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Reivindicaci脫n de pol脥ticas anticarcelarias


January 9, 2022
De parte de Asociacion Germinal
419 puntos de vista


Reivindicaci贸n de pol铆ticas anticarcelarias

En esta reflexi贸n se parte de la convicci贸n de que la prisi贸n y, m谩s ampliamente, el sistema penal y la cultura de la pena son elementos que sostienen y perpet煤an las desigualdades sociales. Por ello, debemos dejar de lado la necesidad de ser culpables y asumir que la respuesta a los conflictos sociales que llamamos delitos no es un castigo. Hemos dado al Estado el poder de juzgarnos y castigarnos. Es preciso arrebatar al Estado el poder de resolver nuestros conflictos y tambi茅n el poder de decidir c贸mo se pueden resolver.

A partir de ahora, escucharemos desde diferentes 谩mbitos hablar de Justicia restaurativa. Tenemos que desmitificar la justicia. Los delitos, por ejemplo, no existen, ya que var铆an en funci贸n del momento hist贸rico-pol铆tico y, en la actualidad, del impulso de los mass-media y de la presi贸n social. Los delitos no son sino conflictos sociales que se pueden resolver sin castigar o encerrar a nadie.

Vemos que el sistema es cada vez m谩s punitivo: Las modificaciones del C贸digo Penal se hacen a golpe de titulares de prensa. No se hace un estudio tranquilo, riguroso, pensando en c贸mo afrontar los retos que implican superar los conflictos sociales. 驴Ha ocurrido algo muy dram谩tico en Madrid? Pues, primero se fortalece el estado de inseguridad en la opini贸n p煤blica para, a rengl贸n seguido, propiciar con ello un cambio de ley con car谩cter m谩s punitivo, siempre en la b煤squeda de un mayor n煤mero de votos en la pr贸xima legislatura. En consecuencia, el sistema se va haciendo cada vez m谩s punitivo. Y adem谩s no tiene mucha imaginaci贸n, ya que la mayor铆a de las penas est谩n vinculadas a la c谩rcel porque no hay otro tipo de penas o legislaci贸n orientada a la reparaci贸n. Una vez que se cierra la puerta de la c谩rcel, hay una impunidad absoluta en la vulneraci贸n de los derechos fundamentales que se producen dentro.

Sobre todo esto deber铆a darse un debate pausado; la gente deber铆a conocer qu茅 y c贸mo es la administraci贸n de justicia y deber铆a conocer muy bien qu茅 pasa en las c谩rceles. Pero, claro, parece que tampoco interesa el debate p煤blico al respecto en la b煤squeda de alternativas diversas a la privaci贸n de la libertad y lo que ello conlleva.

La mayor铆a de las personas en prisi贸n est谩n en prisi贸n por la comisi贸n de delitos relacionados, directa o indirectamente, con una situaci贸n de falta de oportunidades. Aproximadamente el 50% de las personas reclusas han sido condenadas por delitos contra la propiedad privada (robos y hurtos), delitos econ贸micos (estafa) y tr谩fico de drogas. Si hablamos de reincidencia, vemos que el 60% de estos casos son de personas que han cometido delitos contra la propiedad. Esta realidad se confirma si nos fijamos en el perfil principal de las personas presas, personas con bajo nivel adquisitivo, personas con bajo nivel educativo y personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. En general, la mayor铆a de las situaciones de discriminaci贸n que sufren las personas, m谩s all谩 de otros factores, se cruzan con el hecho de ser una persona pobre. Hace falta una mayor sensibilizaci贸n social acerca de las causas del delito. La pobreza se acaba viendo b谩sicamente como un simple problema de las personas a las que afecta. Y no es as铆. La pobreza, en sentido amplio, habla de un problema profundo del conjunto de la sociedad cuando 茅sta es incapaz de atender a las personas que m谩s apoyo social necesitan.

Adem谩s, hay que se帽alar que el 40% de la poblaci贸n penitenciaria tiene problemas de salud mental, porcentaje que aumenta si incluimos problemas de drogodependencias, intoxicaci贸n de medicamentos y patolog铆a dual. Todos estos problemas no los atiende la c谩rcel, sino que los perpet煤a. A esto hay que a帽adir que la propia privaci贸n de libertad provoca un deterioro f铆sico, psicol贸gico y mental a todas las personas presas. En general, la falta de vivienda provoca una situaci贸n de exclusi贸n que, adem谩s, supone un impedimento para acceder a los permisos para salir de los centros penitenciarios y acudir al tercer grado, lo que provoca un retraso en el acceso a la libertad. Adem谩s, la privaci贸n de libertad y el propio funcionamiento de la c谩rcel hacen que los v铆nculos con la familia y los amigos se debiliten, por lo que muchas veces las personas presas no tienen residencia a la que acudir, una vez que han salido. Es evidente que para las personas presas es fundamental tener una vivienda. Cuanto menos tiempo pasen en la c谩rcel, menores ser谩n los efectos negativos y m谩s f谩cilmente podr谩n rehacer sus vidas.

La c谩rcel no es leg铆tima para ning煤n delito

Recientemente Zigor Olabarria Oleaga (2021) ha editado el libro 鈥淭xori urdinak鈥, (P谩jaros azules), en el que se plasman las vivencias, en modo autobiogr谩fico, del preso Santi Cobos a lo largo de unos 30 a帽os por las c谩rceles del Estado espa帽ol. Es un libro referente, que deja al descubierto la crudeza de la pol铆tica penitenciaria espa帽ola y sus putrefactas aguas y los importantes niveles de empat铆a y solidaridad que se dan entre personas presas de diversa 铆ndole, entre las que podemos significar como sociales y de la disidencia pol铆tica.

