Presentación Informe anual RICCAP 2022 (Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa)
Participan: Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Fedración de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Presentan: Alejandro Barranquero (presidente de RICCAP y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid), Alicia Barba y José Emilio Pérez
Invitados: Activistas, académicos y ciudadanía interesada en el tercer sector de la comunicación: social-comunitario.
Comprometida con la investigación crítica y con el aumento de la participación ciudadana en el sistema de medios, la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) presenta su 3er Informe Anual, correspondiente al año 2022. En esta ocasión, se profundiza en las implicaciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual, recientemente aprobada, y en los hitos obtenidos por el Tercer Sector de la Comunicación en España, que incluye medios libres, comunitarios, educativos y en forma de cooperativa o empresas de economía social. El Informe también incluye un acercamiento a la práctica y los marcos jurídicos de distintos países de América Latina y el Caribe y se completa con un análisis de la investigación que se está generando en torno al ámbito de la comunicación y los movimientos sociales tanto en España como a nivel mundial; así como los avances y retrocesos en la implementación de los marcos regulatorios –jurídicos de países de América Latina y el Caribe como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Chile. Otro aspecto relevante del informe es el capítulo 2, donde se realiza un análisis del tercer sector de la comunicación en España durante el año 2021, en el cual se destacan los avances y desafíos de estos medios comprometidos con la justicia social. El informe dedica un epígrafe a la conmemoración del centenario de la radio en Brasil, Cuba, Chile y Uruguay. Se exponen los principales resultados de la investigación en comunicación alternativa, participación y movimientos sociales durante 2022, así como la producción bibliográfica de los miembros de RICCAP, las cuales contribuyen a la defensa de los derechos a la información y la comunicación.
Fuente: Traficantes.net
América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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