April 1, 2021
De parte de Nodo50
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Pintada junto a la playa de Laga, Vizcaya, que pide el acercamiento. 脕LVARO MINGUITO

Este art铆culo forma parte del n煤mero 81 de la revista La Marea, correspondiente a marzo-abril de 2021 y disponible en nuestro kiosco.

El pasado mes de enero se hizo p煤blico un comunicado titulado 鈥楶or un nuevo camino sin retorno鈥 en el que se ped铆a el fin de la excepcionalidad en materia penitenciaria para las personas presas vascas condenadas por delitos de terrorismo. Esta iniciativa fue respaldada no solo por personas que hemos nacido o vivido en el Pa铆s Vasco, como quienes firmamos este art铆culo, sino tambi茅n por representantes de la cultura, la pol铆tica y la comunicaci贸n de diversos lugares del Estado. Tambi茅n es destacable que, despu茅s de hacerse p煤blica, se sumaran personalidades de gran relevancia p煤blica, incluidas algunas v铆ctimas o familiares de v铆ctimas de ETA.

El aspecto m谩s conocido de la excepcionalidad penitenciaria que denuncia este comunicado es el alejamiento, llamado com煤nmente dispersi贸n. Esta estrategia se dise帽贸 a finales de los a帽os 80 del pasado siglo con el prop贸sito de romper la cohesi贸n de los miembros de ETA encarcelados y alentarles a abandonar el colectivo de presos vinculado a la organizaci贸n. No entraremos a valorar si dicha pol铆tica estaba justificada o si fue eficaz. En cualquier caso, el alejamiento se convirti贸 a partir de entonces en una medida aplicada por sistema.

En febrero de 2021, hab铆a 223 personas presas. De ellas, 28 se encuentran en c谩rceles francesas, pero la mayor铆a han sido trasladadas a las situadas m谩s cerca del Pa铆s Vasco, excepto las mujeres. Al no haber c谩rceles para ellas a distancias m谩s cortas, las mujeres presas en Francia se encuentran diseminadas a distancias no inferiores a 700 kil贸metros. Del resto de las 195 personas reclusas, solo 22 est谩n en prisiones del Pa铆s Vasco. Varias han sido trasladadas a c谩rceles relativamente cercanas, pero por el momento son una minor铆a. Este alejamiento supone que las familias de las personas presas tengan que organizar su vida privada y laboral para viajar cada fin de semana desde, pongamos por caso, Donostia, hasta, por ejemplo, C谩diz o Alicante, para una visita de 40 minutos, teniendo que hacer noche en el lugar hasta emprender el camino de vuelta.

Para facilitar esos traslados, hace a帽os que se organizan furgonetas y diferentes medios de transporte por parte de personas voluntarias. Se conocen como Mirentxin Gidariak (Conductores de Mirentxin, que es como se denomina popularmente a las furgonetas), y seg煤n ha denunciado la red ciudadana SARE en numerosas ocasiones, no es raro que durante el traslado se produzcan controles de la Guardia Civil en los que los familiares son sometidos a rigurosos cacheos, o que, al llegar al destino tras el largo viaje, los funcionarios los traten de forma humillante o aleguen problemas burocr谩ticos para impedirles la visita. A todo esto hay que a帽adir el peligro propio de la carretera: 16 personas han perdido la vida en estos a帽os, y decenas m谩s han sufrido accidentes de distinta consideraci贸n. Las dificultades log铆sticas a帽adidas en tiempos de pandemia merecer铆an un cap铆tulo aparte.

El gasto econ贸mico que supone el alejamiento para las familias es f谩cil de calcular. Tal vez sea m谩s dif铆cil de imaginar el desgaste emocional y f铆sico que conlleva el alejamiento, sobre todo cuando hay largas condenas. A quienes m谩s afecta es a los hijos peque帽os 鈥揷onocidos como 鈥渘i帽os de la mochila鈥鈥, cuyas vidas giran en torno a estos viajes de fin de semana. A los da帽os psicol贸gicos de crecer con un padre, una madre o ambos en prisi贸n, se le a帽ade que el tiempo de ocio y socializaci贸n con otros menores, propios del fin de semana, desaparece para ser suplantado por el viaje a la c谩rcel.
El alejamiento tambi茅n afecta particularmente a las personas ancianas que o bien sacrifican su salud en estos desplazamientos o bien tienen que renunciar a las visitas. A veces, esa renuncia significa no volver a ver a la persona presa, ni siquiera a trav茅s de un cristal. O que, cuando fallece un familiar de la persona presa, esta no sea trasladada para despedir al ser querido.