La c谩rcel es una instituci贸n que deber铆a desaparecer y que no tiene otra legitimidad que la que se le da desde las instituciones. Como sociedad y como individuos, no deber铆amos permitir que sigan existiendo c谩rceles en nuestro nombre. Las c谩rceles son espacios totalitarios, lugares donde se vulneran sistem谩ticamente los derechos humanos. Ning煤n espacio donde se vulneren los derechos humanos deber铆a existir. Adem谩s, incluso en la hip贸tesis de que la c谩rcel no vulnerara derechos, creemos que no ser铆a l铆cita, porque la privaci贸n misma de libertad es un castigo y es un trato inhumano y degradante, que atenta directamente contra la dignidad de la persona. 驴C贸mo se puede reinsertar una persona desde la exclusi贸n? Y adem谩s 驴c贸mo se podr铆a pretender que una persona se reinserte en la sociedad que excluye a esa persona? El reciente informe de la Comisi贸n para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) es muy gr谩fico en cuanto a las vulneraciones practicadas en las prisiones y en las dependencias policiales en el estado espa帽ol.

En lugar de poner el 茅nfasis en la palabra delito, deber铆amos ponernos a resolver los conflictos sociales que est谩n en la base. Si analizamos el perfil de la gente que est谩 en la c谩rcel, bien se pudiera concluir que la c谩rcel y todo el sistema penal est谩 dirigido a unas personas espec铆ficas y se帽aladas previamente. La pol铆tica criminal, las miradas de polic铆as, fiscales y jueces est谩n dirigidas a colectivos concretos.

El lenguaje tiene mucha fuerza y si a una cosa le llamamos delito, parece much铆simo m谩s grave. Pero se nos olvida, o se nos oculta, la realidad que hay detr谩s del delito: los conflictos sociales. No hay nada m谩s detr谩s de los delitos. La mayor铆a de las personas encarceladas est谩n cumpliendo condena por algo que tiene que ver con este conflicto social tan b谩sico y simple: la pobreza y las desigualdades sociales. Para nosotras es muy importante poner el ojo en el conflicto que est谩 en la base y no tanto en la palabra delito, que es la palabra que el sistema quiere que se vea para deslumbrar al resto.

En el C贸digo Penal de 1995 (C.P.) se reservan las penas de c谩rcel para delitos graves. Todo el C贸digo Penal est谩 dirigido para que la persona acabe en la c谩rcel como 煤ltimo paso. Las penas alternativas a la c谩rcel existen para los delitos leves y son b谩sicamente dos: multas y trabajos para la comunidad. Si en la cabeza tenemos la imagen del violador, o del acosador sexual, o este tipo de delitos graves, normalmente estas personas van directamente a la c谩rcel. Es importante recordar esto, porque a veces parece que el C贸digo Penal es blando y en absoluto es as铆; desde 1995 se le han hecho reformas y siempre ha sido para endurecerlo. Tenemos un C贸digo Penal duro con el que la pena que prioritariamente y m谩s se impone es la c谩rcel.

Una persona puede ser condenada a una pena de c谩rcel, pero si cumple una serie de requisitos y condiciones de actitudes favorables durante un tiempo, es posible que no entre en la c谩rcel. Pero eso no es una alternativa a la c谩rcel, porque la c谩rcel est谩 ah铆, sigue ah铆 y el art铆culo 35 del C.P. define las que son penas privativas de libertad: la prisi贸n permanente revisable, la prisi贸n, la localizaci贸n permanente o arresto domiciliario, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (un d铆a de privaci贸n por cada dos cuotas diarias no satisfechas).

En algunos casos de delitos sexuales o de violencia de g茅nero existe la posibilidad de suspender la pena de c谩rcel a esta persona y en estos casos el sistema est谩 orientado a que se cumplan dos condiciones: reparaci贸n del da帽o a la v铆ctima y medidas para protegerla, como son las 贸rdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicaci贸n, etc. Y, por otro lado, existe la posibilidad de que se impongan algunos tratamientos, que tienen que ver con la violencia de g茅nero o violencia sexual.

En cuanto a estos tratamientos, en las c谩rceles hay muy pocos programas. B谩sicamente existen dos programas: uno, para agresores sexuales y otro, para violencia de g茅nero. El de violencia de g茅nero est谩 establecido en casi todas las c谩rceles, pero no el de agresores sexuales. Por lo tanto, no es un trabajo que la propia administraci贸n haga desde el inicio. No se trabaja en las c谩rceles para reeducar, resocializar y reinsertar, sino que lo que hace el sistema es encerrar a la persona, cerrar la puerta, echar la llave al fondo del mar y esperar a que le cueste el m谩ximo de tiempo salir de ah铆, en peores condiciones a las que entr贸. El personal penitenciario es poco cualificado, poco motivado y mayoritariamente se dedica a funciones de vigilancia con una proporci贸n escasa de personal t茅cnico de tratamiento.

Los procesos judiciales son muy largos y dolorosos para ambas partes: el denunciado y la v铆ctima. En realidad, existe una ley de protecci贸n de las v铆ctimas, pero en la que de ninguna manera se garantizan sus derechos. Se revictimiza a la v铆ctima y, en muchos casos, se ingresa al victimario en prisi贸n transcurridos muchos a帽os despu茅s de los hechos por los que fue juzgado y estando absolutamente resocializado (con el propio esfuerzo y no gracias a las instituciones) pasado ya ese tiempo. Evidentemente, todo este proceso no es gratis en cualquiera de sus aspectos, bien sean ps铆quicos, emocionales, materiales,鈥 para ninguna de las personas involucradas.

