October 20, 2020
De parte de Briega
160 puntos de vista

Artículo original de 9 de octubre de 2020, de Thom Tyerman y Travis Van Isacker. Este artículo ha sido escrito en conjunto con redes de activistas opuestas al régimen fronterizo establecido por el Reino Unido en el noroeste de Francia, incluyendo Watch the Channel, Calais Migrant Solidarity y Calais Research.

Thom y Travis investigan en el mismo el sistema de seguridad de la frontera del Reino Unido, anteriormente han publicado trabajos sobre el desalojo de hogares de inmigrantes y otras practicas de segregación cotidianas en Calais. Este es el último artículo de la semana temática «Fonteras a través del tiempo: Conmemorando Lampedusa», organizada por Victoria Canning y Francesca Espósito.

El pasado día 19 de Agosto, Abdulfatah Hamdallah originario de Sudán fue encontrado muerto en la playa de Sangatte, cerca de Calais. Durante la noche anterior había intentado cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido utilizando un bote inflable de playa y una pala como remo improvisado. La Ministra del Interior Británica, Priti Patel, culpó de su muerte a «aborrecibles bandas criminales y contrabandistas de personas que explotan a personas vulnerables», a pesar que en el caso ningún contrabandista estuvo involucrado. Al presentarlo a él y a otras personas que intentan cruzar el Canal de la Mancha como víctimas de codiciosas redes de contrabando humano delictivo, esperaba justificar el creciente aumento de la seguridad y militarización del Canal. Estas medidas, descritas como como necesarias para terminar con el problema, son de hecho la raíz del porque tantas personas emprenden este viaje y son la causa principal de los enormes riesgos que enfrentan en el camino.

Seguridad de fronteras del Reino Unido: como se construye una crisis

El pasado 18 de diciembre el Gobierno del Reino Unido declaró un «incidente importante» cuando durante los dos meses precedentes más de 200 personas cruzaron el Canal en pequeños botes. En lo que va del 2020 se estima que 6.000 viajeros han llegado ilegalmente al Reino Unido de esta forma, y el 98% de ellos solicitó asilo. El 7 de agosto, la Ministra del Interior anunció su intención de «hacer inviable esta ruta» deteniendo en primer lugar a los barcos que salían de Francia e interceptando y devolviendo a los que intentaban cruzar el Canal.

Este plan se ha traducido principalmente en la militarización del Canal, bajo el mando del ex militar Dan O´Mahoney en su nuevo cargo de Comandante de Amenazas Clandestinas del Canal. Una flota de embarcaciones de patrulla costera y agentes de aduanas de la Fuerza de Fronteras que actualmente se coordina con sus homólogos franceses y los guardacostas nacionales en ambos lados del Canal para interceptar los barcos de migrantes lo antes posible. Buques de guerra franceses han sido también desplegados mientras que la Marina Real y la Fuerza Fronteriza realizan maniobras de entrenamiento conjuntas. Drones pertenecientes a la empresa privatizada de defensa Tekever (que será pronto remplazada por Elbit) y el Ministerio del Ejército proporcionan vigilancia aérea constante junto a vuelos de la Real Fuerza Aérea. Además de localizar los barcos que precisan ser rescatados, un video publicitario del ministerio del Interior muestra que las imágenes grabadas por los drones son usadas para criminalizar a los solicitantes de asilo y condenar a aquellas personas que conducen los barcos por «facilitar la entrada ilegal».

Los esfuerzos recientes del Reino Unido no pondrán fin a los viajes no autorizados de pequeños botes y las llegadas de hecho aumentaron durante agosto y septiembre del 2020. Si bien un Plan de Acción Conjunto prometió 3,2 millones de libras esterlinas para la compra de equipos y tecnología de vigilancia para patrullas marinas a lo largo de la costa francesa, Francia según se ha informado solicitó 30 millones de libras adicionales del Reino Unido para que su policía interceptase a los barcos que intenten cruzar en tierra antes de su partida en estrecha cooperación con los sistemas de vigilancia aérea del Reino Unido. Si finalmente se llega a un acuerdo esto sería solo otro paso en la larga historia de exportar el control fronterizo del Reino Unido a Francia a cambio de financiación, una estrategia que, irónicamente, produjo la misma crisis de pequeños barcos cruzando que vemos hoy.

