January 28, 2021
De parte de ANRed
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«El corregimiento de El Salado, ubicado en el departamento de Bolívar, en la región de Montes de María de la Costa Caribe colombiana, se encuentra ante el riesgo inminente de que se repita uno de los episodios más dolorosos y crueles en la historia de ese país. Hace 21 años, en este mismo territorio, alrededor de 600 paramilitares tomaron el pueblo apoyados por sobrevuelos constantes de helicópteros armados, y a plena luz del día en la plaza principal, en la cancha de fútbol y en la iglesia, secuestraron, torturaron, violaron, destrozaron casas y comercios y asesinaron con la más brutal crueldad. Cerca de 100 personas fueron asesinadas y 4000 más huyeron despavoridas en un desplazamiento forzado hacia los municipios aledaños y las grandes ciudades de la Costa Caribe de Colombia. El miércoles 20 de enero la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) emitió un comunicado denunciando que la población de El Salado ha venido siendo intimidada desde hace varios meses con mensajes de texto a sus celulares, panfletos y grafitis en los que los grupos paramilitares que operan en el territorio instigan al desplazamiento forzado de sus líderes y lideresas con sentencias de muerte, anuncios de toques de queda y amenazas de repetición de la masacre perpetrada en el año 2000». Por Natalia Hernández y Adriana Villarreal (Colectivo Feminista Revista Amazonas).


Pronunciamiento a raíz de las amenazas a líderes y lideresas sociales del corregimiento El Salado, Bolívar – Colombia.

El corregimiento de El Salado, ubicado en el departamento de Bolívar, en la región de Montes de María de la Costa Caribe colombiana, se encuentra ante el riesgo inminente de que se repita uno de los episodios más dolorosos y crueles en la historia de ese país.

Hace 21 años, en este mismo territorio, alrededor de 600 paramilitares tomaron el pueblo apoyados por sobrevuelos constantes de helicópteros armados, y a plena luz del día en la plaza principal, en la cancha de fútbol y en la iglesia, secuestraron, torturaron, violaron, destrozaron casas y comercios y asesinaron con la más brutal crueldad. Todo ocurrió durante días, sin ningún tipo de respuesta por parte de la fuerza pública, frente a toda la comunidad aterrorizada. El sociólogo colombiano Alfredo Molano Bravo informó en su momento que “el Ejército presentó el hecho como el resultado de un enfrentamiento entre paras y guerrilla, y de no haber sido por la Fiscalía, que dio la verdadera versión, la cosa habría quedado escondida”.

Según la información brindada por la fiscalía colombiana, cerca de 100 personas fueron asesinadas y 4000 más huyeron despavoridas en un desplazamiento forzado hacia los municipios aledaños y las grandes ciudades de la Costa Caribe de Colombia. Después del vaciamiento territorial llegaron las compras masivas de tierras que fueron destinadas al monocultivo de palma aceitera que seca la tierra y contamina las aguas. Este territorio, para su pesar,  también funciona como corredor estratégico del narcotráfico lo que intensifica las disputas entre grupos ilegales por apropiarse de estas tierras.

El miércoles 20 de enero la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) emitió un comunicado denunciando que la población de El Salado ha venido siendo intimidada desde hace varios meses con mensajes de texto a sus celulares, panfletos y grafitis en los que los grupos paramilitares que operan en el territorio instigan al desplazamiento forzado de sus líderes y lideresas con sentencias de muerte, anuncios de toques de queda y amenazas de repetición de la masacre perpetrada en el año 2000. A su vez la CCJ  informa que “El corregimiento de El Salado no ha tenido fluido eléctrico durante varias noches, lo que pone en riesgo de incomunicación a sus habitantes, en medio de esta situación de zozobra y miedo”.

