July 29, 2021
De parte de Nodo50
99 puntos de vista


鈥淣uestro primer
objetivo es prevenir la emergencia de un nuevo rival. Esta es una
consideraci贸n dominante que debe subrayar la nueva estrategia
regional de defensa y que exige que nos esforcemos en prevenir que
ninguna potencia hostil domine una regi贸n cuyos recursos pudieran
bastar, bajo un control consolidado, para engendrar un poder global
(鈥). Finalmente, debemos mantener los mecanismos para disuadir a
competidores potenciales incluso de aspirar a un papel regional o
global mayor鈥漑1].

Defense Planning Guidance de Estados Unidos, 1992.

鈥淭enemos
alrededor del 50 por ciento de la riqueza del mundo, pero solo el 6,3
por ciento de su poblaci贸n (鈥).  En esta situaci贸n no
podemos evitar ser objeto de envidia y resentimiento. Nuestra tarea
real en el per铆odo que se aproxima es la de dise帽ar una pauta de
relaciones que nos permita mantener esta posici贸n de disparidad sin
detrimento de nuestra seguridad nacional鈥漑2].

George Kennan, ide贸logo estadounidense de la Guerra Fr铆a.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la reorganizaci贸n de
la correlaci贸n de fuerzas geopol铆ticas deriv贸 en una nueva l贸gica
de administraci贸n de las relaciones y tensiones entre los pa铆ses,
abriendo paso a una nueva era de pretendido debilitamiento del Estado
naci贸n bajo la amenaza derivada de las potencias hegem贸nicas que
iban expandi茅ndose desde Occidente. La creaci贸n de las Naciones
Unidas (ONU), como orientador de la diplomacia y las relaciones entre
los Estados, se fundament贸 en un cuerpo normativo: el Derecho
Internacional P煤blico (DIP), que contempla las responsabilidades y
prerrogativas de los actores del sistema mundial. La Carta de
Naciones Unidas es asumida por el DIP como insumo fundamental en esta
etapa de las Relaciones Internacionales.

La preeminencia de las potencias vencedoras como actores
determinantes en las decisiones fundamentales del mundo entero se
formaliz贸. La expresi贸n m谩s clara de esto fue la conformaci贸n del
Consejo de Seguridad y la prerrogativa conocida como 鈥渄erecho al
veto鈥, aplicable para los grandes temas de debate. Estados Unidos,
la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS, hoy Rusia),
Francia, Reino Unido y China acordaron una suerte de 鈥溍簂tima
palabra鈥 para situaciones sensibles dentro de las relaciones
internacionales y sus inevitables contradicciones. Al negociar las
disposiciones de la Carta de la ONU, Washington present贸 resistencia
para aprobar el derecho de veto; sin embargo, para la Uni贸n
Sovi茅tica era indispensable su establecimiento, de lo contrario
hubiese sido sometida a un todos contra la URSS.

Foto: Las conferencias de Yalta y Potsdam, cuyos protagonistas fueron I贸sif Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, delinearon el orden internacional de la posguerra. (Foto: Archivo)

La crisis de los 90 y el derrumbe del bloque socialista, que fungi贸 como contrapeso a la hegemon铆a capitalista, le otorga una aparente carta libre y ambiente de superioridad moral y pol铆tica a las fuerzas del atlantismo. Sin comprensi贸n de la responsabilidad hist贸rica que implica la administraci贸n real de los conflictos, avasallando los preceptos de igualdad entre los Estados, se va imponiendo con soberbia una resignificaci贸n partidaria y sesgadamente universalista de dos conceptos fundamentales: democracia y libertad. Nociones que manipulan a conveniencia y dogmatizan bajo la mirada unilateral y reducida de su propia compresi贸n del mundo, en la cual las corporaciones econ贸micas, b茅licas y financieras manejan los hilos del poder y pretenden homogenizar el mundo para crear condiciones de dominio general. El pensador y pol铆tico dominicano Juan Bosch identificar铆a este pretendido nuevo modelo de control mundial, bajo la categor铆a de 鈥淧entagonismo鈥漑3].

Esta nueva modalidad de hacer pol铆tica, a partir de la
interpretaci贸n a conveniencia de valores universales, ha sido
liderada por Washington y secundada por las fuerzas alineadas al eje
geopol铆tico atlantista. Se trata de una cruzada para la legitimaci贸n
de una forma un铆voca de entender y catalogar los imperativos morales
y pol铆ticos que intervienen en las relaciones entre los Estados.
Como buena cruzada, este despliegue de imposiciones cuenta con una
poderosa inquisici贸n. Se inicia una suerte de juicio continuado
hacia la forma en la cual los Estados nacionales orientan sus
pol铆ticas -tanto interior como exterior-. Esta peligrosa operaci贸n
de determinaci贸n de la justicia moral internacional tiene estrecha
relaci贸n con un poderoso dispositivo cartelizado de comunicaci贸n y
opini贸n, encargado de 鈥渃onstruir el expediente鈥, reproducirlo
sin descanso y emitir sentencias opin谩ticas fabricadas a la medida.

En este punto, vale
recordar lo que afirmara, en 2001, el exsecretario de Defensa de la
administraci贸n de Bush, Donald Rumsfeld, para referirse a c贸mo
Estados Unidos deb铆a ejercer su papel como imperio: 鈥淭enemos dos
opciones. O cambiamos la forma en que vivimos o cambiamos la forma en
que viven los otros. Hemos escogido esta 煤ltima opci贸n鈥漑4].

