vulneraci贸n de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley ser谩 papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboraci贸n de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance hist贸rico en la cobertura de este derecho fundamental. 

La crisis habitacional es innegable: M谩s de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusi贸n social, m谩s de 1 mill贸n de desahucios1 entre 2008 y el 3Tr del 2020, muchos agravados con cl谩usulas abusivas y ejecutados con una legislaci贸n contraria a los est谩ndares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes. Por eso, las abajo firmantes no estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley. Contra las presiones de los especuladores, llamamos a la gente de a pie a sumarse a la movilizaci贸n necesaria para asegurar la protecci贸n de este Derecho humano en nuestro pa铆s. 

En Espa帽a, el 36,1% de la poblaci贸n destina m谩s del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros b谩sicos2, y otros miles de hogares j贸venes ni siquiera pueden formarse, de hecho 煤nicamente el 18,5% de la poblaci贸n entre 18 y 29 a帽os se ha emancipado3 por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable. 

Mientras seg煤n el INE (2011) hay 3,4 millones de viviendas vac铆as, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el Parque de Vivienda P煤blica y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros pa铆ses desarrollados de Europa. 

En el estado espa帽ol las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos pa铆ses europeos de nuestro entorno4(Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%. Francia 16,8%). 

Despu茅s de haber entregado m谩s de 60.0005 millones de dinero p煤blico para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos. Garantizando, as铆, una vivienda para quien lo 

necesite mediante un presupuesto suficiente en pol铆ticas de vivienda p煤blica y estableciendo mecanismos legales que obliguen, a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda, a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas. 

Llevamos demasiados a帽os sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones p煤blicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es b谩sico para asegurar la integridad f铆sica, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos. 

Las organizaciones firmantes de este manifiesto unimos fuerzas para lanzar una campa帽a estatal de movilizaci贸n ciudadana y conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como m铆nimo estas 8 medidas de aplicaci贸n directa en todo el territorio: 

  • 1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protecci贸n sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situaci贸n de sinhogarismo. 
  • 2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, as铆 como la obligaci贸n de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes p煤blicos. 
  • 3. Asegurar y ampliar el parque p煤blico de alquiler social, como m铆nimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte a帽os, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. 
  • 4. Regulaci贸n estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la poblaci贸n en cada zona del territorio. Modificaci贸n de la ley de arrendamientos urbanos para dar protecci贸n y estabilidad a los inquilinos del conjunto del pa铆s. 
  • 5. Garantizar los suministros b谩sicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
  • 6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios. 
  • 7. Ampliaci贸n presupuestaria para vivienda social y pol铆ticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque p煤blico, destinando como m铆nimo el 2% del presupuesto estatal. Asignaci贸n de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperaci贸n a este objetivo. 
  • 8. Participaci贸n activa de la poblaci贸n en toda la pol铆tica de vivienda y urbanismo. 

Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones auton贸micas m谩s progresistas y de cumplimiento, de una vez al PIDESC6 y a los dict谩menes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicaci贸n a desarrollos normativos posteriores. 

Por imperativo constitucional y estatutario corresponde a las Comunidades Aut贸nomas definir y desarrollar las pol铆ticas de vivienda, pero el establecimiento de las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda es competencia irrenunciable del Estado, debiendo ser comunes las bases de este derecho esencial, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 149.1.1.a de la Constituci贸n. 

Existe una mayor铆a social y tambi茅n parlamentaria que apoya estas medidas, pero tenemos claro que s贸lo con la movilizaci贸n de toda la poblaci贸n conseguiremos que esta Ley sea la garant铆a del Derecho a la Vivienda. 

隆S煤mate! 隆No te quedes SIN casa! 

A continuaci贸n desarrollamos algunas propuestas para hacer efectivos los 8 puntos que reivindicamos: 

1. LA LEY DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, ADECUADA, ASEQUIBLE Y ACCESIBLE COMO DERECHO SUBJETIVO, GARANTIZANDO QUE ESTA PROTECCI脫N SEA EFECTIVA Y EVITANDO QUE NINGUNA PERSONA SUFRA SITUACI脫N DE SINHOGARISMO. 

