June 15, 2021
De parte de Nodo50
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La Red Agua P煤blica 1, a la que pertenece Ecologistas en Acci贸n, exige al Ministerio de Sanidad que el proceso de trasposici贸n de la directiva europea de agua de consumo humano sea participativo y transparente.

El 16 de diciembre de 2020 el Parlamento y el Consejo de la Uni贸n Europea aprobaron la Directiva 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Esta normativa sustituy贸 a la entonces vigente que databa de 1998 y que estaba, a todas luces, desfasada. La revisi贸n de la directiva estuvo motivada, en gran parte, por la presi贸n que se consigui贸 a trav茅s de la Iniciativa Ciudadana Right2Water 芦El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano鈥, que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanos europeos y por muchas organizaciones sociales que propugnaban que el abastecimiento de agua no puede regirse por las normas del mercado interior, debe quedar fuera del proceso de liberalizaci贸n, a la vez que tiene que cumplir condiciones estrictas de informaci贸n, participaci贸n p煤blica y rendici贸n de cuentas, todo ello en el contexto general del reconocimiento del derecho humano al agua.

A pesar de que el Parlamento europeo asumi贸 las reivindicaciones de la iniciativa right2water, en el proceso de revisi贸n de la directiva de 1998 se relegaron una parte importante de los planteamientos de la ciudadan铆a, de forma que la Directiva aprobada en diciembre de 2020, si bien supone un importante avance con respecto a la anterior, no cubre lo fundamental de las exigencias ciudadanas expresadas en la iniciativa right2water.

Atendiendo al principio de subsidiariedad contemplado en el art铆culo 5 del Tratado de la Uni贸n Europea, el gobierno ha puesto en marcha el proceso de trasposici贸n de la nueva directiva al ordenamiento espa帽ol. Este proceso, que est谩 siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, se est谩 llevado a cabo de una forma opaca sin que se propicie la participaci贸n de la ciudadan铆a en un tema en el que debe tener especial presencia, si se consideran los principios definitorios del derecho humano al agua.

En este contexto, la Red Agua P煤blica se ha dirigido por carta a la Ministra de Sanidad -que est谩 m谩s abajo-, denunciando esta circunstancia y ofreciendo su colaboraci贸n para que en la trasposici贸n de la directiva europea se recojan las reivindicaciones ciudadanas que quedaron soslayadas en la directiva aprobada en diciembre de 2020. La carta se ha puesto en conocimiento a las titulares de los ministerios de Consumo y Transici贸n Ecol贸gica toda vez que tambi茅n est谩n directamente interesados en el proceso.

Carta a la Ministra de Sanidad

Sra. D陋 Carolina Darias San Sebasti谩n. Ministra de Sanidad

Sra. Ministra,

La Red  Agua P煤blica (RAP), entidad que re煤ne a decenas de organizaciones y plataformas de car谩cter estatal, auton贸mico y local, en defensa de la gesti贸n p煤blica del agua, del medioambiente h铆drico y de los derechos humanos al agua y al saneamiento, quiere hacerle llegar su opini贸n sobre el actual proceso de transposici贸n de la Directiva 2120/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. El objetivo fundamental, que en el texto se reitera y justifica, es solicitar que se abra un espacio de participaci贸n, en el que las organizaciones sociales, y en concreto la RAP, puedan presentar y debatir sus propuestas respecto del mencionado proceso de trasposici贸n.

La adopci贸n por la CE en marzo de 2014 de la Iniciativa Ciudadana Right2Water 芦El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. 隆El agua no es un bien comercial sino un bien p煤blico!禄 fue uno de los factores que impulsaron la revisi贸n de la Directiva de agua potable (Directiva 98/83/CCE), en el sentido de incluir en ella la obligaci贸n de que todos los ciudadanos puedan ejercer los Derechos Humanos al Abastecimiento y Saneamiento. El proceso de revisi贸n, que ha culminado con la aprobaci贸n de la Directiva 2020/2184 de 16 de diciembre de 2020 (DAP), se fundament贸 en las ideas de que el abastecimiento de agua no debe regirse por las normas del mercado interior y debe quedar fuera del proceso de liberalizaci贸n, al mismo tiempo que debe cumplir las condiciones de informaci贸n, participaci贸n p煤blica y rendici贸n de cuentas con las que los derechos humanos se deben aplicar. En la base de la necesidad de la revisi贸n se situ贸 tambi茅n la evidencia de que el tradicional enfoque de control de la calidad en el punto de consumo (a final de tuber铆a) estaba basado en par谩metros obsoletos y superados por los planteamientos ecosist茅micos introducidos por la Directiva 2000/60/CE (DMA). Todo ello suscit贸 expectativas de que la nueva Directiva supondr铆a importantes avances, expectativas que solo parcialmente se han cumplido.

