REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
La supuesta “democracia consolidada” española se ha llevado un duro rapapolvo por parte de la “Comisión Europea”, al estimar esta que el Estado español no cumple con una serie de elementales normas legales mínimas que garantizan y protegen la libertad de expresión y de manifestación.
Ha correspondido esta vez a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en representación de esa institución, manifestar la preocupación existente en el seno de ese órgano, por las penas de cárcel que la judicatura española ha impuesto al rapero Pablo Hasel por supuestos delitos de “enaltecimiento del terrorismo” e “insultos a la Monarquía”.
Mijatovic expresó que “el efecto disuasorio” que en materia de libertad de expresión contienen ese tipo de condenas, es considerado como “excesivo”, pidiendo al gobierno decoalicion de Pedro Sánchez que pondere no sólo la reforma o la derogación de los mismos, sino también la despenalización de delitos tales como “la difamación e insultos a la religión”. España es, quizá, el único país europeo, que, como reflejo del enorme peso ejercido por la Iglesia Católica en la sociedad española durante la pasada dictadura, conserva aún este insólito tipo de “delitos”.
Aunque la Comisión Europea había sido informada del propósito del gobierno de Sánchez de proceder a la demandada despenalización y modificar el Código Penal, Mijatovic hizo público el contenido de la carta que le había enviado al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo en la que le avisaba del “impacto negativo, incluido un efecto disuasorio” que contienen varios artículos del Código Penal español, en lo que se refiere a la libertad de expresión, “un derecho de importancia crucial para un debate público libre y plural”, según la Comisión europea.
Las últimas sentencias dictadas por la judicatura española en casos relacionados con la libertad de expresión, como fue la impuesta al cantante rapero Pablo Hasél, están, según la citada comisaria, en el punto de mira de Estrasburgo. De acuerdo con los criterios de la Comisión Europea, España debería proceder a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente más conocida como “Ley Mordaza”.
El dictamen de la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo del “Consejo de Europa”, que está integrado por expertos independientes en el campo del Derecho constitucional, enfatiza que “dado el potencial represivo de esta ley”, debería ser revisado con regularidad, indicando, asimismo, que existen «una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía demasiados poderes, omitiendo indicar cuáles son las situaciones en las que pueden o no utilizar tales poderes». Según el criterio de la citada Comisión, estas disposiciones están formuladas de manera deliberadamente amplia.
En opinión de la comisaria Mijatovic, existen clarísimas “disfunciones entre la legislación española y las normas internacionales de Derechos Humanos”. Y por esa misma razón solicita que se proceda a una reforma del Código Penal -y en concreto de los delitos de “enaltecimiento del terrorismo” y de “injurias a la Corona”, para que la libertad de expresión pueda ser protegida en España de manera efectiva.
Fuente: Canarias-semanal.org
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