February 4, 2021
De parte de ANRed
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El mi茅rcoles pasado por la ma帽ana, la Comunidad Wich铆 Yokwespehen se present贸 a la mediaci贸n judicial por su territorio convocada en Ciudad Judicial del Departamento de Tartagal, Salta. El Estado no proporcion贸 un traductor biling眉e y la comunidad con su abogado debieron  buscar uno de urgencia. Lo mismo sucedi贸 cuando fueron desalojados el 23 de octubre, cuando un empresario adquiri贸 las tierras al c贸mpralas a la iglesia anglicana  Por Corresponsal popular para ANRed.


Desalojo sin traductor, y a por la fuerza

El 23 de octubre nadie inform贸 en wich铆 a la Comunidad Yokwespehen que deb铆an irse de buenas a primeras de una tierra donde estuvieron siempre, 鈥渄esde tiempos inmemoriales鈥 y que aparentemente mal compr贸 鈥搑eci茅n en 2011- un empresario escrupuloso y violento, a la iglesia anglicana -que nadie sabe c贸mo ten铆a papeles de un territorio que los originarios 鈥no le hab铆an vendido nunca-. Los polic铆as no hablaron en wich铆 cuando destrozaron sus casas, ni pusieron a un costado de la ruta sus pocas pertenencias. Tampoco habl贸 en wich铆 el empresario cuando amenaz贸 con la violaci贸n a las mujeres de la comunidad. No hablaron en wich铆 un a帽o antes 鈥 cuando el desalojo ya estaba previsto- ni la Secretar铆a de Asuntos Ind铆genas de Salta, ni el Ministerio de Desarrollo Social, que ya hab铆an puesto sobre aviso 鈥un a帽o antes鈥 y que posteriormente se presentaron en el lugar del desalojo no para ayudar a la comunidad, sino para facilitarle la operaci贸n al privado- por supuesto sin traductor en wich铆- , en plena pandemia. Tampoco, fue con traductor el abogado del INAI, en noviembre, aunque se comprometi贸 a que la comunidad tendr铆a su relevamiento este a帽o, no lo hizo en wich铆. Vamos a creerle, hizo un compromiso en el idioma en que est谩 escrita la ley.

Las partes del litigio:

Quien no se present贸 fue el empresario que pidi贸 el desalojo de les wich铆, en plena pandemia, Ricardo Elvio Fern谩ndez, nieto del poderoso local Jorge Panayotidis. La Dra. Cecilia P茅rez fue quien actu贸 como mediadora en esta instancia, excus贸 al empresario aduciendo que hab铆an tenido una reuni贸n previa a la fecha de mediaci贸n. La comunidad, acudi贸 a la cita junto con militantes de DDHH, el traductor, Joaqu铆n Esteros y la abogada Carla Araujo. Yokwespehen solicit贸 que en la pr贸xima audiencia se hicieran presentes funcionarios del INAI que garanticen el relevamiento territorial. Al respecto, en noviembre pasado, Juli谩n Fern谩ndez, abogado del INAI, se comprometi贸 a que la comunidad entrar铆a en el presupuesto de tal instituci贸n durante 2021. Los comuneros conf铆an en que el funcionario cumpla con su palabra.

Cronolog铆a de una legislaci贸n que no se aplica en Argentina:

El devenir hist贸rico en relaci贸n con la modificaci贸n de la ley, marca lo siguiente: primero, el derecho argentino reconoci贸 a los idiomas ind铆genas, esto fue luego del Primer Congreso Indigenista celebrado en Patzcuaro, M茅xico en 1940, al que adhiri贸 Argentina. Posteriormente se cre贸 la figura del int茅rprete en los procesos judiciales. En la actualidad, se habla de traductores. En 2014, se crea en el Chaco -es decir, solo regionalmente- la legislaci贸n que habilita la carrera de traductor ind铆gena, pero a煤n no ha sido ejecutada. A煤n m谩s postergada se encuentra las perspectiva de g茅nero en la traducci贸n de los procesos legales relacionados con los pueblos originarios. Ahora bien, m谩s que en t茅rminos meramente 鈥渘ominales鈥, pareciera no existir este derecho ling眉铆stico y humano en la legislaci贸n argentina, dado que de hecho, no se aplica de manera autom谩tica, ni siquiera cuando es requerido -prueba de ello, son la cantidad de detenides que esperan condena sin acceder a traducci贸n-. Cuando las comunidades consiguen acceso a traductores, lo que sucede es que dicho oficio no recibe paga. Joaqu铆n, el traductor de la comunidad Yokwespehen es maestro intercultural biling眉e, pero no puede trabajar desde hace a帽os porque no salen los cargos a cobertura. Trabaja al d铆a en un aserradero. Hace poco tuvo un accidente, nadie lo indemniz贸.

Intervenci贸n de la Secretar铆a de Asuntos ind铆genas de la Provincia de Salta, 驴a favor del terrateniente, en contra de los originarios?:

Todo lo contrario a lo que se esperar铆a de un organismo gubernamental con dicho nombre, la Secretar铆a de Asuntos Ind铆genas de la Provincia de Salta, en las personas de Almaraz y de Monta帽a no han tenido ni respuestas positivas, ni tratos respetuosos hacia los miembros de la comunidad. Dicha secretar铆a fue quien pidi贸 la mediaci贸n pero con el prop贸sito de darle relevancia a la posici贸n del privado. Ocurrido el desalojo que ordena el empresario a fines de octubre del a帽o pasado y que concreta la polic铆a de Salta, el traductor de la comunidad, Joaqu铆n Esteros, recibe un llamado del funcionario Luis G贸mez Almaraz. Almaraz le dice en tono amedrentador: 鈥渃ortar rutas es delito鈥.Este funcionario que debiera trabajar para el bien de los pueblos originarios ni se inmuta de la barbaridad del desalojo ilegal que sufre la comunidad en plena pandemia, con muches ni帽es y ancianes, no solo no se inmuta, sino que no siente verg眉enza en culpabilizarles. D铆as antes de esta llamada, la comunidad hab铆a conseguido una reuni贸n virtual por zoom con la mencionada secretar铆a, gracias a la intervenci贸n de familiares como Jorge Altamirano y amigos como Seila P茅rez que viven en otras comunidades de Tartagal. En esa reuni贸n, los voceros explicaron la problem谩tica del desalojo de la comunidad, y en lugar de tender las v铆as necesarias para apoyar el reclamo, los funcionarios a los que recurri贸 la comunidad en ese momento, optaron por la modalidad del apriete: llamar por privado para que desistan de sus demandas. Por todo lo anterior, Yokwespehen no quiere m谩s la intervenci贸n del organismo provincial que debiera respaldarles y solicita de inmediato, la presencia y las respuestas positivas y por escrito del INAI, instituci贸n que debiera responder a nivel nacional por la integridad de la comunidad y la de su territorio.

Derechos de la madre tierra versus titularidad catastral:

Aqu铆 se juegan no solamente los derechos de las personas y de la comunidad sino los de la tierra. Los miembros de Yokwespehen son testigos cotidianos del desmonte. A diario pasan por la Ruta 81 camiones cargados de troncos de 谩rboles. 鈥淯n acoplado de tractor puede cargar 100 despuntes de un metro cuarenta, un tractor tira dos acoplados. Palo amarillo, quebracho, urundey, algarrobo, lapacho鈥 Van a los aserraderos de Tartagal. All铆 sierran la madera, la convierten en varillas, tablones, tirantes. Desde ah铆 van hacia el sur del pa铆s.鈥 Los despuntes son palos, que antes fueron 谩rboles. Los que hacen eso son varios empresarios conocidos de la zona, con total impunidad. Otra de las violaciones de los derechos de la tierra son las que constituyen los latifundios: la producci贸n de man铆, soja, poroto, sorgo, todos cultivos ajenos a la zona, m谩s la cr铆a de ganado, y las fumigaciones son practicados, por el privado que los quiere echar de su tierra y por empresas como Desde el sur, entre otros. En la zona hay enormes fincas que tienen pocos a帽os, y en las que muchas veces, lamentablemente tienen que ir a trabajar los originarios. Varias de esas fincas est谩n en posesi贸n de nombres conocidos vinculados con la pol铆tica y la iglesia local. De hecho el papel que esgrime el privado da cuenta de una compra a la iglesia anglicana. Solo tiene un papel donde acusa dominio apenas desde 2011.No cierra. No hay modo de que la iglesia anglicana sea due帽a legal de esas tierras, simplemente porque los originarios nunca le vendieron. De haberse dado esa venta, la comunidad debiera haber tenido papeles de propiedad y alambrado, m谩s all谩 de la posesi贸n ancestral, pero nunca pudieron hacer esos papeles, ni eran requisitos para seguir viviendo en las tierras de sus ancestros. De lo que tampoco hay registro en ning煤n sector de esas cientos de hect谩reas es de alambrado. No lo puso la comunidad, no lo puso ning煤n terrateniente. Sin embargo, el usurpador VIP Panayotidis Fern谩ndez que adem谩s es un empresario fumigador fue a la 鈥渏usticia salte帽a鈥 aduciendo que lo que reclamaba era su finca: imposible que sea una finca, como dijimos no hay alambrado, no hay rastros de cultivos, lo que hay es monte, 鈥渦n monte hecho pedazos鈥, pero no hay finca. 鈥淟a gente est谩 all铆 desde tiempos inmemoriales, nunca tuvo necesidad de alambrado ni de trazar l铆mites. 鈥漀os explica el traductor de la comunidad, Joaqu铆n Quinteros. Joaqu铆n, actualmente no vive en la comunidad, porque trabaja en Tartagal, pero s铆 su hermana y su padre. Hay rastros del cementerio comunitario en el lugar, nos sigue contando. Nos cuenta que antiguamente su pueblo era n贸made, eso implicaba que se movieran por el alimento, seg煤n las 茅pocas del a帽o. Pod铆an vivir una parte del a帽o en un lugar y luego caminar muchos kil贸metros para buscar pescar, cazar o trocar lo que hab铆an obtenido en el monte por otras cosas que necesitaran. No modificaban el espacio en el que se encontraban con cercos o alambrados. Esa es una de las tantas explicaciones sobre las grandes extensiones de territorio aparentemente 鈥 a ojos de los terratenientes- 鈥渟in habitar鈥. Estas cuestiones culturales son las que tiene que es oficio del traductor explicar al derecho occidental. En otros pa铆ses de Latinoam茅rica la figura de los traductores o int茅rpretes es valorada y remunerada, en Argentina a煤n no se ha logrado eso. No solamente la Secretar铆a de Asuntos ind铆genas de Salta se comunic贸 con la comunidad para que hiciera a un lado sus reclamos. En medio del desalojo, en d铆as de noviembre, apareci贸 en el corte de la Ruta 86 鈥揺s decir, enfrente de donde antes estaban sus casas-, la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Ver贸nica Figueroa. 鈥淰ienen para embaucar a la gente鈥. La funcionaria ofreci贸 a las familias, 鈥渓a reubicaci贸n鈥 y viviendas, con el fin de que interrumpan su reclamo territorial. El fiscal Medina facilit贸 a Seila P茅rez un plano de Tartagal donde figura el territorio de la comunidad Yokwespehen y sus inmediaciones, Seila es una referente ind铆gena de Tartagal, miembro de la APDH que acompa帽a a la comunidad. Los datos catastrales del plano dan cuenta ya no de 400 hect谩reas como calculaban sin hablar con el traductor y sin observar los planos, sino de 800 hect谩reas que pertenecen a la comunidad, dado que en el plano de Tartagal, pueden observarse dos bloques territoriales. Recordemos que en noviembre de este a帽o se cumple un nuevo vencimiento de la Ley 26160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias de Argentina.





Fuente: Anred.org