Pero ahora nos encontramos en otro momento clave del proceso: la transposici贸n a la normativa espa帽ola de la DAP. Gracias al principio de subsidiariedad establecido en el art铆culo 5 del Tratado de la UE -concretado en las decenas de ocasiones en las que la DAP se refiere a los 鈥淓stados miembros鈥 como sujetos activos del desarrollo y aplicaci贸n de la nueva normativa- la transposici贸n contiene grandes potencialidades de mejora de aquellos contenidos que no han cubierto las expectativas mencionadas. Desgraciadamente nos hemos encontrado con el proyecto del Real Decreto por el que se establecen los criterios t茅cnico sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo (Versi贸n 2. 29.04.2021), en el que no se aprovechan las posibilidades que el proceso de trasposici贸n contiene. A continuaci贸n, se帽alamos los temas principales sobre los que, en nuestra opini贸n, el proyecto de RD debe mejorar, buena parte de ellos relacionados con el contenido de los criterios normativos y los principios transversales de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

1. El tema del acceso al agua destinada al consumo humano ha ocupado un lugar central en los debates de la elaboraci贸n de la DAP. La redacci贸n incorporada al proyecto de R.D. no garantiza el acceso a la red de suministro en el domicilio, ni menciona la prohibici贸n o regulaci贸n de los cortes del suministro. El R.D. deber铆a incluir la regulaci贸n de un suministro m铆nimo vital, que permita hacer efectivo el derecho humano al agua a todos los ciudadanos, incluidos los que se encuentren en situaci贸n de pobreza o exclusi贸n social. Uno de los temas m谩s relevantes para la RAP se refiere a la necesidad de que en el R.D. se haga una referencia expl铆cita al derecho humano al agua en los t茅rminos recogidos en la Iniciativa Europea Right2Water y la obligaci贸n de las administraciones p煤blicas de protegerlo, promoverlo y defenderlo.

2. Al referirse al acceso al agua, la DAP incide de manera especial en colectivos vulnerables desde una perspectiva 茅tnica, cultural, de situaci贸n socioecon贸mica colectiva. Textualmente se dice: 鈥淪in perjuicio del derecho de los Estados miembros a definir los grupos, ser铆a importante que estos grupos incluyan a los refugiados, las comunidades n贸madas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los gitanos e itinerantes, sean sedentarios o no鈥 (Considerando 35), o 鈥溾 el acceso de colectivos vulnerables y marginados tal como los determinen los Estados miembro鈥 (art铆culo 16.1). Esto abre un espacio a la profundizaci贸n contextualizada en este importante tema que, entre otros, afecta de manera lacerante a grandes sectores de trabajadores agr铆colas temporeros de las zonas de agricultura m谩s intensiva y productiva del pa铆s, en las que a lo largo de pandemia no se ha logrado siquiera establecer esos 鈥溾 sistemas de suministro alternativos, por ejemplo, dispositivos de tratamiento individuales, el suministro de agua mediante dep贸sitos, como, por ejemplo, camiones y cisternas, y la instalaci贸n de las infraestructuras necesarias para los campamentos鈥 (Considerando 35). En este sentido, la atenci贸n de la DAP a los problemas de disponibilidad y accesibilidad por carencia o deficiencia de infraestructuras que afecta a colectivos sociales o 茅tnicos territorialmente definidos, debe ser incorporado de manera expl铆cita en la transposici贸n. No podemos dejar de mencionar el problema de los asentamientos informales, que incluyen el caso de los asentamientos de trabajadores temporeros, pero tambi茅n el de otros asentamientos sin acceso al agua existentes en las periferias de las ciudades, como es el caso de la Ca帽ada Real en Madrid, y el de otros colectivos en situaciones de precariedad habitacional que padecen problemas similares.