Ahora se est谩 tratando de impulsar la justicia restaurativa. Lo que con 茅sta se pretende es crear un di谩logo, llegar a un arreglo entre la v铆ctima y el victimario. Pero eso no evita la marcha del sistema judicial penal, aunque puede suavizar la respuesta de 茅ste. Muchas v铆ctimas dicen que les ha venido muy bien entrar en un sistema diferente como este. Las bases de la justicia restaurativa son: estar dispuesto a reconocer y a reparar. La cuesti贸n es qu茅 tipo de pago, qu茅 tipo de reparaci贸n se hace. Y para eso, est谩 claro que las c谩rceles no sirven.

Una alternativa radical al sistema en la que actualmente ya se sit煤an muchas activistas y en el campo de la criminolog铆a cr铆tica es el antipunitivismo; es una filosof铆a que trabaja para que la forma de resolver los conflictos mediante el castigo termine. Las instituciones hacen mucho esfuerzo para que haya un proceso penal y un lugar de castigo para los delitos graves. Lo que se plantea desde el antipunitivismo es un cambio de paradigma, de filosof铆a y de cultura, para que planteemos los conflictos sociales desde otras l贸gicas. Hag谩monos cargo, que lo que hay detr谩s de los delitos no es la necesidad de castigar a esa persona, sino satisfacer las necesidades que nos llevan a cometer esos delitos como sociedad.

Hay que aplicar eso mismo, cuando hablamos de delitos que a todos nos desagradan como son los de violencia de g茅nero, de agresiones sexuales, asesinatos, etc. Lo que hay detr谩s de eso no es s贸lo una persona que ha cometido un delito, hay mucho m谩s: pobreza, conflictos sociales varios, niveles educativos, grados de poder, cultura dominante, historial socio-pol铆tico del entorno, disidencia pol铆tica, inmersi贸n en el medio, corresponsabilidades, ausencia o ralentizaci贸n de la acci贸n social, etc.

Tambi茅n se plantea, desde esta perspectiva, que este problema con las personas que delinquen no se puede abordar desde el c贸digo penal, desde el proceso judicial y desde las penas. Las conversaciones (siempre desde la voluntariedad) entre v铆ctimas y victimarios por supuesto que son reparadoras. Aporta un gran empoderamiento a la v铆ctima y a la sociedad.

La justicia restaurativa es una alternativa, por supuesto. Pero no como se est谩 aplicando en el Estado espa帽ol: hoy en d铆a es una herramienta al servicio del proceso penal. La verdadera justicia restauradora es la que trata de las soluciones alternativas a los conflictos. Que se creen espacios de verdad, para que las personas podamos acudir a ellos para poder resolver nuestros conflictos; no para denunciar un delito, porque para eso est谩 el juzgado. Que haya un espacio en el que pueda decir que he tenido este conflicto, s铆, que aparece en el c贸digo penal, pero que no quiero resolverlo por ah铆, sino en otro espacio. Estos espacios ya existen y se est谩n ampliando, pero desde el Estado no se impulsa esta forma de resoluci贸n de conflictos: lo que interesa al Estado es que sigan existiendo los procesos penales, policiales y penitenciarios.

Es importante tener un sistema no punitivista; y tan importante como ello es garantizar la seguridad en la sociedad. Todos los casos se pueden graduar. Hay que ver cu谩l es el contexto y qu茅 soluci贸n se da a cada uno. La misma receta para todos, no vale.

Lo que ocurre en las c谩rceles no preocupa al resto de la sociedad

Muchas veces pensamos que no creemos que la sociedad se preocupe mucho por la situaci贸n de las c谩rceles y la gente que est谩 en las c谩rceles. S铆 que en Euskal Herria hay una preocupaci贸n especial por las personas presas, pero sobre todo por algunas, no por todas. De muchas personas presas nadie se acuerda o preocupa. En febrero de 2019, EH Bildu present贸 en el Parlamento Vasco un interesante debate de cara a la transferencia penitenciaria. En ella expresamente se dice que no est谩 relacionada con la cuesti贸n de los presos pol铆ticos, pero eso es preciso casarlo con la pr谩ctica en el d铆a a d铆a.

La c谩rcel destruye literalmente a las personas y este castigo tiene mucho m谩s contenido de venganza que correctivo: tiene m谩s dosis de castigo que de curaci贸n.

Es dif铆cil organizar asociaciones que luchan desde dentro de la c谩rcel por los derechos de los presos, ya que se producen represalias por ello. Hist贸ricamente, se han librado grandes combates dentro de las c谩rceles. En la transici贸n, con la Copel, (Coordinadora de presos en lucha) que, mediante revueltas, comunicados, huelgas de hambre y autolesiones consiguieron ser escuchadas fuera de las c谩rceles y presionar al Estado para que se tuvieran en cuenta sus reivindicaciones. Tomando el testigo, las prisiones del Estado est谩n llevando a cabo iniciativas como las huelgas de hambre de diez d铆as alternos.

El colectivo de 鈥淧resos en Lucha鈥 ha estado realizando huelgas de hambre rotativas en diferentes c谩rceles del Estado para exigir que se cumplan 14 derechos b谩sicos en las condiciones de vida a las que son sometidas las personas presas:

  1. Fin de la tortura.
  2. Cierre de FIES y fin de aislamiento. (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento)
  3. Fin de la dispersi贸n.
  4. Servicios m茅dicos independientes de Instituciones Penitenciarias.
  5. Excarcelaci贸n personas presas enfermas.
  6. Personas con enfermedad mental fuera de prisi贸n.
  7. Medicaci贸n acompa帽ada por profesionales no dependientes de Instituciones Penitenciarias.
  8. Investigaci贸n y responsabilidades por las muertes en prisi贸n desde el inicio de la democracia.
  9. Tratamiento, programas y recursos disponibles tambi茅n para las personas presas que tachan de irrecuperables.
  10. Fin de cacheos y Rayos X a personas presas y familias. M谩s y mejores comunicaciones.
  11. Basta de criminalizar la solidaridad.
  12. Ni cadena perpetua, ni revisable, ni encubierta.
  13. No al chantaje de los M贸dulos de Respeto.
  14. Basta de indefensi贸n jur铆dica.

