March 31, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
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Santiago F. Reviejo

En las c谩rceles espa帽olas hay personas con discapacidad intelectual cumpliendo condena o en prisi贸n provisional. Nadie sabe exactamente cu谩ntas, porque un estudio de Plena Inclusi贸n ha revelado que s贸lo al 31,5% de esas personas que son condenadas a prisi贸n se les tuvo en cuenta su discapacidad en el proceso judicial, o sea, que el resto, el 68,5%, entr贸 sin que se atendieran sus limitaciones. Manuel es uno de ellos: pas贸 un a帽o y medio en una centro penitenciario de Canarias y luego contar谩 c贸mo lleg贸 all铆 y el trato que recibi贸.

La persona con discapacidad intelectual tiene una serie de limitaciones significativas en sus habilidades sociales, pr谩cticas y conceptuales, con un coeficiente intelectual menor de 70 que le genera dificultades cognitivas, de memoria y lenguaje. Esas limitaciones var铆an en funci贸n de su mayor o menor grado de discapacidad y pueden jugar un papel decisivo en su vida cuando se enfrenta a un procedimiento judicial, si quienes le acusan, juzgan y dictan su sentencia no las tienen en cuenta porque las desconocen o, simplemente, no se han preocupado de conocerlas.

Plena Inclusi贸n, organizaci贸n que representa a cerca de 900 asociaciones de discapacidad intelectual de toda Espa帽a, ha elaborado un amplio estudio, titulado A cada lado, con 367 personas reclusas o que han estado en prisi贸n teniendo esa discapacidad y con 81 profesionales del programa de la entidad que atiende a esa poblaci贸n en las c谩rceles. Este programa es el que ha permitido, adem谩s, detectar a un gran n煤mero de reclusos que no figuraban en los registros penitenciarios como posibles beneficiarios, ya que en menos de veinte a帽os ha multiplicado por seis las personas atendidas, de 279 presos en 2002 a 1.771 en 2019.

De los 741 procedimientos judiciales analizados en este estudio, en la mayor铆a, como se ha apuntado anteriormente, no se tuvo en cuenta la discapacidad de la persona procesada. Y en esos casos “existe una alta probabilidad de que durante el proceso se hayan vulnerado los derechos de la persona debido a la falta de comprensi贸n y/o comunicaci贸n o de la imposibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa”, se帽alan los autores del informe coordinado por In茅s de Araoz.

Eso es lo que le pas贸 a Manuel, el nombre con el que se quiere identificar un hombre de 51 a帽os, vecino de G眉铆mar, que pas贸 18 meses de su vida en la prisi贸n Tenerife II por un delito que tambi茅n prefiere no revelar. Aquello ocurri贸 hace unos cinco a帽os y con las dificultades propias de su discapacidad, con un grado del 68%, consigue reconstruir un proceso que por nada del mundo, eso s铆 lo tiene muy claro, quiere repetir.

Manuel dice que estuvo interno desde los 11 hasta los 18 a帽os en el centro de educaci贸n especial para discapacidad Hermano Pedro de Santa Cruz de Tenerife. Cuando dej贸 el centro se fue a vivir con una t铆a, la 煤nica persona de su familia que se hizo cargo de 茅l. Pas贸 el tiempo, hizo algunos cursos formativos, nunca lleg贸 a tener un trabajo, vinieron los delitos y, con ellos, las detenciones, los juicios. El complicado lenguaje jur铆dico que a cualquier lego le resulta dif铆cil entender a 茅l se le hizo incomprensible.

“Me leyeron los derechos, pero no lo comprend铆a mucho. El delito s铆 que sab铆a que era, el abogado me lo explic贸, pero tampoco lo entend铆 mucho. Luego me mand贸 a otra mujer del despacho, pero no me gust贸 el trato”, recuerda Manuel, que asegura que ni la juez ni la fiscal de su caso sab铆an que 茅l ten铆a discapacidad intelectual. Ni 茅l mismo lo sab铆a. 脡l cre铆a que s贸lo ten铆a una discapacidad f铆sica debido a un problema en la cadera que le obliga a andar con bastones y que fue la causa de su internamiento en un centro de educaci贸n especial. “Nadie se preocup贸 de saberlo. Yo tampoco lo sab铆a. Sab铆a s铆 que no reacciono como los dem谩s, me cuesta m谩s entender. Para estudiar yo no atend铆a mucho, no hac铆a caso. Y durante el interrogatorio, yo no entend铆a muchas de las preguntas que me hac铆an. La fiscal me preguntaba una cosa, la juez otra. Me ten铆an ya la cabeza en blanco”.