A lo largo de las últimas décadas la frontera del Reino Unido ha sido externalizada al Norte de Francia y ha sido cada vez más fortalecida mediante gastos de más de 316 millones de libras en el periodo entre 2010 y 2016 y con más de 45 millones de libras desde la firma del Tratado de Sandhurst en el 2018. Este dinero ha pagado kilómetros de muros y vallas alrededor de la ciudad de Calais la autopista, el puerto de ferris y el eurotúnel así como nuevos sensores y tecnologías de vigilancia para detectar personas escondidas en camiones o en trenes, formas habituales en que las personas cruzaban la frontera clandestinamente. También financia más de mil policías antidisturbios franceses estacionados permanentemente en Calais. Además de patrullar el perímetro del puerto, los policías hostigan diariamente a los migrantes, desalojando y destruyendo constantemente sus campamentos improvisados y lugares ocupados. Los ataques abiertos por parte de las autoridades se combinan con la negación sistemática de necesidades básicas tales como alojamiento, comida, productos de higiene, instalaciones para lavarse e incluso ropa para así disuadir a otras personas de venir o permanecer en Calais e intentar llegar al Reino Unido.

Además, para frenar el número de migrantes que intentan el viaje marítimo, los observadores de Solidaridad Migrante y Derechos Humanos de Calais señalan que la policía francesa confisca o destruye de forma rutinaria botes, chalecos salvavidas y otros equipos de seguridad marítima de los migrantes que pasan por Calais. Las autoridades locales también restringen la venta de estos artículos a cualquier persona sin identificación, requiriendo que se registren los detalles personales de los compradores. Estas actuaciones no detiene el cruce de barcos y al mismo tiempo aumentan su peligrosidad contribuyendo a muertes en la frontera ya que las personas se embarcan sin preparación e incluso algunos intentan el cruce a nado. También crean un mercado lucrativo para los contrabandistas. Lejos de evitar el cruce de los barcos, salvar vidas o acabar con la explotación, el aumento de la seguridad en la frontera en Calais ha tenido el efecto contrario.

Libre circulación, no a las “rutas seguras y legales”

Mientras que, en un intento de apaciguar a la extrema derecha y mostrar una imagen de «recuperar el control de nuestras fronteras», el Ministerio del Interior tiene como objetivo hacer inviables las travesías de pequeños botes en el Canal, los grupos de defensa de los derechos de los migrantes y las organizaciones humanitarias piden que los hagamos innecesarios. Estas organizaciones argumentan que la muerte de Abdulfatah muestra la necesidad urgente de «rutas seguras y legales» para que así los solicitantes de asilo puedan llegar al Reino Unido sin tener que arriesgar sus vidas o depender de contrabandistas para hacerlo. En la práctica esta propuesta podría contemplar la creación de centros en Francia para que las personas soliciten asilo y se registren para el reasentamiento o la reunificación familiar. De obtener respuesta positiva se les permitiría el ingreso en el país. Esta sería una alternativa a exigir que alguien esté presente en territorio del Reino Unido antes de poder solicitar asilo, razón principal de los cruces fronterizos irregulares.

Si bien esas «rutas seguras» en apariencia serían diferentes a la situación actual (y, según se informa, están siendo consideradas ahora por el Ministerio del Interior), no desafiarían necesariamente el régimen fronterizo existente e incluso podría reforzarlo. Los planes de reasentamiento externo ya forman parte de la política de fronteras del Reino Unido (y de la Unión Europea). Sin embargo generalmente resultan solo en un pequeño número de transferencias con éxito, mientras que la mayoría de las personas permanecen viviendo en condiciones extremas en campos de refugiados esperando largo tiempo su resolución. Además los programas de reasentamiento externalizado mantienen el poder discrecional del estado para decidir quién es merecedor de protección eliminando la capacidad de los refugiados de buscar la seguridad que necesitan. Los solicitantes de reasentamiento deben presentarse como víctimas perfectas, encajando en la narrativa preestablecida de persecución personal y luchando contra las elucubraciones sobre la seguridad en sus «países de origen». Sin embargo el problema central de los planes de reasentamiento es que suelen venir acompañados de otras políticas de externalización y aumento de seguridad de fronteras contribuyendo así a deslegitimar y criminalizar a cualquier persona que cruce fronteras de forma autónoma buscando seguridad como «falso refugiado» abusando de la hospitalidad de los estados de llegada.

Las «rutas seguras y legales» y la vigilancia mejorada de fronteras aparecen como posiciones contrarias en el debate sobre fronteras y derechos humanos pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Theresa May clarificó este extremo en su discurso del 2015, como Ministra del Interior, cuando describió la política de fronteras del Reino Unido como «humana para los que necesitan de ayuda y dura con los que abusan de ella». Se necesita con urgencia un enfoque diferente en el trabajo de ayuda a refugiados: uno que no trate a los que cruzan el Canal como víctimas o criminales, sino que reconozca como estos viajes desafían el aumento de seguridad que ha venido definiendo la política fronteriza británica durante décadas. El desafío es continuar denunciando la violencia e injusticia de la frontera exteriorizada del Reino Unido sin que, sin darnos cuenta, ofrezcamos oportunidades para que ésta persista en nuevas formas diferentes. Ser solidario con los migrantes en Calais y en el Canal de la Mancha significa nada menos que la abolición de esta frontera y la libre circulación para todos.




Fuente: Briega.org