July 13, 2021
De parte de Fundacion Aurora Intermitente
257 puntos de vista


La polic铆a nacional se ha infiltrado en varias manifestaciones y movilizaciones sociales, as铆 lo prueban distintos v铆deos y testimonios. En concreto nos referimos a los testimonios que informan de la presencia de polic铆as vestidos de paisano en el interior de manifestaciones y concentraciones de tinte antirrepresivo y antigubernamental. Estos agentes, pertenecientes seg煤n informantes a la Brigada de Informaci贸n de la Polic铆a Nacional se camuflan entre los asistentes para realizar fotograf铆as y videos. Los agentes fotograf铆an a manifestantes, y captan en video el desarrollo de las manifestaciones y concentraciones, siempre sin identificarse y sin pedir permiso a las personas filmadas o fotografiadas. No se sabe el objetivo con el que se realizan estas fotos y videos, ni si estas se hacen bajo 贸rdenes judiciales o policiales, pero debido a la falta de transparencia, no podemos descartar la creaci贸n de ficheros policiales de car谩cter extrajudicial y de uso interno. De ser cierta esta hip贸tesis, la Polic铆a Nacional, y en consecuencia, el Estado Espa帽ol en su conjunto, estar铆a vulnerando sistem谩ticamente los art铆culos dos, siete y once de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.

Estos hechos, ya de por s铆 graves, son extremadamente preocupantes si atendemos a la reci茅n aprobada la Ley Org谩nica 7/2021, de 26 de mayo, de protecci贸n de datos personales tratados para fines de prevenci贸n, detecci贸n, investigaci贸n y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecuci贸n de sanciones penales. Esta ley tiene el objetivo de 鈥渆stablecer las normas relativas a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de car谩cter personal por parte de las autoridades competentes, con fines de prevenci贸n, detecci贸n, investigaci贸n y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecuci贸n de sanciones penales, incluidas la protecci贸n y prevenci贸n frente a las amenazas contra la seguridad p煤blica鈥.

Seg煤n el art铆culo dos de esta ley los datos recogidos y modificados por las autoridades policiales pueden ser 鈥渋ncluidos en un fichero, realizado por las autoridades competentes, con fines de prevenci贸n.鈥 Hemos de puntualizar, adem谩s, que seg煤n el art铆culo cinco de la ley, por 鈥漝atos personales鈥 se entiende 鈥渢oda informaci贸n sobre una persona f铆sica identificada o identificable (芦el interesado禄); se considerar谩 persona f铆sica identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un n煤mero de identificaci贸n, unos datos de localizaci贸n, un identificador en l铆nea o uno o varios elementos propios de la identidad f铆sica, fisiol贸gica, gen茅tica, ps铆quica, econ贸mica, cultural o social de dicha persona鈥. Incluy茅ndose en los datos biom茅tricos 鈥渄atos personales obtenidos a partir de un tratamiento t茅cnico espec铆fico, relativos a las caracter铆sticas f铆sicas, fisiol贸gicas o de conducta de una persona f铆sica que permitan o confirmen la identificaci贸n 煤nica de dicha persona, como im谩genes faciales o datos dactilosc贸picos;鈥

La hip贸tesis que lanz谩bamos al principio de este art铆culo ya no es tan exagerada. En virtud de esta ley y bajo el supuesto de la prevenci贸n de un delito, las autoridades policiales podr铆an crear ficheros con informaci贸n personal, incluyendo en esta informaci贸n descripciones f铆sicas (fotograf铆as y videos) y sociales (y en consecuencia, pol铆ticas). No obstante, hemos de saber que en virtud del art铆culo veintid贸s 鈥淓l interesado tendr谩 derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmaci贸n de si se est谩n tratando o no datos personales que le conciernen. En caso de que se confirme el tratamiento, el interesado tendr谩 derecho a acceder a dichos datos personales鈥. Sin embargo, y seg煤n lo dispuesto en el art铆culo veinticuatro, el acceso a la informaci贸n tratada por la polic铆a puede limitarse o negarse bajo los supuestos de 鈥渁) Impedir que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos judiciales. b) Evitar que se cause perjuicio a la prevenci贸n, detecci贸n, investigaci贸n y enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecuci贸n de sanciones penales. c) Proteger la seguridad p煤blica d) Proteger la Seguridad Nacional. e) Proteger los derechos y libertades de otras personas鈥. En otras palabras, bajo el supuesto de protecci贸n de la seguridad p煤blica, las autoridades no tienen la obligaci贸n de comunicar qu茅 datos aparecen registrados en los ficheros.