Ocurre en muchos casos que la levedad de la discapacidad juega en contra de quienes la padecen. La diversidad intelectual puede pasar desapercibida para el polic铆a que detiene a una persona o para el juez que luego la procesa, o que la confundan con otras circunstancias, como el consumo de drogas. No en vano, el 54% de los presos con discapacidad que participaron en el estudio ten铆an un problema de drogodependencia.

El peligro de la conformidad para rebajar penas

El caso fue que, con su capacidad de discernimiento, Manuel firm贸 la conformidad que le ofrecieron para rebajar su condena: a帽o y medio de prisi贸n y un a帽o de trabajo en beneficio de la comunidad. Precisamente esa frecuente utilizaci贸n de la conformidad para resolver en menos tiempo los procesos judiciales de delitos menores, los llamados juicios r谩pidos, es otro de los campos de batalla de las organizaciones de discapacidad. Estas denuncian el uso de ese recurso con personas que tienen dificultades de entendimiento, a las que se puede presionar para que acepten una reducci贸n de la condena sin contar con la asistencia de un profesional 鈥搖n facilitador- que se encargue de explicarles un procedimiento que, al aceptarlo y firmarlo, se convierte en sentencia firme contra la que ya no cabe recurso.

Plena Inclusi贸n se ha personado recientemente en un caso en Ourense para solicitar la nulidad de una conformidad que firm贸 un hombre con discapacidad intelectual a quien ofrecieron cumplir ocho a帽os de prisi贸n tras una vista por videoconferencia que dur贸 tan s贸lo un minuto y 28 segundos. Seg煤n In茅s de Araoz, el acusado pens贸 que le estaban ofreciendo cuatro a帽os por los dos delitos que hab铆a cometido y accedi贸, pero realmente eran cuatro a帽os por cada uno. La explicaci贸n que le dieron fue tan r谩pida que entendi贸 otra cosa y no hab铆a nadie a su lado para ayudarle a comprenderla.

Y dictada la condena, con conformidad o sin ella, llega la c谩rcel. Ah铆 es donde acaba el 94%; muy pocos la cumplen en un centro alternativo o en libertad vigilada. A Manuel le mandaron a Tenerife II, al m贸dulo de enfermer铆a, y lo metieron en una celda, seg煤n 茅l, con otras cinco personas. “Muchos problemas, muchos roces. Siempre hab铆a alg煤n problema, si no era con uno, era con otro”, dice. “驴Si tuve miedo? Qui茅n no tiene miedo all铆 dentro. Siempre te puede llegar uno que no sabes c贸mo va a reaccionar”.

Manuel se pasaba los d铆as sin hacer nada, salvo limpiar las mesas del comedor despu茅s de cada desayuno, comida y cena para cumplir la pena de un a帽o de trabajo en beneficio de la comunidad que le hab铆a impuesto la juez. Aparte de eso, s贸lo daba vueltas por el patio. No se apuntaba a ning煤n taller, no estudiaba. S贸lo daba vueltas al patio y dentro de su cabeza. De vez en cuando, tambi茅n ten铆a que aguantar las burlas de alg煤n preso. 驴Por qu茅 se burlaban de ti?: “Siempre hay alg煤n iluminado”, responde 茅l.

Pero todo empez贸 a cambiar a los dos o tres meses, cuando, seg煤n su memoria, lleg贸 una trabajadora de Plena Inclusi贸n Canarias, Ana Almenara, la que logr贸 mejorar su situaci贸n en la c谩rcel. Le pasaron a una celda donde ya estuvo m谩s tranquilo, con menos gente, consigui贸 un televisor y comenz贸 a realizar actividades. “Ella 鈥揷uenta Manuel- fue la que me dijo que ten铆a una discapacidad y que pod铆a ir a clases, hacer manualidades. En prisi贸n tampoco sab铆an que yo ten铆a una discapacidad hasta que lleg贸 el informe”.

