December 22, 2021
De parte de SAS Madrid
402 puntos de vista


No es la primera vez que los Mossos d鈥橢squadra llaman insistentemente a la puerta de una de las viviendas de Bisbe Laguarda 13, en el barrio del Raval. El pasado mayo, una decena de furgones policiales llegaban para desahuciar sin previo aviso y por v铆a cautelar a tres familias en situaci贸n de vulnerabilidad. Una de sus integrantes, una mujer jubilada, intent贸 suicidarse en el momento. Meses despu茅s, otra de sus vecinas, Ana Corti帽as, mujer uruguaya de 65 a帽os con una discapacidad reconocida del 67%, espera a ser desahuciada en pleno invierno.

Corti帽as es acusada de un delito leve de usurpaci贸n. Vive en un piso vac铆o de la inmobiliaria Sanolda Invest S.L., que recalca ofrecer 鈥渋nmuebles de alto nivel鈥. Antes, estuvo m谩s de 15 a帽os sobreviviendo en un garaje mientras esperaba un piso de protecci贸n oficial. 鈥淵o en ning煤n momento he querido vivir gratis, quiero pagar lo que pueda y tener un sitio digno para vivir. Pero la propiedad no quiere negociar y no tengo d贸nde ir鈥, explica. La Oficina de Vivienda municipal le concedi贸 el informe de vulnerabilidad y el de exclusi贸n residencial, pero esto no impide su temprano desalojo como medida cautelar en mitad de una aguda crisis de contagios de Covid-19.

Pero 驴los desahucios no se hab铆an parado? El caso de Corti帽as es, al igual que muchos otros, evidencia de que la famosa moratoria de desahucios no solo no los ha suspendido, sino que tampoco ha impedido que se ejecuten m谩s y con menos garant铆as.

La vivienda: un derecho en tela de juicio

Catalunya tiene la cifra m谩s alta de desahucios del Estado. El Consejo General del Poder Judicial certifica en su 煤ltimo informe que en 2021 se han llevado a cabo 1.951 lanzamientos en la comunidad aut贸noma. Esto es un 74,7 % m谩s que en el mismo periodo de 2020. En el segundo trimestre, los desalojos aumentaron un 1.673% con respecto al a帽o anterior. De la cifra total de lanzamientos, 1.321 se han producido en la Ciudad Condal. Esto, teniendo en cuenta, como declara el Ajuntament de Barcelona, que el 鈥90% de las 贸rdenes de desahucios de familias vulnerables se consiguen parar鈥, destacando el papel de los movimientos vecinales y la Unidad Antidesahucios. Si no, 驴de qu茅 cifras estar铆amos hablando?

鈥淪铆 que hemos encontrado un aumento general de adopci贸n de medidas cautelares en casos de personas vulnerables鈥, afirma Laura J. D铆az, t茅cnica jur铆dica de vivienda en Barcelona. 鈥淎unque se trate de casos de delito leve de usurpaci贸n, la aplicaci贸n de estas medidas no est谩 pensada para delitos contra la propiedad privada鈥, explica. El desalojo por v铆a cautelar implica una expulsi贸n antes de que finalice el procedimiento. O sea, sin ser juzgado, ni previamente notificado. Dicho de otra forma: la persona denunciada no sabe que hay una orden para expulsarla ni cu谩ndo podr铆an hacerlo. 鈥淓sto hace que sea pr谩cticamente imposible tener una defensa鈥, explica la jurista. 

D铆az afirma que la campa帽a medi谩tica contra la ocupaci贸n tambi茅n ha trascendido al 谩mbito judicial. Y es que la Fiscal铆a present贸 en septiembre de 2020 una instrucci贸n destinada a unificar los criterios para solicitar medidas cautelares con el fin de agilizar los procedimientos de allanamiento de morada y usurpaci贸n de bienes inmuebles. La propia circular reconoce la influencia del discurso criminalizador: 鈥淟a realidad social evidencia que la ocupaci贸n de bienes inmuebles constituye un fen贸meno que genera preocupaci贸n social y una innegable sensaci贸n de inseguridad en la ciudadan铆a鈥, expone.

El desahucio de Corti帽as demuestra c贸mo un cautelar puede atravesar la vida de cualquier persona, sin importar su situaci贸n. En su caso, y a pesar de la decisi贸n del Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 8 de Barcelona, no concurren los requerimientos para interponer medidas cautelares, seg煤n alega su defensa en un recurso al que ha tenido acceso El Salto. Este escrito certifica que no se acreditan ni demuestran la existencia clara de indicios de criminalidad (fumus bonis iuris), ni un riesgo justificado para el perjudicado antes de que termine el procedimiento (periculum in mora), a falta del juicio oral. Y que, adem谩s, la medida es 鈥渄esproporcionada para una persona en una situaci贸n de desamparo absoluto, lo que la conducir铆a a vivir en la calle鈥, reza el escrito. La defensa argumenta que es la propiedad, un gran tenedor, quien est谩 obligada a ofrecer un alquiler social a Corti帽as antes de proceder al desahucio, de acuerdo con la legislaci贸n aplicable.