Situaci贸n de los centros penitenciarios

Entre las organizaciones nacionales e internacionales preocupadas por la situaci贸n de las c谩rceles espa帽olas, hay unanimidad en torno a los principios y actuaciones que hay que emprender con car谩cter urgente en los centros penitenciarios dependientes de la Administraci贸n General del Estado. Hasta ahora, ni el Ministerio del Interior, ni la Comisi贸n de Interior del Congreso de los Diputados ni las Consejer铆as Auton贸micas competentes, han prestado la atenci贸n debida a la situaci贸n de las personas privadas de libertad, como tampoco a sus familiares y allegadas.

La organizaci贸n de la atenci贸n en las prisiones no est谩 dise帽ada para hacer frente a una situaci贸n de crisis como la que se est谩 sufriendo. Si ya es duro para las personas que no estamos en prisi贸n, ni que decir tiene lo duro que ha de ser para todas las personas encarceladas. Los servicios suelen estar insuficientemente equipados y dotados de personal y no pueden hacer frente adecuadamente a la carga ordinaria de las enfermedades comunes, estando en dependencia de los dispositivos hospitalarios y comunitarios. Ni tan siquiera se ha transferido la Sanidad a las comunidades aut贸nomas excepto Catalu帽a, Euskadi y recientemente Nafarroa. Es m谩s, ni tan siquiera les importa la situaci贸n de las personas presas empadronadas en sus propias comunidades aut贸nomas y se encuentren donde se encuentren; es decir, en prisiones de la propia comunidad aut贸noma o en otras alejadas del lugar donde no tienen ning煤n tipo de v铆nculos familiares o relacionales.

Seg煤n las Estad铆sticas Anuales del Consejo de Europa, el Estado espa帽ol tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental, muy superior a la media europea a pesar de que la tasa de criminalidad es baja. Si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la de criminalidad, esta cifra se reducir铆a y un 50% de personas encarceladas estar铆a en libertad.

Un 7,5% de mujeres presas respecto del total de poblaci贸n privada de libertad, supone las mayores tasas de encarcelamiento femenino del Consejo de Europa.

Un 28,1% de personas extranjeras privadas de libertad respecto del total de la poblaci贸n penitenciaria, le situa entre los pa铆ses con mayores tasas de encarcelamiento respecto a la media europea.

El Estado espa帽ol se encuentra entre los pa铆ses con medias de privaci贸n de libertad m谩s elevadas de todo el continente.

Seg煤n datos de la Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias, en las c谩rceles dependientes de ella hay alrededor de 3.000 personas presas con discapacidad ps铆quica, discapacidad intelectual y discapacidad f铆sica.

El 铆ndice de personas muertas en las c谩rceles, dependientes de la Secretar铆a General aumenta de a帽o en a帽o. En 2017 murieron 147 personas presas, en 2018 murieron 210, en 2019 fallecieron 194 y en 2020 se antoja harto complicado el obtener cifras fidedignas ya que ha estado mediatizado por el estado de alarma y la pandemia, al igual que en 2021.

Seg煤n datos de la Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias, en 2019, el personal m茅dico en las c谩rceles dependientes de ella era de 285 m茅dicos/as y 6 psiquiatras. El n煤mero de profesionales es muy inferior al necesario para una correcta atenci贸n m茅dica en las c谩rceles tal y como han reconocido la Secretar铆a General de II.PP. as铆 como el Ministerio del Interior.

Seg煤n el Defensor del Pueblo espa帽ol (2018), 鈥渕谩s del 75 % de los m茅dicos que trabajan en los centros penitenciarios tiene m谩s de 55 a帽os. Adem谩s, el ingreso de nuevos funcionarios para sustituir las bajas se ve afectado por la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades aut贸nomas. Junto al dato del envejecimiento de los facultativos se destaca que el 26,72 % de las plazas de m茅dicos de los centros penitenciarios est谩n vacantes鈥.

Estamos ante una poblaci贸n con alto riesgo de enfermedades transmisibles y que ahora se enfrenta a un grave factor de riesgo de gravedad de coronavirus. En la poblaci贸n reclusa la incidencia de la enfermedad f铆sica y mental es m谩s elevada que en la poblaci贸n general. La prevalencia en prisi贸n de la toxicoman铆a, as铆 como de otras enfermedades como el SIDA, la tuberculosis, la hepatitis C o la grave sobrerrepresentaci贸n de la enfermedad mental requieren de una intervenci贸n por parte de la Administraci贸n penitenciaria.

No obstante, a lo largo de varios meses a nivel estatal diversas asociaciones defensoras de derechos humanos y que trabajamos en defensa de los derechos de las personas presas hemos elaborados diversas solicitudes a diversos organismos como el Ministerio de Interior, a la Secretar铆a de Instituciones Penitenciarias, Defensor del Pueblo, Ararteko, Defensor del Pueblo Navarro, Eusko Jaurlaritza y Gobierno Navarro, Parlamento espa帽ol y Comisi贸n de Interior espa帽ola, etc鈥

Con la ejecuci贸n de la transferencia de prisiones por parte del gobierno espa帽ol a la Comunidad Aut贸noma Vasca, Euskadi, Salhaketa-Araba ha socializado un manifiesto, cara a hacer visible la existencia de alternativas en aras de una transici贸n a un espacio vasco sin prisiones.

