October 30, 2021
De parte de ANRed
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Una jueza civil obliga a YPF a informar sobre las actividades que desarrolla a metros de las viviendas de  las y los vecinos del barrio Calle Ciega 10. Desde 2014, viven una historia de explosiones, derrames y enfermedades que se resisten con cortes de rutas. La resoluci贸n judicial intima, adem谩s, al Municipio y al gobierno provincial. Por Mart铆n 脕lvarez Mullally / OPSur.


La titular del Juzgado Civil, Comercial, Miner铆a y Sucesiones N潞5, Laura Fontana,  resolvi贸 convocar a un 谩mbito para la resoluci贸n del conflicto enmarcado en el amparo colectivo presentado por la poblaci贸n en 2019. La magistrada instruye a que YPF notifique a las vecinas qu茅 trabajos va a realizar y explique la metodolog铆a con la que avisar谩n en futuras intervenciones. Esta semana la petrolera volvi贸 a ingresar grandes equipos a una locaci贸n ubicada a 300 metros del barrio donde ha perforado cinco pozos de fracking. Las vecinas respondieron cortando el acceso en protesta.

Por otra parte, Fontana dispuso un plazo de veinte d铆as para que el Municipio y la Provincia informen sobre la evaluaci贸n de la situaci贸n habitacional, el riesgo existente en la poblaci贸n y las acciones tendientes a 鈥渙torgar una soluci贸n habitacional鈥. Puntualiza que 鈥渁dopten las medidas conducentes para evitar que los asentamientos contin煤en avanzando en la Calle Ciega 10, proponiendo un programa asistencia para el acceso a una vivienda鈥. Adem谩s, la jueza deriva a la Direcci贸n de Medios Alternativos de Soluci贸n de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia la creaci贸n de un 谩mbito de di谩logo, discusi贸n, y an谩lisis de las posibles soluciones entre las familias y la empresa.

La localidad de Allen es parte del programa de 鈥Ciudades Emergentes y Sostenibles鈥 impulsado por la Fundaci贸n YPF, el Banco Interamericano de Desarrollo, y los ejecutivos provincial y municipal. El plan busca contener las ciudades con gran crecimiento por la explotaci贸n petrolera como Las Heras, A帽elo, Malarg眉e. Incluso cuentan con estudios avanzados sobre el problema habitacional en la localidad, por lo que contemplar la situaci贸n habitacional como propone la magistrada podr铆a ser contemplado dentro del mismo programa.

El barrio y los pozos

Sus primeros habitantes llegaron a Calle Ciega 10 hace m谩s de 50 a帽os. Generaci贸n tras generaci贸n, se fueron sumando nuevos lotes y hoy est谩 compuesto por 20 familias. La primera perforaci贸n se instal贸 en 2014, hoy tiene 52 pozos rodeandolos en un radio de mil metros. Desde entonces, regularmente estallan las tensiones contra YPF. El primer derrame fue en julio de 2015. Contamin贸 una peque帽a laguna ubicada en las afueras de la locaci贸n (el desmonte donde se instalan los pozos). Este tipo de lagunas tienen conexi贸n subterranea y alimentan al r铆o Negro, que pasa a unos tres kil贸metros de all铆, por lo que la contaminaci贸n podr铆a haber llegado a su curso.

Al mes siguiente, en agosto de 2015, las explosiones y venteos del pozo llevaron al primer corte de ruta. A partir de entonces, este tipo de situaciones se repitieron. En otras, el tr谩fico de camiones de gran porte se convirti贸 en un peligro para las familias y sus casas, al punto de que la pared de una vivienda se cay贸. Recientemente, adem谩s, denunciaron la aparici贸n de enfermedades en la piel de las y los ni帽os del barrio coincidentemente con la intervenci贸n de los pozos. Las vecinas se帽alan que los venteos y emisiones pueden generar enfermedades.

Pericias e impericias

El expediente del amparo colectivo presentado por las vecinas consta de cinco cuerpos y unas 2.000 fojas, lo que define una limitante para que las vecinas puedan  acceder a la justicia. Condici贸n  que subraya la asimetr铆a entre el poder de las familias vulneradas y el de la empresa y los estados. En la actualidad, se est谩n desarrollando las pericias m茅dicas sobre la poblaci贸n.

La resoluci贸n de la jueza da cuenta de una serie de inconvenientes sucedidos en las pericias que se solicitaron y que, en buena medida, determinaron que no pudieran llevarse adelante. Se帽ala, por ejemplo, que al momento de arribar a la locaci贸n el defensor adjunto y la oficial de justicia no pudieron ingresar 鈥減or no poseer los equipos de seguridad necesarios鈥. Ese requisito es asumido por Fontana para se帽alar el riesgo de que haya familias viviendo a menos de 300 metros de la locaci贸n.

El peritaje se realiz贸 en ausencia de equipos en los pozos. Es decir, en condiciones distintas a las se帽aladas por la poblaci贸n como las responsables de los inconvenientes. Por otro lado, las muestras del peritaje de agua quedaron en poder del laboratorio CIATI que, seg煤n se le inform贸 a la jueza, ten铆a un m贸vil dispuesto en la locaci贸n y se ofreci贸 a preservarlas. Este incidente provoca dudas en la magistrada sobre la fiabilidad de los resultados que arrojasen. Ese laboratorio aparece, adem谩s, en la resoluci贸n como 鈥渓aboratorio de YPF鈥 y, dado que present贸 informes como parte de YPF, 鈥渟e advierte que el mismo no podr谩 realizar los estudios ni custodiar la muestra鈥. Por otro lado, Fontana se帽ala el costo de los an谩lisis como una limitaci贸n para poder evaluar la calidad del agua.

鈥淎 casi once meses del encargo pericial, no se han tomado las muestras o mediciones para avanzar en la labor pericial, y en los autos principales a pesar de la actividad de la defensor铆a oficial no se ha podido avanzar con las pericias鈥, informa la magistrada.

Fuente: OPSur





Fuente: Anred.org