December 6, 2020 –
De parte de ANRed
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Son 600 familias organizadas en una coordinadora. Exigen a la gobernadora que cese la criminalización hacia los barrios populares y que se adopten políticas públicas de tierra y viviendas inclusivas.Por Paulo Duquelsky, corresponsal de ANRed en Río Negro.

En un contexto de crisis habitacional, de demanda de viviendas y de levantamientos en varios puntos del país (con Guernica como máximo exponente mediático) en Río Negro se lanzó el plan “Suelo Urbano” que pretende atender a la problemática de tierras en la provincia. Sin embargo, organizaciones barriales denuncian que se trata de un plan insuficiente que no llega a cubrir ni el 10% de la demanda y que criminaliza a los sectores populares organizados.

Más de 500 familias nucleadas en la Coordinadora Regional de Barrios Populares del Sur marcharon esta semana en las localidades de Viedma y Bariloche reclamando por políticas públicas integrales para quienes no pueden acceder a una vivienda digna y por la regulación de los barrios y asentamientos populares que se conformaron en los últimos años. A su vez pidieron por el cese de la represión, los desalojos y la criminalización de estos sectores y abogaron porque las salidas a los conflictos sean políticas y no judiciales. Distintas organizaciones que vienen atravesando procesos similares replicaron estas marchas en distintas localidades de la provincia.

La respuesta del gobierno nacional y provincial ante la demanda de viviendas viene siendo la represión y los desalojos. Luego de que se habilitara la represión de las tomas en Guernica los desalojos se replicaron en todo el territorio argentino. Vecinas y vecinos del barrio “La Esperanza” de Fiske Menuco  por ejemplo, fueron brutalmente desalojados, detenidos y judicializados por el Estado Provincial por organizarse y ocupar un terreno que ilegítimamente fue entregado a una sociedad civil durante la dictadura militar. 

Frente a esta situación el gobierno comandado por Arabela Carreras lanzó el plan “Suelo Urbano”. Las organizaciones calificaron al mismo de “insuficiente” y “criminalizante” ya que por un lado no contempla a la totalidad de la población rionegrina que necesita acceder a una vivienda digna (prevee abarcar solo un 10% de la demanda) y por otro es expresamente excluyente para quienes “tengan procesos judiciales en trámite o con condena por usurpaciones y/o tomas de tierras privadas o públicas”. Es decir que se pretende dejar afuera justamente, a los sectores más postergados que frente a la urgencia y la crisis han tenido que tomar un terreno para sobrevivir.  

Según miembros de la Mesa Local de Barrios Populares de Viedma estas cláusulas pretenden establecer una dicotomía falsa entre “vecinos buenos y vecinos malos” y apuntan a criminalizar a aquellos que fueron judicializados por recuperar tierras. A su vez resulta inaccesible para miles de familias rionegrinas que perdieron sus trabajos producto de la pandemia y la crisis y cuyos sueldos no superan el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado en 35.000 pesos que se requiere para ingresar al plan provincial. 

Desde la Coordinadora Regional de Barrios Populares del Sur rechazaron tanto el plan como la política represiva que viene llevando el gobierno provincial frente a los conflictos territoriales en general. A su vez, pidieron por políticas públicas inclusivas que garanticen viviendas dignas para toda la población y se adecuen a las necesidades y urgencias de los sectores más necesitados y golpeados tanto por la crisis económica como por la pandemia mundial. 




Fuente: Anred.org

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