December 3, 2021
De parte de CNT C贸rdoba
328 puntos de vista


La nueva reforma laboral nace mutilada: El gobierno no modificar谩 el coste de la indemnizaci贸n por despido ni restituir谩 los salarios de tr谩mite.

Como es sabido, el gobierno ha prometido la derogaci贸n de la reforma laboral de 2012 desde su creaci贸n. De hecho, fue unos de los principales banderines de enganche de las dos formaciones pol铆ticas que lo componen. Hasta hace unos pocos d铆as, el presidente y la ministra de trabajo segu铆an lanzando esa proclama frente a sus respectivos p煤blicos. No obstante, por debajo de ese discurso, la derogaci贸n se ha ido diluyendo progresivamente en 鈥渞eforma de los aspectos m谩s lesivos鈥 y finalmente ha quedado en 鈥渞eforma鈥. Tanto PSOE como Unidas Podemos han sabido, desde el principio, que no podr铆an revertir la reforma de 2012 en uno de sus aspectos cruciales: el precio del despido. Y no porque la clase empresarial fuera a impedirlo, sino porque el mismo gobierno nunca tuvo la intenci贸n de llegar siquiera a proponerlo.

Porque mantener un bajo coste del despido improcedente representa para las empresas la columna vertebral de la llamada 鈥渇lexibilidad鈥. Mantener barato el despido produce no s贸lo un enorme ahorro para las empresas, sino la posibilidad de espedir de forma libre y barata a sus trabajadoras, convirtiendo as铆 a todos los contratos en temporales, sea cual sea su modalidad. Y convirtiendo tambi茅n, en papel mojado, el resto de los derechos laborales, porque si las trabajadoras temen constantenteme el despido, pocos derechos podr谩n reclamar.

Con esta nueva reforma laboral, el gobierno intenta ocultar que hay un elefante en la habitaci贸n; de nada sirve ese di谩logo social, tan vacuamente ensalzado, si el precio del despido no puede ni siquiera ponerse sobre la mesa.

Unidas Podemos present贸 una proposici贸n no de ley que se debati贸 en la sesi贸n del congreso del 21/09/2021, que estaba llamada a ser la hoja de ruta de la futura reforma laboral del gobierno S谩nchez. En el curso del debate, se rechaz贸 una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya que pretend铆a el incremento de la indemnizaci贸n en caso de despido improcedente hasta su cuant铆a previa a la reforma laboral de 2012, es decir, 45 d铆as de salario por a帽o de servicio trabajado, con un m谩ximo de 42 mensualidades, y el abono de los salarios de tramitaci贸n (los dejados de percibir entre el d铆a del despido y aquel en que judicialmente se declarara la improcedencia). Recordemos que la reforma laboral de ese a帽o dej贸 la indemnizaci贸n en 33 d铆as por a帽o trabajado, con un m谩ximo de 24 mensualidades y que elimin贸 los salarios de tr谩mite.

Ya antes, en mayo de 2020, el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu hab铆an firmado un acuerdo para derogar la reforma laboral de 2012, un pacto que deriv贸 en pol茅mica cuando los socialistas decidieron a 煤ltima hora modificar unilateralmente los t茅rminos del acuerdo, de manera que en lugar de aludir a la derogaci贸n 铆ntegra de la reforma, los socialistas matizaron en un comunicado posterior que se trataba tan s贸lo de “recuperar los derechos laborales”. Jugando una vez m谩s a la ambig眉edad cuando de recuperar derechos de los trabajadores se trata, conforme es regla en el PSOE, lo que se anunciaba es que el meollo de la reforma iba a quedar intacto.

As铆 se confirm贸 cuando el documento base presentado por el Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, en la reuni贸n celebrada con CEOE, CCOO y UGT el 14/10/2021, no hac铆a alusi贸n alguna a la modificaci贸n de la cuesti贸n capital del despido. Para rematar, el Presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, se refiri贸 el 31/10/2021 a la necesidad de reconstruir “algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012”, mensaje que precisamente por su inconcreci贸n resulta bastante sintom谩tico de que no existe el m谩s m铆nimo inter茅s en derogar la reforma laboral en el punto que se refiere al despido.