Julen Guaresti Etxebarria. Jurista. Miembro de Salhaketa Araba

Referencias

Olabarria Oleaga, Zigor (2021) Txori urdi帽ak Editorial Argia

Libertades
Reivindicaci贸n de pol铆ticas anticarcelarias

En esta reflexi贸n se parte de la convicci贸n de que la prisi贸n y, m谩s ampliamente, el sistema penal y la cultura de la pena son elementos que sostienen y perpet煤an las desigualdades sociales. Por ello, debemos dejar de lado la necesidad de ser culpables y asumir que la respuesta a los conflictos sociales que llamamos delitos no es un castigo. Hemos dado al Estado el poder de juzgarnos y castigarnos. Es preciso arrebatar al Estado el poder de resolver nuestros conflictos y tambi茅n el poder de decidir c贸mo se pueden resolver.

A partir de ahora, escucharemos desde diferentes 谩mbitos hablar de Justicia restaurativa. Tenemos que desmitificar la justicia. Los delitos, por ejemplo, no existen, ya que var铆an en funci贸n del momento hist贸rico-pol铆tico y, en la actualidad, del impulso de los mass-media y de la presi贸n social. Los delitos no son sino conflictos sociales que se pueden resolver sin castigar o encerrar a nadie.

Vemos que el sistema es cada vez m谩s punitivo: Las modificaciones del C贸digo Penal se hacen a golpe de titulares de prensa. No se hace un estudio tranquilo, riguroso, pensando en c贸mo afrontar los retos que implican superar los conflictos sociales. 驴Ha ocurrido algo muy dram谩tico en Madrid? Pues, primero se fortalece el estado de inseguridad en la opini贸n p煤blica para, a rengl贸n seguido, propiciar con ello un cambio de ley con car谩cter m谩s punitivo, siempre en la b煤squeda de un mayor n煤mero de votos en la pr贸xima legislatura. En consecuencia, el sistema se va haciendo cada vez m谩s punitivo. Y adem谩s no tiene mucha imaginaci贸n, ya que la mayor铆a de las penas est谩n vinculadas a la c谩rcel porque no hay otro tipo de penas o legislaci贸n orientada a la reparaci贸n. Una vez que se cierra la puerta de la c谩rcel, hay una impunidad absoluta en la vulneraci贸n de los derechos fundamentales que se producen dentro.

Sobre todo esto deber铆a darse un debate pausado; la gente deber铆a conocer qu茅 y c贸mo es la administraci贸n de justicia y deber铆a conocer muy bien qu茅 pasa en las c谩rceles. Pero, claro, parece que tampoco interesa el debate p煤blico al respecto en la b煤squeda de alternativas diversas a la privaci贸n de la libertad y lo que ello conlleva.

La mayor铆a de las personas en prisi贸n est谩n en prisi贸n por la comisi贸n de delitos relacionados, directa o indirectamente, con una situaci贸n de falta de oportunidades. Aproximadamente el 50% de las personas reclusas han sido condenadas por delitos contra la propiedad privada (robos y hurtos), delitos econ贸micos (estafa) y tr谩fico de drogas. Si hablamos de reincidencia, vemos que el 60% de estos casos son de personas que han cometido delitos contra la propiedad. Esta realidad se confirma si nos fijamos en el perfil principal de las personas presas, personas con bajo nivel adquisitivo, personas con bajo nivel educativo y personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. En general, la mayor铆a de las situaciones de discriminaci贸n que sufren las personas, m谩s all谩 de otros factores, se cruzan con el hecho de ser una persona pobre. Hace falta una mayor sensibilizaci贸n social acerca de las causas del delito. La pobreza se acaba viendo b谩sicamente como un simple problema de las personas a las que afecta. Y no es as铆. La pobreza, en sentido amplio, habla de un problema profundo del conjunto de la sociedad cuando 茅sta es incapaz de atender a las personas que m谩s apoyo social necesitan.

Adem谩s, hay que se帽alar que el 40% de la poblaci贸n penitenciaria tiene problemas de salud mental, porcentaje que aumenta si incluimos problemas de drogodependencias, intoxicaci贸n de medicamentos y patolog铆a dual. Todos estos problemas no los atiende la c谩rcel, sino que los perpet煤a. A esto hay que a帽adir que la propia privaci贸n de libertad provoca un deterioro f铆sico, psicol贸gico y mental a todas las personas presas. En general, la falta de vivienda provoca una situaci贸n de exclusi贸n que, adem谩s, supone un impedimento para acceder a los permisos para salir de los centros penitenciarios y acudir al tercer grado, lo que provoca un retraso en el acceso a la libertad. Adem谩s, la privaci贸n de libertad y el propio funcionamiento de la c谩rcel hacen que los v铆nculos con la familia y los amigos se debiliten, por lo que muchas veces las personas presas no tienen residencia a la que acudir, una vez que han salido. Es evidente que para las personas presas es fundamental tener una vivienda. Cuanto menos tiempo pasen en la c谩rcel, menores ser谩n los efectos negativos y m谩s f谩cilmente podr谩n rehacer sus vidas.

La c谩rcel no es leg铆tima para ning煤n delito

Recientemente Zigor Olabarria Oleaga (2021) ha editado el libro 鈥淭xori urdinak鈥, (P谩jaros azules), en el que se plasman las vivencias, en modo autobiogr谩fico, del preso Santi Cobos a lo largo de unos 30 a帽os por las c谩rceles del Estado espa帽ol. Es un libro referente, que deja al descubierto la crudeza de la pol铆tica penitenciaria espa帽ola y sus putrefactas aguas y los importantes niveles de empat铆a y solidaridad que se dan entre personas presas de diversa 铆ndole, entre las que podemos significar como sociales y de la disidencia pol铆tica.

