February 22, 2021
De parte de ANRed
204 puntos de vista


Imagen de una de las primeras protestas de las familias de los 14 jóvenes presos en Puan

Hoy a las 11 las familias de los jóvenes de Puan detenidos el 15 de diciembre pasado viajan a Bahía Blanca, luego de realizar numerosas marchas en la localidad rural, a 180 kilómetros, para dar una conferencia de prensa frente al edificio de Tribunales, donde funciona la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. Allí, en la Sala I del Departamento Judicial de Bahía Blanca, los jueces Gustavo Barbieri y Pablo Somaulou tienen en sus manos actualmente esta causa, en el marco de la cual fueron allanadas a horas de la madrugada 20 viviendas y detenidos 20 jovenes, 14 de los cuales siguen en una prisión en Villa Floresta, Bahía Blanca. Por Jessica Visotsky, para ANRed.


Puan es una localidad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires de sólo 5 mil habitantes, que vive de la agricultura y la ganadería mayoritariamente, y en la cual como sucede en las localidades del interior del país sus jóvenes no tienen mayores posibilidades laborales y las de proseguir estudios terciarios o universitarios son escasas.

El fiscal de Bahía Blanca, Mauricio Del Cero, que viene llevando adelante una cruzada contra el narcotráfico, con reveses judiciales recientes como el caso de Tornquinst el mes en curso, es conocido en su accionar judicial en la zona por haber mantenido años en un manto de impunidad que aun se mantiene, el caso de femicidio de Katherine Moscoso. Por su parte, el juez Guillermo Mercuri durante dos años el primero se dedicó a investigar lo que caracterizaría como «banda de narcotraficantes», y que el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni en un spot referiría en diciembre pasado como tal en relación a la detención de 20 jóvenes acusados por el delito de narcotráfico.

Los jóvenes detenidos no tenían antecedentes penales. Algunos cultivadores de cannabis, recientemente reglamentado su cultivo, por el momento con fines medicinales. Todos ellos con el común denominador de ser jóvenes.

Cuestionamiento de la legislación vigente en temas de estupefacientes

Es un tema de polémica en el derecho penal a nivel nacional e internacional la legislación existente sobre estupefacientes en los países. A nivel nacional sabemos que hay una grieta por este tema en el poder judicial: en el ámbito de la  justicia hay una división en este tema.

En Argentina nos rigen dos leyes y son sumamente cuestionadas ambas. Una ley de 1989, la denominada Ley de Drogas, o de estupefacientes, la 23.737, que enmarca en la justicia federal estos delitos. Se cuestiona de esta sobre todo la desproporción de las penas, la existencia de un mínimo muy alto y que no discrimina magnitud de lo que se está penando. Estipula para los delitos de tráfico, duramente reprimidos, una pena de cuatro a quince años de prisión (Art. 5 de la Ley 23.737), por lo que es sumamente cuestionada, y han habido ya más de ocho proyectos de ley para modificarla y actualmente legisladores y legisladoras están trabajando en esto.

Existe actualmente un fallo que ha declarado inconstitucional el mínimo de la pena. Es el caso Loyola en Córdoba, que se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolverse. Este plantea que son tipos penales distintos: no es lo mismo comercializar 3 kilos que 3 gramos y denuncia el estado de vulnerabilidad de los últimos eslabones.

Imagen de una de las últimaas protestas de las familias de los 14 jóvenes detenidos en Puan

Es preciso contextualizar el momento en que están aplicando estas leyes y fallando, leyes sumamente cuestionadas no solo socialmente desde la sociedad civil, sino también en el ámbito judicial, legislativo y académico en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. Existiría según algunos especialistas una disparidad en el trato legislativo que se está ya dando en muchos países, incluso el nuestro, y el control represivo del cannabis.

La otra ley, de 2005, por la que se fija que corresponde a la justicia de las provincias impartir justicia en casos de que se venda al menudeo, es la llamada Ley de “Desfederalización”, que esta ley cuestionada por dar un poder superlativo a las fuerzas de seguridad y que habilita la instancia penal. Ninguna ha dado respuesta y las cárceles están abarrotadas de casos de narcomenudeo.

Por otro lado, este régimen que legisla estupefacientes es parte de la prioridad en la agenda de la justicia penal. Esto es la política de drogas, que obliga a aplicar un protocolo de derecho penal del enemigo. Esto tendría relación  tambien para muchos especialistas con una cruzada armamentista y militar de las guerras contra las drogas. Desde los estados se ha fijado como prioridad la política de guerra contra el narcotráfico, post 2001, con lo acontecido en Estados Unidos con las torres gemelas; librándose una guerra contra el terrorismo. Se planteó al narcotráfico como supuesto financiador del mismo y por lo tanto se lo puso en el lugar del enemigo a combatir. Así, quienes venden drogas van a ser la prioridad en esta lucha contra los enemigos del Estado. Se instalan criterios de interpretación de política criminal duros, estrictos, lo que llamamos mano dura, y se hacen ordenes de prioridad, de grupos, personas perseguibles. Se trata de discursos que definen criterios de política criminal de urgencia.

El mensaje que hay que mandar a la sociedad es que se encarcela y duramente estos delitos cuando no podemos olvidar que hay homicidios escandalosamente impunes, ni más ni menos que afectando el derecho a la vida (solo por mencionar el caso de Katherine Moscoso en manos del mismo fiscal que está investigando este narcomenudeo y tiene hace 20 días presos a estos chicos, mientras no hay un solo imputado ni detenido por el femicidio de Katherine Moscoso,  o el caso de Facundo Castro que está en la región sin ningún detenido hasta el momento). Entonces, ¿cuál es la escala de prioridades? Es una decisión de política penal. Y son fiscales y jueces que deciden y definen sobre la interpretación y aplicación de estas leyes.

