December 8, 2020
De parte de ANRed
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Foto: Nuevo Diario de Salta

A través de un comunicado, la Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí Las Pailas de la localidad salteña de Cachi – con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) – denunció este lunes «la amenaza de un inminente desalojo del territorio comunitario ordenado por el Secretario del Juzgado de Garantías 8° Nominacion Abel Ignacio Goytia, desconociendo y violando los derechos colectivos de los pueblos originarios preexistentes». «Este accionar sistemático es una muestra más de la discriminación y el racismo estructural que se replica y perpetua en las estructuras del Estado Argentino. Siempre tomando partido a favor de los usurpadores, usureros y supuestos titulares registrales que nunca vivieron en el territorio, pero que pretenden quedarse con lo nuestro. Exigimos el cumplimiento pleno de nuestros derechos territoriales, responsabilizamos a los organismos competentes tanto municipales, provinciales y nacionales ante cualquier desenlace violatorio de nuestros derechos colectivos. No doblegaran nuestra dignidad, primero muertos antes que usados para entregar nuestro territorio», sentencian. Por ANRed.


En el comunicado, publicado este lunes 7, la Comunidad Originaria Diaguita Kallchakí Las Pailas (Cachi-Salta) recuerda que cuenta con personería jurídica N° 1131/12 en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y que es una comunidad miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita-Salta-ENOTPO.

Además, alerta: «en el día de la fecha comunicamos la amenaza de un inminente desalojo del territorio comunitario ordenado por el Secretario del Juzgado de Garantías 8° Nominacion Dr. Abel Ignacio Goytia, desconociendo y violando los derechos colectivos de los pueblos originarios preexistentes».

La comunidad diaguita considera que el hecho es parte de una violencia, discriminación y racismo estructural desde el Estado: «una vez más vemos el accionar discriminatorio del Poder Judicial de la Provincia de Salta en contra de nuestros derechos colectivos, desconociendo y violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales que reconocen y avalan nuestros derechos como sujetos preexistentes. Este accionar sistemático es una muestra más de la discriminación y el racismo estructural que se replica y perpetua en las estructuras del Estado Argentino. Siempre tomando partido a favor de los usurpadores, usureros y supuestos titulares registrales que nunca vivieron en el territorio, pero que pretenden quedarse con lo nuestro», expresó la comunidad.

En la misma línea, expresó: «a pesar de que se realizaron numerosas denuncias por parte de la comunidad, donde se presentó la documentación que acredita la posesión territorial ancestral del Pueblo Diaguita en este Territorio, la justicia hace caso omiso. Además es de suma incumbencia aclarar que esta posesión es refrendada por la aplicación de la ley 26.160 y sus prórrogas, con resolución N° 050/14. La justicia salteña intenta omitir esta documentación, que el mismo Estado Nacional ha reconocido y relevado».

Es por eso que exigen al Estado «el cumplimiento pleno de nuestros derechos territoriales, responsabilizamos a los organismos competentes tanto municipales, provinciales y nacionales ante cualquier desenlace violatorio de nuestros derechos colectivos». Finalmente, convocan «a las organizaciones de Pueblos Originarios, a los Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales que acompañen» su lucha como pueblo Nación Diaguita en Salta. «En honor a nuestros Ikines y Titakines, Kallchakí, Chelemín, Ambrosio Casimiro, Javier Chocobar, continuamos el legado ancestral, firmes en el camino de nuestra Libertad, no doblegaran nuestra dignidad, primero muertos antes que usados para entregar nuestro territorio. ¡Somos el grito ancestral de libertad! ¡Titularización de nuestros Territorios! ¡Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio!», finaliza el comunicado.





Fuente: Anred.org