La c谩rcel es una instituci贸n que deber铆a desaparecer y que no tiene otra legitimidad que la que se le da desde las instituciones. Como sociedad y como individuos, no deber铆amos permitir que sigan existiendo c谩rceles en nuestro nombre. Las c谩rceles son espacios totalitarios, lugares donde se vulneran sistem谩ticamente los derechos humanos. Ning煤n espacio donde se vulneren los derechos humanos deber铆a existir. Adem谩s, incluso en la hip贸tesis de que la c谩rcel no vulnerara derechos, creemos que no ser铆a l铆cita, porque la privaci贸n misma de libertad es un castigo y es un trato inhumano y degradante, que atenta directamente contra la dignidad de la persona. 驴C贸mo se puede reinsertar una persona desde la exclusi贸n? Y adem谩s 驴c贸mo se podr铆a pretender que una persona se reinserte en la sociedad que excluye a esa persona? El reciente informe de la Comisi贸n para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) es muy gr谩fico en cuanto a las vulneraciones practicadas en las prisiones y en las dependencias policiales en el estado espa帽ol.

En lugar de poner el 茅nfasis en la palabra delito, deber铆amos ponernos a resolver los conflictos sociales que est谩n en la base. Si analizamos el perfil de la gente que est谩 en la c谩rcel, bien se pudiera concluir que la c谩rcel y todo el sistema penal est谩 dirigido a unas personas espec铆ficas y se帽aladas previamente. La pol铆tica criminal, las miradas de polic铆as, fiscales y jueces est谩n dirigidas a colectivos concretos.

El lenguaje tiene mucha fuerza y si a una cosa le llamamos delito, parece much铆simo m谩s grave. Pero se nos olvida, o se nos oculta, la realidad que hay detr谩s del delito: los conflictos sociales. No hay nada m谩s detr谩s de los delitos. La mayor铆a de las personas encarceladas est谩n cumpliendo condena por algo que tiene que ver con este conflicto social tan b谩sico y simple: la pobreza y las desigualdades sociales. Para nosotras es muy importante poner el ojo en el conflicto que est谩 en la base y no tanto en la palabra delito, que es la palabra que el sistema quiere que se vea para deslumbrar al resto.

En el C贸digo Penal de 1995 (C.P.) se reservan las penas de c谩rcel para delitos graves. Todo el C贸digo Penal est谩 dirigido para que la persona acabe en la c谩rcel como 煤ltimo paso. Las penas alternativas a la c谩rcel existen para los delitos leves y son b谩sicamente dos: multas y trabajos para la comunidad. Si en la cabeza tenemos la imagen del violador, o del acosador sexual, o este tipo de delitos graves, normalmente estas personas van directamente a la c谩rcel. Es importante recordar esto, porque a veces parece que el C贸digo Penal es blando y en absoluto es as铆; desde 1995 se le han hecho reformas y siempre ha sido para endurecerlo. Tenemos un C贸digo Penal duro con el que la pena que prioritariamente y m谩s se impone es la c谩rcel.

Una persona puede ser condenada a una pena de c谩rcel, pero si cumple una serie de requisitos y condiciones de actitudes favorables durante un tiempo, es posible que no entre en la c谩rcel. Pero eso no es una alternativa a la c谩rcel, porque la c谩rcel est谩 ah铆, sigue ah铆 y el art铆culo 35 del C.P. define las que son penas privativas de libertad: la prisi贸n permanente revisable, la prisi贸n, la localizaci贸n permanente o arresto domiciliario, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (un d铆a de privaci贸n por cada dos cuotas diarias no satisfechas).

En algunos casos de delitos sexuales o de violencia de g茅nero existe la posibilidad de suspender la pena de c谩rcel a esta persona y en estos casos el sistema est谩 orientado a que se cumplan dos condiciones: reparaci贸n del da帽o a la v铆ctima y medidas para protegerla, como son las 贸rdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicaci贸n, etc. Y, por otro lado, existe la posibilidad de que se impongan algunos tratamientos, que tienen que ver con la violencia de g茅nero o violencia sexual.

En cuanto a estos tratamientos, en las c谩rceles hay muy pocos programas. B谩sicamente existen dos programas: uno, para agresores sexuales y otro, para violencia de g茅nero. El de violencia de g茅nero est谩 establecido en casi todas las c谩rceles, pero no el de agresores sexuales. Por lo tanto, no es un trabajo que la propia administraci贸n haga desde el inicio. No se trabaja en las c谩rceles para reeducar, resocializar y reinsertar, sino que lo que hace el sistema es encerrar a la persona, cerrar la puerta, echar la llave al fondo del mar y esperar a que le cueste el m谩ximo de tiempo salir de ah铆, en peores condiciones a las que entr贸. El personal penitenciario es poco cualificado, poco motivado y mayoritariamente se dedica a funciones de vigilancia con una proporci贸n escasa de personal t茅cnico de tratamiento.

Los procesos judiciales son muy largos y dolorosos para ambas partes: el denunciado y la v铆ctima. En realidad, existe una ley de protecci贸n de las v铆ctimas, pero en la que de ninguna manera se garantizan sus derechos. Se revictimiza a la v铆ctima y, en muchos casos, se ingresa al victimario en prisi贸n transcurridos muchos a帽os despu茅s de los hechos por los que fue juzgado y estando absolutamente resocializado (con el propio esfuerzo y no gracias a las instituciones) pasado ya ese tiempo. Evidentemente, todo este proceso no es gratis en cualquiera de sus aspectos, bien sean ps铆quicos, emocionales, materiales,鈥 para ninguna de las personas involucradas.