El reconocimiento del Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo implica que pase a ser exigible ante Administraciones y Tribunales, es decir, creando la obligaci贸n de los poderes p煤blicos de disponer los medios precisos para garantizarlo desde el mismo momento de la aprobaci贸n de esta Ley. Ninguna persona debe quedar en situaci贸n de sinhogarismo. 

La opci贸n de vivienda debe ser: 

  • Digna: con condiciones materiales aceptables en cuanto a habitabilidad, seguridad, aislamiento t茅rmico, garant铆a de suministros b谩sicos (luz, gas y agua) y telecomunicaciones para evitar la brecha digital. 
  • Adecuada: en funci贸n del n煤mero de miembros de la unidad familiar y sus necesidades. 
  • Asequible: el esfuerzo de las familias para el pago de la vivienda, incluidos los gastos fijos y de suministros b谩sicos, no deber铆a exceder del 30% de los ingresos.
  • Accesible: para todas las personas que tengan necesidades de accesibilidad especiales. 

2. STOP DESAHUCIOS DE PERSONAS VULNERABLES SIN ALTERNATIVA DE VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA, AS脥 COMO LA OBLIGACI脫N ALQUILER SOCIAL ESTABLE PARA LOS GRANDES TENEDORES Y EN EL RESTO DE CASOS REALOJO DIGNO Y ADECUADO A CARGO DE LOS PODERES P脷BLICOS. 

  • La Ley debe recoger el mandato dado por el Comit茅 DESC en sus observaciones generales n潞 4 y 7 en cuanto a los desalojos de vivienda sin alternativa habitacional; cambiando la situaci贸n actual para impedir que se ejecute un desalojo mientras no haya una garant铆a de vivienda alternativa que cumpla las caracter铆sticas mencionadas. Una habitaci贸n de hostal o un albergue no cumple las condiciones adecuadas. 
  • En el caso de procedimientos de desahucio en viviendas propiedad de grandes tenedores, la obligaci贸n de ofrecer alquiler social de los mismos deber谩 ser la concesi贸n de un alquiler social en la propia vivienda para evitar el desarraigo. 
  • Para que la propuesta pueda ser considerada de alquiler social (sic rebus stantibus) debe cumplir los siguientes requisitos, fijando rentas que garanticen que el esfuerzo por el pago del alquiler no supere: 
    • el 10% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si est谩n por debajo del 0,89 del Indicador P煤blico de Renta de Efectos M煤ltiples (IPREM), o 鈼 el 12% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si est谩n por debajo del 0,95 del IPREM, o 
    • el 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si son iguales o superiores al 0,95 del IPREM. 

3. ASEGURAR Y AMPLIAR EL PARQUE P脷BLICO DE ALQUILER SOCIAL, COMO M脥NIMO AL 20% DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS EN VEINTE A脩OS, HACIENDO FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL DE FORMA PRIORITARIA. 

1. En primer lugar vemos fundamental no aumentar la emergencia y la demanda de parque p煤blico de familias vulnerables, para lo que proponemos estas medidas: 

  • 1.1. Establecer l铆neas urgentes de cr茅ditos p煤blicos a deudores hipotecarios y de alquileres para evitar la p茅rdida de muchas viviendas habituales, extendiendo la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto por parte de particulares en transacciones de bloque de viviendas a grandes tenedores.
  • 1.2. Renovaci贸n de los contratos de alquiler social con las mismas condiciones a la finalizaci贸n de los mismos tanto de las administraciones p煤blicas como de los grandes tenedores. 
  • 1.3. Renovaci贸n y aplicaci贸n obligatoria del C贸digo de Buenas Pr谩cticas para los grandes tenedores. 
  • 1.4. Pr贸rroga de la moratoria hipotecaria actual de 2024 hasta que no se ofrezca a las familias una alternativa de vivienda digna y adecuada. 

