September 6, 2021
De parte de Algrano Sembrando La Duda
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La desobediencia civil implica la violaci贸n de una ley mediante una acci贸n, destinada a ser contemplada por la ciudadan铆a y clase pol铆tica, buscando la derogaci贸n de una ley injusta. 驴Qu茅 consecuencias penales puede y ha de tener? 驴Deber铆a cambiar el resultado si finalmente se declarase inconstitucional la ley injusta que se pretende cambiar?

Una de las definiciones m谩s concisas y acertadas de la desobediencia civil, es la dada por John Rawls, quien la define como un 鈥渁cto p煤blico no violento, consciente y pol铆tico, contrario a la ley, cometido habitualmente con el prop贸sito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno鈥.

Es decir, la desobediencia civil implica la violaci贸n de una ley mediante una acci贸n, generalmente pac铆fica, destinada a ser contemplada por ciudadan铆a y clase pol铆tica. Su finalidad es generar una reflexi贸n colectiva capaz de tumbar la ley injusta, concienciando a los ciudadanos sobre el mal que provoca e invit谩ndoles a movilizarse para acabar con ella.

La ley que se incumple puede ser directamente la que se combate (por ejemplo, acoger a un inmigrante sin papeles cuando hay una ley que lo proh铆be). Pero tambi茅n se puede incumplir una ley distinta de la que se quiere derogar, usando dicho incumplimiento como instrumento para combatir la ley injusta (por ejemplo, cortar una carretera ilegalmente para detener un autob煤s que lleva a la deportaci贸n a un grupo de inmigrantes sin papeles, y ello con el fin de denunciar la ley en virtud de la que se les deporta).

En tal sentido, el fil贸sofo Ronald Dworkin admite un derecho 鈥渆n el sentido fuerte鈥 a desobedecer la ley. 鈥淭iene ese derecho (el ciudadano) toda vez que la ley invade injustamente sus derechos鈥. Y es que la desobediencia civil se ampara en el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones (y tambi茅n en la espa帽ola): libertad de conciencia, libertad de expresi贸n y participaci贸n pol铆tica.

El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresi贸n por cuanto busca transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. Tambi茅n ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios 茅ticos m谩s elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia. Finalmente, la desobediencia civil se ampara en la participaci贸n pol铆tica, pues al ejercerla el ciudadano busca participar en los asuntos p煤blicos mejorando la realidad social a trav茅s de la denuncia de una ley que viola los derechos de sus semejantes.

Ahora bien, para que una ley aprobada mediante los cauces legales pueda ser leg铆timamente desobedecida, es preciso que su nivel de injusticia sea muy elevado. Ello sucede cuando vulnera los Derechos Humanos, siendo 茅sta la causa fundamental que permite justificar el ejercicio de la desobediencia civil. As铆, Julieta Marcone afirma que el derecho a tener derechos implica el derecho a desobedecer la ley que los vulnera.

Los detractores de la desobediencia civil afirman que 茅sta carece de sentido porque existen tribunales (como el Tribunal Constitucional) con capacidad para anular las leyes que violen los Derechos Humanos. Pero, como en su d铆a se帽al贸 Henry Thoreau, el agotamiento de las v铆as judiciales requiere 鈥渄emasiado tiempo y se invertir铆a toda la vida鈥. Un procedimiento judicial que culmine en la anulaci贸n por el Tribunal Constitucional de la ley injusta, puede llevar hasta una d茅cada, y no puede exigirse a los ciudadanos que la soporten durante todo ese tiempo.

Y ello sin perjuicio de que, tristemente, la elecci贸n pol铆tica de los magistrados del Tribunal Constitucional (nombrados directamente por Parlamento y Gobierno) es un poderoso lastre para su independencia. Lo mismo puede decirse de los magistrados del Tribunal Supremo, que son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos integrantes son a su vez elegidos por el poder pol铆tico y cuentan con una enorme libertad para nombrar a los magistrados que consideren m谩s convenientes, ya que no existe un baremo objetivo y riguroso para medir qu茅 magistrados son m谩s capaces y competentes para integrarse en el Tribunal Supremo. Es por ello que el Consejo de Europa, a帽o tras a帽o, requiere sin 茅xito a Espa帽a para que garantice la independencia judicial.

En esta tesitura, surge la cuesti贸n del castigo que deber谩n tener quienes, practicando la desobediencia civil, cometen una infracci贸n penal como puede ser el delito de desobediencia a la autoridad policial. Examinando esta problem谩tica, Rawls sostiene que 鈥渓a desobediencia civil (lo mismo que la objeci贸n de conciencia) es uno de los recursos estabilizadores del sistema constitucional, aunque sea por definici贸n, un recurso ilegal (鈥) ayuda a mantener y reforzar las instituciones justas鈥.

En consecuencia, autores como Rawls entienden que cuando pretenda enjuiciarse a quien haya practicado la desobediencia civil, el tribunal ordinario encargado de ello deber铆a dejar en suspenso el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la ley contra la que se lucha.

Es m谩s, en sistemas como el espa帽ol el juez podr铆a aprovechar la figura de la cuesti贸n de constitucionalidad, que le permite dejar en suspenso el proceso penal y pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley contra la que luchaba el desobediente civil, pues esta cuesti贸n tendr谩 un impacto determinante en su condena.
Entendemos que, si la ley es finalmente declarada inconstitucional, el desobediente civil debe quedar libre de responsabilidad penal, siempre y cuando no haya practicado la violencia, pues se ha limitado a desobedecer una ley que, por su inconstitucionalidad, nunca debi贸 existir. En los casos de desobediencia civil violenta, consideramos que s贸lo proceder铆a exenci贸n de responsabilidad penal si la violencia se ci帽贸 a una estricta autodefensa, esto es, a protegerse del uso abusivo de la fuerza contra el desobediente civil por parte de los agentes de polic铆a, limit谩ndose exclusivamente a detener la agresi贸n.