El Derecho Internacional P煤blico reconoce formalmente como
pilares tres elementos que son fundamentales por su esp铆ritu y
sentido: la igualdad entre todos los Estados; el respeto a la
soberan铆a nacional; y el derecho a la autodeterminaci贸n de los
pueblos. El art铆culo 2 de la Carta de Naciones Unidas, en sus
numerales 1 y 7, es meridianamente claro en estos principios.
Igualdad y respeto a la soberan铆a desembocan irremediablemente en el
reconocimiento de la diversidad y el respeto de las decisiones que se
toman soberanamente. El Derecho Internacional P煤blico permite la
convivencia de todas estas voces y procuran la resoluci贸n pac铆fica
de las controversias, que inevitablemente surgen a partir de la
pluralidad de miradas.

Foto: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ubicado en Nueva York. (Foto: Johannes Eisele / Agence France-Presse / Getty Images)

La necesidad por parte de la hegemon铆a occidental de 鈥渆ncauzar鈥 a todos por su estrecha visi贸n choca con el esp铆ritu de diversidad que rige el DIP. Es decir, los principios del Derecho Internacional, expresados en la Carta de las Naciones Unidas, representan una camisa de fuerza para el dominio occidental y sus f贸rmulas de imposici贸n. Es por ello que va forzando el desarrollo de dispositivos alternos, atajos antijur铆dicos (disfrazados de legalidad), que procuran otros caminos para el control y la incidencia. Al fin y al cabo, para el atlantismo, todos deben usar el mismo alfabeto y el mismo uniforme con sus infaltables gr铆ngolas.

Como una t谩ctica de la estrategia de homogenizaci贸n ideol贸gica,
se desarrollan conceptos y tesis como el de la defensa de la
democracia, mientras que se instrumentaliza a los derechos humanos
poni茅ndolos al servicio de los particulares intereses de las
potencias hegem贸nicas, desvirtuando su realizaci贸n y sentido como
fines en s铆 mismos. Se le otorga as铆 a estos poderes una
herramienta de intervenci贸n con ribetes morales y humanitarios, con
la que generan una versi贸n conveniente, para legitimar objetivos
inconfesables.

El idioma ingl茅s, con su caracter铆stica versatilidad, contiene
un verbo preciso para entender esta modalidad de hacer pol铆tica con
los Derechos Humanos (no de DDHH): to weaponize, usar los
DDHH como arma, the weaponizing of Human Rights. Bajo el
delicado manto del respeto a la integridad de los ciudadanos se
pretende minar o quebrantar la cualidad y la integridad de la
soberan铆a estatal, cuando en realidad velar por los DDHH es la
primera potestad y responsabilidad constitucional de todo Estado. No
hay duda de que aquellos preceptos que atienden a la vida, as铆 como
todas las garant铆as fundamentales de dignidad de los ciudadanos,
est谩n a cargo de los Estados y sus instituciones. La bandera de los
DDHH es muy sensible a la mirada de la opini贸n p煤blica, que adem谩s
es manipulada por la opini贸n publicada de los carteles medi谩ticos
al servicio de intereses hegem贸nicos. Es por ello que se ha
convertido en territorio f茅rtil para sembrar sospechas sobre pa铆ses
y gobiernos no subalternos al dictamen pol铆tico, econ贸mico y moral
que impone la visi贸n hegem贸nica occidental.

Las relaciones internacionales han construido algunas v铆as
incipientes para atender el eventual desbordamiento que pudiesen
sufrir los Estados nacionales en su responsabilidad de garantizar los
DDHH. El Estatuto de Roma, por ejemplo, es la partida de nacimiento
de la Corte Penal Internacional (CPI) y tipifica claramente en el
art铆culo 5 los cr铆menes de competencia de la Corte: genocidio, lesa
humanidad, cr铆menes de guerra y agresi贸n (este 煤ltimo a煤n con
vigencias muy parciales seg煤n cada estado ratificante a partir de
2015). La CPI es una instituci贸n que pretende garantizar la
posibilidad de condenar las responsabilidades penales individuales de
funcionarios de Estado y otros agentes que act煤en por el estado, en
materia de violaci贸n de delitos de lesa humanidad. No es una
instancia perfecta, ni exenta de intereses ajenos a la justicia, pero
es parte de los acuerdos de un gran n煤mero de Estados para abordar
las situaciones m谩s sensibles en materia de DDHH, en el contexto del
Derecho Internacional Humanitario.

La Responsabilidad de proteger o c贸mo abusar de la protecci贸n de los Derechos Humanos para desprotegerlos

La doctrina de la Responsabilidad de proteger es una de las f贸rmulas que pretende ser utilizada para imponer modelos pol铆ticos y econ贸micos sin respetar los principios del DIP, so pretexto de la protecci贸n de los DDHH de una poblaci贸n determinada ante cr铆menes de lesa humanidad. Proviene del Derecho Internacional Humanitario y es aplicable cuando suceda la violaci贸n grave y masiva de derechos humanos en t茅rminos de delitos de lesa humanidad, anulando la capacidad del Estado de proteger a sus poblaciones en medio de conflictos b茅licos. Se relaciona con las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, salvo por dos diferencias fundamentales: la Responsabilidad de proteger puede alegarse sin estar en presencia de un conflicto b茅lico y aun cuando el Estado concernido no la solicite o autorice. El debate para extender este concepto a situaciones no b茅licas ocurre en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, cuando el Secretario General, Kofi Annan, a la luz de lo ocurrido en Srebrenica, Somalia y Ruanda, y ante el estrepitoso fracaso de la intervenci贸n militar de la OTAN en Kosovo, plantea un dilema para la comunidad internacional: mantenerse al margen, y permitir genocidios como el de Ruanda o intervenir, como el caso de Kosovo. Como es obvio, la noci贸n de soberan铆a nacional queda vulnerada, por no decir ignorada, si este prospecto doctrinario toma fuerza legal.