Apelar a la empat铆a hacia las familias es f谩cil. Siempre podemos decir que ellos no son responsables, que incluso muchas veces los padres de la persona presa est谩n totalmente en contra de las acciones de sus hijos, podemos apelar a la inocencia de los ni帽os, que cargan con las acciones de los padres. M谩s dif铆cil es considerar c贸mo afecta psicol贸gicamente a las personas presas las medidas de excepci贸n. Podr铆amos pensar que no hay mucha diferencia entre contemplar, desde un patio de prisi贸n, el cielo de Nanclares que el de C谩diz, pero el alejamiento tambi茅n supone una carga psicol贸gica grave en la persona presa: la preocupaci贸n de que sus familias hagan estos recorridos para verlos, con la dificultad, el riesgo y el gasto que suponen; la culpabilidad de saber que los est谩n castigando por sus acciones, no solo con el viaje, tambi茅n con el mal trato frecuente durante las visitas; la doble sensaci贸n de aislamiento que provoca saberse tan lejos de sus seres queridos.

Al castigo psicol贸gico del alejamiento se le suma un uso irregular del sistema de grados. Gran parte de las personas presas se ve obligada a cumplir su pena en 1潞 grado, en un r茅gimen casi de aislamiento. Las interacciones humanas tanto hacia el exterior como al interior de la prisi贸n se ven notablemente reducidas, sufriendo privaci贸n sensorial, monoton铆a estimular y p茅rdida de contraste con la realidad, lo que causa un enorme da帽o emocional y el deterioro de la persona. Es como cumplir condena en otra c谩rcel dentro de la c谩rcel. La inmensa mayor铆a de las veces se aplica por defecto, sin ninguna raz贸n que lo justifique. Tampoco se aplica con normalidad la progresi贸n de grado como al resto de personas presas, es decir, que para pasar del 1潞 al 2潞 grado, o de este al 3潞, las trabas son innumerables, hasta el punto de que hay presos que han cumplido las penas 铆ntegras de 20, 25 o hasta 30 a帽os en 1潞 grado, en una clara vulneraci贸n de derechos.

Adem谩s, la excepcionalidad tambi茅n afecta negativamente a la hora de poner en libertad a las personas con enfermedades graves e incurables.

Viviendo en Madrid es f谩cil comprobar que incluso entre personas que se informan regularmente sobre los temas de actualidad, y hasta entre los propios periodistas, hay bastante confusi贸n, si no ignorancia, sobre estas cuestiones que hemos abordado de manera esquem谩tica. El silencio, los vac铆os informativos, el relato maniqueo conformado en torno al imaginario de la monstruosidad de los condenados por terrorismo, impide una mirada limpia de prejuicios.

La respuesta a estos argumentos en contra de las medidas excepcionales vigentes (alejamiento, uso irregular del sistema de grados, no excarcelaci贸n por enfermedad grave e incurable) es, muchas veces, visceral, y participa de lo que podr铆amos denominar la 鈥榩ol铆tica del reproche鈥. Cuando decimos que las familias son castigadas, la respuesta es 鈥渆llos pueden visitar a sus seres queridos a la c谩rcel, las v铆ctimas de ETA solo tienen el cementerio鈥; cuando decimos que mantener a una persona presa en aislamiento durante toda su condena o no excarcelarla en caso de enfermedad grave es inhumano, la respuesta es alguna variante de 芦son asesinos, monstruos, que se jodan, no merecen compasi贸n禄. Ante este tipo de respuesta hay poco que argumentar porque se basa en afectos negativos y cerrados en los que la empat铆a es muy dif铆cil, por no decir imposible. Solo cabe el argumento legal: estas pol铆ticas van en contra de la Constituci贸n espa帽ola (art铆culo 25.2) y contra la propia ley penitenciaria, te贸ricamente encaminada a la reinserci贸n de la persona presa, quien debe cumplir condena en el centro m谩s cercano a su lugar de origen.

Tambi茅n se alega, en no pocas ocasiones y desde sectores m谩s cercanos a la realidad vasca, que hay una parte importante de estos presos que no ha deslegitimado la violencia, que no ha pedido perd贸n ni se ha arrepentido, que cuando salen de la c谩rcel les hacen los famosos ongi etorri como si fueran h茅roes, que en sus pueblos les dedican murales conmemorativos. Por todo ello, alegan, el fin de la excepcionalidad debe acompa帽arse de medidas deslegitimadoras de la violencia.

Es cierto que para sanar las heridas todav铆a abiertas causadas por la violencia es necesario que se den esas medidas y esos pasos, pero no deber铆an blandirse como condici贸n para acabar con la excepcionalidad. Se puede pedir el fin de las medidas de excepci贸n y sentir, al mismo tiempo, un profundo rechazo a la ret贸rica heroica con la que algunos envuelven la violencia de ETA.