Ahora se est谩 tratando de impulsar la justicia restaurativa. Lo que con 茅sta se pretende es crear un di谩logo, llegar a un arreglo entre la v铆ctima y el victimario. Pero eso no evita la marcha del sistema judicial penal, aunque puede suavizar la respuesta de 茅ste. Muchas v铆ctimas dicen que les ha venido muy bien entrar en un sistema diferente como este. Las bases de la justicia restaurativa son: estar dispuesto a reconocer y a reparar. La cuesti贸n es qu茅 tipo de pago, qu茅 tipo de reparaci贸n se hace. Y para eso, est谩 claro que las c谩rceles no sirven.

Una alternativa radical al sistema en la que actualmente ya se sit煤an muchas activistas y en el campo de la criminolog铆a cr铆tica es el antipunitivismo; es una filosof铆a que trabaja para que la forma de resolver los conflictos mediante el castigo termine. Las instituciones hacen mucho esfuerzo para que haya un proceso penal y un lugar de castigo para los delitos graves. Lo que se plantea desde el antipunitivismo es un cambio de paradigma, de filosof铆a y de cultura, para que planteemos los conflictos sociales desde otras l贸gicas. Hag谩monos cargo, que lo que hay detr谩s de los delitos no es la necesidad de castigar a esa persona, sino satisfacer las necesidades que nos llevan a cometer esos delitos como sociedad.

Hay que aplicar eso mismo, cuando hablamos de delitos que a todos nos desagradan como son los de violencia de g茅nero, de agresiones sexuales, asesinatos, etc. Lo que hay detr谩s de eso no es s贸lo una persona que ha cometido un delito, hay mucho m谩s: pobreza, conflictos sociales varios, niveles educativos, grados de poder, cultura dominante, historial socio-pol铆tico del entorno, disidencia pol铆tica, inmersi贸n en el medio, corresponsabilidades, ausencia o ralentizaci贸n de la acci贸n social, etc.

Tambi茅n se plantea, desde esta perspectiva, que este problema con las personas que delinquen no se puede abordar desde el c贸digo penal, desde el proceso judicial y desde las penas. Las conversaciones (siempre desde la voluntariedad) entre v铆ctimas y victimarios por supuesto que son reparadoras. Aporta un gran empoderamiento a la v铆ctima y a la sociedad.

La justicia restaurativa es una alternativa, por supuesto. Pero no como se est谩 aplicando en el Estado espa帽ol: hoy en d铆a es una herramienta al servicio del proceso penal. La verdadera justicia restauradora es la que trata de las soluciones alternativas a los conflictos. Que se creen espacios de verdad, para que las personas podamos acudir a ellos para poder resolver nuestros conflictos; no para denunciar un delito, porque para eso est谩 el juzgado. Que haya un espacio en el que pueda decir que he tenido este conflicto, s铆, que aparece en el c贸digo penal, pero que no quiero resolverlo por ah铆, sino en otro espacio. Estos espacios ya existen y se est谩n ampliando, pero desde el Estado no se impulsa esta forma de resoluci贸n de conflictos: lo que interesa al Estado es que sigan existiendo los procesos penales, policiales y penitenciarios.

Es importante tener un sistema no punitivista; y tan importante como ello es garantizar la seguridad en la sociedad. Todos los casos se pueden graduar. Hay que ver cu谩l es el contexto y qu茅 soluci贸n se da a cada uno. La misma receta para todos, no vale.

Lo que ocurre en las c谩rceles no preocupa al resto de la sociedad

Muchas veces pensamos que no creemos que la sociedad se preocupe mucho por la situaci贸n de las c谩rceles y la gente que est谩 en las c谩rceles. S铆 que en Euskal Herria hay una preocupaci贸n especial por las personas presas, pero sobre todo por algunas, no por todas. De muchas personas presas nadie se acuerda o preocupa. En febrero de 2019, EH Bildu present贸 en el Parlamento Vasco un interesante debate de cara a la transferencia penitenciaria. En ella expresamente se dice que no est谩 relacionada con la cuesti贸n de los presos pol铆ticos, pero eso es preciso casarlo con la pr谩ctica en el d铆a a d铆a.

La c谩rcel destruye literalmente a las personas y este castigo tiene mucho m谩s contenido de venganza que correctivo: tiene m谩s dosis de castigo que de curaci贸n.

Es dif铆cil organizar asociaciones que luchan desde dentro de la c谩rcel por los derechos de los presos, ya que se producen represalias por ello. Hist贸ricamente, se han librado grandes combates dentro de las c谩rceles. En la transici贸n, con la Copel, (Coordinadora de presos en lucha) que, mediante revueltas, comunicados, huelgas de hambre y autolesiones consiguieron ser escuchadas fuera de las c谩rceles y presionar al Estado para que se tuvieran en cuenta sus reivindicaciones. Tomando el testigo, las prisiones del Estado est谩n llevando a cabo iniciativas como las huelgas de hambre de diez d铆as alternos.

El colectivo de 鈥淧resos en Lucha鈥 ha estado realizando huelgas de hambre rotativas en diferentes c谩rceles del Estado para exigir que se cumplan 14 derechos b谩sicos en las condiciones de vida a las que son sometidas las personas presas:

  1. Fin de la tortura.
  2. Cierre de FIES y fin de aislamiento. (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento)
  3. Fin de la dispersi贸n.
  4. Servicios m茅dicos independientes de Instituciones Penitenciarias.
  5. Excarcelaci贸n personas presas enfermas.
  6. Personas con enfermedad mental fuera de prisi贸n.
  7. Medicaci贸n acompa帽ada por profesionales no dependientes de Instituciones Penitenciarias.
  8. Investigaci贸n y responsabilidades por las muertes en prisi贸n desde el inicio de la democracia.
  9. Tratamiento, programas y recursos disponibles tambi茅n para las personas presas que tachan de irrecuperables.
  10. Fin de cacheos y Rayos X a personas presas y familias. M谩s y mejores comunicaciones.
  11. Basta de criminalizar la solidaridad.
  12. Ni cadena perpetua, ni revisable, ni encubierta.
  13. No al chantaje de los M贸dulos de Respeto.
  14. Basta de indefensi贸n jur铆dica.