Foto: Personas levantan escombros dejados por un bombardeo de la OTAN sobre Kosovo. (Foto: Scott Peterson/ Liaison / Getty Images)

En diciembre de 2001, sin haberse disipado el desconcierto por los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, se presenta un informe por parte de la Comisi贸n Internacional de la ONU sobre la Intervenci贸n y la Soberan铆a Estatal (CIISE), que desplaza la mirada de la legitimidad sobre las intervenciones militares humanitarias para centrarla en la responsabilidad de proteger. Sin embargo, es en la Cumbre de Naciones Unidas de 2005 cuando se consagra definitivamente la pretendida doctrina que, si bien reserva la prerrogativa de los Estados para garantizar los DDHH de sus ciudadanos, se帽ala la Declaraci贸n de los Estados Miembros de ese a帽o en su p谩rrafo 139:

鈥淟a comunidad internacional,
por medio de las Naciones Unidas, tiene tambi茅n la responsabilidad
de utilizar los medios diplom谩ticos, humanitarios y otros medios
pac铆ficos apropiados, de conformidad con los Cap铆tulos VI y VIII de
la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los
cr铆menes de guerra, la depuraci贸n 茅tnica y los cr铆menes de lesa
humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas
colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de
Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Cap铆tulo VII, en
cada caso concreto y en colaboraci贸n con las organizaciones
regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pac铆ficos
resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no
protegen a su poblaci贸n del genocidio, los cr铆menes de guerra, la
depuraci贸n 茅tnica y los cr铆menes de lesa humanidad. Destacamos la
necesidad de que la Asamblea General siga examinando la
responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los
cr铆menes de guerra, la depuraci贸n 茅tnica y los cr铆menes de lesa
humanidad, as铆 como sus consecuencias, teniendo en cuenta los
principios de la Carta y el derecho internacional. Tambi茅n tenemos
intenci贸n de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a
ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su poblaci贸n
del genocidio, los cr铆menes de guerra, la depuraci贸n 茅tnica y los
cr铆menes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se
encuentren en situaciones de tensi贸n antes de que estallen las
crisis y los conflictos [5]鈥.

Hay autores que pretenden inferir el sustento jur铆dico de la Responsabilidad de proteger a partir de la letra y postulados del pre谩mbulo de la Carta de la ONU y su art铆culo primero. Esta argucia pseudojur铆dica es muy d茅bil, se abraza a un pretexto moral y choca, hasta estrellarse y morir, con los principios y prop贸sitos de la propia Carta y el desarrollo espec铆fico de su red de disposiciones y articulado.

La fortaleza de los estados de derecho es lo que les convierte en los 煤nicos espacios capaces para garantizar los derechos de sus poblaciones, tal y como apunta la evoluci贸n contempor谩nea del constitucionalismo, por lo que corrientes como las que apoyan la Responsabilidad de proteger plantean intencionalmente un falso dilema entre la violaci贸n de los DDHH y el respeto a la soberan铆a de los Estados. La propia CIISE establece:

鈥(鈥) la idea de que los
Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios
ciudadanos de las cat谩strofes que pueden evitarse 鈥 asesinatos
masivos, las violaciones sistem谩ticas y la inanici贸n 鈥 pero que,
si no quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe ser
asumida por la comunidad de Estados [6]鈥.

De esta forma, ante la carencia de un sistema normativo riguroso
que regule los escenarios de intervenci贸n militar, se deja abierta
la posibilidad para que el Consejo de Seguridad autorice estas
operaciones tan extremas, a partir de supuestos que, por su
naturaleza, siempre estar谩n sujetos a interpretaciones, sesgos y
mediaciones. Tan solo los verbos que utilizan, dan pie a cualquier
versi贸n: querer y poder.

Es decir, el Consejo
de Seguridad, o la instancia que finalmente escogiesen, se erigir铆a
como un tribunal capaz de determinar si un Estado quiere o
puede
proteger a su poblaci贸n de una situaci贸n en
particular. Y si llegasen a considerar que no quiere, o que no puede
(con uno s贸lo de los supuestos ser铆a suficiente), tendr铆an luz
verde para bombardear y mandar tropas a ese pa铆s para subsanar la
situaci贸n, bajo sus criterios y condiciones. Y al buen estilo
occidental, tras 鈥渟ubsanar鈥 la situaci贸n y tomar el control
geopol铆tico del Estado concernido, con toda seguridad las empresas
de construcci贸n, de seguridad, energ铆a y miner铆a de los pa铆ses
evaluadores occidentales, podr谩n entrar para 鈥渞econstruir鈥 la
infraestructura del pa铆s y reactivar su econom铆a. 驴No lo creen?
Leamos de nuevo un extracto del informe de la CIISE: 鈥渙frecer
despu茅s de una intervenci贸n militar 鈥, asistencia para la
recuperaci贸n, la reconstrucci贸n y la reconciliaci贸n鈥漑7].

La responsabilidad de reconstruir ser铆a consecuencia, inevitable y deseada por muchos, de la Responsabilidad de proteger. Hablamos de reconstruir la infraestructura y econom铆a que esos compasivos pa铆ses destruyen con sus bombas, misiles, tanques y sanciones econ贸micas.  Los objetivos y la estrategia para la cual pretenden usar la Responsabilidad de proteger son a todas luces evidentes. A煤n as铆, son muchos los pa铆ses que no quieren o no pueden advertirlo, y apoyan las resoluciones para que se avance en el desarrollo de una doctrina peligrosa para sus propios intereses existenciales. 

Los poderes
hegem贸nicos dispondr铆an de una suerte de men煤 de orden a la carta
para aprovecharse de situaciones complejas en materia de DDHH
(incluso las inducidas) abri茅ndole las puertas legales a una
鈥渃ompasiva intervenci贸n militar鈥. Esta situaci贸n no permite
ofrecer ning煤n tipo de garant铆as de justicia, imparcialidad y
transparencia, que se corresponder铆an con un procedimiento
benefactor y realmente protector. Se pretende establecer una
discrecionalidad 鈥減reventiva鈥, cuando se presume la posible
ocurrencia de un hecho 鈥渏uzgable鈥 que pueda ser procesado. Se
trata de una permeabilidad ventajosa para el hegem贸n entre el mundo
del dominio geopol铆tico y de los DDHH, como si pertenecieran a la
misma naturaleza, para dotarle de legitimidad y de una legalidad
presunta, cuando lo cierto es que son intr铆nseca y necesariamente
antag贸nicos. No est谩 tampoco definida la forma en que la
responsabilidad del Estado se transfiere a Comunidad Internacional
para que 茅sta proteja a los ciudadanos de ese Estado, sin su
aquiescencia previa[8].

