February 1, 2022
De parte de SAS Madrid
201 puntos de vista

Este lunes 31 de enero se cumplen dos a帽os desde que se detect贸 el primer caso de coronavirus en Espa帽a. Desde entonces, miles de personas han fallecido a causa de la pandemia, entre ellas 35.670 personas mayores que viv铆an en residencias.

Tras analizar la evoluci贸n de denuncias que afectan a m谩s de un centenar de residencias en Madrid y Catalu帽a, Amnist铆a Internacional ha documentado preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestaci贸n de asistencia sanitaria a las personas mayores que viv铆an en ellas.

La organizaci贸n concluye que hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligaci贸n de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las v铆ctimas a un recurso judicial que sea efectivo. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigaci贸n de muertes potencialmente il铆citas la obligaci贸n de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida. Amnist铆a Internacional lamenta que no se est谩 garantizando la verdad para las v铆ctimas, se est谩 extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurar谩 una adecuada reparaci贸n del da帽o causado, ni garant铆as de no repetici贸n en el futuro.

鈥淢谩s de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan m煤ltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneraci贸n de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad鈥, se帽ala Esteban Beltr谩n, director de Amnist铆a Internacional Espa帽a. As铆 lo denuncian tambi茅n las organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras.

“Tengo derecho a saber qu茅 estaba pasando. Nos lo han negado tambi茅n. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo as铆, que se podr铆a haber evitado, queremos que no pase nunca m谩s”, lamenta Ana Mar铆a, cuya madre falleci贸 en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que a帽o y medio despu茅s sigue en tr谩mite.

Ministerio Fiscal, una investigaci贸n deficiente

Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situaci贸n objetiva de vulneraci贸n de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigaci贸n penal llevadas a t茅rmino por la propia instituci贸n, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.

Amnist铆a Internacional considera que la mayor铆a de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los est谩ndares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias. La organizaci贸n ya document贸 c贸mo una cadena de decisiones en la gesti贸n de la pandemia fue definitiva en la situaci贸n de abandono de los mayores en las residencias, y todas sus causas deber铆an ser exhaustivamente investigadas.

“Las familias de las v铆ctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivi贸 en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido”, se帽ala Safira Cantos, responsable de la investigaci贸n en Amnist铆a Internacional Espa帽a. 鈥淪in embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensi贸n鈥, a帽ade.

“Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo as铆. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la 煤nica forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia”, se帽ala Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleci贸 en una residencia en Madrid.

En vista de que el Ministerio Fiscal ha archivado casi todas las investigaciones, son los familiares quienes est谩n presentando denuncias o querellas en los Tribunales, imponiendo una carga m谩s sobre las v铆ctimas, cuando existe una instituci贸n, la Fiscal铆a, que tiene espec铆ficamente encomendada la actuaci贸n en favor de los derechos de la ciudadan铆a y del inter茅s general. Ante las denuncias judiciales, el alcance de las investigaciones est谩 siendo muy desigual seg煤n el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas v铆ctimas est谩n consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un c贸mputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estad铆stica judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo as铆 a la falta de informaci贸n y transparencia.

Aunque en Madrid Amnist铆a Internacional ha estado en contacto con representantes del Ministerio Fiscal que han manifestado su compromiso con las investigaciones y su voluntad de analizar detalladamente cada denuncia, la realidad es que dichas investigaciones no han tenido en cuenta las informaciones que pod铆an aportar las propias personas afectadas. Tambi茅n es cr铆tica la situaci贸n en Barcelona, donde la denuncia de casi doscientos familiares en relaci贸n con 30 residencias fue archivada por la Fiscal铆a sin tomar declaraci贸n a las v铆ctimas o los profesionales de las residencias.