Situaci贸n de los centros penitenciarios

Entre las organizaciones nacionales e internacionales preocupadas por la situaci贸n de las c谩rceles espa帽olas, hay unanimidad en torno a los principios y actuaciones que hay que emprender con car谩cter urgente en los centros penitenciarios dependientes de la Administraci贸n General del Estado. Hasta ahora, ni el Ministerio del Interior, ni la Comisi贸n de Interior del Congreso de los Diputados ni las Consejer铆as Auton贸micas competentes, han prestado la atenci贸n debida a la situaci贸n de las personas privadas de libertad, como tampoco a sus familiares y allegadas.

La organizaci贸n de la atenci贸n en las prisiones no est谩 dise帽ada para hacer frente a una situaci贸n de crisis como la que se est谩 sufriendo. Si ya es duro para las personas que no estamos en prisi贸n, ni que decir tiene lo duro que ha de ser para todas las personas encarceladas. Los servicios suelen estar insuficientemente equipados y dotados de personal y no pueden hacer frente adecuadamente a la carga ordinaria de las enfermedades comunes, estando en dependencia de los dispositivos hospitalarios y comunitarios. Ni tan siquiera se ha transferido la Sanidad a las comunidades aut贸nomas excepto Catalu帽a, Euskadi y recientemente Nafarroa. Es m谩s, ni tan siquiera les importa la situaci贸n de las personas presas empadronadas en sus propias comunidades aut贸nomas y se encuentren donde se encuentren; es decir, en prisiones de la propia comunidad aut贸noma o en otras alejadas del lugar donde no tienen ning煤n tipo de v铆nculos familiares o relacionales.

Seg煤n las Estad铆sticas Anuales del Consejo de Europa, el Estado espa帽ol tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental, muy superior a la media europea a pesar de que la tasa de criminalidad es baja. Si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la de criminalidad, esta cifra se reducir铆a y un 50% de personas encarceladas estar铆a en libertad.

Un 7,5% de mujeres presas respecto del total de poblaci贸n privada de libertad, supone las mayores tasas de encarcelamiento femenino del Consejo de Europa.

Un 28,1% de personas extranjeras privadas de libertad respecto del total de la poblaci贸n penitenciaria, le situa entre los pa铆ses con mayores tasas de encarcelamiento respecto a la media europea.

El Estado espa帽ol se encuentra entre los pa铆ses con medias de privaci贸n de libertad m谩s elevadas de todo el continente.

Seg煤n datos de la Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias, en las c谩rceles dependientes de ella hay alrededor de 3.000 personas presas con discapacidad ps铆quica, discapacidad intelectual y discapacidad f铆sica.

El 铆ndice de personas muertas en las c谩rceles, dependientes de la Secretar铆a General aumenta de a帽o en a帽o. En 2017 murieron 147 personas presas, en 2018 murieron 210, en 2019 fallecieron 194 y en 2020 se antoja harto complicado el obtener cifras fidedignas ya que ha estado mediatizado por el estado de alarma y la pandemia, al igual que en 2021.

Seg煤n datos de la Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias, en 2019, el personal m茅dico en las c谩rceles dependientes de ella era de 285 m茅dicos/as y 6 psiquiatras. El n煤mero de profesionales es muy inferior al necesario para una correcta atenci贸n m茅dica en las c谩rceles tal y como han reconocido la Secretar铆a General de II.PP. as铆 como el Ministerio del Interior.

Seg煤n el Defensor del Pueblo espa帽ol (2018), 鈥渕谩s del 75 % de los m茅dicos que trabajan en los centros penitenciarios tiene m谩s de 55 a帽os. Adem谩s, el ingreso de nuevos funcionarios para sustituir las bajas se ve afectado por la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades aut贸nomas. Junto al dato del envejecimiento de los facultativos se destaca que el 26,72 % de las plazas de m茅dicos de los centros penitenciarios est谩n vacantes鈥.

Estamos ante una poblaci贸n con alto riesgo de enfermedades transmisibles y que ahora se enfrenta a un grave factor de riesgo de gravedad de coronavirus. En la poblaci贸n reclusa la incidencia de la enfermedad f铆sica y mental es m谩s elevada que en la poblaci贸n general. La prevalencia en prisi贸n de la toxicoman铆a, as铆 como de otras enfermedades como el SIDA, la tuberculosis, la hepatitis C o la grave sobrerrepresentaci贸n de la enfermedad mental requieren de una intervenci贸n por parte de la Administraci贸n penitenciaria.

No obstante, a lo largo de varios meses a nivel estatal diversas asociaciones defensoras de derechos humanos y que trabajamos en defensa de los derechos de las personas presas hemos elaborados diversas solicitudes a diversos organismos como el Ministerio de Interior, a la Secretar铆a de Instituciones Penitenciarias, Defensor del Pueblo, Ararteko, Defensor del Pueblo Navarro, Eusko Jaurlaritza y Gobierno Navarro, Parlamento espa帽ol y Comisi贸n de Interior espa帽ola, etc鈥

Con la ejecuci贸n de la transferencia de prisiones por parte del gobierno espa帽ol a la Comunidad Aut贸noma Vasca, Euskadi, Salhaketa-Araba ha socializado un manifiesto, cara a hacer visible la existencia de alternativas en aras de una transici贸n a un espacio vasco sin prisiones.

Julen Guaresti Etxebarria. Jurista. Miembro de Salhaketa Araba

Referencias

Olabarria Oleaga, Zigor (2021) Txori urdi帽ak Editorial Argia

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Fuente: Asociaciongerminal.org
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