Pero este no es un aspecto cualquiera de la reforma laboral de 2012, sino justamente la cuesti贸n principal que en ella se abord贸. Y es que la regulaci贸n del despido es la clave de b贸veda del derecho del trabajo, por cuanto la plena libertad empresarial para despedir que hoy existe, equivale a que el resto de garant铆as que para el trabajador se contienen en el derecho laboral queden reducidas a cero. Porque poco importa que se produzcan otros avances en la legislaci贸n laboral si el empresario va a poder deshacerse con una indemnizaci贸n irrisoria de quien reclame sus derechos.

Por eso, y desde los or铆genes del movimiento sindical, el objetivo de las organizaciones de trabajadores ha sido que, en caso de despido improcedente o ilegal, la ley consagrara la readmisi贸n incondicional, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la declaraci贸n judicial. De hecho, as铆 lleg贸 a establecerse en el art铆culo 35 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976, en un momento hist贸rico en que la enorme fuerza del movimiento sindical coloc贸 a la patronal contra las cuerdas. En todo caso, siempre se ha procurado desde las organizaciones obreras que, de no haber readmisi贸n, al menos la indemnizaci贸n sea lo m谩s alta posible, con el fin de que esa decisi贸n patronal arbitraria le suponga a la empresa los m谩ximos costes posibles. Mientras m谩s pesadas sean para el empresario las consecuencias de un despido arbitrario y sin causa, m谩s firmemente se hallar谩 asegurada la posibilidad del trabajador de ejercer el resto de sus derechos, sin miedo a que ese ejercicio pueda suponerle el despido. 

La emergencia, a ra铆z de la transici贸n y de la aprobaci贸n de la Constituci贸n, de una mayor铆a sindical entregada de pies y manos a los intereses del poder econ贸mico y pol铆tico, hizo que la readmisi贸n obligatoria del trabajador en caso de despido improcedente se sustituyera, primero por una indemnizaci贸n de 60 d铆as por a帽o trabajado (en 1977), luego de 45 d铆as (en 1980 con el Estatuto de los Trabajadores), luego de 33 (en 1997 con los acuerdos de UGT y CCOO con el gobierno Aznar para ciertos tipos de contratos) y finalmente en 2012 para toda clase de contratos, a帽o en que adem谩s desapareci贸 esa otra indemnizaci贸n adicional que eran los salarios de tr谩mite.

Aunque como decimos, el gobierno no va a tocar este eje central de la indemnizaci贸n por despido, la reforma presentada por el gobierno contiene aspectos positivos. As铆, por ejemplo, el mandato de que el m谩ximo de contratos temporales en la empresa no pueda ser superior al 15% (aunque no se alcanza a comprender qu茅 regulaci贸n se har谩 de determinadas actividades temporales por su propia naturaleza, como la construcci贸n o la naval, por ejemlo), la prioridad de los convenios de sector sobre los de empresa, la prohibici贸n de la subcontrataci贸n de las actividades que constituyan el objeto de la empresa o la aplicaci贸n del convenio relativo a la actividad contratada, as铆 como la introducci贸n de una suerte de ERTEs que procuren que, en lugar de despedir a los trabajadores, el contrato quede en suspenso a la espera de la reactivaci贸n de la actividad que precise de una mayor cantidad de mano de obra.

Sea lo que fuere lo que resulte del debate parlamentario, se ha de insistir en que, sobre todo en la peque帽a empresa apenas sindicalizada, la cuesti贸n del despido es la principal y que, de mantenerse su regulaci贸n actual introducida por la reforma laboral de 2012, todas las mejoras que puedan producirse estar谩n pendientes de la espada de Damocles del humor empresarial, que podr谩 dejar caer su cuchilla sobre la cabeza de quien pretenda reivindicar que la ley se cumpla.

Y es que, si el despido es libre y barato, como lo es hoy, ning煤n derecho est谩 a salvo, todo contrato de trabajo es temporal y sujeto tan s贸lo al antojo empresarial.

CNT Andaluc铆a-Murcia




Fuente: Cordoba.cnt.es