July 16, 2021
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Familias de Bajo Hondo, Santiago del Estero, donde vive la comunidad Yaku Kachi del pueblo Guaycurú, denuncian los ataques que desde el 2015 vienen llevando adelante patotas que responden a Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas Manaos, quien busca apropiarse de sus tierras.

Hablamos con Marilin Gusmán, integrante de la comunidad indigena Yaku Kachi, y Margarita Gómez de la comunidad del pueblo originarios Vilela Rincón del Saladillo, también en esa provincia.

Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) señalan que se trata de una “zona liberada” para expulsar a las comunidades, que cuenta con la complicidad de la jueza Rosa Falco, la fiscal Victoria Sottini y la Policía de Quimilí, quienes no intervienen para evitar el hostigamiento de las patotas armadas.

Margarita comentó que once niños se quedaron sin vivienda por los ataques de estos grupos armados, y que actualmente sus casas están siendo reconstruidas por el Mocase. Marilin señaló: «No podemos vivir tranquilos, los chicos no pueden dormir, queremos que esto salga a la vista y que nos ayuden».

Margarita agregó que esta lucha contra el desalojo cuenta con el apoyo de todas las comunidades, y que este escenario se repite en varios lugares del país. Por su parte el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), envió una carta a la jueza, donde condenó como «ilegales» los avances del empresario que además se hacen de forma violenta.

En esa línea, todos los organismos de Derechos Humanos, la Secretaría De Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Agricultura familiar Campesina Indígena de la Nación exigen la suspensión de estos avances sobre el territorio por clara violación de la Ley 26.160 y al derecho constitucional que protege las Comunidades Indígenas.




Fuente: Barricadatv.org