Y Ana le ayud贸 tambi茅n a hacer otra tarea muy importante dentro de prisi贸n: rellenar las instancias para solicitar un permiso, para pedir un determinado servicio, lo que sea. En la c谩rcel siempre tienes que rellenar una instancia para que te den algo y Pedro no sab铆a c贸mo demonios cubrir aquella “hoja amarilla” que siempre le exig铆an para darle lo que quer铆a. As铆 que no consegu铆a nada. Y ese desconocimiento de los medios no hace m谩s que aumentar la marginaci贸n de las personas con discapacidad intelectual en las c谩rceles, lo que propicia otros datos muy significativos recogidos en el estudio 鈥楢 cada lado鈥: el 69% de estos reclusos no ha llegado a realizar ni una sola salida programada de prisi贸n y el 55% no ha solicitado nunca un permiso. Es decir, la mayor铆a de estas personas cumplen 铆ntegramente las penas en el centro penitenciario. Pero Manuel, con la ayuda de Ana, logr贸 salir dos veces a respirar un poco de aire fresco.

La reincidencia es mucho m谩s alta entre las personas con discapacidad intelectual

Ahora, Manuel vive solo en su casa, con la ayuda de Plena Inclusi贸n y los servicios sociales del Ayuntamiento, ha conseguido al fin el certificado que reconoce oficialmente su discapacidad, la f铆sica y la intelectual, y se mantiene gracias a la pensi贸n que le han concedido por ello. Cinco a帽os despu茅s de su paso por prisi贸n, lo que m谩s le preocupa es no volverse a meter en “problemas”, una palabra que repite machaconamente, problemas que le lleven otra vez al 煤ltimo sitio al que quiere volver: la c谩rcel. Y tiene raz贸n en preocuparse, porque la reincidencia es mucho m谩s alta entre las personas con discapacidad intelectual que han pasado por prisi贸n, que alcanzan, seg煤n el estudio, un 铆ndice del 54,5%, es decir, 20 puntos por encima de la poblaci贸n reclusa general.

El hombre con discapacidad de Ourense que acept贸 una pena de ocho a帽os creyendo que era de cuatro tambi茅n es reincidente. En marzo, en pleno estado de alarma, sali贸 en libertad tras cumplir una anterior condena. Le dieron dinero para que pudiera pasar la noche en un hostal y al d铆a siguiente cogiera un autob煤s a Asturias, su lugar de origen. Pero al llegar a la estaci贸n se encontr贸 con que el servicio estaba suspendido por la situaci贸n de emergencia sanitaria. As铆 que, de pronto, se encontr贸 en la calle, solo y sin dinero. Y as铆 estuvo, seg煤n De Araoz, quince d铆as, hasta que se decidi贸 a atracar con un cuchillo una tienda de golosinas. Lo hizo dos veces y en total se llev贸 85 euros, un bot铆n que le ha costado ocho a帽os m谩s de su vida en prisi贸n.

驴Cu谩l es el motivo de tan alta reincidencia? In茅s de Araoz sostiene que a la situaci贸n de exclusi贸n social, econ贸mica y educativa que arrastran muchas de estas personas se les suma luego la falta de apoyo para cubrir sus necesidades y carencias cuando cometen un delito porque no se ha detectado su discapacidad, y despu茅s las grandes dificultades que tienen para adaptarse a la prisi贸n, donde, en muchos casos, cumplen 铆ntegramente la condena al no acceder a programas de tratamiento o formaci贸n.

Y m谩s tarde, cuando todo eso termina, cuando llega de nuevo la libertad, esas personas vuelven al mismo entorno del que partieron sin haber mejorado su formaci贸n y sus habilidades. Se encuentran de bruces con una realidad en la que no llegan al 10% los que consiguen un empleo, en medio de una sociedad que les “estigmatiza, rechaza y excluye”, se lamentan los responsables de Plena Inclusi贸n, que aporta en su estudio m谩s de 50 propuestas para romper ese c铆rculo vicioso y cambiar las tornas de un colectivo tan vulnerable y castigado.