La Comisi贸n de expertos fij贸 tambi茅n una serie de criterios para autorizar el uso de la fuerza, bajo la Responsabilidad de proteger: el uso de la fuerza: autoridad competente, causa justa, intenci贸n correcta, 煤ltimo recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables[9]. La autoridad competente es el Consejo de Seguridad. Ahora bien, la clave es c贸mo determinar la justeza de la causa y c贸mo verificar que sus proponentes lo hacen con intenciones correctas. 驴C贸mo calificar de justo o correcto el uso de la fuerza, sin la autorizaci贸n del Estado concernido? 驴Qui茅n garantiza la proporcionalidad en el uso de la fuerza y se responsabiliza por los excesos? El hecho de que se asuma como una opci贸n de 煤ltimo recurso es l贸gico y le otorga a la doctrina un car谩cter sustancialmente preventivo. Sin embargo, 驴c贸mo se eval煤an y se consideran efectivas, o no, las medidas coercitivas diplom谩ticas y econ贸micas previas al uso de la fuerza?

Los bombardeos de la OTAN convirtieron la ciudad libia de Benghazi en escombros. (Foto: Reuters)

La puesta en marcha de esta Doctrina ha sido cuestionada por buena parte de los pa铆ses miembros de la ONU. La desastrosa intervenci贸n en Libia, en 2011, se fundament贸 en el Consejo de Seguridad precisamente con argumentos de Responsabilidad de proteger. Desde 2005, el Consejo hab铆a aprobado diversas resoluciones que autorizaban el uso de la fuerza en pa铆ses de 脕frica, mas no bajo los alegatos de esta doctrina. S贸lo en caso de Sud谩n se utiliz贸 esta motivaci贸n. Nadie, ni los grandes medios de comunicaci贸n occidentales, pueden negar que el resultado de semejante acci贸n colectiva, en detrimento de la soberan铆a de Libia, dej贸 como secuelas una grave crisis pol铆tica, econ贸mica y humanitaria, acompa帽ada de la fractura del pa铆s, enfrentamientos entre facciones, migraci贸n masiva hacia el mediterr谩neo, vulneraci贸n absoluta de los derechos humanos de la poblaci贸n y proliferaci贸n de grupos terroristas en la regi贸n. Todas las reservas y objeciones que te贸ricamente hab铆an sido expuestas en el debate sobre los riesgos de la pseudodoctrina en estudio fueron verificados en la triste y catastr贸fica realidad. Para los pueblos y la verdadera Comunidad Internacional lo ocurrido en Libia puede calificarse m谩s bien como la irresponsabilidad de desproteger. La prontitud de la decisi贸n del Consejo de Seguridad no dej贸 espacio para medidas preventivas. Un ba帽o de sangre que no protegi贸 a nadie, lo destruy贸 todo y se ha prolongado hasta nuestros d铆as, fue avalado en su momento por las Naciones Unidas[10]).

La resoluci贸n 1973
del Consejo de Seguridad de la ONU, presentada por Francia y el Reino
Unido, fue controvertida. Rusia, China, India, Alemania y Brasil se
abstuvieron, no se bloque贸 la resoluci贸n con el voto en contra de
alguno de los miembros permanentes (veto). Las abstenciones fueron el
resultado, en gran medida, de la falta de medidas previas de car谩cter
coercitivo y de iniciativas de paz en el terreno, justamente para
evitar el uso de la fuerza. La Liga 脕rabe impuls贸 la intervenci贸n
armada. Desde todo 谩ngulo fue una decisi贸n apresurada. Finalmente,
al aprobarse una zona de exclusi贸n a茅rea, la OTAN se hizo cargo de
las operaciones militares con el uso de armas letales sofisticadas,
bombardeos, misiles, con la supuesta intenci贸n de neutralizar a las
fuerzas militares libias. Abriendo as铆 las puertas, a煤n abiertas
hoy, a un infierno en la tierra. Pocos d铆as despu茅s, aunque ya
tarde, los pa铆ses que se abstuvieron expresaban sus reservas ante la
falta de proporcionalidad en las acciones b茅licas de la OTAN[11].

A pocas semanas de aquella decisi贸n err谩tica, el Consejo de Seguridad tambi茅n aprob贸 el uso de la fuerza por v铆a de la Responsabilidad de proteger en Costa de Marfil. Si bien la atenci贸n del caso fue otra y s铆 hubo llamados y espacios para la resoluci贸n negociada de aquel complejo conflicto interno, el tiempo demostr贸 que la ONU apoy贸 con su intervenci贸n a una de las partes, mientras se confirma que ambas hab铆an incurrido en pr谩cticas semejantes de delitos masivos contra los DDHH[12]).

A pesar del fracaso de esta operaci贸n de Naciones Unidas, despu茅s de la intervenci贸n en Libia, se han aprobado varias resoluciones que aprueban el uso de la fuerza militar (Costa de Marfil, Mali, Sud谩n del Sur, Somalia, Rep煤blica Centro Africana, Sud谩n, Rep煤blica Democr谩tica del Congo), mientras que entre 2005 y 2011 se aprob贸 una sola intervenci贸n bajo esa motivaci贸n[13]. En otras palabras, de manera contradictoria, el estrepitoso fracaso de una acci贸n permitida por la ONU, cuyos excesos y millones de cr铆menes continuados han quedado impunes, no ha impedido que se siga invocando esta doctrina. Se sigue aceptando la posibilidad de promover la violencia colectiva a trav茅s de la Responsabilidad de proteger. Hay que reconocer, sin embargo, que no se ha repetido una intervenci贸n militar occidental a gran escala. En favor del sentido del bien com煤n, no fue autorizado el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad en los casos de Siria y Yemen. La lecci贸n de Libia al menos ha limitado la escala de las decisiones y acciones fundamentadas en la RdP.

