March 2, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
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Cecilia Carballo
Directora de Programas de Greenpeace Espa帽a

Estos d铆as ha recuperado protagonismo lo ocurrido y las consecuencias del 23 de febrero de 1981. Lamentablemente, poco sabemos, dado que la ley franquista de Secretos Oficiales mantiene clasificada como secreta esa informaci贸n sin una justificaci贸n razonada. El Gobierno de entonces, as铆 lo acord贸. Y este Gobierno as铆 parece querer mantenerlo. La cuesti贸n es que muchos partidos han llamado a la reforma de la ley de Secretos Oficiales esta semana, porque es inconcebible que la sociedad espa帽ola desconozca c贸mo se fragu贸 el golpe de Estado del 23F y su desenlace. Este exceso de secretismo es algo inaudito en una democracia plena, un concepto tambi茅n muy de actualidad.

Recientemente en Greenpeace tambi茅n nos hemos topado con el infranqueable muro franquista de la vigente ley de Secretos Oficiales. Como organizaci贸n defensora de la paz (adem谩s del medioambiente) tras conocer el a帽o pasado la presencia de morteros espa帽oles en el conflicto de Yemen, solicitamos al Gobierno, informaci贸n sobre la autorizaci贸n concedida para esta operaci贸n de exportaci贸n a Arabia Saud铆, que tuvo lugar en 2018. Lamentablemente, esta solicitud fue en vano.

Tambi茅n fue en vano solicitar al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que intercediera en el Consejo de Ministros para solventar la lacra democr谩tica que implica mantener esta informaci贸n oculta a los ojos de la sociedad espa帽ola y al Parlamento.

En aquel momento Naciones Unidas ya hab铆a se帽alado varias veces los constantes ataques indiscriminados sobre la poblaci贸n civil yemeni, la vulneraci贸n continua de los derechos humanos en el conflicto y el alto riesgo de que la venta de armas a los pa铆ses involucrados se encontrara al margen del derecho internacional. Todo apunta a que esta venta de morteros se autoriz贸 ilegalmente, vulnerando el Tratado Internacional de Comercio de Armas y la ley espa帽ola de control de comercio de armas. La informaci贸n solicitada por Greenpeace, en todo caso, fue denegada, lo que nos oblig贸 a acudir a la justicia.

驴A qui茅n protege el Gobierno?

Esta semana hemos conocido que la Abogac铆a del Estado avala la denegaci贸n de informaci贸n a Greenpeace sobre el env铆o de morteros a Arabia Saud铆, y sus argumentos son m谩s que preocupantes:

Justifica el uso de la ley (recordemos, franquista) de Secretos Oficiales para proteger la seguridad del Estado, sin aclarar por qu茅 este caso se habr铆a de poner en peligro tal seguridad, y luego recurre a la ley de Transparencia, que defiende los intereses econ贸micos y comerciales frente al inter茅s general, un “argumento” que adereza con un informe de la Secretar铆a de Estado de Comercio donde se recoge la informaci贸n suministrada por el ICEX a cualquier ciudadano. Esta informaci贸n detalla la “importancia de las relaciones econ贸micas Espa帽a-Arabia Saud铆”, lo que nos lleva al quid de la cuesti贸n: el objetivo fundamental del Gobierno es proteger la actividad comercial de la empresa de armas, as铆 como los suculentos negocios entre el reino de Espa帽a y el de Arabia Saud铆[1] (un total de que incluyen contratos como la construcci贸n del AVE a La Meca, el metro de Riad o la venta de Corbetas), ignorando completamente a las personas potencialmente v铆ctimas de esas armas.

Las ONG como vigilantes del inter茅s general

Las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) vienen estableciendo desde hace muchos a帽os que el acceso a la informaci贸n es un derecho accesorio del derecho fundamental a la libertad de expresi贸n y que, por tanto, cuando el Gobierno deniega informaci贸n sin justificarlo, est谩 cercenando este derecho fundamental. Un bien jur铆dico protegido por la Constituci贸n Espa帽ola en su art铆culo 20.1.d) y que establece las bases de cualquier democracia.

Tanto m谩s en juego se pone la libertad de expresi贸n, como bien jur铆dico (y esto tambi茅n lo ha se帽alado el TEDH) cuando esta informaci贸n es denegada a una organizaci贸n de la sociedad civil. Este Alto Tribunal atribuye a las ONG una posici贸n privilegiada en el acceso a la informaci贸n que est谩 en poder del Estado. Les confiere un papel de vigilantes del inter茅s general, cuya labor de difusi贸n de informaci贸n veraz en manos del Estado contribuye al debate p煤blico y al fortalecimiento de la democracia. Les reconoce una misi贸n fundamental como “perro guardi谩n de la sociedad”.

Los derechos no pueden ser ilimitados

Por supuesto que, como tambi茅n recuerda el TEDH, los derechos no son ilimitados. Siempre se pueden imponer restricciones a su ejercicio si esta restricci贸n implica la defensa de un bien jur铆dico superior, pero 驴es el negocio de una empresa m谩s importante que conocer si se han cometido ilegalidades en la venta de Armas a Arabia saud铆, que se han podido utilizar para cometer cr铆menes de guerra contra la poblaci贸n civil yemen铆?

La ley de Secretos Oficiales no puede ser un pozo sin fondo en el que ocultar operaciones ilegales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Espa帽a, que apoy贸 otras denegaciones de informaci贸n sobre comercio de armas similares, estableci贸 que no es la seguridad nacional lo que se pone en juego con la desclasificaci贸n de la informaci贸n secreta, sino los intereses econ贸micos de la empresa exportadora de armas. Y este l铆mite a la publicidad de la informaci贸n ha sido duramente criticado por buena parte de la doctrina jur铆dica, que considera inaceptable que los intereses comerciales se sit煤en por encima de la protecci贸n de los derechos m谩s elementales.

En esta nueva realidad social y pol铆tica no se deber铆a producir la dicotom铆a entre vender armas o respetar los derechos fundamentales. Y es que en una democracia plena, la utilizaci贸n irregular de una ley como la de Secretos Oficiales para vulnerar derechos, deber铆a ser inconcebible. Lamentablemente no es as铆, ni en tiempos del gobierno “m谩s progresista” de nuestra democracia.

NOTAS

[1] El total de las exportaciones espa帽olas a Arabia Saud铆 ascendieron a 2.338 M鈧 en 2018 y de 1.841 M鈧 en 2019

P煤blico




Fuente: Grupotortuga.com