February 4, 2023
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Michoacán, a 3 de febrero de 2023

A los medios de comunicación

Al pueblo de México y allende las fronteras

POSICIONAMIENTO POLÍTICO POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN

El pasado 1 de febrero del presente año, por mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien en agosto de 2022 resolvió el Amparo en Revisión 51/2020 sobre el caso de la detención desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; estaban citados a declarar en la Fiscalía General de la República (FGR), los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007.

Pero a los pocos minutos de la hora citada, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que los elementos citados a rendir su declaración no se presentarían, pues a unos no se les pudo notificar y, además de solicitar la reprogramación, pidió que la declaración se llevara a cabo en las instalaciones de la SEDENA, esto último para “salvaguardar la integridad física del personal militar.”

Estas excusas de parte de la institución castrense constituye en los hechos, negarse a acatar la resolución emitida por el máximo órganos de justicia en nuestro país, así como de proteger a los elementos castrenses por medio de seguir otorgándoles impunidad, en el cometido de la detención desaparición de los revolucionarios Gabriel y Edmundo. Por la vía de los hechos, significa negar el derecho a la justicia a las víctimas directas e indirectas de este deleznable crimen de Estado y de lesa humanidad.

La resolución de la SCJN sienta un importante precedente, ya que permite que las instituciones castrenses sean enjuiciadas por cometer crímenes en contra del pueblo mexicano, por lo que se observa que desde la cúpula militar y el ejecutivo federal, se pretende proteger a los verdugos del pueblo y ejecutores del terrorismo de Estado.

¿Cuál es el temor de parte de las instituciones castrenses como para pedir que las actuaciones judiciales se realicen en sus propias instalaciones?, con dicha petición criminalizan a los familiares, abogados, colectivos de de derechos humanos y organizaciones populares independientes, que durante más de 1 años, hemos sostenido en alto la bandera de lucha de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y el juicio y castigo a los responsales.

Nuestra exigencia es de ¡justicia!, palabra que para el Estado Mexicano es extraña en tanto que para mantener el régimen burgués a flote, incrementa la represión y violencia contra los oprimidos y explotados. Para ello se esfuerza por tratar de limpiar la imagen de las fuerzas castrenses, cuyas armas y uniformes están manchadas con la sangre del propio pueblo mexicano. Situación que no cambiará en tanto que el ejército siga siendo el principal sostén de la dictadura burguesa en nuestro país.

Por lo tanto, demandamos a la Secretaría de la Defensa Nacional y al jefe máximo de las fuerzas armadas, el cumplimiento de la sentencia emitida por la SCJN a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Crúz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de otra forma, todo discurso en favor de las víctimas de la política contrainsurgente constituye simple demagogia y falta de voluntad política para responder al histórico reclamo: ¡Por que vivos se los llevaron, vivos los queremos!

ATENTAMENTE:

POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS




Fuente: Fnls.mayfirst.org