Siempre presentamos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, informes de que no hay ingresos ni alternativa habitacional, decimos que hay menores viviendo鈥 y aun as铆 los desahucios siguen adelante. 驴Para qu茅 sirven los informes entonces?鈥, se帽ala Francisco Gonz谩lez, del Sindicat de Habitatge del Raval

鈥淐orti帽as es una persona vulnerable que siempre ha querido negociar para pagar un alquiler social. Pero la propiedad, lejos de eso, ha pedido una medida cautelar y desde el Juzgado n煤mero 8 lo han aceptado, lo cual es incomprensible鈥, declara Francisco Gonz谩lez, del Sindicat de Habitatge del Raval, que acompa帽a a Corti帽as. 鈥淟o que est谩 ocurriendo es muy grave, siempre presentamos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, informes de que no hay ingresos ni alternativa habitacional, decimos que hay menores viviendo鈥 y aun as铆 los desahucios siguen adelante. 驴Para qu茅 sirven los informes entonces?鈥, espeta.

Gonz谩lez tambi茅n coincide en el aumento de la ejecuci贸n de medidas cautelares en este tipo de casos. Solo en el bloque de Bisbe Laguarda ya ser铆a la cuarta vivienda desalojada por esta v铆a en menos de un a帽o. Respecto a esta situaci贸n y al caso concreto de Corti帽as, ni fuentes de la Ciudad de Justicia de Barcelona ni los Mossos d鈥橢squadra han contestado a ninguna cuesti贸n planteada por El Salto.

Organizaci贸n barrial: la 煤nica garant铆a ante la falta de alternativas habitacionales

Ya al principio de la pandemia se apreciaba la importancia de crear redes comunitarias de apoyo mutuo ante la inacci贸n de las instituciones. A medida que la crisis de desahucios se agudiza en Barcelona, los movimientos sociales han tomado un papel central a la hora de abordar la situaci贸n. 鈥淟a respuesta de las instituciones ha sido nula, si no llega a ser por el Sindicat d’Habitatge del Raval, Ana ya no tendr铆a casa鈥, expone Gonz谩lez. Los recursos de realojamiento de emergencia municipales se han ido precarizando, teniendo que alojar a familias desahuciadas en pensiones.

El sindicat del Raval, barrio donde m谩s se ha llegado a percibir este aumento de desahucios por v铆a temprana, defiende una respuesta unitaria al problema de la vivienda. 鈥淟a soluci贸n que proponemos en cada barrio es la 煤nica que tenemos: juntar nuestras problem谩ticas y hacer de ello una lucha com煤n, por eso solo en Barcelona hay 30 sindicatos de vivienda鈥, declara el portavoz. 鈥淓n cuanto a las soluciones institucionales: no las hay. Aunque realmente nunca hemos confiado en ellas. Sirven como parche temporal, pero forman parte del problema en tanto gestores de la miseria, reproducen nuestra condici贸n. Pero en cambio la organizaci贸n barrial tiene perspectivas de transformar todo el sistema鈥, a帽ade.

A nivel institucional, en Barcelona existe en la pr谩ctica desplazamiento de responsabilidades pol铆ticas. Aunque son la Generalitat y el Estado quienes tienen las competencias de vivienda, el Ajuntament act煤a ante una falta de recursos disponibles. Por ejemplo, en v铆as de realojamiento como la Mesa de Emergencia. 鈥淪e trata de un 贸rgano participado al 60% por la Generalitat y al 40% por el Ayuntamiento, pero en los 煤ltimos a帽os este ha aportado el 75% de las viviendas adjudicadas, por lo que la deuda de la Generalitat asciende a m谩s de mil pisos. Bastantes m谩s que familias a la espera de vivienda de Mesa, m谩s de 600鈥, declaran desde el Ajuntament.

Respecto al problema de disponibilidad de vivienda p煤blica como alternativa habitacional, este corresponde a una liberalizaci贸n de la misma. 鈥淗ay que tener en cuenta que las pol铆ticas de vivienda en la ciudad y todo el pa铆s se han dirigido en las 煤ltimas d茅cadas sobre todo a la promoci贸n de VPO [Viviendas de Protecci贸n Oficial] de venta, que se han ido descalificando y acabando en el mercado libre鈥,  certifican estas fuentes municipales. Existen otras v铆as, a煤n minoritarias, como el programa Reallotgem, que pretende alquilar pisos privados para las familias solicitantes. 鈥淎qu铆 la decisi贸n de si tenemos o no alternativas habitacionales pasa de la Administraci贸n a depender de la voluntad de los propietarios鈥, explica J. D铆az.

Con la esperanza a煤n de obtener un alquiler al que poder hacer frente, Corti帽as sigue esperando en su casa con el miedo a despertar y ver su puerta tirada abajo. Pero no est谩 sola. Le acompa帽a la cohesi贸n de un barrio unido por su concepci贸n de lucha. 鈥淧or nuestra parte lo tenemos claro: las casas vienen y van, pero el Sindicat y la organizaci贸n permanece. Llegar谩 un d铆a en que todos podamos vivir dignamente sin necesidad de sufrir y luchar tanto鈥, reclama Gonz谩lez.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (21/12/2021).




Fuente: Sasmadrid.org