2. En segundo lugar, es necesario asegurar y consolidar el parque p煤blico de vivienda ya existente: 

  • 2.1. Prohibici贸n de venta de vivienda y suelo p煤blico. En todo caso, la vivienda protegida tendr谩 car谩cter permanente, no descalificable, destinada de forma mayoritaria al alquiler social y asequible. 
  • 2.2. Presupuesto suficiente para conservar esas viviendas en correcto estado.

3. En tercer lugar, se debe ampliar el parque p煤blico de alquiler, priorizando actuar sobre viviendas ya construidas: 

  • 3.1. Aumentar y reorientar el presupuesto p煤blico al alquiler social.
  • 3.2. Con el objetivo de evitar que los recursos p煤blicos pasen a manos privadas, ejercer desde las administraciones el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas protegidas, as铆 como en las transacciones de viviendas libres, especialmente de grandes tenedores. Rehabilitarlas para alquiler p煤blico.
  • 3.3. Usar fondos europeos de recuperaci贸n para la compra de viviendas ya construidas, rehabilitarlas y destinarlas a alquiler p煤blico. 
  • 3.4. Reforzar los patrimonios p煤blicos de suelo (no podr谩n ser enajenados, aumentar el porcentaje de reserva obligatoria) y destinarlos preferentemente al alquiler p煤blico. 
  • 3.5. En el caso de la Sareb cesi贸n obligatoria de las viviendas para ampliar el parque p煤blico. 
  • 3.6. Establecer objetivos y programas calendarizados que incrementen y garanticen el derecho a la vivienda a la ciudad 

4. En cuarto lugar se debe ampliar el parque total de vivienda disponible en alquiler asequible. Actuando prioritariamente sobre viviendas ya construidas: 

  • 4.1. La ley estatal deber谩 dotar de mecanismos para movilizar las viviendas deshabitadas al objeto de favorecer su funci贸n social, con medidas de car谩cter fiscal de incentivos y de penalizaci贸n. 
  • 4.2. En el caso de la banca, para compensar el rescate de los m谩s de 60.000 millones no devueltos, ordenar la cesi贸n de uso de las viviendas que mantengan deshabitadas. 
  • 4.3. Establecimiento de medidas de fomento de alquiler social para la movilizaci贸n de viviendas vac铆as de peque帽os propietarios asegurando el cobro de la renta y los da帽os que pudieran producirse. 
  • 4.4. Establecimiento de ayudas a la rehabilitaci贸n de viviendas de grandes y peque帽os tenedores a cambio de su cesi贸n durante un tiempo adecuado a las administraciones para el uso de alquiler social, descontando las ayudas del alquiler cobrado. 
  • 4.5. Se fijar谩 un porcentaje m铆nimo del 30% de vivienda social en alquiler en toda promoci贸n. 
  • 4.6. En caso de nueva construcci贸n, impulsar los proyectos cooperativos sin 谩nimo de lucro destinados al alquiler social. 
  • 4.7. Limitar las viviendas tur铆sticas en zonas con necesidad de vivienda residencial. 

Por otra parte, para poder desarrollar estas medidas y la correspondiente planificaci贸n, es necesario conocer con exactitud las necesidades de vivienda: la exigible de manera inmediata y la precisa a corto y medio plazo. Para dimensionarla es ineludible concretar: a) la situaci贸n actual de emergencia habitacional que viene determinada ya por los registros de demandantes de vivienda de las diferentes comunidades aut贸nomas; b) los procedimientos efectivamente iniciados y las amenazas de p茅rdida de posesi贸n previstos por impagos de cuotas hipotecarias, de alquiler o de ocupaci贸n de vivienda; c) el aumento de necesidades a consecuencia de la crisis socio-econ贸mica provocada por el COVID-19 y d) la ampliaci贸n del derecho para sectores de poblaci贸n, especialmente los j贸venes, que han de acceder a la vivienda. Y, consecuentemente, los recursos que se disponen actualmente. 