Pero continuemos; seg煤n el art铆culo ocho de la ley los datos personales podr谩n conservarse 鈥渟贸lo durante el tiempo necesario para cumplir con los fines previstos en el art铆culo 1 [fines de prevenci贸n, detecci贸n, investigaci贸n y enjuiciamiento de infracciones]鈥. No obstante, el p谩rrafo tres del mismo art铆culo establece que 鈥淐on car谩cter general, el plazo m谩ximo para la supresi贸n de los datos ser谩 de veinte a帽os, salvo que concurran factores como la existencia de investigaciones abiertas o delitos que no hayan prescrito [鈥鈥

Tambi茅n es interesante atender al art铆culo nueve, seg煤n este art铆culo, las autoridades deben clasificar los datos de las personas investigadas en las siguientes categor铆as: 鈥渁) Personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que hayan cometido, puedan cometer o colaborar en la comisi贸n de una infracci贸n penal. b) Personas condenadas o sancionadas por una infracci贸n penal. c) V铆ctimas o afectados por una infracci贸n penal o que puedan serlo. d) Terceros involucrados en una infracci贸n penal [鈥鈥 Es ir贸nico que este art铆culo culmine con la siguiente advertencia 鈥淟o anterior no debe impedir la aplicaci贸n del derecho a la presunci贸n de inocencia tal como lo garantiza el art铆culo veinticuatro de la Constituci贸n鈥.

En relaci贸n con la legalidad o ilegalidad del tratamiento de los datos por parte de las autoridades, la ley es clara: 鈥淓l tratamiento s贸lo ser谩 l铆cito en la medida en que sea necesario para los fines se帽alados en el art铆culo 1 y se realice por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones鈥. Es decir, el tratamiento de los datos ser谩 legal siempre que se busque la prevenci贸n de un supuesto e hipot茅tico delito, o siempre que dicho tratamiento se desarrolle con fines de 鈥渄etecci贸n, investigaci贸n y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecuci贸n de sanciones penales, incluidas la protecci贸n y prevenci贸n frente a las amenazas contra la seguridad p煤blica鈥.

Llama la atenci贸n la claridad y el descaro de la ley, atendamos al art铆culo trece, el cual en su p谩rrafo primero establece: 鈥淓l tratamiento de datos personales que revelen el origen 茅tnico o racial, las opiniones pol铆ticas, las convicciones religiosas o filos贸ficas o la afiliaci贸n sindical, as铆 como el tratamiento de datos gen茅ticos, datos biom茅tricos dirigidos a identificar de manera un铆voca a una persona f铆sica, los datos relativos a la salud o a la vida sexual o a la orientaci贸n sexual de una persona f铆sica, s贸lo se permitir谩 cuando sea estrictamente necesario, con sujeci贸n a las garant铆as adecuadas para los derechos y libertades del interesado y cuando se cumplan alguna de las siguientes circunstancias: a) Se encuentre previsto por una norma con rango de ley o por el Derecho de la Uni贸n Europea. b) Resulte necesario para proteger los intereses vitales, as铆 como los derechos y libertades fundamentales del interesado o de otra persona f铆sica. c) Dicho tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente p煤blicos.鈥 Nos gustar铆a saber en qu茅 supuestos es relevante para la prevenci贸n de un delito la 鈥渙rientaci贸n sexual鈥, 鈥渆l origen 茅tnico o racial鈥 o 鈥渓as opiniones pol铆ticas鈥 de una persona.

