May 16, 2022
De parte de SAS Madrid
1,679 puntos de vista

La crisis sanitaria, que se ha cebado con los centros de mayores, no provoca un aumento sustancial ni del n├║mero de apercibimientos ni de la cuant├şa media de los mismos.

– La Comunidad de Madrid contaba a cierre de 2021 con 27 inspectores, solo cinco m├ís que antes de que estallase la pandemia.

Las residencias fueron la zona cero del azote del coronavirus. Y as├ş lo atestiguan los datos. Casi una de cada tres muertes registradas como consecuencia del covid a lo largo de estos dos ├║ltimos a├▒os se han producido en los geri├ítricos espa├▒oles. Son centros que ya arrastraban un c├║mulo de deficiencias que la pandemia termin├│ poniendo de manifiesto. Entre otras, en materia sancionadora. Sin embargo, la crisis sanitaria no ha supuesto un cambio radical en este sentido. Al menos, en la Comunidad de Madrid. La regi├│n presidida por Isabel D├şaz Ayuso apenas contaba a cierre de 2021 con cinco inspectores m├ís que en el a├▒o prepandemia. Y no se aprecia un incremento sustancial ni del n├║mero de sanciones interpuestas ni de la cuant├şa media de las mismas. En estos dos ├║ltimos a├▒os, el Gobierno regional ha impuesto 57. El total de todas ellas no alcanza el mill├│n de euros.

El 2020 fue un a├▒o dur├şsimo en los geri├ítricos de la Comunidad de Madrid. Seg├║n los datos revelados en su momento por infoLibre, solo en los meses de marzo y abril fallecieron 9.470 residentes ÔÇô5.795 con covid confirmado o s├şntomas compatiblesÔÇô. El 77% de ellos perdieron la vida en la propia residencia, sin ser trasladados a un hospital. El agujero negro dej├│ miles de familias rotas, que denunciaban por todos los medios a su alcance la situaci├│n de desatenci├│n que se viv├şan en algunos de estos centros. A pesar de ello, las autoridades solo interpusieron durante aquel a├▒o 16 sanciones a geri├ítricos de la regi├│n. La cuant├şa total de todas aquellas multas ascendi├│ a 243.029,80 euros. Es decir, que el apercibimiento medio se situ├│ durante en algo menos de 15.200 euros.

Los datos son oficiales. Y proceden de una respuesta del Gobierno madrile├▒o a una petici├│n de informaci├│n hecha por la diputada del PSOE Lorena Morales. Sin embargo, el Ejecutivo de D├şaz Ayuso evita ofrecer todos los detalles solicitados por la parlamentaria. Por ejemplo, no aporta desglose por centro de las diferentes sanciones impuestas ni tampoco los motivos de cada una de ellas ÔÇôsolo hace un copia y pega de los art├şculos de la Ley en los que se ponen negro sobre blanco los distintos tipos de infraccionesÔÇô. Sin embargo, seg├║n revel├│ en su momento elDiario.es, durante aquel a├▒o se impusieron castigos por reincidencia, falta de personal, sobreocupaci├│n de espacios comunes y dormitorios o por no tener el geri├ítrico en condiciones adecuadas a nivel de mantenimiento, higiene o salubridad, entre algunas otras infracciones detectadas.

La actividad sancionadora se increment├│, sin embargo, durante el segundo a├▒o de pandemia. Al menos, en lo que tiene que ver con el n├║mero de multas. A lo largo de 2021, seg├║n las cifras del Ejecutivo regional, se impusieron 41 sanciones por un montante de 561.433,80 euros. El castigo medio fue, por tanto, de unos 13.700 euros, algo menos que durante el ejercicio anterior. Medios como El Independiente informaron, entre otras, de una multa de 58.000 euros a la empresa gestora de un geri├ítrico, acompa├▒ada de la inhabilitaci├│n por un lustro de su director, por no haber facilitado “informaci├│n diaria veraz” sobre la situaci├│n sanitaria durante la segunda ola de la pandemia. Un castigo, no obstante, que la empresa se mostr├│ dispuesta a recurrir en los tribunales.

Entre los dos a├▒os de crisis sanitaria las autoridades madrile├▒as han impuesto, por tanto, 57 sanciones por 804.463 euros en residencias de la regi├│n. Morales se centra, sobre todo, en los datos de 2020. No entiende c├│mo es posible que durante “aquel terrible a├▒o”, mientras los familiares acud├şan “desesperados” ante la justicia, se registrase una cifra tan baja de castigos en los geri├ítricos. “Una muestra m├ís del abandono de la Comunidad de Madrid hacia las personas mayores en aquellos duros momentos y de porqu├ę la presidenta no permite que se investigue ni quiere depurar responsabilidades sobre lo sucedido en las primeras olas de la pandemia en las m├ís de 500 residencias que hay en nuestra regi├│n, un 95% de ellas en manos privadas”, sentencia la diputada socialista en conversaci├│n con este diario.

