Se prohíbe todo salvo ir a trabajar

October 26, 2020 –
De parte de Valladolor

437 puntos de vista

Se
prohíbe
todo
salvo
ir
a
trabajar.

Más
allá
de
distopías
orwellianas:
¡La
economía
capitalista!

Desde
que
la
pandemia
fue
“declarada”,
en
marzo
de
este
año,
entre
el
gobierno
central
y
los
diferentes
gobiernos
autonómicos
(es
decir,
entre
el
nivel
general
y
el
local
del
Estado)
se
han
tomado
las
siguientes
medidas:

-Un
Estado
de
Alarma,
que
implicó
la
absoluta
prohibición
de
abandonar
el
domicilio,
excepto
para
cubrir
las
necesidades
más
perentorias.

-Un
Estado
de
Alarma
“suavizado”,
en
el
que
se
restringió
el
movimiento
de
la
población
a
unas
pocas
horas
diarias.

-Un
Estado
de
“nueva
normalidad”
(decimos
estado
porque
fue
legislado
como
tal),
que
potestaba
a
las
autoridades
para
tomar
las
medidas
restrictivas
que
considerasen
oportunas,
y
cuando
lo
considerasen
conveniente.

-Confinamientos
selectivos
de
pueblos
y
barrios,
casi
permanentes
como
en
Íscar
y
Pedrajas
(el
confinamiento
más
largo)
o
temporales,
con
Madrid
como
ejemplo
más
lacerante:
se
llegó
al
despropósito
de
“sellar”
los
barrios
proletarios
de
la
ciudad
dejando
libertad
de
circulación
a
los
habitantes
de
los
barrios
burgueses.

-Un
“toque
de
queda”,
es
decir,
la
prohibición
de
circular
por
la
noche
a
partir
de
las
22
horas
(en
Castilla
y
León)
o
las
24:00
horas
en
diferentes
ciudades
y
regiones
del
país
(Madrid,
Valencia…).
[Finalmente
hasta
las
23:00
con
el
nuevo
estado
de
alarma,
dejando
una
hora
de
margen
a
las
comunidades
que
quieran
adelantarlo
a
las
22h].

–
Y
de
acuerdo
a
la
prensa,
otro
Estado
de
Alarma
con
nuevas
medidas
restrictivas
que
el
consejo
de
ministros
aprueba
hoy,
domingo
25
de
octubre.

En
todas
estas
situaciones,
tomadas
como
decimos
por
uno
u
otro
de
los
niveles
estatales,
hay
dos
constantes:
prohibición
de
reuniones
y
limitación
de
la
circulación.
Y,
para
garantizarlo,
el
despliegue
masivo
de
policía,
Guardia
Civil,
ejército
y
reaccionarios
de
balcón
varios.
Es
decir,
estamos
ante
medidas
que
implican
un
incremento
del
poder
del
Estado
para
controlar
la
vida
diaria
de
las
personas,
para
prohibir
discrecionalmente
derechos
fundamentales
que
hasta
ahora
parecían
intocables.

Desde
el
Estado
se
afirma
que
son
medidas
inevitables
para
salvar
la
situación
de
crisis
sanitaria
que
se
vive
en
todo
el
país,
que
son
las
únicas
posibles,
que
el
propio
ordenamiento
jurídico
del
país
fuerza
a
ellas,
si
se
quiere
evitar
la
extensión
de
los
contagios.

Pero,
seis
meses
después
del
inicio
declarado
de
la
circulación
del
virus
por
España,
¿qué
tenemos?

Miles
de
contagios
diarios,
centenares
de
muertos
en
los
hospitales
y
residencias
de
ancianos.
El
colapso
total
de
la
atención
primaria,
con
graves
problemas
de
personal,
cansancio
y
ultraexplotación.
Un
sistema
sanitario
que
se
ha
derrumbado
como
un
castillo
de
naipes,
miles
de
muertes
asociadas
a
otras
patologías
diferentes
del
virus
pero
que
se
producen
por
la
falta
de
medios
médicos
que
venía
de
lejos
y
se
ha
agudizado
con
la
pandemia.

Todo
esto,
después
de
haber
pasado
casi
tres
meses,
en
los
que
el
Estado
se
ha
empleado
a
fondo
para
impedir
la
movilidad:
que
ni
siquiera
los
niños
pudiesen
salir
a
la
calle.
Esta
semana
que
entra,
más
de
mil
personas
morirán
mientras
el
Estado
afirma
que
está
haciendo
todo
lo
necesario.