3. Con respecto a la asequibilidad, tambi茅n se abre un gran espacio de concreci贸n en el proceso de transposici贸n: la responsabilidad principal en la actuaci贸n consecutiva y la revisi贸n a escala nacional, regional y mundial de los avances para lograr dichos objetivos recae en los Estados miembros. 鈥淟os Estados miembros podr铆an servirse de los documentos de orientaci贸n elaborados en el 谩mbito de competencia de dicho Protocolo [de 1992, sobre el agua y la salud de la Comisi贸n Econ贸mica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y la Oficina Regional para Europa de la OMS], para evaluar el contexto de actuaci贸n y la situaci贸n de partida en relaci贸n con el acceso al agua y definir las medidas necesarias para mejorar el acceso equitativo para todos al agua destinada al consumo humano禄 (considerando 34). En el proyecto de RD se pierde la oportunidad de hacerlo.

4. Al mismo tiempo, la accesibilidad y la asequibilidad no se pueden abordar sin considerar la financiaci贸n sostenible de los servicios de agua y el papel de la tarificaci贸n en la promoci贸n de la eficiencia del agua. Por lo tanto, la trasposici贸n debe abordar conjuntamente estos principios, ya que la realizaci贸n de un principio puede tener efectos sobre los dem谩s, y esta interacci贸n debe considerarse de manera integral.

5. La DAP introduce un enfoque de gesti贸n del riesgo en todas las fases del sistema, incluidas las zonas de captaci贸n de los puntos de extracci贸n. Los Estados miembros tienen la obligaci贸n de detectar los peligros y eventos peligrosos en estas zonas de captaci贸n que podr铆an causar el deterioro de la calidad del agua. Esta obligaci贸n de los Estados se debe materializar en los procesos de planificaci贸n de demarcaciones hidrogr谩ficas que ha entrado ya en su tercer ciclo de planificaci贸n. Efectivamente, la DMA exige a los Estados miembros que especifiquen las masas de agua utilizadas para la captaci贸n de aguas destinadas al consumo humano, hagan un control de estas masas de agua y adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad a fin de reducir el nivel del tratamiento de purificaci贸n necesario para la producci贸n de aguas aptas para el consumo humano. En este aspecto en Espa帽a es esencial mejorar la coordinaci贸n entre las autoridades competentes en materia de sanidad, planificaci贸n territorial, agraria y urban铆stica y las autoridades competentes en gesti贸n del agua, de manera que se identifiquen adecuadamente todos los puntos de captaci贸n, se incorporen en el registro de las zonas protegidas de los planes hidrol贸gicos de demarcaci贸n. Sin embargo, el proyecto de R.D. no avanza en la declaraci贸n de los per铆metros de protecci贸n y obvia responsabilidades que corresponden a los organismos de cuenca. En ese sentido, consideramos importante que la transposici贸n establezca la obligatoriedad de fijar per铆metros de protecci贸n en todas las captaciones, con las correspondientes medidas de protecci贸n. La transposici贸n debe incluir plazos para el desarrollo reglamentario de estos aspectos, para la obligatoria (no potencial) elaboraci贸n de instrucciones metodol贸gicas y para su aplicaci贸n. Esto no debe conducir a ignorar, como el proyecto de R.D. ignora, que el principal problema actual no es solo la falta de declaraci贸n de per铆metros de protecci贸n 鈥 hay unos 8.000 declarados 鈥 sino la ausencia de planes de protecci贸n y de identificaci贸n de actuaciones que no se desarrollan en los mismos.

6. En lo que se refiere al 谩mbito de la gobernanza, en el Anexo IV de la DAP se incluye la obligaci贸n de proporcionar informaci贸n al ciudadano en distintos 谩mbitos importantes de la gesti贸n del ciclo urbano del agua. Se echan en falta, sin embargo, algunos temas que se deber铆an incorporar en el marco jur铆dico espa帽ol. Por ejemplo, no se garantiza nada sobre la informaci贸n acerca de las condiciones contractuales que vinculan al operador del servicio con la administraci贸n responsable del agua; tampoco hay requisitos para la informaci贸n sobre los flujos financieros (como la distribuci贸n de beneficios, pago de dividendos, honorarios de gesti贸n). Adem谩s, no solo es necesario concretar el alcance de la informaci贸n a suministrar, sino que tambi茅n es fundamental concretar los instrumentos que hay que poner a disposici贸n de la ciudadan铆a para garantizar su acceso; es decir, los sistemas de informaci贸n que hagan posible la transparencia de la gesti贸n de los servicios.

