Resolución Histórica en DDHH La represión del #1DMx 2012 y la responsabilidad patrimonial del Estado

December 13, 2020 –
De parte de Radio Zapote

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11 dic 2020 10 AM, Sala Digna Ochoa 1, Comisión de Derechos Humanos CDMX.

BOLETÍN DE PRENSA

En el marco de las jornadas nacionales e internacionales por la defensa y promoción de los Derechos Humanos. A la memoria de nuestro compañero Javier Lara preso político, ilegalmente detenido durante el 1° de diciembre de 2012, fallecido al inicio de la pandemia; reiterando la exigencia de JUSTICIA para Kuy Kendall, ejecutado extrajudicialmente como consecuencia de la brutal represión en el #1DMx, exigiendo la presentación con vida de Teodulfo Torres Soriando testigo de ese delito, víctima de desaparición forzada(23 marzo 2013); Exigiendo SOLUCIÓN INMEDIATA a la Huelga de Notimex; rechazando el uso mercantilista sobre la salud de la semaforización ante el Covid19; sumándonos a la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y todos los Megaproyectos de más muerte y despojo para nuestro pueblo; EXIGIENDO Justicia y cese a los crímenes de periodistas, defensores del territorio la naturaleza, la vida; Pronunciándonos por el fin de la sociedad y estados patriarcales que instalan la normalidad en los Feminicidios y la creciente violencia contra las mujeres.

Ex detenidos por motivos políticos de las represiones del 1 de diciembre de 2012 y 10 de junio de 2013; integrantes de la Liga de abogados 1° de diciembre y la Coordinadora Primero de Diciembre; así como familiares y organizaciones políticas y sociales que han acompañado este proceso por reparación integral y justicia, convocamos a los medios de comunicación, así como a organizaciones políticas y sociales, defensores de DDHH y sectores en lucha a revisar y difundir la siguiente información.

Lo acontecido el 1° de diciembre de 2012 en el marco de las movilizaciones y el legítimo derecho a la defensa contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, mostró de manera nítida los peligros que la vocación autoritaria y desmedida por el poder se alcanzan y que por consecuencia violentan derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, en relación con el debido proceso; el derecho a la integridad personal, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre manifestación y la protesta El haber vivido como respuesta a lo que la historia demostró como un nuevo fraude electoral, que transgredió la voluntad popular, que fue continuidad y antesala de delitos como el caso Odebrecht, la estafa maestra, la pirámide, en recurso de la PFP, entre muchos otros que todavía gozan de impunidad, muestran que los regímenes autoritarios no dudarán en aplicar el terrorismo de estado contra la justa inconformidad popular.

Quienes decidieron instalar el Estado de excepción, el uso desmedido de la fuerza pública contra manifestantes y transeúntes NO deben seguir sin castigo. La brutal represión del #1DMx operada por Marcelo Ebrard Casaubón, Manuel Mondragón y Kalb, sirvió para la entrega de la CDMX que era corazón de las multitudinarias protestas populares, (cuya característica era lo festivo, familiar y multisectorial) para inhibir y criminalizar la protesta al gobierno de EPN para instalar a sangre y fuego el Pacto del entonces PRD, junto al PAN y PRI (muchos de los cuales están hoy en Morena) e imponer las Reformas Estructurales. Son precisamente ellas, la causa entre otras cosas, del desmantelamiento de los sistemas de salud pública, de la entrega de recursos de la nación, de la renuncia al desarrollo científico y tecnológico, de avance ecocida del Capitalismo Pandémico que nos tiene padeciendo los miles de muertos por Covid19.

La profundización de ese pacto durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera que acumuló más de 600 detenciones ilegales una de las primeras durante su mandato fue la del 10 de junio de 2013 que reiteró la vocación represiva del policía de Peña Nieto en la ciudad, no olvidamos tampoco la ejercida contra la resistencia magisterial contra la #ReformaEducativa de la que quedan prácticamente todos los puntos y comas, el 13 de septiembre al plantón de los maestros fue desalojado del zócalo capitalino y de ahí en adelante sería un patrón vigente como el 2 de octubre 2013, el 1 de diciembre de 2014 en plena huelga de estudiantes politécnicos, entre muchas otra