La preocupación ante las amenazas se incrementó luego de que se conociera el asesinato de varias personas entre el 15 y el 18 de enero en el municipio de Zambrano -ubicado a 40 minutos del corregimiento de El Salado- presuntamente a manos del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A pesar de esto, la respuesta por parte de las autoridades se limitó al cubrimiento con pintura de los grafitis y a una reunión realizada hasta el 18 de enero entre el Procurador y Personero Municipal de la cual no resultaron ni compromisos ni acciones claras sobre cómo brindar medidas de protección concretas que garanticen la vida y la integridad de los miembros y líderes y lideresas de la comunidad, expresó la organización CCJ, quienes realizan trabajo territorial en el corregimiento.

La realidad que enfrentan los pobladores del El Salado no es un caso aislado; hace parte de la violencia sistemática desplegada contra líderes y lideresas sociales, pueblos indígenas, campesinxs, afrodescendientes, defensorxs de derechos humanos, defensorxs ambientales y desmovilizadxs del acuerdo de paz firmado en La Habana. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó que en el 2020 ocurrieron 66 masacres con 255 muertes, el doble en comparación con el 2019. Así mismo documentó que 244 firmantes de la paz han sido asesinados. Con menos de un mes transcurrido del año en curso Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) reporta doce líderes y lideresas asesinadxs y cinco masacres que han sido denominadas por el Ministerio de Defensa con el eufemismo de “homicidios colectivos”.

A pesar de la retórica desplegada en cuanto a combatir a los grupos armados ilegales y el avance del narcotráfico, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en ignorar la preocupante crisis humanitaria en la que se encuentra inmersa Colombia. Hasta el momento no se han implementado acciones urgentes y eficaces para desmantelar las estructuras paramilitares que operan al servicio del narcotráfico en varios territorios del país.

Organizaciones sociales y diversas comunidades denuncian la inoperancia, impunidad y connivencia que existe entre el Estado y los paramilitares. La falta de voluntad por parte del Gobierno de combatir al paramilitarismo está relacionada con el posible temor que suscita el hecho de que los comandantes de estos grupos busquen someterse a la justicia y entreguen a los patrocinadores económicos, políticos y empresariales de estas estructuras, manifestó Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de DD.HH y DIH de Coeuropa, en una entrevista realizada por el medio de comunicación auto gestionado Contagio Radio, cuyo enfoque también son los derechos humanos. Además, continúa Yepes en el mismo reportaje, la cooptación del Gobierno Nacional y su grupo político de todos los estamentos del Estado ha puesto al aparato estatal, incluyendo la labor de las Fuerzas Militares, en función de proteger los intereses de las élites políticas en oposición a velar por la promoción de los derechos humanos y las necesidades de los sectores populares.

En la misma línea, tampoco, según reportan organizaciones sociales, la Fiscalía General de la Nación ha actuado de forma diligente en la labor de detectar y judicializar a los responsables de las masacres. Por el contrario, alineada con los congresistas y funcionarios del partido de gobierno, estigmatizan a los asesinados e insisten en destruir los acuerdos de paz firmados por el Estado con la antigua guerrilla FARC-EP, llegando incluso a asegurar que la mayoría de los reclamantes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) – entre los cuales están los habitantes de El Salado- son “falsos”.

Frente a la gravedad de este escenario hacemos un llamado a abrazar a la comunidad de El Salado y a exigir al Gobierno Nacional de Colombia que reconozca y se comprometa con desmontar las estructuras paramilitares e inicie un plan de implementación de forma inmediata de medidas que garanticen el derecho a la vida, a habitar los territorios libres de violencias y condiciones dignas, y a ejercer la labor de liderazgo en las comunidades “en virtud de las garantías de no repetición previstas en la sentencia de los tribunales de Justicia y Paz a favor de las víctimas del corregimiento de El Salado” (CCJ, 2021).

Qué ese terrible capítulo sangriento de la historia de Colombia no se repita, nunca más ni en El Salado, ni en ningún otro territorio.

Fuente: https://www.revistaamazonas.com/2021/01/27/siguen-las-masacres-amenazas-paramilitares-en-el-caribe-colombiano/





Fuente: Anred.org