La destrucci贸n de Libia deriv贸 en un aumento forzado de la migraci贸n y su aprovechamiento desde una l贸gica esclavista. (Foto: Taha Jawashi / AFP / Getty Images)

La de Responsabilidad de proteger entra en conflicto con, al menos, tres de los principios fundamentales del Derecho Internacional P煤blico (DIP). No existe igualdad pr谩ctica entre las naciones del mundo en su ejercicio pol铆tico cotidiano. Sim贸n Bol铆var, al referirse a la necesidad de igualar a los ciudadanos se refer铆a a la igualdad establecida y practicada. En la geopol铆tica, la igualdad est谩 en efecto establecida como principio esencial de la convivencia entre naciones, pero es evidente que no se trata de una igualdad practicada, ni tan siquiera considerada por los poderosos. Tambi茅n atenta contra el derecho sagrado de los Estados de ejercer la soberan铆a y la autodeterminaci贸n e incluso la independencia. La Responsabilidad de proteger es uno de esos caminos que, pretendiendo constituirse en parte del cuerpo normativo del DIP, en la pr谩ctica tiende a liquidarlo. La pretensi贸n de su aplicaci贸n para relativizar la cualidad de la autodeterminaci贸n de los pueblos en sus Estados soberanos debe ser un llamado de alerta mundial. Los DDHH son un espacio delicado y fundamental dentro del Sistema de Naciones Unidas. Es labor de todos los Estados velar por el manejo correcto de esta agenda y sus derivaciones. El uso parcial y sesgado con el prop贸sito de intervenir en los asuntos internos de los pa铆ses miembros es un acto desleal hacia la convivencia internacional.

Al analizar la Responsabilidad de proteger, el Profesor Juan Manuel Rivero Godoy hace las siguientes preguntas:

1) 驴 En qu茅 casos hay que
actuar? 2) 驴C贸mo se determina cuando hay que actuar? 3) 驴Qui茅n
actuar谩 para cumplir el prop贸sito de la Carta? 4) 驴 Cu谩les ser谩n
los l铆mites d ella acci贸n? 5) 驴Qui茅n y c贸mo responde por los
excesos? 6) 驴Cu谩les son los objetivos reales de la
intervenci贸n?[14]

El mismo autor concluye: 鈥渓a Responsabilidad de proteger carece de una delimitaci贸n concreta normativa que sirva de utilidad en los casos en que ella deba ser aplicada鈥. Agregamos nosotros: m谩s all谩 de normativas precisas o efectivas, no existen condiciones pol铆ticas (y geopol铆ticas) ni fundamentos jur铆dicos inexpugnables que puedan justificar que se adopte como v谩lido un mecanismo tan peligroso en un mundo tan desigual.

As铆 como en otras materias, el debate se ha extendido hasta considerar que, aunque el Consejo de Seguridad es el 煤nico 贸rgano con potestad para analizar los casos en los cuales se pudiese considerar el uso de la fuerza, su composici贸n pol铆tica y el derecho al veto evitar铆an la aplicaci贸n de la Responsabilidad de proteger, por lo que proponen que esta facultad le sea transferida a la Asamblea General, alegando su car谩cter m谩s democr谩tico y amplio. Esta propuesta pretende neutralizar el derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sustituirlo con lo que aparentemente ser铆a una decisi贸n de un cuerpo m谩s leg铆timo y democr谩tico.

Los proponentes parecen (o quieren) ignorar el poder coercitivo,
las amenazas y la presi贸n pol铆tica que las potencias occidentales
suelen imponer a los Estados miembros en la toma de decisiones en la
Asamblea General. Si lo hacen abiertamente en Resoluciones de poco
impacto o en la elecci贸n de cargos y espacios en las instancias de
la ONU, no podemos ni suponer el tama帽o de la presi贸n extorsiva que
aplicar铆an para aprobar una operaci贸n militar que responda a sus
intereses geopol铆ticos y econ贸micos. Esta aparente propuesta 鈥渕谩s
democr谩tica鈥 podr铆a conllevar a expandir la tiran铆a unilateral
que las potencias imperialistas suelen imponer en el seno de los
cuerpos multilaterales.

Nuestra Am茅rica y la Responsabilidad de proteger

El papel
dominante de Estados Unidos a nivel mundial 鈥渘o pod铆a ejercerse si
a alguna naci贸n poderosa y virulenta se le permite que organice su
parte del mundo de acuerdo con una filosof铆a contraria a la
nuestra鈥
[15].

Memor谩ndum de Robert McNamara al presidente Lyndon Johnson.