7. Es especialmente importante, en este sentido, la revisi贸n en profundidad del Sistema de Informaci贸n Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que actualmente presenta deficiencias que afectan tanto a su gobernanza, como a la recopilaci贸n de datos, a la publicaci贸n de la informaci贸n sobre el estado de la calidad del agua y a la propia aplicaci贸n inform谩tica en la que se apoya el SINAC, que deber铆a ser coherente con las pol铆ticas de datos abiertos promovidas por la Comisi贸n Europea. Como puso de manifiesto el informe de fiscalizaci贸n sobre el control sanitario del agua realizado por el Tribunal de Cuentas (N潞 1.344), el SINAC necesita una reforma urgente y profunda, no solo como apunta el proyecto de R.D. como un repositorio de informaci贸n en el que los distintos usuarios (sin tener en cuenta la diferenciaci贸n entre el operador privado y el p煤blico) intercambian informaci贸n, sino como un sistema de informaci贸n p煤blica que permita la participaci贸n de la ciudadan铆a en los distintos aspectos relacionados con la gobernanza del ciclo integral urbano del agua.

8. Por otra parte, respecto de la participaci贸n p煤blica propiamente dicha en los procesos de decisi贸n y espec铆ficamente en la elaboraci贸n de los instrumentos de planificaci贸n, en el proyecto de RD no se contempla aspecto alguno. En estos temas tambi茅n, la transposici贸n al marco jur铆dico espa帽ol tiene un importante margen de mejora, en sinton铆a con el abundante trabajo realizado en esta materia por las organizaciones integradas en la Red Agua P煤blica, que vienen haciendo detalladas propuestas de modelos e instrumentos concretos de participaci贸n p煤blica en la gesti贸n del ciclo urbano del agua. Es de mencionar tambi茅n en este punto el informe de Joan Gaya en el proceso de elaboraci贸n del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en Espa帽a.1

9. Finalmente, el proyecto de RD ignora el debate sobre la prevalencia del modelo de gesti贸n p煤blica directa, de la resistencia a procesos de privatizaci贸n y de impulso de experiencias de remunicipalizaci贸n que constituyen el eje del movimiento social por el Agua P煤blica en Espa帽a y en el conjunto de Europa. Aqu铆 tambi茅n, hay un recorrido posible para una transposici贸n que quiera avanzar en la l铆nea de lo que la racionalidad, el inter茅s p煤blico y las experiencias m谩s recientes en tiempos de pandemia muestran: la preferencia o prevalencia de un sistema de gesti贸n p煤blico de un bien com煤n, imprescindible, insustituible, institucionalizado como un Derecho Humano y gestionado, necesariamente, en r茅gimen de monopolio natural. Es ineludible en este caso hacer una referencia al informe de junio de 2020 del anterior Relator de NNUU para los DHAS L茅o Heller, titulado Los derechos humanos y la privatizaci贸n de los servicios de agua y saneamiento.

Estas razones nos mueven a solicitar que se abra un debate democr谩tico amplio y fruct铆fero que permita que el proceso de transposici贸n de la DAP en el Estado espa帽ol aproveche todas las potencialidades que la nueva Directiva ofrece.

Cordialmente,

Comisi贸n de Coordinaci贸n de la Red Agua P煤blica (Integrada por AEOPAS, Aigua 茅s Vida, Asamblea Agua P煤blica 100% Regi贸n Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acci贸n, Enginyeria Sense Fronteres, Fundaci贸n Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua p煤blica en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua P煤blica de Arag贸n, Plataforma contra la privatizaci贸n del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l麓aigua p煤blica)

Con conocimiento, Sra. D陋. Teresa Ribera Rodr铆guez, Ministra para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico, y Sr. Don Alberto Garz贸n Espinosa, Ministro de Consumo

  1. La Red Agua P煤blica (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y pol铆ticas del Estado espa帽ol que promueven una visi贸n del agua como bien com煤n y servicio p煤blico, y luchan por la defensa de la gesti贸n p煤blica, sin 谩nimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. M谩s informaci贸n: https://redaguapublica.wordpress.com




Fuente: Ecologistasenaccion.org