Esta exenci贸n de responsabilidad penal se producir铆a por aplicaci贸n del art铆culo 20.7 del C贸digo Penal, que impide condenar a quien cometa un acto que resulte il铆cito en abstracto cuando act煤e 鈥渆n cumplimiento de un deber o en el ejercicio leg铆timo de un derecho, oficio o cargo鈥, lo cual justifica los actos de desobediencia civil contra una ley que contradiga los derechos reconocidos en la Constituci贸n. Siendo deber de todo ciudadano garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos, quien luche contra una ley que los viole estar谩 cumpliendo un deber y, a la vez, ejerciendo sus derechos fundamentales.

Tambi茅n podr铆a ampararse la exenci贸n de responsabilidad penal por 鈥渆stado de necesidad鈥 prevista en el art铆culo 20.5 del C贸digo Penal. Este art铆culo ampara a quien 鈥減ara evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jur铆dico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; 2. Que la situaci贸n de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto; 3. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligaci贸n de sacrificarse鈥.

Aqu铆 nos encontrar铆amos, en palabras de Mar铆a Jos茅 Falc贸n y Tella, ante un 鈥渆stado de necesidad moral鈥, es decir, un imperativo moral que impide estar quieto a quien practica la desobediencia civil, y le obliga a luchar por los derechos de los dem谩s.

Pero, 驴qu茅 suceder铆a si la ley combatida es declarada constitucional? En este sentido, Mar铆a Jos茅 Falc贸n y Tella ha realizado un interesante estudio sobre la aplicabilidad de las eximentes y atenuantes que existen en el Derecho Penal espa帽ol en este caso. Las eximentes privar铆an de responsabilidad penal, mientras que las atenuantes limitar铆an la pena reduciendo su duraci贸n.

Pues bien, el art铆culo 14.3 del C贸digo Penal dispone que 鈥渆l error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracci贸n penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicar谩 la pena inferior en uno o dos grados鈥. De este modo, si el ciudadano enjuiciado sufr铆a un error invencible sobre la ilicitud de la conducta por la que se le juzga, queda libre de responsabilidad penal, mientras que si el error es vencible, se minora su pena.

El error invencible sobre la ilicitud de la conducta es aquel que no podr铆a ser apreciado en ning煤n caso por el ciudadano medio, es decir, se da cuando ninguna persona poseedora del nivel intelectual y cultural propio del ciudadano com煤n, pudiese darse cuenta de que la conducta que realizaba era il铆cita. En cambio, el error vencible sucede cuando, si bien el ciudadano medio podr铆a percibir la ilegalidad de la conducta realizada, esto le resulta especialmente dificultoso y dicha dificultad ha de tenerse en cuenta a la hora de sancionarle.

Cuando la constitucionalidad de la ley combatida sea profundamente dudosa, aunque finalmente el Tribunal Constitucional no la declare inconstitucional, entendemos que, como m铆nimo, deber铆a aplicarse la figura del error vencible, minor谩ndose la pena en uno o dos grados, pues el ciudadano medio pod铆a tener una leg铆tima y razonable convicci贸n sobre la inconstitucionalidad de la ley que denuncia y, en consecuencia, de la justicia de su desobediencia.

Tambi茅n debe aplicarse a la desobediencia civil el atenuante de confesi贸n recogida en el art. 21.4 CP, desde el momento en el cual la desobediencia es un acto p煤blico, por lo que quien la practica lo hace sin 谩nimo de ocultaci贸n alguno y ante la vista de la autoridad.

De otra parte, el art铆culo 21.1 del C贸digo Penal establece que las causas de exenci贸n de responsabilidad penal (como el estado de necesidad) se considerar谩n atenuantes cuando no se den plenamente los requisitos que las caracterizan. Por ejemplo, el estado de necesidad moral que expusimos en anteriores p谩rrafos puede desvirtuarse como causa de exenci贸n porque finalmente la ley contra la que se combat铆a fuese declarada constitucional, pero esto no impide que se mantenga como atenuante si el ciudadano obr贸 defendiendo los derechos consagrados en la Constituci贸n, dado que su imperativo moral a la hora de luchar por los derechos de los dem谩s era sumamente poderoso (lo cual mantiene parcialmente el estado de necesidad).

Finalmente, a la hora de castigar la desobediencia civil siempre deber谩 tenerse en cuenta la doctrina del efecto desaliento. Esta doctrina, admitida por el Tribunal Constitucional, viene a decir que si un ciudadano se excede en el ejercicio de un derecho fundamental, la sanci贸n que sufra por ello siempre deber谩 ser comedida y limitada.

La raz贸n es que, si los ciudadanos sufren castigos desproporcionados por extralimitarse en el ejercicio de un derecho fundamental (como la libertad de expresi贸n), en el futuro temer谩n volver a usarlo por miedo a sufrir una sanci贸n demoledora y, muy posiblemente, dejar谩n de ejercer sus derechos por el citado clima de miedo (ya que, en muchos casos, es dif铆cil determinar d贸nde est谩 la l铆nea roja que separa el leg铆timo ejercicio de un derecho fundamental y la extralimitaci贸n en el mismo).

Dada la 铆ntima conexi贸n entre desobediencia civil y derechos fundamentales, esta doctrina es claramente aplicable a su enjuiciamiento.


Publicado en elsaltodiario.com/conquista-derecho/que-es-la-desobediencia-civil en Abril de 2018

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Fuente: Algranoextremadura.org