Amnist铆a Internacional reconoce el esfuerzo del Ministerio Fiscal en mejorar la informaci贸n obtenida, a trav茅s de la apertura de m谩s de un millar de diligencias civiles para hacer un seguimiento m谩s adecuado de la situaci贸n de las personas mayores en las residencias. A la organizaci贸n le preocupa que este esfuerzo no vaya acompa帽ado de inspecciones presenciales de las residencias, suspendidas prolongadamente durante la pandemia y todav铆a no plenamente recuperadas en las fiscal铆as territoriales. Esta falta alarmante de inspecciones sobre el terreno dificulta que Fiscal铆a pueda acceder a una fuente directa de informaci贸n que podr铆a apoyar una investigaci贸n eficaz en los tribunales.

La organizaci贸n pide al Ministerio Fiscal que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se asegur贸 adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las v铆ctimas y teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos. La investigaci贸n debe esclarecer c贸mo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias, tal y como AI evidenci贸 en su investigaci贸n previa y han declarado responsables de residencias.

En los casos que se encuentran judicializados, AI exige al Ministerio Fiscal que tenga un rol activo promoviendo la acci贸n de la justicia en favor de los derechos de las v铆ctimas.

Falta investigar adecuadamente los protocolos

Por otro lado, la aplicaci贸n de los protocolos de no derivaci贸n a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos; lo que contrasta con los hallazgos de Amnist铆a Internacional que s铆 considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud. En este sentido, el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de enero que estima parcialmente los recursos interpuestos por familiares de residencias en Legan茅s muestra con claridad la necesidad de investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivaci贸n hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atenci贸n m茅dica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales.

La organizaci贸n considera que estos protocolos son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Catalu帽a, de miles de personas en los momentos m谩s duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que viv铆an en residencias no se asegur贸 una valoraci贸n individual basada en el mejor pron贸stico, sino que se utilizaron criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atenci贸n de los y las residentes enfermos pod铆a ser vital. Los criterios, adem谩s de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pron贸stico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las decisiones m茅dicas deben ser siempre individualizadas y basadas en evidencia cient铆fica.

El Ministerio Fiscal tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o pol铆ticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivaci贸n a los hospitales de las personas mayores de residencias durante la primera ola de la pandemia, sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias. Mecanismos internacionales como el Comit茅 DESC (Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) aseguran que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todas las personas sin discriminaci贸n y, especialmente, para los sectores m谩s vulnerables de la poblaci贸n.

No se escucha a las v铆ctimas

De acuerdo con las informaciones que Amnist铆a Internacional ha podido confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habr铆an archivado diligencias de investigaci贸n de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar informaci贸n.

“Excusarse en evitar reiterar su testimonio y el dolor que eso provoca en las v铆ctimas para no llamarles a declarar es un error, porque precisamente lo que m谩s dolor les causa es que su caso acabe en archivo, sin conocer toda la verdad de lo sucedido. La mayor铆a de los testimonios recogidos por Amnist铆a Internacional dan mucha importancia al hecho de ser escuchadas en la investigaci贸n del Ministerio Fiscal y poder aportar toda la informaci贸n relevante para la investigaci贸n”, se帽ala Safira Cantos. 鈥淓l Protocolo de la ONU sobre la investigaci贸n de muertes potencialmente il铆citas (aplicable a centros geri谩tricos) reconoce el derecho de las v铆ctimas (familiares) a participar en las investigaciones鈥, a帽ade.

鈥淭ienes la sensaci贸n de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negaci贸n de los hechos, la desinformaci贸n y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor”, cuenta 脕ngela Arreba, cuya madre, Julia, falleci贸 el 8 de abril en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid, despu茅s de un mes en el que ni siquiera pudieron verla por videoconferencia, y que ha presentado junto a otros familiares una querella en el juzgado.

Ni Gobierno ni CCAA quieren investigar

A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando en Espa帽a las pocas comisiones de investigaci贸n abiertas en algunos parlamentos auton贸micos. Estas s贸lo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos. La 煤nica comisi贸n de investigaci贸n que estaba actualmente en marcha, en Castilla y Le贸n, tambi茅n ha sido cerrada recientemente debido a que se ha anunciado la disoluci贸n de las cortes y elecciones anticipadas. En Catalu帽a se ha rechazado la creaci贸n de una comisi贸n y se ha propuesto un grupo de expertos en su lugar. En el caso de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones tambi茅n supuso el cierre de la Comisi贸n y en la nueva legislatura no se aprob贸 su creaci贸n, a pesar de que la anterior Comisi贸n no hab铆a completado el trabajo previsto.