4. REGULACI脫N ESTATAL DE ALQUILERES A PRECIOS ADECUADOS A LOS SALARIOS DE LA POBLACI脫N EN CADA ZONA DEL TERRITORIO. MODIFICACI脫N DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS PARA DAR PROTECCI脫N Y ESTABILIDAD A LOS INQUILINOS DEL CONJUNTO DEL PA脥S. 

  • Es necesario que disminuyan los precios del alquiler a precios ajustados a la mediana de ingresos de los hogares, e impedir subidas que supongan dedicar al alquiler m谩s del 30% de las rentas del trabajo. Esta limitaci贸n de los precios del alquiler vendr谩 recogida en la LAU, sin menoscabo de poder mejorarse en las legislaciones propias de las Comunidades Aut贸nomas, respet谩ndose en todo caso el m铆nimo establecido por la LAU. 
  • La LAU debe dotar de estabilidad a todos los inquilinos, de forma que los contratos se renueven autom谩ticamente si la parte arrendataria cumple con sus obligaciones y si la parte arrendadora no demuestra necesidad de recuperar la vivienda. Hay que proteger al inquilinato de abusos como la imposici贸n de gastos que corresponden a la parte arrendadora (honorarios de inmobiliarias, gastos de comunidad e IBI, etc.), as铆 como de otras casu铆sticas en las que el arrendador no cumple con sus obligaciones o incurre en acoso inmobiliario. Esta protecci贸n debe incluir mecanismos eficaces de control, denuncia y sanci贸n. En caso de demanda judicial, debe tenerse en cuenta como causa de oposici贸n y valorarse en un juicio de proporcionalidad. 

5. GARANTIZAR LOS SUMINISTROS B脕SICOS DE AGUA, LUZ, GAS, Y ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES PARA EVITAR LA BRECHA DIGITAL COMO PARTE DE UNA VIVIENDA DIGNA. 

  • Los suministros b谩sicos de agua, luz y gas, y acceso a las telecomunicaciones, son fundamentales para sostener las condiciones de dignidad m铆nimas para la vida y el desarrollo pleno de la persona, llegando a ser de vital necesidad. Es imprescindible cambiar el actual paradigma, que permite cortar el suministro a cualquier familia que realice un impago sin tener en cuenta su situaci贸n personal y econ贸mica. 
  • Por tanto, la futura ley debe establecer, en coordinaci贸n con el Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico, el principio de precauci贸n. Dicho mecanismo debe obligar a las compa帽铆as suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situaci贸n de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos espec铆ficos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicaci贸n de este mecanismo se sufragar谩n, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a trav茅s de un sistema de financiaci贸n participado al 100% por las propias compa帽铆as de todos los segmentos implicados. 

6. GARANTIZAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EFECTIVA PARA LOS HOGARES CON DEUDAS HIPOTECARIAS, Y DESARROLLAR MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO Y LOS ABUSOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS. 

Ley de Segunda oportunidad: 

  • Regulaci贸n de una verdadera ley de 2陋 oportunidad que rescate a las familias sobrendeudadas actualmente de por vida, adecuando nuestra normativa a los est谩ndares europeos: 

鈼 Especial protecci贸n para la vivienda habitual

鈼 Justicia gratuita (Abogado, procurador y mediador/administrador concursal)

Por otra parte, es necesario incorporar cambios en: 

  • La Ley de Cr茅dito hipotecario (daci贸n en pago, eliminaci贸n de cl谩usulas abusivas y responsabilidad limitada). 
  • Ley de Enjuiciamiento Civil (inembargabilidad vivienda habitual, juicio de proporcionalidad, no desahucios en abierto, obligaci贸n previa de alquiler). 
  • La ley debe dar protecci贸n a todas las situaciones de vulnerabilidad y necesidad, sin discriminaci贸n. Se revisar谩 la tipificaci贸n actual de la ocupaci贸n por necesidad. 
  • Un conjunto de normativas para encontrar la adecuada flexibilizaci贸n de las deudas con las Administraciones (S. Social, Hacienda, otras鈥) que permitan encontrar alternativas. 

