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El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, publicó este jueves 2 de febrero en el Boletín Oficial el decreto N°91, que dispone un «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante «los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas». De esta manera, ahora las fuerzas de seguridad provinciales pueden actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales. El decreto se da en el marco de un aumento de la conflictividad social, principalmente en el norte de la provincia, donde la población reclama ante la falta de agua y las abultadas facturas de energía eléctrica que deben pagar mientras soportan altas temperaturas. Ante esta situación, organizaciones sociales y sindicales se encuentran en alerta. En tanto, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alerta que el decreto determina que «los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos», dado que, además de «dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicación». Por ANRed.

Este jueves 2 de febrero, el gobierno de Gustavo Saénz publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Saltael decreto N° 91/23, que aprueba un «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante «los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas en distintos lugares de la provincia». 

El decreto argumenta que «en la actualidad, la mentada situación afecta con mayor gravedad a los Departamentos de San Martín y Orán, conculcando gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general». En la misma línea, sostiene que «la economía de las zonas afectadas también se ve gravemente perjudicada, dado que gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras actividades». Asimismo, considera que «el Estado debe garantizar el goce de los derechos de la persona humana, adoptando medidas positivas tendientes a asegurar el orden público, la seguridad jurídica y el bienestar general de todos sus habitantes».

Por todo lo señalado, el gobierno de Sáez considera «procedente facultar al Ministerio de Seguridad y Justicia a adoptar todas las medidas necesarias para la plena operatividad del citado protocolo«, y que «todos los organismos y carteras ministeriales provinciales deberán prestar la colaboración que resulte necesaria a tales fines«.

De esta manera, ahora las fuerzas de seguridad provinciales pueden actuar ante una protesta que bloquea rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales.

Ante las controversias que generó el anuncio del protocolo, este viernes 3, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Domínguez, amplió sobre la medida y se hizo eco de la información de medios tradicionales hegemónicos sobre el supuesto cobro de peajes para pasar por las rutas: «el protocolo se pondrá en marcha en tanto y en cuanto el corte llegue a ser total y las instrucciones que recibamos de parte de los fiscales nacional o provinciales así lo dispongan. Hay que tener memoria de lo que está pasando en estos últimos tiempos, donde en los caminos alternativos que se han utilizado han funcionado en una fuerte de privatización de las rutas, con el cobro de peajes, como se comprobó a traves de las actuaciones policiales y el resgistro de medios de comunicación».

Un decreto antipiquetes en medio de una conflictividad social en aumento

El decreto se da en el marco de un aumento de la conflictividad social, principalmente en las rutas del norte de la provincia. En octubre de 2022, comunidades originarias del Chaco salteño nucleadas en la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo se movilizaron para exigir respuestas concretas al petitorio urgente que presentaron a las autoridades hace dos años en materia de salud, vivienda, educación y acceso al agua potable.

También, a principios de enero de este año hubo un corte de vecines en la ruta 50 de la localidad de Orán, con la liberación del paso de autos cada 15 minutos, en reclamo de aumentos de un 300% de las boletas de luz en la zona, servicio que administra la empresa Edesa. 

Imagen del corte de vecines en la ruta 50 en Orán, que protestaron por los aumentos de la boleta de luz. Imagen: El Tribuno de Salta.

El decreto se da también luego de dos semanas de múltiples y simultáneos piquetes en las rutas del norte principalmente, donde se llegaron a registrar hasta siete piquetes simultáneos en las rutas nacionales 34, 81 y 86, ante la falta de agua que sufre la población y las abultadas facturas de energía eléctrica que los usuarios deben pagar mientras soportan altas temperaturas.

Ante la novedad del nuevo protocolo antiprotestas, organizaciones sociales y sindicales se encuentran en alerta. En tanto, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) expresó su alerta ante la aprobación del decreto, sobre todo por el pasaje que indica que «los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos«.

«Además de entender que se da legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, se disponen condicionantes que pueden ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas. Exigimos a las autoridades provinciales revisar el último punto del protocolo, que entendemos es el que puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad», expresó la Comisión Directiva del SiPrenSal.

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