“A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisi贸n de investigaci贸n sobre lo sucedido, y a nivel auton贸mico los intentos han sido en su mayor铆a in煤tiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo pol铆tico. Las autoridades no pueden excusarse en sus mayor铆as parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones. Por eso pedimos la creaci贸n de una comisi贸n de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, d茅 respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones espec铆ficas para que no vuelva a suceder algo similar”, afirma Beltr谩n.

Falta de personal y visitas

En esta sexta ola, cuando los contagios tambi茅n han crecido en las residencias de personas mayores y aunque sus efectos se han mitigado gracias a la vacuna, los centros temen que la falta de personal se vea incrementada por las bajas: en la primera semana de enero de 2022 se produjeron m谩s de 9.000 contagios entre el personal de residencias. Amnist铆a Internacional y otras organizaciones han reclamado en diversas ocasiones a las autoridades competentes garantizar criterios y mecanismos para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atenci贸n de las personas mayores.

La organizaci贸n recuerda adem谩s que es necesario que se garanticen, aunque sea de forma virtual, las visitas de familiares, de manera que no sea algo que dependa en la pr谩ctica de la decisi贸n de cada residencia. Las autoridades no deben olvidar que tienen la obligaci贸n de velar por el respeto de los derechos humanos en todas las residencias, ya sean de titularidad p煤blica o privada.

El nuevo modelo residencial, pendiente

La organizaci贸n valora positivamente que el 煤ltimo borrador discutido entre Gobierno y Comunidades Aut贸nomas a finales de diciembre sobre el nuevo modelo residencial establezca unos criterios comunes respecto a los 谩mbitos de recursos materiales y equipamientos; recursos humanos; aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; as铆 como que incorporen criterios e indicadores medibles en relaci贸n con las inspecciones. Sin embargo, Amnist铆a Internacional considera fundamental que se incluya en el documento final la necesidad de formaci贸n obligatoria especializada en la aplicaci贸n de protocolos, utilizaci贸n de EPIs y cuidados directos, as铆 como que se incluya la perspectiva de g茅nero en la contrataci贸n de personal. Tambi茅n sigue echando en falta indicadores concretos sobre la participaci贸n de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la vivida durante pandemia para evitar, en lo posible, medidas de confinamiento y restricci贸n de derechos, entre otros, garantizando el contacto regular entre los y las residentes y las familias y allegados. Tambi茅n es primordial la participaci贸n de la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan en este proceso de cambio de modelo.

Sobre la coordinaci贸n con los servicios de asistencia sanitaria del sistema p煤blico de salud, el documento incluye algunas medidas importantes, pero es necesario que se especifique que las decisiones m茅dicas se basar谩n siempre y 煤nicamente en evaluaciones cl铆nicas individualizadas y criterios 茅ticos sobre la mejor evidencia cient铆fica disponible; y que las instrucciones y los criterios para decidir la derivaci贸n de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ning煤n caso incluir谩n criterios discriminatorios en el acceso a la atenci贸n sanitaria.

AI respalda las peticiones relativas al modelo residencial de las organizaciones pertenecientes a la mesa de di谩logo civil (en especial La Plataforma y M茅dicos del Mundo), sobre coordinaci贸n sociosanitaria y ratios de personal.

M谩s informaci贸n

Amnist铆a Internacional tiene en marcha la campa帽a #DignidadParaMisAbuelxs en la que lleva recogidas m谩s de 65.000 firmas para que no vuelva a haber muertes como 茅stas en las residencias de personas mayores.

Enlace relacionado Amnesty.org (31/01/2022).




Fuente: Sasmadrid.org