March 29, 2022
De parte de SAS Madrid
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“Las medidas de anunciadas de La Moncloa no consiguen amortiguar el impacto de la crisis energética en los hogares vulnerables, generando deudas y facturas imposibles para las familias en situación de vulnerabilidad”, denunciaba la Alianza contra la Pobreza Energética, una de las organizaciones clave en la lucha contra esta situación que afecta con diferentes grados a cerca de diez millones de personas en España.

Este colectivo junto con una docena de agrupaciones ambientales, sociales y académicas se reunirá esta tarde con representantes del Gobierno para plantear una batería de medidas para amortiguar el efecto que la escalada de los precios de la energía están teniendo en las economías familiares. 

Una reforma integral del bono social eléctrico es una de ellas, una ayuda que desde su creación en 2009 no ha dejado de perder beneficiarios, pese a que en los últimos años las cifras de pobreza energética no han dejado de crecer. Actualmente este bono, de difícil y acceso y que solo cubre a las situaciones más extremas de pobreza energética, solo se aplica a 1,1 millones de personas. Con las medidas anunciadas este 28 de marzo, la ampliación de beneficios llegaría a unos dos millones de familias, una cifra “absolutamente insuficiente”, denuncian desde la organización de consumidores Facua.

La ampliación del bono social resulta “raquítica” para esta organización, que lleva meses pidiendo que se amplíen los beneficiarios para que puedan acceder a él todas las familias que no superen dos salarios mínimos. De todas formas, señalan, hasta que no se conozca cuál es el precio tope que se anunciará para el gas de las plantas de ciclo combinado —que marca el precio del resto de energías— no se podrá valorar el alcance de las medidas anunciadas. Según demanda Facua, el precio máximo debería situarse cerca de los 50 euros el megavatio hora (mw/h). “De esta forma, los precios experimentarían una drástica bajada y las empresas de generación que soportan costes más elevados —las que queman gas— verían posteriormente compensadas las pérdidas con dinero procedente del sistema”, declaran. No parece ser el plan del Gobierno, que apunta a recuperar el precio máximo del gas existente hasta julio de 2021 de 180 euros el mw/h.

“España, después del logro obtenido en el Consejo Europeo, no puede plantear límites como los planteados en su día: 180 euros por MWh”, señaló el secretario general de CC OO, Unai Sordo

El máximo dirigente de Comisiones Obreras, Unai Sordo, advertía este 28 de marzo sobre las posibilidades de un marzo con una inflación de dos dígitos y pedía medidas “contundentes y ambiciosas” para aprovechar el “éxito” del Gobierno español en el Consejo Europeo y evitar las consecuencias más graves para la población. “Debe concluir una situación perversa por la que las eléctricas estén obteniendo beneficios multimillonarios, beneficios caídos del cielo gracias a los recibos de la luz las familias con menos recursos de España. Esto es lo que está pasando en nuestro país”, declaraba desde una asamblea del sindicato en Granada. “España, después del logro obtenido en el Consejo Europeo, no puede plantear límites como los planteados en su día: 180 euros por MWh”, señaló Sordo.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, señalaba algunos precios orientativos “ahora que la UE ha dicho que podemos intervenir en el mercado eléctrico” y se ha comenzado a hablar de topes: 40 euros la producción de un mw/h de energía nuclear; 10 euros un mw/h de energía eléctrica y entre 50/60 euros la media que se pagaba antes de la escalada.

El líder de CC OO también se distanció del “pacto de rentas” que incluyó el presidente Sánchez en su discurso. “El acuerdo salarial no puede ir de apretar el cinturón a personas que no pueden tener el cinturón más apretado. Al contrario, debe ofrecer oxígeno a este sector de población. Una nueva devaluación de salarios no es sostenible”, comentó.

Intereses energéticos

Facua también considera “lamentable” el agradecimiento del presidente Pedro Sánchez a las petroleras “que le han anunciado que aplicarán una bajada superior a los 5 céntimos obviando que el crudo ha experimentado un importante descenso en los últimos días y también la brutal subida que habían aplicado, inflando de forma desproporcionada sus márgenes de beneficio”. 

La subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible hasta el 30 de junio vuelve a ser “muy reducida” en relación a la “brutal subida” de la gasolina y el diésel experimentada en los últimos meses. Facua también critica que las tres cuartas partes de esfuerzo de subvencionar estos combustibles sean asumidos por el Estado y “solo 5 de esos céntimos se impongan a las petroleras”. En la batería de medidas anunciadas, Facua echa de menos un impuesto especial a las eléctricas, las petroleras y el resto de grandes empresas “que están aumentando enormemente sus beneficios, de manera que con él se sufraguen parte de las ayudas públicas que están aprobándose”. En 2021, Naturgy ganó 1.200 millones de euros; Endesa, 1.900 millones e Iberdrola, 3.900 millones.

En la batería de medidas anunciadas, Facua echa de menos un impuesto especial a las eléctricas, las petroleras y el resto de grandes empresas “que están aumentando enormemente sus beneficios, de manera que con él se sufraguen parte de las ayudas públicas que están aprobándose”

Para esta organización que nuclea más de 200.000 consumidores, la limitación del aumento anual de los alquileres a un 2% es “razonable”, aunque cree necesario extenderla hasta final de año. El Sindicat de Llogaters [inquilinos] de Catalunya, por su parte, reclamó el fin de “medida excepciones” y que se modifique la ley estatal de alquileres para que ese tope se convierta en permanente: “Hoy, después de muchos meses presionando al Gobierno, hemos conseguido esta pequeña victoria, pero lo que queremos conseguir es una modificación de la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] para que la actualización de los alquileres no supere nunca el 2%”.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid recuerdan que muchos alquileres regulan su actualización por el Índice General de la Competencia (IGC) cuyo máximo ya es un 2%. Este índice se aplica en todos los contratos que así lo estipulan, pero también por defecto en todos los contratos en los que no se especifica el tipo de índice que se utiliza para actualizar el precio anual. Según contaba este colectivo en febrero, si en tu contrato no se hace referencia a ningún índice se actualizará por el IGC y la subida no será del 6,1% sino del 1,95%.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (28/03/2022).




Fuente: Sasmadrid.org