7. AMPLIACI脫N PRESUPUESTARIA PARA VIVIENDA SOCIAL Y POL脥TICAS SOCIALES DE VIVIENDA HASTA LLEGAR AL PROMEDIO EUROPEO DE PARQUE P脷BLICO, DESTINANDO COMO M脥NIMO EL 2% DEL PRESUPUESTO ESTATAL. ASIGNACI脫N DE UNA PARTE SUFICIENTE DE LOS FONDOS EUROPEO DE RECUPERACI脫N A ESTE OBJETIVO. 

Sin inversi贸n p煤blica no es posible superar la emergencia habitacional ni impulsar un parque p煤blico de alquiler, ahora minoritario en Espa帽a. Hay que destinar, como m铆nimo el 2% del presupuesto estatal para: 

鈼 La puesta en marcha de medidas de urgencia para que no aumente la emergencia habitacional -impulsando l铆neas sociales de cr茅dito-, as铆 como en la conservaci贸n del actual parque p煤blico, tal como se ha concretado en los puntos 3.1 y 3.2 del parque p煤blico. 

鈼 Es necesario un Plan de Choque que desde ya dote m谩s recursos en pol铆tica social de vivienda. Y consolidar un volumen suficiente de inversi贸n p煤blica hasta llegar al promedio europeo de parque p煤blico (en torno al 20%) en el medio plazo, en l铆nea con lo se帽alado en el punto 3.3 

鈼 Hay que reorientar los recursos p煤blicos en vivienda desde los beneficios fiscales a las pol铆ticas directas y de subvencionar la compraventa de viviendas a impulsar el alquiler asequible. 

鈼 Una de las medidas a adoptar para ampliar los recursos p煤blicos ser谩 la supresi贸n de las ventajas fiscales de Socimis y fondos buitre, destinando estos ingresos a la pol铆tica p煤blica y social de vivienda. 

鈼 En el corto plazo recurrir a los fondos europeos de recuperaci贸n para destinarlos a impulsar y rehabilitar un parque p煤blico de vivienda en alquiler. Como estimaci贸n, con 6.000 millones de euros se podr铆an adquirir 100.000 viviendas para el parque p煤blico de alquiler, que se acondicionar铆an con los 1.500 millones incluidos en los PGE para rehabilitaci贸n de viviendas. 

8. PARTICIPACI脫N ACTIVA DE LA POBLACI脫N EN TODA LA POL脥TICA DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

鈼 Proceso real de participaci贸n y di谩logo en la que las diferentes organizaciones (plataformas de afectados, asociaciones y sindicatos) puedan intervenir tanto en el dise帽o como en el posterior control de las leyes y planes en materia de derecho y acceso a la vivienda. Para que sea efectiva habr谩 acceso transparente a la informaci贸n y a estad铆sticas peri贸dicas sobre vivienda a trav茅s de la creaci贸n de una comisi贸n de seguimiento de la Ley y de su implementaci贸n efectiva en ese proceso de participaci贸n real de las entidades y movimientos sociales. 

鈼 De igual manera, se debe reconocer a las organizaciones que representan a las inquilinas e inquilinos frente a las empresas o particulares que se dedican al arriendo de viviendas. Este reconocimiento debe llevar impl铆cito un 谩mbito de interlocuci贸n y mediaci贸n que impida la indefensi贸n que sufren las inquilinas e inquilinos al negociar individualmente con sus arrendatarios. Por otro lado, en los bloques de propiedad vertical se establecer谩 la figura del representante vecinal como figura que ostente la representaci贸n de todos los inquilinos e inquilinas del bloque correspondiente (o de diversos bloques de un mismo arrendador), y con f贸rmulas de equiparaci贸n para esa representaci贸n en circunscripci贸n de barrio 