Menci贸n aparte merece el continente americano al referirnos a
modalidades de intervenci贸n disfrazadas. Washington define a Am茅rica
como el Hemisferio Occidental (a煤n seguimos sin entender el sentido
y validez de esa expresi贸n). Este 鈥渉emisferio鈥 es considerado
oficialmente zona de influencia y control de EE.UU. desde 1823, a
trav茅s de la conocida Doctrina Monroe. Si a ello le sumamos que en
1845 desarrollan la tesis del Destino Manifiesto, seg煤n la cual
EE.UU. est谩 predestinado a dominar el mundo y a contagiar (o
imponer) su modelo de sociedad, econom铆a y propiedad, gracias a su
superioridad y cercan铆a a Dios, podemos deducir el rol que le
corresponder铆a a los territorios inmediatos a los EE.UU. bajo esta
贸ptica supremacista: el patio trasero. No conforme con ello, el
Presidente Theodore Roosevelt aliment贸 la tesis anexionista de
dominaci贸n de Washington en Am茅rica Latina y el Caribe. El
Corolario Roosevelt de 1904 establece lo siguiente:

鈥淧ol铆tica hacia otras
naciones del hemisferio occidental: no es cierto que Estados Unidos
tenga hambre alguna de tierras o que tiene entre manos nada relativo
a las dem谩s naciones del hemisferio occidental, salvo que no sea
para el bienestar de 茅stas. Todo lo que esta naci贸n desea es ver a
las naciones vecinas estables, ordenadas y pr贸speras. Cualquier
naci贸n cuyo pueblo se comporte bien consigo mismo podr谩 contar con
nuestra amistad de coraz贸n. Si una naci贸n muestra que sabe c贸mo
actuar con razonable eficiencia y decencia en asuntos sociales y
pol铆ticos, y si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no debe
temer ninguna interferencia de Estados Unidos. Una actuaci贸n
incorrecta cr贸nica, que tenga como resultado una p茅rdida general de
los lazos de una sociedad civilizada, ya sea en Am茅rica, como en
cualquier lugar, requerir谩 en 煤ltima instancia la intervenci贸n de
alguna naci贸n civilizada [16]鈥.

El Corolario Roosevelt se ha cumplido a pie y juntillas en Nuestra Am茅rica Latina y Caribe帽a a trav茅s de innumerables invasiones, desestabilizaciones, golpes de Estado y conspiraciones de todo tipo. N贸tense las similitudes de la noci贸n de Responsabilidad de proteger con ese antiguo corolario de la pol铆tica exterior de EE.UU. Los Estados latinoamericanos y caribe帽os no han de temer por una interferencia de EE.UU., si se comportan de manera 鈥渄ecente y razonablemente eficiente鈥 (sobre todo al momento de pagar sus mal habidas deudas con los pa铆ses del norte). Pero, adem谩s, si Washington percibe que se 鈥渉an perdido los lazos de una sociedad civilizada鈥, tendr谩 derecho a intervenir. Y no s贸lo EE.UU. podr铆a hacerlo, Roosevelt abre la puerta para que tambi茅n lo puedan hacer 鈥渙tras naciones civilizadas鈥: lo que hoy se entender铆a como la Comunidad Internacional, concepto de notoria ambig眉edad que se abrogan las potencias occidentales a la hora de opinar o inmiscuirse colectivamente en los asuntos de Estados soberanos.

Foto: Marines estadounidenses, que ocuparon Rep煤blica Dominicana en 1965, requisan a un transe煤nte. (Foto: Harry Benson)

La Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) se convirti贸 en el instrumento por excelencia para que Washington pudiese contar con el aval de sus gobiernos subordinados para obtener luz verde en sus ambiciones injerencistas, maquill谩ndolas con los colores opacos de un supuesto multilateralismo regional. Se trata, m谩s bien, de una de las tantas modalidades de unilateralismo grupal, como lo califica el profesor Antonio Remiro Brotons, que EE.UU. ha usado para justificar sus acciones intervencionistas. En a帽os recientes, el inefable Luis Almagro, como Secretario General de la OEA, promovi贸 decididamente la aplicaci贸n de la Responsabilidad de proteger con el objetivo de generar las condiciones para una intervenci贸n militar estadounidense en Venezuela, avalada por la OEA, a trav茅s del vetusto y jam谩s aplicado Tratado Interamericano de Asistencia Rec铆proca (TIAR). Nadie duda a estas alturas a qu茅 intereses responde Almagro, qui茅n le paga y qu茅 pretende.

La muy poco virtuosa OEA ya hab铆a cometido excesos semejantes
bajo pretextos humanitarios. En 1965, la OEA autoriz贸 el env铆o de
una 鈥渕isi贸n humanitaria鈥 a Rep煤blica Dominicana. Llegaron pocos
m茅dicos y colaboradores acompa帽ados de millares de marines de
EE.UU., que para impedir la restituci贸n de la Constituci贸n y el
regreso del Presidente leg铆timo, Juan Bosch, el presidente de EE.UU.
para entonces, Lyndon Johnson, al buen estilo del Corolario
Roosevelt, reconoci贸 que la invasi贸n estadounidense se llevaba
adelante 鈥減ara que Rep煤blica Dominicana no se convirtiera en una
segunda Cuba鈥.

La justificaci贸n humanitaria, primero para proteger a los
ciudadanos estadounidenses en Dominicana, y luego para 鈥減roteger al
pueblo鈥, no fue m谩s que una muy evidente m谩scara para una
intervenci贸n ideol贸gica que llev贸 a la muerte, la ruptura
constitucional y la imposici贸n de un gobierno represor obediente a
Washington. Tal ser铆a el descaro entreguista que la propia OEA, en
2016, acord贸 una declaraci贸n en desagravio al pueblo dominicano por
el rol que la Organizaci贸n cumpli贸 en 1965 al avalar semejante
invasi贸n pol铆tica y sangrienta.  