¿Cuál
es
el
problema?
Básicamente
que
el
Estado
no
está
tomando
ninguna
medida
sanitaria.
Todos
sus
esfuerzos
van
dirigidos
hacia
la
imposición
de
un
sistema
represivo
reforzado
por
todas
las
prerrogativas
legales
que
tiene
en
su
mano
(y
las
que
no,
se
las
inventa,
visto
que
muchos
juristas
comienzan
a
hablar
de
extralimitación
en
la
“libertad”
con
que
los
gobiernos
autonómicos
están
tomando
para
imponer
cierres
perimetrales,
toques
de
queda,
etc.).

En
la
sociedad
capitalista,
la
mayor
parte
del
tiempo
se
dedica
o
bien
al
trabajo
o
bien
a
la
educación
para
el
trabajo.
La
mayor
parte
de
la
población,
el
proletariado,
sacrifica
casi
toda
su
vida
a
la
producción
de
mercancías.
Parece
razonable
pensar
que
es
en
esta
actividad
que
consume
casi
todas
las
fuerzas
sociales
donde
deberían
imponerse
medidas
sanitarias
para
impedir
la
propagación
del
virus.
Y,
sin
embargo,
es
precisamente
aquí,
en
los
centros
de
trabajo,
en
las
fábricas,
en
las
oficinas,
en
los
colegios
e
institutos,
donde

no
se
ha
tomado
absolutamente
ninguna
medida.

El
gobierno
central
y
sus
secuaces
autonómicos
mienten:
no
ha
habido
confinamiento
domiciliario,

ir
al
trabajo
era
obligatorio
si
no
se
estaba
despedido
o
en
ERTE;

no
ha
habido
confinamiento
perimetral,
las
salidas
laborales
eran
prácticamente
las
únicas
permitidas;

no
hay
toque
de
queda,

todos
los
trabajos
nocturnos
siguen
siendo
obligatorios;
no
hay
medidas
de
distanciamiento
social
o
higiene
personal,
en
ninguna
empresa
ningún
empresario
está
en
condiciones
de
respetarlas
sin
que
esto
afecte
a
la
producción.

A
la
población,
mejor
dicho,
a
la
clase
social
que
constituye
la
inmensa
mayoría
de
la
población,
el
proletariado,
se
le
han
impuesto
una
serie
de
medidas
coercitivas
para
disciplinarle,
para
hacer
caer
sobre
él
el
peso
de
la
crisis
económica
y
social
creada
por
la
pandemia.
Ninguna
medida
de
las
tomadas
ha
tenido
otro
objetivo
que
el
de
controlar
a
esta
parte
de
la
población
que
se
ve
afectada
por
el
desempleo,
la
miseria
y
el
hambre
que
el
colapso
de
las
economías
ha
traído.
Este
es
el
verdadero
secreto
de
la
crisis
del
coronavirus.

Hay
quienes,
no
se
sabe
si
desde
la
candidez
más
absoluta,
afirman
que
el
Estado
podría
tomar
medidas
para
atajar
la
pandemia:
rastreadores,
cuarentenas,
etc.
Por
supuesto
que
todo
esto
se
podría
hacer,
claro.
Pero
basta
con
observar
un
momento
las
consecuencias
para
saber
por
qué
nunca
se
hará.
Según
las
estimaciones
que
da
el
Ministerio
de
Sanidad,
entre
uno
y
tres
millones
de
personas
se
han
contagiado
en
España
a
día
de
hoy.
Aceptemos,
siguiendo
a
este
mismo
Ministerio,
que
el
“confinamiento”
de
marzo-junio
fue
eficaz
y
que
el
grueso
de
los
contagios
se
ha
producido
después.
Pongamos
ahora
que
por
cada
contagiado,
contamos
cuatro
contactos
(una
cifra
baja)
a
los
que
habría
que
rastrear
y
poner
en
cuarentena.
Pues
bien,
tendríamos
que
aproximadamente
doce
millones
de
personas
habrían
estado
inmovilizadas
a
lo
largo
de
los
últimos
meses.
Es
el
equivalente
a
tres
cuartas
partes
de
la
fuerza
laboral
española.
El
coste
en
horas
de
trabajo
habría
echado
a
pique
la
economía.
Por
eso,
ni
el
gobierno
central
ni
el
autonómico,
ni
el
PP,
ni
el
PSOE,
ni
Podemos,
ni
el
PNV
ni
ningún
representante
de
la
burguesía
va
a
tomar
medidas
sanitarias
para
controlar
la
pandemia.
Porque
el
precio
a
pagar
por
hacerlo
es
demasiado
alto.
El
coste
de
la
sanidad
pública
no
es
nada
comparado
con
el
coste
de
restringir
la
producción
a
los
niveles
que
exigiría
la
contención
de
la
pandemia.