Pero volviendo a los hechos denunciados en las primeras l铆neas del presente art铆culo, la ley establece que 鈥淟a captaci贸n, reproducci贸n y tratamiento de datos personales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los t茅rminos previstos en esta Ley Org谩nica, as铆 como las actividades preparatorias, no se considerar谩n intromisiones ileg铆timas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [鈥鈥. Adem谩s en el p谩rrafo segundo del art铆culo quince se manifiesta que 鈥淓n la instalaci贸n de sistemas de grabaci贸n de im谩genes y sonidos se tendr谩n en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protecci贸n de los edificios e instalaciones propias; asegurar la protecci贸n de edificios e instalaciones p煤blicas y de sus accesos que est茅n bajo custodia; salvaguardar y proteger las instalaciones 煤tiles para la seguridad nacional y prevenir, detectar o investigar la comisi贸n de infracciones penales y la protecci贸n y prevenci贸n frente a las amenazas contra la seguridad p煤blica.鈥. Bajo estos art铆culo se da a entender que es totalmente legal que agentes sin identificar fotograf铆en y filmen a manifestantes bajo el supuesto de la protecci贸n del orden y la seguridad p煤blica. Deber铆amos preguntarnos en qu茅 momento hemos permitido que esto suceda.

En relaci贸n con la forma de obtenci贸n y captaci贸n de los datos, la ley establece que 鈥淧odr谩n utilizarse dispositivos de toma de im谩genes y sonido de car谩cter m贸vil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley Org谩nica, conforme a las competencias espec铆ficas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. [鈥鈥 eso s铆 鈥淓l uso de los dispositivos m贸viles deber谩 estar autorizado por la persona titular de la Delegaci贸n o Subdelegaci贸n del Gobierno, quien atender谩 a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmaci贸n, adecuando la utilizaci贸n de dichos dispositivos a los principios de tratamiento y al de proporcionalidad.鈥 Una vez m谩s, 驴qu茅 supuestos son proporcionales para justificar esta actuaci贸n? . Si atendemos al tiempo que estas im谩genes pueden conservarse, el art铆culo dieciocho establece que 鈥淟as grabaciones ser谩n destruidas en el plazo m谩ximo de tres meses desde su captaci贸n, salvo que est茅n relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad p煤blica, sujetas a una investigaci贸n policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.鈥 Por lo que bajo el supuesto de investigaci贸n policial en curso las im谩genes podr铆an almacenarse por mucho m谩s de tres meses.

El tratamiento de estos datos puede ser manejado, seg煤n el art铆culo cuatro por: 鈥渁) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. b) Las Administraciones Penitenciarias. c) La Direcci贸n Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria. d) El Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. e) La Comisi贸n de Vigilancia de Actividades de Financiaci贸n del Terrorismo.鈥. En resumidas cuentas, la Polic铆a Nacional, La Guardia civil, y dem谩s polic铆as auton贸micas y locales.

Esta ley, aprobada en mayo de 2021, junto con los hechos descritos en el primer p谩rrafo de este art铆culo, dan cuenta de la represi贸n sistem谩tica ejercida por el Estado espa帽ol y sus Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Las leyes establecen derechos que se except煤an bajo decenas de supuestos de car谩cter subjetivo y ampliamente flexibles y arbitrarios. Nuestra libertad pol铆tica, sindical y sexual queda en entredicho bajo esta ley, que, si queremos ponernos jur铆dicos, podr铆a vulnerar varios art铆culos de la Constituci贸n Espa帽ola, adem谩s de vulnerar plenamente los art铆culos dos y once de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.

Esta ley es una muestra clara de la escalada represiva que est谩 aconteciendo en el Estado Espa帽ol a nivel generalizado y en todos los espacios del espectro pol铆tico del sistema. Seg煤n los diarios de sesiones, y tras varias reformas del texto jur铆dico, la Ley Org谩nica 7/2021, de 26 de mayo qued贸 aprobada con los votos a favor del PSOE, PP, Podemos y otros grupos parlamentarios. Llama la atenci贸n el hecho de que tan solo hubiera cinco votos en contra de la ley, votos pertenecientes a la CUP, al BNG y a UPN. Una muestra m谩s de que la lucha contra la represi贸n y a favor de las libertades y los derechos se encuentra en las calles y no en los parlamentos.

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Fuente: Aurorafundacion.org