Volviendo a Venezuela, entre 2015 y 2020 el Secretario General de la OEA lleg贸 incluso a convocar una serie de 鈥渆xpertos鈥, orient谩ndolos hacia dos objetivos. Por un lado, darle sustento argumental a la denuncia ideologizada y viciada ante la CPI de un grupo de gobiernos de derecha contra funcionarios venezolanos. Acci贸n que, por supuesto, fue ordenada desde la capital estadounidense. En simult谩neo, de manera descabellada, y ante la inviabilidad de tan siquiera discutir una intervenci贸n militar contra Venezuela en el Consejo de Seguridad (absurdo de suyo y que jam谩s contar铆a con el apoyo de Rusia y China), Almagro y el grup煤sculo de gobiernos sat茅lites de Washington pretendieron aplicar el prospecto de Doctrina de Responsabilidad de proteger en el 谩mbito latinoamericano, a trav茅s de la activaci贸n de un Tratado Militar regional. El Tratado Interamericano de Asistencia Rec铆proca, firmado en 1947 y jam谩s invocado, fue resucitado por este grupo de pa铆ses en su obsesi贸n anti venezolana. Llegaron a convocarse incluso reuniones de Cancilleres para su aplicaci贸n. Pretend铆an as铆 violar, no s贸lo la Carta de la OEA, sino tambi茅n la Carta de ONU, que en su art铆culo 53 supedita a la autorizaci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU cualquier decisi贸n de organismos regionales de acordar medidas coercitivas contra un Estado miembro de la ONU. La Carta no menciona tan siquiera, y en consecuencia no avala, operaciones militares acordadas por organismos regionales contra otro Estado.

Cabe preguntarse: 驴Washington y sus sat茅lites tendr谩n alguna
preocupaci贸n real por los derechos humanos en Venezuela? O si m谩s
bien tienen muchos intereses en el petr贸leo, el gas, el oro, el
agua, los diamantes, el colt谩n y el control geopol铆tico regional.
驴Act煤an con objetividad y tolerancia ideol贸gica? 驴Han respetado
la autodeterminaci贸n del pueblo venezolano? 驴La situaci贸n de
Derechos Humanos en Venezuela ha sufrido en realidad alg煤n desborde
de las capacidades de las instituciones nacionales competentes?
驴Washington intervendr铆a en Venezuela para proteger al pueblo o
para consolidar su dominio e inconfesables intereses? Las respuestas
son tan obvias que sabemos que el lector asumi贸 las preguntas como
un ir贸nico recurso did谩ctico del autor. Es m谩s, lo que han hecho
EE.UU. y sus gobiernos subordinados es aplicar un bloqueo financiero
y comercial de tal magnitud contra Venezuela, que ha sido elevado por
Caracas ante la CPI debido a los efectos de violaci贸n sistem谩tica y
masiva de los derechos humanos de estas mal llamadas sanciones,
alegando con sobradas evidencias que constituyen cr铆menes de lesa
humanidad contra todos los venezolanos y venezolanas.

En lo referente a la
tan ansiada fase de Responsabilidad de Reconstruir en el caso
venezolano, basta recordar las palabras de John Bolton, Asesor de
Seguridad Nacional de Donald Trump en 2019, al admitir que las
empresas petroleras estadounidenses estaban listas para entrar en
Venezuela al momento de producirse la salida del gobierno de Nicol谩s
Maduro. As铆 aseguraban el mejor bot铆n de su 鈥済uerra protectora鈥.
Fueron tan evidentes las motivaciones de Occidente que el Foreing
Office del Reino Unido cre贸, silenciosamente, una Oficina para la
Reconstrucci贸n de Venezuela[17].

Valga el ejemplo de Venezuela para ilustrar la facilidad con que la Responsabilidad de proteger puede procurarse para atacar a un pa铆s por razones ajenas a la situaci贸n de DDHH, aunque argumentadas bajo tan moldeable y difuso paraguas. Si los principios del Derecho Internacional P煤blico se respetasen rigurosamente, si la Carta de las Naciones Unidas fuese un instrumento sagrado para todos por igual, quiz谩s, entonces, en una situaci贸n ideal que luce hoy inviable se podr铆a plantear con seriedad la discusi贸n de una Doctrina colectiva para la protecci贸n de los Derechos Humanos. Pero dar ese debate y avanzar por esa v铆a en el mundo actual es no solamente un sin sentido, sino el ingenuo otorgamiento de una licencia de destrucci贸n masiva para los potencias occidentales, con el objeto de crear situaciones que les permitan dominar y controlar pa铆ses y recursos naturales con facilidad, bajo el falso aval de una supuesta preocupaci贸n por los DDHH. Que nadie se llame a enga帽o. Sobradas y cruentas demostraciones de poder inhumano han dado ya a las potencias occidentales de turno como para delegarles la facultad de atender situaciones nacionales y humanas tan delicadas.

Foto: En factor petrolero es una variable siempre presente en las intervenciones militares estadounidenses . (Foto: Haidar Mohammed Ali / AFP / Getty Images)

Es imperativo fortalecer las capacidades estatales para garantizar los DDHH. Consolidemos el rol de los Estados naciones. En las 煤ltimas d茅cadas han tratado de minarlo mediante el financiamiento de actores no gubernamentales, con agendas que suelen coincidir con los prop贸sitos de quienes los financian. Es indispensable que la Organizaci贸n de las Naciones Unidas garantice el cumplimiento de su propia Carta. No podemos tomarnos esto a la ligera, no se puede debilitar a la ONU y convertirla, en la pr谩ctica, en la Organizaci贸n de los Donantes o una plataforma de ONG. Los intereses nacionales de los pueblos se expresan en los Estados. Los dem谩s actores pueden complementar la acci贸n estatal, no sustituirla y, mucho menos, atacarla y someterla a la voluntad de intereses privados y Estados hegem贸nicos corporativos. A partir de estas acciones combinadas de actores ajenos al inter茅s nacional se logra generar situaciones y fabricar matrices de 鈥減reocupaci贸n humanitaria鈥, cuyo objetivo es, a conveniencia, aplicar la Responsabilidad de proteger.

