November 7, 2021
De parte de ANRed
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Imagen: Ariel Gutraich

Detr谩s de la criminalizaci贸n de 鈥渕apuches terroristas鈥 o 鈥渋ndios al ataque鈥 est谩 la lucha por la propiedad de la tierra. 驴Por qu茅 peligra la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial Ind铆gena? 驴Podr铆a haber luz verde para que se multipliquen los desalojos violentos?. Por Luciana Mignoli (Agencia Presentes)


La escalada de discursos de odio en algunos medios de comunicaci贸n y el racismo expl铆cito contra los pueblos ind铆genas en Argentina se profundiz贸 en estos d铆as y no parece casualidad. Referentes del mundo de la pol铆tica y el empresariado destilan mensajes de ese tipo. Y diversos medios de comunicaci贸n concentrados maximizan sus coberturas estigmatizantes. Ocurre a menos de un mes del inminente vencimiento de una legislaci贸n que frena los desalojos de territorios ind铆genas.

Emergencia territorial ind铆gena: lo que hay que saber

En noviembre del 2006 se sancion贸 la Ley 26160 que declar贸 la emergencia en materia de posesi贸n y propiedad 鈥渄e las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades ind铆genas originarias del pa铆s鈥.

El proyecto de ley surgi贸 gracias a la lucha colectiva que exigi贸 poner un freno a los constantes desalojos de comunidades ind铆genas en manos de intereses privados. Pero tambi茅n de organismos estatales como Parques Nacionales y universidades p煤blicas.

El texto de la normativa -que se conoce como 鈥Ley de Emergencia Territorial Ind铆gena鈥- suspende todo desalojo donde est茅n involucrados pueblos originarios (inscriptos en RENACI, Registro Nacional de Comunidades Ind铆genas) hasta tanto no se realice un relevamiento territorial. Esa tarea debe realizarse en forma conjunta entre el Estado nacional, las provincias y las organizaciones de pueblos originarios.

Participa personal t茅cnico especializado en distintas disciplinas (geograf铆a, agrimensura, antropolog铆a, historia, ecolog铆a, biolog铆a, derecho, administraci贸n, etc.) junto a representantes del Consejo de Participaci贸n Ind铆gena, las provincias y el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI). Y siempre debe contar con la aceptaci贸n de la comunidad donde se realiza y con la participaci贸n de sus autoridades e integrantes.

Esa es la letra de ley. 驴Pero qu茅 pasa en la pr谩ctica? 驴Se est谩n realizando de manera conjunta? 驴Por qu茅 pas贸 tanto tiempo?

Originalmente, este relevamiento se deb铆a hacer en un plazo de tres a帽os. Luego tuvo tres pr贸rrogas: en el 2009 (Ley 26.554), en el 2013 (Ley 26.894) y en el 2017 (Ley 27.400). Y el 21 de noviembre de este a帽o finaliza su vigencia. Si no se prorroga nuevamente, quedar谩 sin efecto. 

Datos y territorios

Seg煤n el informe del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Ind铆genas (INAI) realizado el 15/10/21, estos son algunos n煤meros sobre la situaci贸n en los territorios:

  • De 1760 comunidades ind铆genas identificadas por la Direcci贸n de Tierras del INAI, quedan a煤n un 43,4% sin relevar. Mientras que un 56,6% se encuentra en diferentes niveles de ejecuci贸n.
  • Del total de los relevamientos efectivamente terminados, 61,% por ciento corresponde a la regi贸n Noa, 15,8% Sur, 11% Nea, 9,8% Centro y 1,9% Cuyo.
  • En el an谩lisis al interior de las regiones, el Nea es la regi贸n donde se registra mayor falta de relevamiento (el 62,7%) y se siguen el Sur y el Noa, donde a煤n no fueron relevadas el 46,3% y el 33,5%, respectivamente.

Del informe realizado por el organismo en 2017 (ante el anterior vencimiento de la pr贸rroga), las provincias que en ese momento se encontraban con relevamiento culminado son Catamarca, C贸rdoba, Entre R铆os, La Pampa, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucum谩n.

Provincias que tienen serios conflictos territoriales con pueblos ind铆genas como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Chubut, Santiago del Estero, Misiones, Neuqu茅n y R铆o Negro a煤n se encuentran demoradas y con relevamientos parciales.

Propiedad ancestral y desalojos

Es importante recalcar el car谩cter preexistente de los pueblos originarios y su derecho a la propiedad comunitaria y ancestral, como establecen tambi茅n el inciso 17 del art铆culo 75 de nuestra Constituci贸n y el Convenio 169 de la OIT. Ahora bien, 驴la legislaci贸n frena realmente los desalojos? 驴Qu茅 implicancia tendr铆a su caducidad para las comunidades?

M谩s all谩 del esp铆ritu de la ley y de sus objetivos, en la pr谩ctica existieron grandes problemas para la real implementaci贸n en los territorios. Durante estos quince a帽os igualmente se repitieron desalojos en distintos puntos del pa铆s. Muchas comunidades fueron expulsadas de sus territorios ya sea por no estar registradas como pide el RENACI o porque la provincia no hab铆a adherido a la Ley nacional. Y tambi茅n se registraron denuncias de relevamientos realizados sin participaci贸n de las comunidades involucradas.

Pero tambi茅n la vigencia de la ley ofici贸 como instrumento legal para frenar muchas otras ejecuciones. Por eso, diversas organizaciones ind铆genas se vienen expresando y movilizando no s贸lo para exigir la pr贸rroga sino para que se incluya un aumento en la partida presupuestaria y que se ponga en debate la demorada ley de instrumentaci贸n de la propiedad comunitaria ind铆gena de la tierra, que permitir铆a la equiparaci贸n en el C贸digo Civil de esta forma ancestral de propiedad.

T铆tulos provisorios y precarios

Hoy las comunidades tienen serios problemas con t铆tulos provisorios y precarios que en los territorios se traducen en la latente posibilidad de desalojos o de fragilidad ante el avance del sector empresario dedicado a los agronegocios, turismo e industrias extractivas. Y esa situaci贸n estructural se suma a un clima de creciente tensi贸n producto de la circulaci贸n sostenida de discursos racistas en medios de comunicaci贸n que estigmatizan identidades ind铆genas y preparan as铆 el escenario para una potencial represi贸n (como sucedi贸 tambi茅n en 2017).

Durante todo este mes se realizaron movilizaciones, marchas, campa帽as de comunicaci贸n y posicionamientos de referentes ind铆genas y personalidades p煤blicas para exigir la pr贸rroga. Y se realizar谩n vigilias frente al Congreso para acompa帽ar su tratamiento.

Los derechos ind铆genas son el resultado de la resistencia y la lucha de las comunidades y organizaciones originarias. Pero es indispensable que se involucre y que acompa帽e el conjunto de la sociedad para que esos derechos se cumplan. Exigir la pr贸rroga de la Ley 26.160 es un imperativo de los derechos humanos.





Fuente: Anred.org