3,9 millones desde 2015

No es raro que la cifra de sanciones registrada en el a├▒o negro de la pandemia sorprenda a Morales. Al fin y al cabo, es la m├ís baja de los ├║ltimos siete a├▒os, seg├║n los datos facilitados por el Ejecutivo regional. Del mismo modo, tampoco las cifras de 2021 suponen un incremento a destacar respecto a lo que suced├şa antes de que llegara el coronavirus. De hecho, forma parte de la t├│nica habitual. Quitando 2019, con 21 multas, en el resto de a├▒os previos el n├║mero de sanciones siempre ha rondado la cuarentena: 43 en 2018, 45 en 2017 y 41 en 2016 y 2015. Eso s├ş, con una diferencia sustancial en estos dos ├║ltimos casos: que la sanci├│n media se situ├│ entonces en m├ís de 18.000 euros, frente a los casi 13.700 de 2021.

En los ├║ltimos siete a├▒os se han puesto, por tanto, 248 sanciones por un importe total de 3,9 millones de euros.

Las multas a las empresas que prestan servicios sociales se recogen tanto en la ley de dependencia estatal como en las diferentes normas auton├│micas. En la mayor├şa de las regiones, los castigos m├ís duros pueden llegar hasta los 600.000 euros. Una cifra que ofrece una sensaci├│n de dureza que luego siempre termina choc├índose de frente con la realidad. Por lo general, los castigos que terminan imponi├ęndose en los diferentes territorios no suelen ser contundentes. Seg├║n los datos recopilados en el libro ┬íVerg├╝enza! El esc├índalo de las residencias (Planeta, 2021), entre 2014 y 2019 el 54,1% de las sanciones no superaban los 6.000 euros, mientras que el 37,2% se mov├şan entre los 6.001 y los 30.000 euros. Por contra, los castigos de m├ís de 60.000 euros apenas representaban el 2,7% del total.

Cinco inspectores más que antes de la pandemia

Otro de los problemas que siempre se han puesto sobre la mesa es el que tiene que ver con la plantilla de inspectores. Hay muy pocos. Y aumentan muy lentamente. En el caso de la Comunidad de Madrid, cerr├│ 2021 con 27 t├ęcnicos destinados a inspeccionar los centros y servicios sociales de la regi├│n. Son solo cinco m├ís que antes de la pandemia ÔÇôen 2019 se situaba en 22ÔÇô. No obstante, a mediados de marzo el consejero de Econom├şa de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la creaci├│n de varios puestos de trabajo adscritos a la Subdirecci├│n General de Inspecci├│n de Centros y Servicios Sociales.

En la era precovid, Madrid estaba entre las regiones con mayor ratio de plazas por inspector, seg├║n los datos recogidos en ┬íVerg├╝enza! El esc├índalo de las residencias. Entonces, por cada profesional hab├şa 2.384, frente a los 1.686 de media a nivel nacional. Solo Extremadura, Galicia y Asturias presentaban, en este sentido, peores datos que la comunidad presidida por Isabel D├şaz Ayuso: 3.502, 2.788 y 2.469 plazas por inspector, respectivamente.

El refuerzo de las plantillas de inspecci├│n es uno de los asuntos que est├ín encima de la mesa en la negociaci├│n que el Gobierno, a trav├ęs del Ministerio de Derechos Sociales, est├í manteniendo con comunidades aut├│nomas, patronales, sindicatos, asociaciones y expertos del sector para dise├▒ar un nuevo modelo de cuidados. En el borrador de febrero, el Ejecutivo propuso fijar un inspector por cada 25 residencias, en lugar de por cada treinta. Un m├şnimo que, sin embargo, ha desaparecido de la ├║ltima propuesta planteada, donde se expone que “las administraciones competentes contar├ín con servicios p├║blicos de inspecci├│n suficientemente dotados”. Un cambio, desvelado por El Pa├şs, que se introduce tras las reuniones mantenidas con las diferentes regiones. ┬┐El motivo oficial? Que el control no solo se realiza a trav├ęs de los inspectores.

El Gobierno oculta el protocolo

La diputada socialista tambi├ęn quiso indagar en el tema de los protocolos. En concreto, solicit├│ al Gobierno madrile├▒o “todos” los destinados a las residencias de mayores “emitidos tanto desde la Consejer├şa de Sanidad como desde la Consejer├şa de Familia, Juventud y Pol├ştica Social” desde marzo de 2020 hasta enero de 2022. El Ejecutivo le ha remitido cerca de medio millar de p├íginas con documentos en los que se aborda desde c├│mo deb├şan actuar los conductores y trabajadores de transporte y rutas de los centros sociosanitarios hasta c├│mo ten├şan que comunicarse los fallecimientos o realizarse las pruebas diagn├│sticas en los geri├ítricos.

Pero el Gobierno oculta en su respuesta el protocolo que en plena primera ola de la pandemia prohibi├│ trasladar a hospitales a determinados residentes. Entre los criterios impuestos en ese documento, desvelado por infoLibre, se incluyeron algunos relacionados con la discapacidad f├şsica o mental. El Ejecutivo de Ayuso siempre defendi├│ que aquel documento no era m├ís que un borrador. Sin embargo, el hecho de que aquel protocolo est├ę firmado por un alto cargo del Gobierno regional y que fuera enviado a varios centros sociosanitarios tiran por tierra esa teor├şa. Igual que los datos. Los tres d├şas con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo despu├ęs de la aprobaci├│n del Protocolo.

Enlace relacionado InfoLibre.es 15/05/2022.




Fuente: Sasmadrid.org