June 20, 2021
De parte de ANRed
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Este análisis pretende contrarrestar esa imagen del hogar como lugar seguro, y empezar a desenredar los pilares de esta relación espacial de la violencia machista y la vivienda. Más del 80 por ciento de los asesinatos machistas de 2020 en el Estado español se perpetran en la vivienda, según feminicidio.net. Otros datos revelan que una de cada cuatro niñas sufre acoso y violencia sexual en en entorno familia-vivienda. 2020 ha sido un año en el que las violencias machistas han aumentado en número y beligerancia contra las mujeres y las niñas. Violencias situadas en la intimidad de los hogares, los mismos hogares que se han mostrado públicamente como espacios protectores contra el virus y todos sus males. Este análisis pretende contrarrestar esa imagen del hogar cómo lugar seguro, y empezar a desenredar los pilares de esta relación espacial de la violencia machista y la vivienda. Por Ohiane Ruíz (Píkara Magazine).


Origen del modelo de tenencia de la vivienda

Tras la guerra civil (1936-1939) se dan dos grandes cambios referidos al modelo habitacional: la migración de una gran parte de la población rural a las ciudades, y el cambio en el régimen de tenencia de la vivienda. En 1940, el 80 por ciento de la población española (26 millones) vivía en el ámbito rural, y en régimen de alquiler. En 1970, el 80 por ciento de la población (34 millones) vivían en poblaciones de más de 3.000 habitantes, y en régimen de propiedad. En España, el alquiler perdió importancia pasando de más del 50 por ciento a mediados de siglo pasado para llegar a porcentajes inferiores al 15 a principios de los años 80.

La llamada cultura de la propiedad en el Estado español tiene un origen claro en las dos primeras décadas de la dictadura, y se basa en “un “microcosmos” donde “las fantasías falangistas situaban los valores de la familia como célula básica del Estado”, escribe José Candela Ochotorena. Es aquí donde queremos situar la relación directa entre propiedad y familia como célula básica de articulación de un modelo de estado social, económico y político.

Otros datos, extraídos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 y que sirven para situar la dimensión de la relación entre violencias y hogares, son que el 44,2 por ciento de las agresiones sexuales y el 59,1 de las violaciones cometidas fuera de la pareja contra mujeres mayores de 16 años tienen lugar dentro de las casas (tanto de las mujeres, como de los agresores como de terceros). Y que de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual y tenían hijos e hijas en el momento en que tuvo lugar la violencia, el 60,6 por ciento afirma que sus criaturas presenciaron o escucharon los episodios de violencia (50,5 por ciento en el caso de la violencia de la pareja actual y 63,5 en el de la violencia de parejas pasadas).

Si a la relación histórica entre régimen de tenencia de la vivienda y el modelo patriarcal de familia se actualiza analizando las medidas del confinamiento en relación a la violencia contra niñas y mujeres, el resultado apunta cuestiones sumamente interesantes. Como destacaba la directora de cine Isabel Coixet en un programa reciente: «El Código Penal entre 1944 y 1963 toleraba que el marido asesinase a su esposa en caso de adulterio o que el padre matase a sus hijas menores de 23 años y a sus novios en el caso de mantener relaciones sexuales sin estar casadas».

En la triada marido-casa-violencia se ha basado la vida de muchísimas mujeres durante décadas. Ya lo señaló el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el pasado 4 de mayo en su declaración sobre la lucha contra la violencia de género y la Covid-19: “Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor precisamente allí donde deberían estar más seguras. En sus propios hogares. (…) En las últimas semanas, con el aumento de las presiones económicas y sociales y del miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica. En algunos países se ha duplicado el número de mujeres que llaman a los servicios de asistencia.(…) Insto a todos los gobiernos a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra la Covid-19”.

Ya se vio hace un año, en pleno confinamiento domiciliario, un aumento en las peticiones de ayuda por casos de violencias machistas. En el contexto de la crisis sanitaria se han tomado las decisiones dejando fuera del ámbito estratégico las vidas de niñas, mujeres, personas mayores, comunidades y personas migradas, sin papeles, trabajadoras del hogar y de cuidados o con empleo precario, etc…, que, casualmente, sumamos la mayoría de la sociedad. El androcentrismo tiene la virtud de segregar en minorías a la mayoría y de hacer universal la vida de una minoría. Ha quedado en evidencia que el Estado sigue reproduciendo este modelo. Y, aunque no se enuncie de la misma forma, las políticas de confinamiento han “dado por hecho” el modelo de sistema patriarcal familiar vinculado a la vivienda.

Violencia sexual en niñas

Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 se denunciaron 975 casos de abusos a menores (802 niñas y 173 niños) solo en Madrid. La organización Savfe the Children en un informe reciente señala que las denuncias suponen un 15 por ciento de los casos, por lo que se deducen así unos 6500 casos en Madrid, ese año. Los datos a escala estatal sitúan, en 2018, 5.38210 denuncias, lo que supone una estimación de más de 35.000 menores de 18 años víctimas de abusos sexuales. Según estas mismas organizaciones entre un 10-20 por ciento de la población ha sufrido abusos: un informe europeo se sitúa que uno de cada cinco menores, es decir, un 20 por ciento. Teniendo en cuenta que en 2018 había 1.141.418 niñas entre 5-9 años, esto supone que el número de niñas que podrían sufrir abusos se multiplicaría por seis (más de 200.000).

Estas entidades señalan, así mismo, que los patrones son distintos en niñas y niños. Los niños son agredidos mayormente entre los 11-12 años, y el agresor es un conocido con autoridad (profesor, entrenador, etc…); mientras que las niñas son agredidas sobre todo entre los 7 o 9 años, y por un agresor del entorno familiar. Lo que indica que se puede suponer que los abusos a niños probablemente se hayan reducido con el confinamiento, mientras que los abusos a niñas se han recrudecido.

A estos datos se suman las noticias relativas a la descarga y producción de la llamada pornografía infantil durante este confinamiento, que señalan un aumento del 25 por ciento de abusos, grabados, producidos y luego descargados, en casas. Estos datos e informes muestran la vigencia del modelo de estado patriarcal que basa sus decisiones en modelos que invisibilizan y perpetúan las estructuras (familia patriarcal y vivienda privada) asociadas a las violencias contra mujeres y niñas.

Las compañeras Ana Fernández e Irati Mogollón, en su investigación-libro Arquitecturas del cuidado, han dado comienzo a una línea de trabajo que hay que retomar y profundizar. Analizan modelos de vivienda en cesión de uso (propiedad comunitaria) en el contexto de los países del norte de Europa, modelos que trascienden “la familia” y “la casa” en el sentido “español”. En su análisis establecen dos categorías útiles para la generación nuevo paradigma hogar: las arquitecturas blandas (sistemas de cuidados-convivencia: familia) y las arquitecturas duras (la materialidad construida, la forma: casa).

Urge profundizar en el análisis del modelo de Estado y para ello habrá que constituir modelos que eliminen los dos pilares del falangista: la propiedad y la familia patriarcal. Esto implica una actualización de la praxis de los derechos constitucionales que afectan al derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Así como la re-definición del Estado desde paradigmas feministas (no patriarcales).





Fuente: Anred.org