Por esta y otras razones de peso hist贸rico, desde Venezuela
consideramos importante la creaci贸n del Grupo de Pa铆ses en Defensa
de la Carta de las Naciones Unidas, para poner en la palestra de la
opini贸n p煤blica, del mundo acad茅mico, de los movimientos sociales,
como tambi茅n en el seno de la Asamblea General de la ONU y en las
salas del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos,
estos grandes temas, sin falsas premisas, ni fantas铆as compasivas,
sin hipocres铆as, sin agendas ocultas, sin eufemismos. Las decisiones
que hoy se tomen podr谩n abrir o cerrar las puertas a un mundo de
respeto y convivencia pac铆fica. Desde el Sur Global debemos
neutralizar cualquier nueva herramienta de legalizaci贸n de
intervenciones armadas con fines geopol铆ticos o ideol贸gicos.
Legitimar y legalizar una doctrina que pretende violar los principios
m谩s sagrados del Derecho Internacional con el supuesto fin de salvar
vidas a trav茅s del uso, o mejor dicho abuso, de la fuerza,
es una contradicci贸n inaceptable para quienes creemos en la paz y la
convivencia con respeto a la diversidad.

Caer en la trampa occidental al avalar la Responsabilidad de proteger equivale a matar la Carta de la ONU a trav茅s de una acci贸n suicida (consciente, o no) de algunos Estados contra su propia soberan铆a y autodeterminaci贸n. Por su naturaleza inalterada e inalterable, lo 煤nico que las 茅lites gobernantes occidentales del Norte Global saben proteger son sus intereses y ganancias. Demasiadas pruebas de ello han dado a lo largo de la historia. 隆Que nadie se llame a enga帽o! Hoy m谩s que nunca, la principal responsabilidad de los pueblos y Estados soberanos es la de proteger los principios de la Carta de las Naciones Unidas, proteger el derecho a la vida, a los DDHH, al futuro, a la paz.

Debemos avanzar en la alternativa a la Responsabilidad de proteger, siempre dentro del marco normativo de la Carta fundacional de la ONU. Rigurosos m茅todos diplom谩ticos, el impulso del di谩logo entre las partes en conflicto, el avocamiento pol铆tico de las instancias de la ONU a la soluci贸n pac铆fica, el rol de los pa铆ses vecinos y organizaciones regionales y subrregionales, la atenci贸n a las v铆ctimas. La presi贸n internacional positiva, preocupada, dedicada, verdaderamente humanitaria, sin planes simult谩neos de cambio de r茅gimen o de b煤squeda de ganancias lucrativas en los procesos de reconstrucci贸n. Veamos los casos de Irak, Afganist谩n, Siria y Libia. Han sido golpes a la Carta de las Naciones Unidas y a los pa铆ses agredidos, a la humanidad toda. Desde Naciones Unidas aprendamos a hacer pol铆tica y a construir la paz. No a hacer la guerra y a imponer un determinado estilo de paz y modelo. La Diplomacia de Paz es el camino de los pueblos. No equivoquemos los medios y los actores. Seamos justos y humanos. 隆Alerta!

REFERENCIAS

1- Este documento fue elaborado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos y estuvo a cargo de I.
Lewis Libby, Paul Wolfowitz y Zalmay Khalilzad. Representa uno de los
primeros marcos intelectuales de los neoconservadores en la era
posterior a la Guerra Fr铆a.

2- Kennan, George. 鈥淩eview of current
trends in U.S. foreign policy鈥, Policy Planning Staff, N潞 23,
Foreign Relations of the United States, 1948, volumen 1, parte 2.
Washington, Government Printing Office, 1976, pp. 524-525.

3- Bosch, Juan. (2005). El
pentagonismo: sustituto del imperialismo, Rep煤blica Dominicana,
Aguilar.

4- Davies, Nicolas (2010). Blood on Our
Hands, Nimble Books, p. 54.

5- Sexag茅simo per铆odo de sesiones de
la Asamblea General de Naciones Unidas. (2005). 鈥淒ocumento Final de
la Cumbre Mundial 2005鈥, A/RES/60/1, p. 33. Recuperado de
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6- Rivero Godoy, Juan Manuel. 鈥淟a
Responsabilidad de proteger, la acci贸n del Consejo de Seguridad y la
defensa de los derechos humanos: cr铆tica al sistema internacional鈥,
Revista Misi贸n Jur铆dica, Vol. 10, N潞13, 2017, p. 161. Recuperado
de
https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/6-La-responsabilidad-de-proteger.pdf

7- 脥dem, p. 165.

8- A帽a帽os Meza, Mar铆a Cecilia. 鈥淟a intervenci贸n militar autorizada de las Naciones Unidas en Libia: 驴Un precedente de la Responsabilidad de proteger?鈥. Estudios Internacionales, Vol. 45, N潞174, 2013. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692013000100003

9- Villar Mart铆n, Marta. 鈥淟a Responsabilidad de proteger. An谩lisis de las resoluciones 1973 y 1975 del Consejo de Seguridad鈥. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2018.

10- Resoluci贸n 1973. Aprobada por el
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2011. Recuperado de https://www.undocs.org/es/S/RES/1973%20(2011

11- Garc铆a Mart铆n, Isabel. 鈥淓l principio de la Responsabilidad de proteger: 驴Supone una nueva excepci贸n al uso de la fuerza?鈥. Revista Enfoques, Vol. XV, N潞27, 2017.

12- Resoluci贸n 1975. Aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 6508陋 sesi贸n, celebrada el 30 de marzo
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14- Rivero Godoy, Juan Manuel. 鈥淟a
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15- Gardner, Lloyd C. (2008). The Long
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the Present, Nueva York, The New Press, pp. 12-13.

16- Morison, Samuel y Commanger, Henry.
(1951). Historia de los Estados Unidos de Am茅rica. M茅xico, Fondo de
Cultura Econ贸mica, p. 451.

17- McEvoy, John. (13 de mayo de 2020).
鈥淩evealed: Secretive British unit planning for 鈥榬econstruction鈥
of Venezuela鈥. The Canary. Recuperado de
https://www.thecanary.co/exclusive/2020/05/13/revealed-secretive-british-unit-planning-for-reconstruction-of-venezuela/

Fuente:
https://isrobinson.org/investigaciones/responsabilidad-de-proteger-tratamiento-del-tema-y-sus-objetivos/




Fuente: Rebelion.org