Una de esas propuestas es instituir la figura del facilitador, un experto que se ocupe de garantizar a la persona con discapacidad intelectual una comprensi贸n eficaz del procedimiento desde el mismo momento de su detenci贸n, con el fin de asegurar que tenga acceso a la justicia en igualdad de condiciones, algo as铆 como funciona la figura del int茅rprete de lengua de signos en el caso de las personas sordas, explica De Araoz.

De momento, la figura del facilitador se ha reconocido en el Estatuto de la V铆ctima del delito, pero, a juicio de esta organizaci贸n nacional de discapacidad, el gran avance vendr铆a con su inclusi贸n en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha emprendido el Gobierno. De esa forma, ser铆a obligatoria su utilizaci贸n en todos los 谩mbitos judiciales, no 煤nicamente el penal, y dejar铆a de depender, como ocurre ahora, de la sensibilidad que muestre cada juez en el tratamiento de estas personas.

Tres m贸dulos espec铆ficos para discapacidad en toda Espa帽a

El Defensor del Pueblo tambi茅n se ha interesado por este tema en los 煤ltimos a帽os y ha dirigido escritos a las secretar铆as generales de Instituciones Penitenciarias del Gobierno y de la Generalitat de Catalunya, comunidad que tiene las competencias de prisiones transferidas, para que habiliten m贸dulos espec铆ficos para personas con discapacidad intelectual fuera de las c谩rceles y, si no fuera posible a corto plazo, al menos dentro. Actualmente, s贸lo hay tres centros penitenciarios en Espa帽a con este tipo de m贸dulos: Segovia, Estremera (Madrid) y Quatre Camins (Barcelona). Y a juicio de la Defensor铆a estatal, 煤nicamente en los centros que cuentan ahora con unidades especializadas se respeta el derecho de los internos a disponer de informaci贸n adaptada a sus necesidades espec铆ficas, como carteles, pictogramas o textos en lenguaje f谩cil para la transmisi贸n de la informaci贸n.

En la presentaci贸n del estudio A cada lado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, 脕ngel Luis Ortiz, apunt贸 que, seg煤n los datos de su departamento, el 25% de las personas con discapacidad intelectual que cumple condena no se le ha reconocido su discapacidad antes de entrar en prisi贸n. Ese dato, unido al del alto 铆ndice de reincidencia de esta poblaci贸n, determina, a su entender, la importancia del tratamiento que reciba este colectivo en prisi贸n para reducir lo que supone “un fracaso del sistema”.

Manuel tiene un consejo para todos aquellos profesionales que intervienen en el proceso penal de una persona como 茅l, desde la detenci贸n hasta el ingreso y estancia en una prisi贸n: “Yo lo que les dir铆a es que tuvieran un poco m谩s de consideraci贸n o que expliquen mejor las cosas. Que no fueran tan severos, que sean m谩s solidarios. Todav铆a hay aqu铆 mucho atraso en el tiempo que estamos. A todo el mundo le tienen que tratar igual. La ley tiene que ser igual para todos”.

Antes de terminar, In茅s de Araoz hace una precisi贸n: tener una discapacidad intelectual no lleva aparejada la aplicaci贸n de una atenuante o una eximente del delito cometido. En determinados casos, se puede aplicar el art铆culo 20 del C贸digo Penal, que determina que est谩n exentas de responsabilidad criminal las personas que, a causa de cualquier anomal铆a o alteraci贸n ps铆quica, no puedan comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensi贸n, o las que por sufrir alteraciones en la percepci贸n, desde el nacimiento o la infancia, tengan alterada gravemente la conciencia de la realidad. En esos supuestos, se aplican las medidas de seguridad previstas en el mismo C贸digo Penal.

Pero, en el resto de los casos, la coordinadora del estudio subraya que la responsabilidad penal siempre debe ir asociada a la comprensi贸n del procedimiento. “Si no lo comprende, se produce una situaci贸n de indefensi贸n y el proceso deber铆a de ser nulo, porque no ha habido un juicio justo”, precisa.


P煤blico




Fuente: Grupotortuga.com