El
Estado
es
la
máquina
en
manos
de
la
clase
burguesa
que
esta
utiliza
para
imponer
su
control
sobre
el
proletariado
y
otras
clases
subalternas.
El
Estado
se
comporta
como
lo
que
es,
el
instrumento
de
su
amo.
No
tiene
funciones
sanitarias,
en
la
medida
en
que
su
principal
objetivo
es
garantizar
que
la
clase
burguesa
siga
disfrutando
de
su
posición
predominante
y
de
sus
privilegios
y
toda
medida
sanitaria
entra
en
contradicción
con
este
objetivo.
Por
lo
tanto,
lo
único
que
puede
hacer
es
tomar
medidas
represivas
durísimas
que
tienen
una
doble
función:
por
un
lado,
es
cierto,
moderan
algo
(muy
poco
como
hemos
visto)
el
ritmo
de
los
contagios
(decimos

moderan
el
ritmo,
no
eliminan,
es
decir
se
asume
que
la
mayor
parte
de
la
población
se
va
a
contagiar
antes
o
después)
y
esto
permite
ir
tirando
con
una
sanidad
prácticamente
destruida.
Por
otro
lado,
imponen
una
situación
de
absoluto
control
de
la
población,
especialmente
de
la
población
proletaria,
que
permite
que
las
medidas
económicas
que
se
van
tomando
en
favor
del
capital
y
contra
los
trabajadores,
sean
aceptadas
sin
que
la
tensión
social
se
desborde
de
inmediato.

El
gran
miedo
de
la
burguesía,
su
desvelo
de
cada
noche,
no
es
la
pandemia
ni
la
crisis
económica
que
esta
ha
traído.
Es
la
clase
proletaria,
que
va
a
pagar
con
su
vida
sus
consecuencias,
pero
que
(esto
lo
sabe
bien
la
burguesía)
tiene
la
fuerza
suficiente
como
para
barrer
el
sistema
capitalista
de
la
faz
de
la
tierra.
Es
por
esto
que
en
vez
de
médicos,
hemos
visto
al
ejército.
En
vez
de
hospitales,
se
han
reabierto
los
CIEs.
Y
así
un
largo
etcétera.
Hasta
ahora
el
gobierno
de
PSOE
y
Podemos
han
gestionado
bien
la
situación
(con
el
apoyo
inestimable
de
toda
la
izquierda
parlamentaria,
incluyendo
a
Bildu
que,
quién
le
ha
visto
y
quién
le
ve,
apoya
el
despliegue
del
ejército
en
Euskadi
con
el
Estado
de
Alarma).
Han
desplegado
toda
la
retórica
izquierdista
posible,
han
movilizado
a
todos
sus
secuaces
políticos
y
sindicales,
y
con
ello
han
logrado
imponer
todas
las
medidas
anti
proletarias
que
la
burguesía
ha
necesitado.
¿Las
empresas
se
paralizan?
ERTEs,
y
los
proletarios
pagan
con
el
25%
de
su
salario
el
mantenimiento
de
estas.
¿Despidos
sin
parar?
Ingreso
Mínimo
Vital
como
propaganda,
que
además
se
paraliza,
y
todos
los
sindicatos
aplaudiendo
al
gobierno
progresista.
Y
suma,
y
sigue.

La
clase
proletaria
ha
permanecido
paralizada
porque
el
gobierno
progresista
ha
sabido
canalizar
la
tensión
hacia
los
gobiernos
autonómicos,
en
manos
del
PP
o
de
otras
formaciones,
ha
agitado
el
coco
del
fascismo
dándole
una
cancha
a
Vox
que
de
ninguna
otra
manera
hubiera
soñado
con
tener.
Ahí
están,
como
espantajo,
los
cuatro
fascistas
descerebrados
que
protestan
bajo
el
grito
de
“libertad”,
para
que
la
masa
de
la
población
piense
que
lo
correcto
es
aceptar
las
medidas
restrictivas
de
este
gobierno
que
“vela
por
nosotros”.
Muchos
proletarios
siguen
confiado
en
un
gobierno
que
les
lleva,
como
hizo
el
del
PP
hace
diez
años,
a
la
miseria.

Pero
esta
situación
no
puede
mantenerse.
Mientras
las
colas
del
paro
aumentan,
las
familias
acuden
a
Cáritas
a
pedir
comida,
las
empresas
despiden
con
ERTEs
casi
permanentes…
los
proletarios
no
podrán
estar
eternamente
callados.
Ahora,
se
implanta
el
toque
de
queda
y
un
nuevo
estado
de
alarma:

Todo
queda
prohibido,
salvo
trabajar.
Reuniones
prohibidas,
movimientos
limitados,
restricciones
y
multas…

¿Cuánto
más
debemos
esperar?