Desde el lunes 12 hasta el 17 de diciembre están previstas manifestaciones en varios puntos de Portugal, con huelgas, paros y acciones en la calle, de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, que protestarán contra el aumento del coste de vida, pedirán cambios en la legislación laboral para garantizar los derechos de los que trabajan y han trabajado, y para la defensa de los servicios públicos.
Las manifestaciones están previstas para el lunes en Alcácer do Sal, Seixal y Évora, el martes en Beja y el miércoles en Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Covilhã. A esto le sigue, el jueves, una manifestación en Almada, el viernes manifestaciones en Portalegre y Lisboa y el sábado, en Faro y Aveiro.
La semana de lucha, anunciada el 26 de octubre, fue nuevamente recordada por la secretaria general de la CGTP-IN, Isabel Camarinha, en la Asamblea de la República, en Lisboa, el día de la votación final del Presupuesto del Estado para 2023. Ese día advirtió que la lucha se intensificaría ante la decisión del Gobierno de no tomar medidas para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras ante el alza de los precios.
Las desigualdades han aumentado y desde la CGTP-IN, explican que el presupuesto del Gobierno portugués para el próximo año «solo» tiene respuestas para el capital, con unas cuentas «cada vez más inciertas» para los trabajadores y sus familias.
Para la CGTP-IN, que defiende la mejora en las condiciones de la clase trabajadora, es insuficiente la propuesta del ejecutivo luso que prevé una subida salarial del 5,1% para 2023 (cuando la previsión de la OCDE es que la inflación el próximo año se acerque al 7%) y fija el salario mínimo nacional en 760 euros. Para la Administración Pública se prevén subidas salariales de al menos 52 euros en 2023.
La Confederación General de Trabajadores de Portugal – Intersindical Nacional reclama aumentos salariales del 10% con un mínimo de 100 euros por trabajador y la fijación del salario mínimo nacional en 850 euros. Por ello llaman a la clase trabajadora a intensificar la movilización acudiendo a la semana de lucha.
Fuente: Mundoobrero.es
América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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