A veces, la respuesta ante estos argumentos no es visceral, sino de absoluta indiferencia. Lo que pase a 芦esa gente禄 y su 芦entorno禄 no importa. Ni en los medios de comunicaci贸n ni en el debate p煤blico se habla de las personas presas. ETA ya no es materia informativa y solo aparece cuando la derecha y la ultraderecha utilizan a las v铆ctimas como armas arrojadizas. Pero tampoco en el pasado, cuando ETA llenaba p谩ginas de peri贸dicos, minutos de radio y casi todos los telediarios, hab铆a informaci贸n sobre la pol铆tica penitenciaria y sus consecuencias. A lo largo de todas estas d茅cadas no ha habido ni una sola entrevista en ninguna televisi贸n generalista a nivel estatal, a por ejemplo, los padres, o los abuelos, o los hijos de las personas encarceladas en r茅gimen de alejamiento. Es imposible esperar alg煤n tipo de empat铆a o incluso inter茅s de la ciudadan铆a m谩s alejada de la realidad vasca si esta carece de los elementos con los que poder establecer una ligaz贸n afectiva hacia un sufrimiento que desconoce por completo.

La actividad violenta de ETA dej贸 da帽os irreparables y resulta casi imposible desligar ese da帽o de cualquier respuesta a la petici贸n del fin de las medidas penitenciarias excepcionales. Sin embargo, pocas veces se tiene en consideraci贸n que para un sector importante de la sociedad vasca 鈥搚 un sector m铆nimo de la espa帽ola鈥 hay la percepci贸n de que existen dos tipos de justicia: la que se aplica contra quienes han ejercido la violencia de ETA o son sospechosos de haberla ejercido, por un lado, y por otro, la del propio Estado. No estamos equiparando ambas; al Estado debe exig铆rsele el cumplimiento riguroso de la ley, pues es garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que la infringen. El terrorismo de Estado y las torturas tambi茅n han formado parte de nuestra historia y ambas actividades criminales han sido llevadas ante la justicia espa帽ola y en su mayor铆a han quedado impunes.

Por un lado, los presos de ETA cumplen y han cumplido las m谩s altas condenas en las condiciones m谩s duras; por otro, quienes crearon y financiaron con fondos p煤blicos el terrorismo de Estado durante la democracia cumplieron las m铆nimas condenas o salieron impunes. Las miles de personas torturadas durante d茅cadas 鈥搕ambi茅n en el periodo democr谩tico鈥 han comprobado c贸mo la inmensa mayor铆a de los miembros de los distintos cuerpos de seguridad del Estado que los torturaron no solo no cumplieron ning煤n castigo sino que fueron, en muchos casos, condecorados o ascendidos.

El TEDH ha sentenciado que en numerosos casos instruidos por un mismo juez, este no hab铆a investigado posibles casos de tortura. Ese juez es ahora ministro de Interior. La pol铆tica penitenciaria de excepcionalidad se muestra, en este contexto, como s铆ntoma de un sistema penal y judicial que ha tensado y sigue tensando el estado de derecho con la excusa de la lucha antiterrorista.

Aunque se han dado pasos significativos en los 煤ltimos tiempos, es incomprensible que tras una d茅cada del cese de la actividad armada de ETA y casi tres a帽os desde su disoluci贸n, dicha pol铆tica siga vigente. El Gobierno de coalici贸n ha hecho avances importantes en los 煤ltimos meses, y es de suponer que en los pr贸ximos lo seguir谩 haciendo. El trasvase de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco tambi茅n cambiar谩 el escenario de forma fundamental.

En el camino hacia la normalizaci贸n en el Pa铆s Vasco quedan a煤n muchos flecos sueltos: el reconocimiento, por parte de algunos sectores de la izquierda independentista, no solo del da帽o causado, sino de su car谩cter injusto, es uno de ellos. La deslegitimaci贸n de todas las violencias, tambi茅n lo es. Quedan por esclarecer multitud de cr铆menes, tanto de ETA como del Estado. Con una puntualizaci贸n: en los de ETA, el Estado ha puesto todos sus medios al servicio de la justicia; en los del Estado, la maquinaria pol铆tica, policial y judicial ha puesto, en la inmensa mayor铆a de los casos, un velo que ha impedido no solo conocer la verdad sino establecer alg煤n tipo de justicia.

El reconocimiento oficial de las v铆ctimas mortales del GAL, el BVE y otros grupos parapoliciales es otro de los cap铆tulos pendientes. Es nuestra labor exigir que se cumplan todas las medidas 鈥損ol铆ticas e institucionales鈥 que permitan crear las condiciones de posibilidad para una convivencia que se base en los principios de no violencia, justicia y reparaci贸n. Es nuestra labor, tambi茅n, potenciar los debates que ayuden a acabar con la pol铆tica del reproche y del rencor, con la indiferencia inducida por miedos y prejuicios del pasado. Os invitamos a comenzar un nuevo camino sin retorno.




Fuente: Lamarea.com