Durante el gobierno de Mancera se perfeccionaron las formas de represión, instalando un estado policiaco, utilizando la infiltración, la actuación ilegal de policías encubiertos, la continua ruptura de la cadena de custodia, el fast track en las consignaciones, las salvajes golpizas a detenidos que por lo mismo ya no terminaban como presentados ante el MP, la tortura psicológica, el toqueteo a mujeres, el encapsulamiento, la contratación multitudinaria y sin ningún control de policías, el uso de violatorios “protocolos de contención de multitudes”, en síntesis de capacitación intensiva para reprimir, criminalizar, fabricar delitos, estigmatizar a jóvenes, estudiantes, a todo lo que representara diversidad y disenso a lo establecido. Utilizando facciosamente (con ese propósito estaba diseñado) el Art. 362 Ataques a la paz pública y 287 Ultrajes a la autoridad del Código Penal del entonces DF se negó en los hechos la más importante las garantías del ámbito penal: la presunción de inocencia.

La Reparación Integral venía siendo reconocida como un deber del Estado y un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones manifiestas a los Derechos Humanos No podrá asegurarse la NO repetición de actos represivos sin el castigo a los responsables de dicho accionar del estado, juicio a policías, mandos, funcionarios y gobernantes, desaparición de cuerpos represivos.

Resolución histórica en materia de DDHH en la CDMX

Pronunciamiento de la defensa legal y política de víctimas de la represión del #1DMX con relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado en la Ciudad de México

Joel Arango Allende fue detenido el 1 de diciembre de 2012 cuando transitaba con su pareja en avenida Reforma, tras oponerse a que le golpearan y detuvieran arbitrariamente a jóvenes y transeúntes por parte de los elementos represivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en el Operativo de transición de poderes implementado por los niveles de gobierno local y federal.

Luego de ser liberado el 9 de diciembre de 2012 sin que se le comprobara responsabilidad penal alguna, y haber sufrido una serie de violaciones a sus derechos humanos incluyendo actos de tortura, es que un año después inició un procedimiento ante la Dirección General de responsabilidad patrimonial del Estado de la Ciudad de México, por la detención arbitraria, la actividad administrativa irregular, el uso desproporcionado de la fuerza, entre otras.

Así, después de 7 años de litigio, se logró un fallo histórico en materia de Derechos Humanos en esta capital, la Contraloría General de la CDMX, en cumplimiento a una sentencia otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó se emitiera una resolución con apego a la recomendación 7/2013 emitida por la otrora CDHDF, resolviéndose entonces que: la detención de Joel Arango Allende, así como su puesta a disposición en el MP y posterior reclusión, fue arbitraria y violatoria a derechos humanos y hacia la dignidad de la víctima; decretando entonces, que la administración actúo de manera irregular, fuera de los parámetros que establecen las leyes que los rigen, por lo que existió actividad administrativa irregular imputable a la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana; Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia y; Secretaría de Gobierno, todas antes del Distrito Federal hoy Ciudad de México.

La resolución también fija un criterio estableciendo una diferencia entre la indemnización por la actividad administrativa irregular de las autoridades, de aquella indemnización que también corresponda por violaciones a Derechos Humanos. En otros términos se asume la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, que se cometieron actos de represión.

Aunado a ello también está considerado en la resolución que se turnará la misma para iniciar los procedimientos de investigación para establecer la responsabilidad penal y administrativa que corresponda a las autoridades involucradas en tales actos, tanto de los mandos superiores hasta los elementos policiacos involucrados.

Con esto, no solo se genera un precedente relevante en materia de responsabilidades por actividad administrativa irregular, sino que se reconoce la arbitrariedad y violación a derechos ocurridos en dicho operativo, señalándose también a las autoridades responsables de las violaciones a los derechos y en la esfera personal y jurídica de la reconocida víctima. Cabe destacar que el fallo refiere que la afectación personal, económica, moral y en materia de salud fue “leve”, dado que la víctima es un jardinero, cuya pérdida no es “significativa”, fijando un monto indemnizatorio bajo criterios discriminatorios, y sin contemplar la salud, dignidad ni afectación personal de la víctima. Motivo por el cual se seguirá pugnando por las vías correspondientes dicho fallo, a pesar de lo ya y muy importante logrado en materia de Derechos Humanos.

Hoy como ayer con la resolución obtenida se confirma que PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO

Ex presos 1° diciembre 2012

Guadalupe Coutiño Escobar

Joel Arango Allende Ángel Peralta Rafael Escalante

Ex detenidos 10 de junio 2013

Nancy Cázares

Jesús Pegueros

Coordinadora 1° de diciembre

Wendy Rosaura Cruz de la Rosa

Armando Osorio Chulín

En representación de la defensa legal

Mtro. Andrés Aullet