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1 Judicial- Efecto de la Crisis en los 贸rganos judiciales. [脷ltima revisi贸n 06-12-2020] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales鈥揷iviles-y-lab orales/Civil-y-laboral/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/ 

2 OCDE 2019: www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/housing-conditions.html

3 Consejo de la Juventud: www.cje.org/en/our-work/empleo/actividades-y-campanas-del-cje/observatorio-joven-de- emancipacion/

4 Observatorio de Vivienda y Suelo. Bolet铆n especial vivienda social 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG de Vivienda y Suelo A帽o de edici贸n: 2020 https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW072 . Fuente: Eurostat y Observatorio 鈥淗ousing Europe鈥 

5 Tribunal de Cuentas: https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/ca/sala-de-prensa/noticias/El-Tribunal-de-Cuentas-aprueba-la-Nota-de-fis calizacion-de-la-situacion-a-31-de-diciembre-de-2018-del-proceso-de-reestructuracion-bancaria/ 

6 Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx (Espa帽a firm贸 el Pacto y el Protocolo Facultativo; posteriormente los ratific贸 el 27-4- 1977 y el 23-9-2010, respectivamente) 

Organizaciones impulsoras del manifiesto 

鈥 La PAH 鈥 Movimiento Nadie sin hogar 

鈥 Sindicato de Inquilinas e Inquilinos 

鈥 Entrebarris 

鈥 JOC 

鈥 Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Catalu帽a 

鈥 Comisi贸n Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadan铆a 

鈥 Coordinadora Estatal en defensa del Sistema P煤blico de Pensiones (COESPE) 

鈥 Coordinadora de Asambleas de trabajadores en paro de Catalu帽a 

鈥 Taula d鈥橢ntitats del Tercer Sector Social 

鈥 Confederaci贸n Intersindical 鈥 CI 

鈥 Confederaci贸n General del Trabajo 鈥 CGT 

鈥 Comisiones Obreras 鈥 CCOO 

鈥 Uni贸n General de Trabajadores -UGT 

鈥 Observatori DESC. 

鈥 Alianza contra la pobreza energ茅tica 

鈥 Alianza por el Derecho a la Vivienda de Madrid 

鈥 Grupo Monitoreo DESC 

鈥 Plataforma Contra los Fondos Buitre 

鈥 Plataforma DESC Espa帽a 

Organizaciones que ya han dado su apoyo al manifiesto 

鈥 Intersindical Valenciana 

鈥 Marea Blanca Catalunya 

鈥 CNT Val猫ncia 

鈥 Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del Pa铆s Valenci脿 

鈥 Sillas contra el Hambre 

鈥 Marea B谩sica 

鈥 ATTAC Espa帽a 

鈥 Marea Blanca Catalunya 

鈥 Coordinadora Residencias 5+1 

鈥 Red Agua P煤blica 鈥 IAC 鈥 Abrir Brecha 鈥 COBAS 

鈥 Afectados BB Serveis 

鈥 CAES 鈥 EL ROGLE 

鈥 Marea Blanca Pa铆s Valenci脿 Comarques del Sud 

鈥 Audita Ciudadana de la deuda en Sanidad (Audita Sanidad) 

鈥 FAVB, Federaci贸 d鈥橝ssociacions Ve茂nals de Barcelona 

鈥 ATTAC acordem 

鈥 Marea Colomense 

鈥 Marea Pensionista de Catalunya 

鈥 Abrir Fenda 

鈥 Oficina popular de vivienda 鈥 Valladolid 

鈥 Intersindical Salut 

鈥 Rebeld铆a 

鈥 COS de l鈥橦orta 鈥 Obrir Escletxa

鈥 Plataforma por una Banca P煤blica

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los art铆culos que son responsabilidad de los autores de los mismos.




Fuente: Attac.es