Están los jueces de la Red de Jueces Penales bonaerenses de la Provincia de Buenos Aires, que se han pronunciado por un lado por la derogación de la ley de 2005, de desfederalización o por declarar la inconstitucionalidad de la pena que regula la Ley de Drogas. Por otro lado, el debate en el mundo en torno a la regulación del consumo y comercialización en pequeña escala. Uruguay, Holanda y Canadá que lo están pensando. Uruguay ha avanzado regulando la venta en minimizar el narcotráfico.

Argentina nunca separó o escindió la política de tráfico y de micro trafico como si hicieron otros países. Quien trafique en pequeñas dosis son 4 años como mínimo hasta 15, no se tiene en cuenta la magnitud del delito y hay una pena desprorcionada.

Excesivo uso de las preventivas

Asimismo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió en un escrito presentado a los jueces acerca del abusivo uso de la figura de la prisión preventiva en la Provincia de Buenos Aires, en un escrito por el cual se ha presentado como Amicus Curiae en enero pasado ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, realizando una presentación colectiva en favor de los jóvenes, aún detenidos.

En el escrito cuestionan la medida de prisión preventiva, apelando a la normativa vigente y a la doctrina en derecho y atendiendo a la situación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y todo eso agravado por el actual contexto sanitario en contexto de pandemia. En el escrito señalan lo desmedida de la medida de la prisión preventiva, y su empleo incorrecto por el juez de garantías Mércuri, entendiendo que “la prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena”.

Señalan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que la CIDH “ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.

En este sentido, afirman que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

La lucha de las familias y el acompañamiento social

Las familias y vecinos de la localidad bonaerense han realizado varias marchas en la localidad. Y este lunes 22 a las 11 harán una conferencia de prensa en Bahía Blanca. Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, medios alternativos y académicas han acompañado desde diciembre pasado a las familias visibilizando la injusta detención de los jóvenes. Entre ellas, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, está presente a la distancia y acompañando cada marcha y cada acción.

El lunes las familias, amigos y amigas llevarán su voz afuera de Tribunales y reiterarán un pedido de reunión con los jueces para solicitar escuchen la voz de las familias. â€œMi hijo no es un narcotraficante”, afirman, y su exigencia de justicia esta vez llega a los tribunales bahienses.


Compartimos comunicado de las familias de los 14 jóvenes detenidos de Puan:

Libertad ya a los 14 chicos de Puan 

Familiares de los 14 jovenes de Puan que están detenidos hace más de dos meses en la cárcel de Villa Floresta invitamos el dia lunes 22 a las 11 hs en Estomba 34 a una conferencia de prensa.

El día 15 de diciembre,  después de un operativo simultaneo realizado a las 4:30 de la madrugada, la policía de la Provincia de Buenos Aires, por orden del juez Guillermo Mercuri y a partir de una  investigación del fiscal Mauricio del Cero, irrumpió de forma violenta, en nuestras casas, luego de lo que fueron detenidos 20 de nuestros hijos,  14 de los cuales todavía están en prisión.

En el contexto de una política de seguridad de “mano dura” o de “tolerancia cero”  que lleva ya más de dos décadas y que con el actual ministro de seguridad Sergio Berni -quién trató a nuestros hijos como una peligrosa banda narcotraficanes-,  se está  profundizando, políticas basadas en un encarcelamiento y punitivismo selectivo, la justicia penal se está abocando a la persecución de nuestros  jóvenes. Mientras tanto los verdaderos delincuentes nunca son investigados y encarcelados.

Por su parte el poder judicial, muchos jueces y fiscales, están dedicados a investigar y perseguir a jóvenes, en su mayoria cultivadores y a penalizar con leyes desactualizadas, como lo es la que se está aplicando en este caso, la cual ya tiene más de 8 proyectos de ley presentados para ser modificada.

Nos acompañan vecinos y vecinas, organizaciones sociales, políticas, académicas,  de derechos humanos como la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur  y  la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que se presentó como Amicus Curiae  haciendo una presentación colectiva en favor de nuestros hijos cuestionando la medida de prisión preventiva, sabemos que fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que la “preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que … no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3),pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.   Dicen que  â€œLa prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

Numerosas marchas se han realizado ya los domingos en nuestra localidad en las que participamos familias, amigos, parejas y vecinos de la localidad, así como medios y organizaciones que acompañan.   Hoy estamos convocando en Bahía Blanca, adonde se encuentran detenidos nuestros hijos.

Hoy la causa se encuentra en la Camara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. Sala I, Del Departamento Judicial Bahía Blanca a cargo de los Dres Gustavo Barbieri y Pablo Somoulou.

Exigimos que nuestros hijos sean liberados!

Agradecemos la difusión y el acompañamiento en esta conferencia de prensa el lunes 22 a las 11 hs en Estomba 34.

Contactos:

  • Fabiana Herrero: 02923 – 15652041
  • Federico Parodi: 02926 – 15498267

Más información sobre el tema del narcomenudeo y el cannabis, y su tratamiento desde la justicia penal:

https://www.revistamate.com.ar/2021/01/el-narcomenudeo-como-enfermedad-terminal-de-la-justicia-penal/

https://www.revistamate.com.ar/2020/06/el-cannabis-y-la-grieta-en-el-poder-judicial/

https://www.revistamate.com.ar/2020/05/cannabis-criminalizacion-y-penas-desproporcionadas/

https://www.revistamate.com.ar/2020/09/cannabis-el-divorcio-entre-la-justicia-y-el-avance-social/

https://www.revistamate.com.ar/2020/04/breve-analisis-de-la-construccion-de-la-noticia-prohibicionista/





Fuente: Anred.org